viernes, 30 de septiembre de 2011

Las labores del poder

Dirigentes campesinos del Conamaq han mostrado un completo “plan de desconcentración” de los indígenas que marchaban en defensa del Tipnis, que en los hechos se convirtió en una soberana pateadura. El papelito, que lleva los nombres de los policías que intervinieron en la represión, las placas de los buses que debían evacuar a los marchistas, el destino y hasta la velocidad a la que tenían que circular, dice que el objetivo inicial era simplemente dispersar a los originarios y llevarlos a sus pueblos en diez vehículos que serían escoltados por camionetas de la Policía. Semejante cantidad de detalles habrá tomado algún tiempo de elaboración; no hablemos de la cantidad de recursos involucrados, viáticos, alimentación de la tropa, contratación de buses y demás tuticuantis. ¿Quién hizo todo ese trabajito? ¿Los policías solitos? ¿Ellos hicieron las contrataciones, metieron la mano al bolsillo y pagaron todo lo que hacía falta? ¿El ministro, el presidente, los Quintana, los Linera, nadie? ¿Todos tuti? Habría que averiguar qué hacen entonces mientras no persiguen, no reprimen ni dibujan planes para desprestigiar a sus “enemigos” ¿Acaso hacen otra cosa?

Otra dudosa intervención

El presidente Morales acaba de inaugurar en la localidad de San Pedro, el corazón de la producción soyera de Santa Cruz, uno de los mayores centros de almacenamiento de granos del país, con capacidad para alrededor de 180 mil toneladas. Los inmensos silos, que estarán bajo la administración de la empresa estatal Emapa, tienen el objetivo -según el Gobierno- de asegurar la soberanía alimentaria en el país, amenazada por la escasez de algunos productos y la inflación que puso en apuros a la economía nacional a principios de año.

Los productores y sobre todo, los gremios relacionados con el sector agropecuario, parecen satisfechos en primera instancia con esta obra monumental, que podría replicarse en otras zonas de alta concentración productiva. De forma paralela a esta política de acopio de alimentos, Emapa también está fomentando la siembra y se calcula que alrededor de 2,5 millones de hectáreas  de distinto cultivos se encuentran bajo su control. Miles de agricultores reciben subsidios para sembrar y encima Emapa les paga un precio superior al que ofrece el mercado. Parece un cuento de hadas, de ahí que los empresarios aparezcan embelesados.

En primer lugar, habría que preguntarse si en este momento el productor boliviano necesita este tipo de subsidios en un contexto tan favorable de precios altos y una demanda que ha estado creciendo sostenidamente. Lo que requiere el agricultor es acceso a los mercados, facilidades de exportación, seguridad jurídica, disponibilidad de créditos y una política que incentive la producción. Estos son precisamente los puntos flacos del Gobierno de Evo Morales y la intervención estatal hasta ahora no ha sido para nada benigna con los productores, sino todo lo contrario.

Es curioso que el Estado inaugure silos, cuando los centros de acopio de los productores privados están repletos de soya que no ha podido ser exportada debido a las prohibiciones. Si el mercado ha sido desabastecido de maíz, de azúcar, de trigo y otros artículos ha sido justamente por los desaciertos de una administración estatal que se ha dedicado todos estos años a estrangular al sector agropecuario cruceño, responsable de más del 70 por ciento de la producción de alimentos del país.

Los mismos agricultores que aplauden los silos de Emapa, se preguntan después para qué van a servir esas inmensas moles. Lo más probable es que sean usados para ejecutar con mayor eficacia el sistema de control de precios que ha estado aplicando el régimen y que precisamente fue el que introdujo desincentivos a la producción agropecuaria. Y sin hablamos de subsidios ¿quién los paga? ¿son sostenibles? Lamentablemente, toda intervención estatal tiene grandes problemas y uno de ellos es la corrupción que siempre va acompañada de la ineficiencia. La historia de las obras estatales del pasado no auguran un buen destino a esos silos, que podrían prestarse para negociados, trampas y juegos sucios. Ojalá que no.

Si el Gobierno realmente quisiera derrotar a la crisis alimentaria debería imitar lo que hace Brasil, donde se han propuesto convertir al país en el mayor proveedor de alimentos del mundo. A través de componentes como  incentivos crediticios, seguridad, investigación científica, apertura a los mercados externos, mejora de los sistemas de transporte, etc, el sector agropecuario brasileño es uno de los que más ha crecido internacionalmente. Y en medio de la escasez planetaria, exporta, abastece y gana mucho dinero. El control y la intervención estatal solo pasan por la promoción, los productores hacen el resto y así debe ser.

jueves, 29 de septiembre de 2011

¿Cuál es tu marca?

En mis épocas de adolescente me gané más de un tirón de orejas por
“marquista”, término que usaba mi madre para referirse a mi enfermizo
apego por comprar sólo cosas “de marca”, especialmente ropa. Recuerdo
que mi padre solía apoyarme y decía que yo tenía “paladar” para
diferenciar lo fino de lo ordinario, algo que él siempre me ha
inculcado porque odia la cultura de lo desechable. Esa combinación tal
vez hizo que yo no me vuelva un consumista compulsivo y que más bien
me incline por las cosas durables, algunas que tal vez nunca vuelves a
reemplazar, como un buen reloj o una herramienta.


Ahora existe toda una ciencia que se dedica a estudiar las marcas y
que considera que el sello de una empresa, llámese “Google”, “IBM” o
“Mercedes Benz”, vale más que todas las máquinas, fábricas, oficinas y
edificios de la compañía juntos. Es más, hay multinacionales que lo
único que tienen es marca, como “Microsoft”. Eso es porque hay una
serie de valores –no muchos-, que van asociados a cada marca. Por
ejemplo, “Volvo” es sinónimo de seguridad y “Apple”, de innovación.
Obviamente ese valor es la puerta de entrada hacia otros que van de la
mano y que no pueden desprenderse.

A los estudiantes siempre les digo que no se esfuercen en acumular
tantos valores. Basta que se agarren de uno, que lo practiquen, que lo
perfeccionen y verán cómo los otros llegan por añadidura ¿Cuál es tu
marca? Si elijes “puntualidad” por ejemplo, eso se convertirá en
“respeto”, “confiabilidad”, “organización”, etc. Y si eliges
“honestidad” como único capital a ser cultivado, no te cuento la gran
cantidad de “hijos” que van a salir de esa virtud tan huraña y celosa.

Por qué duerme el fiero león

Los sectores políticos cruceños han sido los más mansos a la hora de reaccionar frente a la salvajada cometida contra los indígenas en Yucumo, el pasado domingo. Días antes de la pateadura, el Ministerio de Gobierno se llevó de las pestañas a La Paz al hijo de un ilustre ciudadano de esta tierra y no hubo quién diga esta boca es mía. Todos siguieron dando vueltas por la feria como si nada. Por esos días también fijaron la fecha para la audiencia final del “caso terrorismo” y justo cayó el lunes. Como todos en Santa Cruz se han estado portando bien y muy pocos son los que han salido a protestar por los marchistas del TIPNIS, la lectura de la sentencia fue suspendida ¿adivinen para cuándo? Para después de las elecciones judiciales del 16 de octubre. Todos imaginarán que la consigna, naturalmente, es hacerse el sueco con la farsa que ha sido diseñada para apoderarse del Órgano Judicial. Todo indica que así será, Santa Cruz será una sola masa disciplinada. El martes volvió a Santa Cruz, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, el famoso testigo clave del caso Rózsa. Dijo que los verdaderos terroristas de este país están en el poder. Cuánta razón tiene, sobre todo por lo que les toca sufrir a los cruceños.

Desarme y cambio de rumbo

No se puede gobernar con prudencia un país con la ira manifestada públicamente por el presidente Morales el martes por la noche, cuando se vio obligado a reemplazar a un ministro que debió irse hace mucho tiempo del gabinete, cuando dio sobradas muestras de inoperancia para enfrentar un conflicto, encarado desde un principio con mucha torpeza y desbordante belicismo, la única facultad que demostró este individuo, paradójicamente formado en las filas de los derechos humanos.

La furia brota de los ojos y la boca del primer mandatario a quien se lo ve muy jugado por personajes de su entorno, de quienes seguramente valora su lealtad, pero que lamentablemente son los que han metido al “proceso de cambio” en un juego siniestro de amigos y enemigos, persecuciones, estrategias envolventes, contramarchas y un sinfín de juegos sucios que han enajenado por completo la política, la democracia y un régimen que se había propuesto gobernar sin muertos y llevar al país a “vivir bien”.

El presidente debe calmarse, adoptar otra postura sobre el rumbo del país y el despertar de los conflictos, que parecen recrudecer en la misma medida que el Gobierno exacerba sus ánimos y trata de justificar lo inexcusable. El primer mandatario debería admitir que esa represión a los indígenas nunca debió producirse, no sólo porque no había razones legales ni de seguridad para meter policía (y peor en las circunstancias en las que se produjo), sino porque se trata del sector más humilde y desprotegido del país, pero que al margen de todo, ha demostrado una valentía y una dignidad que se han ganado la admiración de todo el país.

La soberbia no es buena consejera. Bastantes problemas le ha ocasionado al Gobierno esta actitud. Reemplazar a un ministro por otro funcionario totalmente carente de escrúpulos y que ha estado a cargo de oscuras maniobras de persecución, no augura un cambio de rumbo capaz de salvar este proceso político, al que algunos oficialistas consideran herido de muerte. Desarme, sinceridad, democracia, respeto a las leyes, diálogo, son las estrategias que debería comenzar a usar el régimen, después de cinco años de haber entendido a la política como un juego de guerra, en el que había que acumular poder a toda costa y destruir a los enemigos señalados por el régimen. Esas habilidades dieron buenos resultados en un principio, pero está demostrado que la ciudadanía se ha cansado de los abusos, de los muertos y de la zozobra.

El presidente prometió cambios estructurales en el país. Uno de ellos debería ser enfocado en la educación, sector que recibe seis veces menos recursos que el Ministerio de Gobierno, ese que se dedica a las pateaduras, a inventarse el caso Rózsa, a diseñar supuestos planes de magnicidio, golpes y que se tira millonadas en espiar, pinchar y perseguir.

Evo Morales debería olvidarse de esos asesores cubanos que le pintan una panorama sombrío en materia de seguridad y que le llenan la cabeza de visiones estalinistas. La sombra más triste de este país es la pobreza y es muy poco lo que se ha hecho para combatirla. Esa sería la única manera de gobernar para todos, trabajando por la producción, por el empleo y no sólo para los cocaleros, que por ellos el presidente se ha metido en este berenjenal y por supuesto, en los líos del narcotráfico que también ha puesto en un brete al Gobierno.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

No más patrañas

La Policía reprime una manifestación en Cochabamba a favor del TIPNIS.
El Gobierno insiste en trampas, artilugios y falsas posturas para salir del atolladero en el que se ha metido por la torpeza con la que ha manejado durante más de un mes el conflicto con los indígenas que defienden el parque Isiboro Sécure.

El presidente ha pedido disculpas por la brutal intervención que causó zozobra el pasado domingo en el campamento de los marchistas, en la zona de Yucumo, donde la Policía había mantenido bajo hostigamiento durante más de una semana a los indígenas, quienes pese a todo y a que hasta los privaron de lo más esencial se habían mantenido pacientes frente a la constante provocación de las fuerzas afines al oficialismo. Sin embargo, la soberbia del primer mandatario no le alcanza para admitir la responsabilidad por semejante barbarie.

No se puede admitir que ni el presidente del Estado o su ministro de Gobierno argumenten el desconocimiento de la operación policial del pasado domingo. Desde ese día no han parado de lanzar declaraciones confusas que no hacen más que empeorar las cosas. Primero se dijo que el operativo había sido ordenado por el Ministerio Público, versión que ha sido desmentida por la Fiscalía.

El ministro Llorentty tuvo que cambiar ayer su explicación de los hechos y culpó de todo a los "malos mandos policiales" y al viceministro Marcos Farfán, quien al momento de presentar su renuncia también puso en duda las afirmaciones "oficiales". Al final de la jornada toda su estantería se había caído y el titular de Gobierno tuvo que presentar su dimisión.

El presidente va a tener que apelar a la sinceridad si lo que pretende es frenar la ola de protestas que se ha generado a raíz de la criminal intervención policial acometida por su Gobierno.

No se ha visto en estos últimos cinco años tanta indignación ciudadana como la que ha despertado el abuso cometido contra los marchistas. Hará falta mucho más que una patética conferencia de prensa para aplacar los ánimos que parecen enturbiarse. Es tal vez esa falta de escrúpulos la que está ocasionando notorias disidencias dentro del propio Gobierno.

Evo Morales ha prometido el lunes en un discurso al país que va a cumplir las leyes en relación con conflicto por el Tipnis. Sin embargo, habla de realizar consultas en los dos departamentos involucrados antes de retomar las obras de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, una figura ilegal que puede generar mucho más malestar del que existe.

En lugar de seguir insistiendo en trampas, en "meterle nomás", en cálculos y estrategias propagandísticas que han deteriorado tanto a un Gobierno que se inició con tanta legitimidad, el presidente debería buscar la ruta democrática, la del diálogo sincero y el respeto al orden constitucional, fórmulas que lamentablemente ha violado de manera descarada todos estos años.

El presidente Morales no debe olvidar que él es un producto de la democracia y que se debe ella. Lo que ha hecho el domingo es apelar a métodos dictatoriales precisamente contra un grupo que fue artífice fundamental para su ascenso al poder. Maltratar a un grupo tan vulnerable es un acto intolerable que necesita ser investigado, castigado y reparado, pues de otra manera el malestar de la población seguirá incrementándose.

Herodes y Pilatos


El ahora ex ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, aseguró  que no sabía de la orden de reprimir a los indígenas marchistas en Yucumo. Está bien que no se haya enterado el domingo. Pudo haber estado en misa o comiendo en la casa de su suegra, pero ¿y el lunes? ¿tampoco se enteró? Si Llorentty es un ministro tan desinformado ¿por qué sigue de ministro? El dice que la decisión de darles una pateadura a los originarios fue del viceministro Marcos Farfán y de “malos mandos policiales” que no ahorraron sopapos ni trompadas contra los indefensos indígenas. Otra vez ¿si nadie le hace caso y pasan por encima de él y debido a su negligencia y desinformación Llorentty hace quedar mal al presidente, por qué sigue de ministro? El presidente Morales también asegura que no dio la orden, que no sabía, que ni siquiera sospechaba todo lo que le hicieron a los originarios el domingo y el lunes y se ha disculpado a nombre de los que perpetraron la paliza. Por lo visto, los Pilatos sobran en el Gobierno aunque ya tenemos también un Herodes, aquel monarca que se hizo famoso por estrellarse contra los niños inocentes. Después de tanta confusión y versiones muy dudosas, Llorentty tuvo que aceptar la crucifixión.

martes, 27 de septiembre de 2011

Gobierno sorprendido

La Policía logró sorprender la tarde del domingo a los indígenas que marchaban por el Tipnis, pero el más sorprendido, sin duda alguna, es el Gobierno, por las reacciones que ha despertado en el país esa durísima intervención llena de abusos y exceso de fuerza. La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, presentó inmediatamente su renuncia al cargo, argumentando que no comparte el proceder de las autoridades con los marchistas. Un fiscal, de nombre Edwin Sarmiento, desmintió nada menos que al ministro de Gobierno, quien había asegurado que la pateadura de los indígenas se hizo por orden del Ministerio Público. El abogado aseguró que él simplemente instruyó una investigación de las circunstancias en las que fue tomado como rehén el canciller Choquehuanca. Más tarde, los pobladores de Rurrenabaque sorprendieron a los policías que habían apresado a 200 marchistas y terminaron liberándolos antes de que sean trasladados en un avión. Hay sorpresas por las medidas de presión que han sido anunciadas luego de la represión, por la reacción del Defensor del Pueblo, de la ONU, de la Iglesia, de las autoridades brasileñas e incluso de la Unasur.

Gobierno sorprendido

La Policía logró sorprender la tarde del domingo a los indígenas que marchaban por el Tipnis, pero el más sorprendido, sin duda alguna, es el Gobierno, por las reacciones que ha despertado en el país esa durísima intervención llena de abusos y exceso de fuerza. La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, presentó inmediatamente su renuncia al cargo, argumentando que no comparte el proceder de las autoridades con los marchistas. Un fiscal, de nombre Edwin Sarmiento, desmintió nada menos que al ministro de Gobierno, quien había asegurado que la pateadura de los indígenas se hizo por orden del Ministerio Público. El abogado aseguró que él simplemente instruyó una investigación de las circunstancias en las que fue tomado como rehén el canciller Choquehuanca. Más tarde, los pobladores de Rurrenabaque sorprendieron a los policías que habían apresado a 200 marchistas y terminaron liberándolos antes de que sean trasladados en un avión. Hay sorpresas por las medidas de presión que han sido anunciadas luego de la represión, por la reacción del Defensor del Pueblo, de la ONU, de la Iglesia, de las autoridades brasileñas e incluso de la Unasur.

Malos cálculos

Desde hace mucho el Gobierno de Evo Morales no se dedica a otra cosa más que a hacer cálculos y lamentablemente todos les han salido mal. La Constitución Política del Estado está llena de cálculos. Se la redactó calculando que nadie iba a reclamar su cumplimiento, porque debía ser aplicada solo a los enemigos del régimen. El presidente calculó que iba a ser fácil “meterle nomás” para que luego legalicen sus abogados y a finales del año pasado calculó que su poder era tan grande que iba a ser muy simple aplacar los ánimos de la gente que podría oponerse al gasolinazo. De no haber pedido perdón y reconocer que había hecho un mal cálculo, su Gobierno hubiera corrido la misma suerte de los que él mismo ayudó a derrocar.

En el 2009 el presidente Morales calculó y seguramente se lo dijo a su colega Lula da Silva, que iba a ser pan comido convencer a los indígenas del oriente boliviano de destruir el Parque Isiboro Sécure y atravesarlo por una carretera para beneficiar a los soyeros brasileños y por supuesto, a los cocaleros. Tal vez creía que, con su discurso indigenista y algunas poses de líder ecologista mundial, se había echado al bolsillo a las 36 naciones que le dieron discurso y plataforma política y que –según sus cálculos-, le iban a tolerar todo.

Cuando empezó la marcha en defensa del Tipnis el Gobierno calculó que no iba a llegar muy lejos y que los dirigentes se iban a acobardar rápido con la guerra que desató el régimen contra ellos, a quienes llamó “salvajes” y los acusó de ser vendidos al imperialismo, aliados de la derecha y traficantes de madera. Nunca calculó que todo un país se iba a solidarizar con los marchistas, quienes ahora reciben apoyo de la COB, de las organizaciones campesinas y originarias del occidente, de  ex autoridades gubernamentales e incluso de una ministra que presentó su renuncia ni bien se enteró de la salvaje represión que perpetró la Policía cerca de Yucumo.

Según los cálculos del Gobierno, la marcha no debía llegar a Caranavi, porque en ese punto la protesta se hubiera vuelto imparable, multitudinaria y verdaderamente “intercultural”, con la capacidad de llegar a La Paz en forma de un inmenso bloque de demandas acumuladas y de sectores desilusionados con el “proceso de cambio”. La caminata tampoco debía toparse con la elección de autoridades al Órgano Judicial, que en realidad se trata de un nuevo plebiscito que marcará el nivel de aprobación del presidente Morales. Los ministros del presidente han calculado que la represión ha sido el mal menor, que después de unos días la gente se olvidará de los indígenas apaleados y humillados y que acudirá a votar con absoluta tranquilidad el 16 de octubre por los candidatos que ha designado el Estado Plurinacional.

Hace unos años, nadie hubiera calculado que un régimen con tanto poder, con un líder de la talla de Evo Morales se encuentre hoy tan desesperado como para arremeter con tanta saña contra indígenas indefensos. Hasta no hace mucho, Evo Morales seguía insistiendo que había llegado al Palacio Quemado para quedarse indefinidamente y tal vez para siempre. El vicepresidente elucubraba sus teorías sobre la conquista del poder total y sus fases para consolidar la hegemonía.

Nadie hubiera pensado, como lo están haciendo muchos ahora, que con la reciente acción, propia de la más salvaje dictadura, el Gobierno ha labrado ya su destino.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Los callos de Choquehuanca

Otra vez se ríen del ministro Llorentty. Acaba de anunciar que una comisión del Estado Plurinacional encabezada precisamente por él, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar el secuestro del canciller David Choquehuanca, quien fue retenido por los marchistas del Tipnis y obligado a recorrer con ellos alrededor de diez kilómetros y así evitar el ataque de la Policía y de los colonizadores que han prometido "reventarlos" en Yucumo. El ministro ignora seguramente que la CIDH solo recibe denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados miembros. En todo caso, son los gobiernos los encargados de respetar y hacer respetar las garantías más elementales y si algo hay que denunciar, es precisamente la negligencia del Estado boliviano en el conflicto con los indígenas y el abuso que han cometido contra ellos en todo este tiempo. A la OEA le va a interesar mucho aquello de que hasta el agua les han negado a los marchistas. Es posible que Choquehuanca -al que seguramente le han salido callos en los pies-, hubiera sido víctima de alguna de esas estrategias envolventes que tanto ha estado promoviendo el Gobierno del MAS. Luego se supo que lo de Choquehuanca fue simplemente un show orquestado por él mismo para justificar la intervención policial.

domingo, 25 de septiembre de 2011

Sacha no pega una

Algún extraño requisito debe exigir el Estado Plurinacional para designar a sus ministros de Gobierno. En cualquier país este cargo suele recaer en el individuo más sagaz, el más inteligente y hábil que un partido pueda conseguir. En Bolivia, lamentablemente, cualquier "metepata" es capaz de hacerse llamar "dignatario", incluso uno que confunde terroristas con jóvenes juguetones que cuelgan sus fotos en Facebook para mostrar sus habilidades con fusiles que lanzan bolitas de pintura. Ese mismo fue el que quiso hacer pasar a un pobre muchacho de barrio por un francotirador con intenciones de asesinar a un presidente a dos mil metros de distancia, con una matraca que no mataría ni a un conejo. Su reemplazante anda en las mismas. No solo quiere hacer creer a todos que no sabía nada de un pez gordo del narcotráfico que operaba a metros de su oficina en el Ministerio de Gobierno, sino que ahora resulta que también tiene problemas de lectura. Quiso hacerse pasar por el gran espía que descubrió nexos de la Cidob con el gonismo y resulta que había sido la Conniob, una agrupación indígena muy distinta, la que acudió a un bufete de abogados en Washington para presentar una demanda ante la OEA. ¡Qué papelón Sacha!.

Septiembre negro y la dignidad perdida

Cuando el vicepresidente García Linera les dijo a los líderes cruceños hace un par de años que estaban prohibidos de hacer política, nadie pensó que algunos tomarían tan en serio esa orden, al punto de hacer dejación del derecho a la dignidad.

Hace un año, justo cuando iniciaba el mes cívico de Santa Cruz, la ciudadanía se levantó asustada con un bombazo en el parque El Arenal. La explosión, con todas las características de un atentado terrorista, nunca fue esclarecida y ninguna de las autoridades locales ha tenido siquiera el decoro de indagar o reclamar por este hecho lamentable, destinado a hacerles recuerdo a los cruceños de su obligación de tener la cabeza agachada, sin opciones de levantarla ni siquiera para una fecha que convoca a enaltecer el orgullo de pertenecer a estas tierras.

Se han cumplido tres años de aquel cerco criminal que protagonizaron hordas oficialistas alrededor de Santa Cruz y que se llevaron la vida de un joven inocente en la localidad de Tiquipaya. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo reclama? Nadie busca a los responsables y pese a que ya no están esas multitudes armadas y amenazantes en las puertas de la ciudad, el cerco no parece haberse movido. El miedo y la sumisión de nuestros líderes es la prueba más clara de que la región sigue bajo la amenaza y la persecución.

Han pasado tres años también del caso Porvenir. Aunque ha habido algunas referencias a aquella patraña armada por el Gobierno, ya nadie habla por los perseguidos, por Leopoldo Fernández, obligado a sufrir una tras otra canallada de este régimen que usa a la justicia a su antojo, para amedrentar a la oposición y mantenerla a raya. En este caso, para acorralar a toda una región que comienza a acostumbrarse al cerco y en muchos casos hay quienes parecen disfrutarlo a cambio del "plato de lentejas".

Los carceleros son ahora invitados de honor de cuanto evento social y político se da en Santa Cruz. Las empresas del Estado Plurinacional, verdaderos monumentos a la ineficiencia, ocupan sitiales de honor entre los que hacen empresa con todo el Gobierno en contra suya. Las instituciones que son llamadas a defender el modelo de prosperidad, los derechos y la visión de los sectores productivos de la región se inclinan ante la majestuosidad de una obra estatal, destinada a reforzar el control, aumentar las restricciones y apuntalar aún más el cerco que mantiene en ascuas a los productores, con restricciones a las exportaciones, listas de precios e inseguridad jurídica.

Y para colmo de males, justo cuando el régimen se encuentra en graves apuros, otra vez Santa Cruz es el caballito de batalla, presto para despejar los nubarrones que provocan el Tipnis y el caso Sanabria desde Miami. Precisamente el día antes de la fecha cívica más importante de Santa Cruz, cuando todos se preparan para festejar junto a los "carceleros", desde La Paz se activa nuevamente la ola de detenciones de aquella payada denominada "caso terrorismo", que le sigue dando buenos réditos al Gobierno gracias a la actitud colaboracionista de los propios perseguidos.

"Negocios son negocios", dirán quienes justifican este vergonzoso silencio que deja en el vacío las verdaderas aspiraciones de la gente que ha estado luchando por la democracia y la libertad. Lamentablemente, sin dignidad, todas las migajas que algunos puedan acumular son apenas el anzuelo que nos conducirá al hundimiento.

El cerco nunca fue levantado

 
Está equivocado el que crea que se ha levantado el cerco a Santa Cruz que empezó en septiembre de 2008. El problema es que se ha vuelto invisible, pero al mismo tiempo omnipresente, está en todos lados, donde uno menos lo espera. Lo más grave, sin embargo, es que no solo nos hemos acostumbrado al cerco, sino que a muchos les empieza a gustar. Invitan a los carceleros a Expocruz, al Concejo Municipal, los felicitan a través de los periódicos por sus obras majestuosas y soportan todo tipo de atropellos en bien de los “buenos negocios”. Hace un año, los promotores del cerco recibieron el 24 de septiembre con una ruidosa explosión en el parque El Arenal, atentado que nunca fue esclarecido. Esta vez, en las vísperas de la efeméride departamental, el cerco se fortalece con el inicio de una nueva racha de detenciones por el oprobioso “caso terrorismo”, el “caballito de batalla” del Gobierno que usa cada vez que está en apuros (ver casos Sanabria y TIPNIS). Afortunadamente -para el régimen-, los cruceños se han vuelto tan mansos, que ya ni siquiera haría falta el cerco ya que la sumisión es voluntaria.

viernes, 23 de septiembre de 2011

Llorentty, Sacha Llorentty

Al mejor estilo de James Bond y desde el corazón de Nueva York, nada menos, el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, afirmó “categóricamente”, de “manera incontrastable”, “absolutamente cierta”, “innegable” y “contundente” que… (ruido de tambores, por favor), Goni, sí, nada menos que Gonzalo Sánchez de Lozada es quien está detrás de la marcha de los indígenas del oriente que defienden el territorio del parque Isiboro Sécure. Llorentty se comunicó por teléfono con una emisora nacional y de manera pausada, tratando de agregarle emoción al asunto dijo que el Gobierno se ha enterado (¿más pinchazos?) que ha habido contactos entre dirigentes de la Cidob con el “más buscado” de la democracia boliviana. Los voceros del MAS deberían ponerse de acuerdo sobre las versiones que andan repartiendo para tratar de desprestigiar a originarios, que anteriormente han sido vinculados con la Embajada de Estados Unidos, con USAID, con ONGs ambientalistas, con piratas madereros y otros sectores.  Habría que ver qué pruebas tiene nuestro espía plurinacional. Por la forma en que hablaba esta vez podría tratarse de algo grueso. Ohhh.

Es hora de admitir el error

Todas las canalladas posibles han sido aplicadas contra los marchistas que defienden el Tipnis y el Gobierno solo ha conseguido fortalecerlos y lograr que el pleno del país se solidarice con ellos y con su causa. En este momento, decenas de agrupaciones, instituciones, exfuncionarios del MAS, sindicatos y movimientos sociales de varios departamentos, se organizan para apoyar la medida de protesta ya sea con presencia física o por medio de suministros. Surgen bloqueos en el Chaco, en Pando y en el Beni, que el Gobierno se empeña en reprimir con ferocidad, mientras tolera y promueve a las hordas de Yucumo que impiden el paso de agua y medicinas a los indígenas del oriente boliviano.

Salir del conflicto suele ser más complicado que iniciarlo y las autoridades nacionales buscan cómo ganar por el cansancio para surgir airosos de la posición intransigente y soberbia que han estado asumiendo durante más de un mes. La nueva estrategia es tratar de doblegar a los marchistas con el hostigamiento policial que ha llegado al extremo de impedirles el acceso al agua de un arroyo cercano a la carretera.

El Gobierno envía mensajes que buscan convencer a los marchistas para que levanten su medida. El vicepresidente ha dicho que mientras se realice el proceso de consulta, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos puede suspenderse seis meses o un año si es necesario. Prospera también la propuesta de cambiar el trazado original de la ruta de tal forma de no afectar directamente el parque Isiboro Sécure. Hace falta, sin embargo, que el Gobierno oficialice su postura, emita un mensaje claro al país y ofrezca las garantías de que el Tipnis será respetado. Eso equivale, por supuesto, a admitir una derrota que en los hechos ya se ha dado y que puede ser aún peor, si es que el conflicto se prolonga.

Este conflicto, que pone en tela de juicio las bases ideológicas y doctrinarias del MAS está socavando como ningún otro la imagen del Gobierno. Las encuestas reflejan un nuevo bajón en el índice de popularidad presidencial, similar al que se produjo en el mes de enero, cuando fue lanzado el “gasolinazo”. De esta manera, las elecciones judiciales del 16 de octubre, que no son otra cosa que un plebiscito, podrían convertirse en un fracaso aún más estrepitoso que el calculado. Así como el presidente Morales ha descartado categóricamente en Nueva York que no se reunirá con los marchistas del Tipnis, debería admitir de una vez por todas que se ha equivocado y que revisará el proyecto carretero, que a todas luces, está llamado a beneficiar únicamente a los cocaleros y sobre todo, a la interconexión interoceánica de Brasil y Chile.

Para un régimen autoritario, que se ha pasado el año pidiendo disculpas y reconociendo graves errores, admitir una nueva equivocación es muy grave, pero es claro que el conflicto del Tipnis es capaz de causarle más daño aún. Hay riesgos de enfrentamientos que pueden derivar en muertes; la violación a los derechos humanos está causando la indignación generalizada en el país y lo mismo puede ocurrir a nivel internacional. En este momento, la fuerza represiva gubernamental trata de cercar a los marchistas, pero es probable que sea el Gobierno el que termine aislado (de hecho ya lo está) por un problema que no ha podido resolver por una enfermiza carencia de vocación democrática, por soberbia y porque sus propósitos con la carretera no son nada claros.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Más allá de la cáscara

Me fui al mercado a buscar las mismas naranjas que me enseñó a comprar
mi madre cuando era chico. Me cansé de esas frutas brillantes,
grandotas que vienen en una bolsas muy pitucas, pero que a la hora de
la verdad son bastante secas y desabridas. Me incliné por las más
pequeñas, de cáscara delgada y medio “cuchuquís” y no me equivoqué,
todas me salieron jugosas y me zampé uno de los mejores zumos  que
haya probado.

Un amigo especialista en marketing, que siempre insiste en que “todo
entra por los ojos”, se va a poner furioso cuando lea este comentario,
pero lamento decirle que una buena cáscara no siempre garantiza el
contenido.

Una vez le pregunté a un fisicudo de esos, qué es lo que tenía que
hacer para mantener bien marcados todos sus músculos. Cuando me
respondió sentí pena por su hígado y por sus riñones al saber la
cantidad de químicos y menjunjes que se obligaba a ingerir para
conservar “la cáscara”. No gracias, le dije, mejor sigo batallando con
mis “salvavidas”.

Seguramente no cae bien hablar de este tema en una sociedad tan amante
de la “cáscara” como la nuestra, pero no me queda otra cuando pienso
en las consecuencias que eso nos ha acarreado a todos los que creían
que estábamos construyendo en terreno sólido. Líderes con pies de
barro, discursos que no pasaron de las plazuelas, un civismo que se
disfraza una vez al año y que desfila al son de la banda, representan
apenas el espíritu decadente que nos ha conducido al fracaso a todos
los que, lamentablemente y pese a todos los tropezones, aún se creen
fisicudos, más o menos como ese que infló su cuerpo a punta de
esteroides. Que no nos vaya a pasar como el tutumo, que al final de
cuentas, es puro cáscara.

Las altas y bajas del 'Vice'

El vicepresidente Álvaro García Linera armó una chipazón de más de una hora el martes tratando de hacer ver el conflicto del Tipnis como una gran maldad de los indígenas de “tierras bajas” contra los indígenas de “tierras altas”, nombre que le ha puesto a los colonizadores y cocaleros (hasta hace unos días los llamaban “interculturales”) que se relamen por tirar abajo los bosques donde viven los yuracarés, moxeños y chimanes. La nueva es que los nativos de oriente son tan, pero tan perversos, que están buscando ahogar y condenar a la miseria a sus hermanos de “tierras altas”. Y no solo eso, pues también -según el vice-, ponen en peligro la renta Dignidad y el bono Juancito Pinto, al solicitar que se detengan algunos trabajos petroleros en territorios reclamados por los guaraníes. Los indígenas de “tierras bajas” ahora son aliados de la oligarquía separatista que pretendía dividir el país. Precisamente –asegura-, la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos servirá para aniquilar para siempre esos intentos secesionistas. Poco faltó para que García Linera acuse a… los de “tierras bajas”, por supuesto, de ser causantes del dengue, de la malaria, de la gripe y el mal de ojo.

La gran apuesta detrás de la coca

Hace unos días el ex aliado del Gobierno del MAS, Juan del Granado, lanzó una propuesta que pasó casi desapercibida en el país por motivos obvios. El exalcalde paceño, quien critica a la administración de Evo Morales, pero dice ser fiel al “proceso de cambio” (al que propone recuperar y reconducir), le planteó al presidente legalizar el consumo de la cocaína en el país, con el objetivo de evitar que las mafias y los cárteles de la droga se apoderen de la realidad nacional como ha sucedido en el norte de México y ocurría en Colombia hace una década.

Rápidamente la pregunta provocó inquietud en la prensa internacional y fue trasladada al primer mandatario boliviano, quien la rechazó de plano, porque según dice, él solo defiende la coca y no las drogas. Pese a esa afirmación, Evo Morales sorprendió ayer a los asistentes a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando volvió a plantear su acostumbrada y férrea defensa de la “hoja sagrada”, acompañada de algunos comentarios sobre la despenalización de la cocaína, droga que tiene usos terapéuticos en algunos lugares de Estados Unidos, Reino Unidos y otros países.

Para Evo Morales, resulta una hipocresía que la cocaína tenga aceptación bajo receta médica, mientras que el consumo de la coca siga siendo penalizado por la Convención de Viena sobre Estupefacientes, mecanismo multilateral que el Gobierno ha propuesto abandonar precisamente por el asunto de la coca. La apuesta la diplomacia boliviana es volver a adherirse al convenio pero con reservas, algo que no parece ser viable, según los entendidos en la materia.

De cualquier forma, el debate sobre la legalización de las drogas llegará tarde o temprano a ocupar la política nacional y tanto la declaración de Juan del Granado como el discurso presidencial son indicios de que esta discusión está muy cerca de Bolivia. Primero que nada, el Gobierno de Evo Morales no podrá seguir ocultando una posición que desde hace mucho es un secreto a voces. Esa misma contradicción que el primer mandatario ve en los países consumidores de cocaína se da a nivel interno cuando el régimen defiende y promueve los cultivos de coca, pero pretende hacerse el desentendido con la explosión de la producción de droga.

La política de manos abiertas hacia la coca le está ocasionando graves problemas a nivel internacional al régimen de Evo Morales, quien se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo porque han llegado a vincular a su administración con la producción y el tráfico de cocaína, sino porque los países vecinos, principales destinatarios de la droga boliviana, han comenzado a exigir mayor determinación de las autoridades nacionales en el combate a las mafias que controlan el negocio. El cerco es cada vez más estrecho y el régimen del MAS necesita tomar una decisión urgente.

No es desconocido que en el mundo crecen las críticas hacia la política internacional contra las drogas y muchos la consideran una guerra fracasada. Muchas personalidades de talla mundial como el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, se han pronunciado a favor de la despenalización de las drogas y de hecho, un ilustre allegado al régimen de Evo Morales, George Soros, es precisamente uno de los mayores impulsores de esta propuesta. El magnate, considerado uno de los más grandes especuladores del mundo, obviamente pone sus ojos en Bolivia porque de producirse la apertura, tendría en sus manos un negocio multimillonario y en un país que ha convertido a la coca en su razón de ser.

¿Es esta la visión del Gobierno de Evo Morales? ¿Hacia ahí apunta la jugada diplomática sobre la Convención de Viena? Esa es una realidad que tal vez muy pronto tendrá que ser admitida.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Que lo diga Juan Sin Miedo…

En medio de la narcotización de la realidad boliviana y, sobre todo, de la política, aparece el exaliado del MAS y no siempre claro opositor, Juan del Granado, haciéndole la propuesta al Gobierno de “legalizar el consumo de cocaína bajo criterios médicos y de rehabilitación” para evitar –según dice-, “la conformación de cárteles y monopolios”. El ex “Trigo Limpio”, quien estuvo cogobernando con Evo Morales durante casi cinco años y que además es su compadre, seguramente conoce muy bien la visión que tiene este régimen respecto al tema de las drogas. De ahí es que surge una propuesta muy concreta que ha estado flotando en el aire durante tanto tiempo y que más de una vez se les escapó de los labios a ciertos agentes gubernamentales. Se ha hablado mucho también de la relación del MAS con el magnate George Soros, quien encabeza en el mundo la propuesta sobre la legalización de las drogas. La declaración de Juan del Granado es, sin embargo, lo más cerca que ha estado la dirigencia política nacional de lanzar una idea que ha estado anidando tanto tiempo. Surge además, en momentos en que el cerco parece cerrarse en torno a lo que indefectiblemente ya es un “narcoestado”.

Caso Sanabria y el futuro del Gobierno

Es el propio presidente Evo Morales y algunos voceros de su Gobierno los que han estado alimentando las grandes expectativas generadas en el país por el juicio al ex director antidrogas de Bolivia, René Sanabria, detenido en Miami por narcotráfico, delito que él mismo confesó a cambio de la reducción de su sentencia.

El Primer Mandatario ha manifestado su temor de que Sanabria, quien asumió un cargo en el Ministerio de Gobierno después de haberse jubilado de la Policía, haya negociado su implicación en el narcotráfico con la justicia norteamericana. Esta afirmación no es nueva, pero ha sido lanzada con mucho más claridad a pocos días de que se produzca la condena del “narcogeneral”.

Extraoficialmente se sabe, gracias a reportes de inteligencia que publicó una cadena de televisión estadounidense, que por lo menos hay 40 funcionarios del Gobierno del MAS que conocían muy bien de las actividades que realizaba Sanabria, quien se convirtió en un verdadero “mayorista” de la cocaína y que supuestamente usaba sus contactos en la Policía para poder exportar droga a través de los principales aeropuertos del país. Un excolega suyo que no solo fue director de la policía antidrogas boliviana, sino que fue también la principal autoridad de la institución, ha confirmado las versiones periodísticas, aunque deslindó su responsabilidad al afirmar que oportunamente él emitió los informes respectivos a las autoridades gubernamentales.

Con relación a Sanabria, un hombre de altísima confianza del régimen boliviano, el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, ha dicho recientemente que en realidad se trataba de un agente de la DEA que presuntamente tejió toda una trama para implicar al Gobierno en las drogas. Esta declaración, además de sorprender, porque no existen bases para sostenerla, parece surgir de la misma actitud desesperada de una cúpula gubernamental que se deja traicionar por el nerviosismo.

La turbación del Gobierno ha aumentado aún más, después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionara a Bolivia entre los países que no cooperan en la lucha internacional contra las drogas. Textualmente, el mandatario norteamericano dijo que el país “ha fallado de manera demostrable en cumplir sus obligaciones señaladas en los acuerdos antinarcóticos internacionales durante los últimos 12 meses”. El balance es el más duro de los últimos cuatro años, tiempo en el que Washington no ha cesado de llamar la atención sobre la falta de contribución boliviana en el tema y que precisamente motivó la pérdida de las ventajas arancelarias que otorga el país del norte a las naciones andinas.

Pese a todo, Evo Morales mantiene su pose desafiante, sobre todo cuando tiene a un auditorio tan especial  como el de Cuba, donde recientemente aseguró de manera contundente que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos no van a mejorar. También manifestó que se siente feliz por haber expulsado al embajador norteamericano en La Paz y en relación al narcotráfico, se justificó afirmando que si hay producción de cocaína es porque hay una inmensa demanda por satisfacer en los países capitalistas.

No hay duda que el caso Sanabria ha sido un agente altamente perturbador en la realidad nacional. El Gobierno no puede ocultar el estado de emergencia en el que se encuentra. Falta saber qué nivel de incidencia tendrá este hecho en el futuro del país, especialmente en lo que respecta al Gobierno. Por las reacciones que se les escapan a Evo Morales y a sus principales colaboradores, todo parece nublado.

martes, 20 de septiembre de 2011

Discursos que sorprenden

El presidente Morales ha sorprendido a los cubanos con una afirmación temeraria. En su visita a La Habana, ha dicho que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos no van a mejorar, porque –según asegura- “se mantiene la actitud de chantaje y amedrentamiento de Barack Obama”. La sorpresa puede venir porque precisamente los cubanos tal vez son los que más han mejorado su relación con Washington desde que asumió Obama, quien hizo esfuerzos por recuperar los lazos de amistad con los países de América Latina. Ni siquiera el venezolano Hugo Chávez está en condiciones de hablar en el mismo tono que lo hizo Evo Morales y la prueba es que su discurso antimperialista ha disminuido sustancialmente en los últimos años y, como se sabe, los negocios entre Venezuela y Estados Unidos marchan con plena normalidad. La única diferencia es, tal vez, que ni Raúl Castro, ni Chávez están en los zapatos del líder cocalero boliviano. Ninguno de ellos tiene a un Sanabria en Miami, a punto de lanzar el hit más esperado del año. El mandatario ha estado haciendo presagios muy duros últimamente, lamentablemente todos en su contra. Solo él sabe por qué lo dice.

Manual de canalladas

En algún momento sobrarán los bolivianos más idóneos para escribir el “Manual de Canalladas” ejecutado por el “proceso de cambio”. Cochabamba, Sucre, Pando, Santa Cruz, el propio Leopoldo Fernández o hasta los mismos cocaleros de la zona de la Asunta, los campesinos que sufrieron la salvaje represión en Caranavi, las víctimas de Huanuni o los familiares de aquellos policías que fueron salvajemente linchados por miembros de los ayllus del norte de Potosí.
Sin embargo, serán los indígenas de tierras bajas los voceros más creíbles para testimoniar ante el mundo sobre la conducta inescrupulosa del régimen de Evo Morales, capaz de movilizar todo el aparato estatal para aplastar sus demandas y desprestigiarlos con el fin de imponer el abuso y la arbitrariedad.

Los marchistas que defienden el parque Isiboro Sécure han estado soportando durante las últimas semanas un acoso mediático y represivo que solo ha sido visto en las peores dictaduras militares. Solo el pacifismo de los dirigentes de los pueblos del oriente boliviano, explica el hecho de que no se haya desatado la violencia, después de tantas provocaciones de los colonizadores y cocaleros que mantienen un bloqueo en la localidad de Yucumo y que permanentemente han estado buscando el enfrentamiento, tal como se produjo en el 2008 en Porvenir.

Hordas alcoholizadas que esperan el banderazo del Estado Plurinacional para invadir el territorio de los indígenas del Tipnis han tendido un cerco alrededor de los marchistas, a quienes les niegan el paso de alimentos, agua y medicinas. Auspiciados por el Gobierno y protegidos por la Policía, secuestran vehículos, amenazan a la gente que consideran sospechosa de ayudar a los marchistas y también agreden a los periodistas que registran el oprobio que se produce en el lugar. El canciller apaña la canallada, asume el papel de vocero de los abusivos y a toda costa trata de hacerlos ver como grandes defensores del interés nacional. “Los vamos a reventar”, es la amenaza que más se escucha entre los bloqueadores que han recibido la garantía policial de que los marchistas no van a avanzar hasta ese sitio.

Los cabecillas del bloqueo de Yucumo, a quienes el canciller defendió con tanto ahínco, han estado obligando a los pobladores de esa localidad a participar en el corte de la ruta. La dictadura sindical impone multas y cortes de servicios básicos a quienes no cooperen. Desde las más altas esferas del Estado, el régimen coopera además con la interrupción de la conexión telefónica, medida que se ha estado aplicando a diferentes zonas rurales del país para impedir que otros sectores se organicen en apoyo a los marchistas de la Cidob.

Pese a todo y mientras más infame es el comportamiento del Gobierno, más apoyo recibe del país y del exterior la reivindicación de los pueblos del oriente boliviano. Numerosos sectores sociales y agrupaciones del país han estado sumándose con distintas iniciativas a la protesta de los originarios que a su vez, se mantienen con la moral alta para insistir que se respeten sus derechos.

Este Gobierno, que forjó su capital político en las carreteras y en las protestas, debería revisar su conducta y evitar la situación degenere en violencia. Está demostrado que “el cambio” está muy lejos de llegar a los sectores más vulnerables del país y mientras no haya respuestas visibles, respeto a la ley y a las reglas de juego de la democracia, la protesta callejera seguirá siendo el único método de interpelar al Estado. No verlo así y actuar como en dictadura, es el peor camino que la administración gubernamental puede tomar.

lunes, 19 de septiembre de 2011

La hora de los canallas

Los marchistas que defienden el Tipnis llegaron ayer a diez kilómetros de Yucumo, el lugar donde alrededor de dos mil cocaleros y colonizadores los esperan para hacerlos entender a quién pertenece el Estado Plurinacional y para quién es que gobierna Evo Morales. El avance de los indígenas del oriente boliviano ha sido traumático en los últimos días, sin agua, sin comida ni medicamentos. Los canallas se han encargado de tender un cerco alrededor de los marchistas para obligarlos a claudicar. Retienen vehículos con alimentos, les cortan la comunicación telefónica y secuestran a personas de apoyo a la marcha. Los “interculturales”, en los últimos días tuvieron como vocero nada menos que al canciller Choquehuanca, han estado enviando grupos de instigadores a la marcha para provocar la violencia. Recientemente, los líderes de la Cidob identificaron a varios funcionarios del Gobierno infiltrados entre los originarios para reportar sus movimientos y generar desestabilización. Los líderes de la marcha han dicho que ni en las peores dictaduras han visto semejantes actos de intimidación como los que están ejecutando contra ellos.

domingo, 18 de septiembre de 2011

Evo ofrece espejitos

Los indígenas no son tontos. Saben para qué sirve una carretera. Por ejemplo, conocen muy bien la historia de la ruta que conectó a Santa Cruz y Cochabamba con el Chapare. Sirvió para todos menos para ellos. La integración del país y el florecimiento del circuito coca-cocaína en el trópico cochabambino dejaron a los Yuquis sin territorio, condenados a deambular por los pueblos, víctimas de la miseria y la tuberculosis. El presidente Morales, que lleva casi 30 años en el Chapare, jamás se fijó en ellos y nunca ha tratado de ayudarlos. El pasado jueves, el jefazo se reunió con indígenas del Tipnis, el único territorio que les queda a los nativos de la zona y les prometió que la carretera Villa Tunari-San Ignacio no destruirá su hábitat, porque mandará a aprobar dos leyes para blindar el parque Isiboro-Sécure. Otra vez, los nativos no se chupan el dedo. Saben que en Bolivia las leyes no las cumple ni siquiera el presidente. La Constitución, que debería ser el blindaje más seguro para el Tipnis, ha sido pisoteada sin contemplaciones por el régimen gobernante. Un experto dijo hace poco que por lo menos 35 artículos de la carta magna se han violado con el proyecto carretero que tanto defiende Evo Morales.

Por qué no avanza la democracia

Hace 33 años que Bolivia está intentando construir su democracia y es posible que en lugar de avanzar, estemos retrocediendo. En 1978, la sociedad boliviana llegó al consenso de que las dictaduras no iban más en el país. Ese año hubo elecciones, pero los dictadores y sus adláteres, falsos demócratas, se pusieron de acuerdo para seguir en el poder con unos comicios fraudulentos y un candidato títere que apenas duró seis meses en el poder. Tuvieron que pasar cuatro años, muchos muertos y media docena de golpes de Estado, para que la dirigencia política nacional acepte la decisión de la población.

La catástrofe económica que dejó el proceso de la UDP permitió que la población se aglutinara en torno al único proyecto de ponerle freno a una crisis que estaba matando el país, pero pasada la emergencia, los políticos volvieron a las andadas. En 1989, otra vez se burlaron de la democracia con un estrepitoso fraude que hirió de muerte al sistema que habían encontrado los partidos políticos para asegurar la gobernabilidad.

En 1993, se puso en marcha el mayor proceso de reformas políticas e institucionales del período democrático, con la capitalización como estandarte de los cambios ejecutados bajo un manto de oscurantismo, de espaldas a la gente, sin la suficiente transparencia que asegure el consenso y evite el malestar generalizado que había estado anidando en el país por décadas.

Para 1997, el proceso democrático se había degenerado con la corrupción, el cuoteo y un esquema de gobernabilidad que se tradujo en connivencia. La democracia había servido para unos pequeños grupos de la población, las decisiones las tomaban ellos y también acaparaban sus beneficios. Para ese entonces, la ciudadanía había llegado a la conclusión de que la democracia no funciona para la mayoría y que tampoco es útil para solucionar los problemas más urgentes del país. Esa visión se agudizó en el año 2000 con fuertes protestas que se prolongaron hasta el 2003 y que provocaron la primera salida violenta de un presidente desde 1982.

En el 2003, cobró cuerpo la idea de realizar una Asamblea Constituyente que era lo mismo que borrar todo lo que se había hecho para consolidar la democracia, refundar el país a cargo de una nueva clase política muy distinta a la que había conducido el país. La partidocracia tradicional había desaparecido prácticamente y dio paso a un nuevo esquema basado en el sindicalismo y los movimientos sociales que accedieron al poder en el 2005.

Si tuviéramos que resumir los graves problemas de la democracia en estas tres décadas es el incumplimiento de las leyes, la toma de decisiones de espaldas a la población y la falta de capacidad para superar los problemas estructurales del país, especialmente la pobreza.

El nuevo régimen lo trastocó todo, hizo nuevas reformas estatales, desbarató el aparato institucional que se había creado con mucho esfuerzo, pero lamentablemente vuelve a tropezar con los mismos vicios que han impedido la consolidación democrática. Hoy tenemos una Constitución labrada a sangre y fuego pero que no se cumple, el caudillismo impone su voluntad por encima de las aspiraciones de la ciudadanía y las grandes mayorías del país siguen postergadas. En definitiva, un largo proceso de marchas y contramarchas, con muchos muertos en el camino, que nos ha conducido al mismo punto de partida y al mismo desafío que nos trajo hasta aquí: construir una democracia que parece cada vez más lejana.

sábado, 17 de septiembre de 2011

Otro estilo de dialogar


Al final resultó “lo mismo que igual” el supuesto diálogo “de indígena a indígena” entre el canciller David Choquehuanca y los marchistas que defienden el Tipnis. Para lo único que sirvió la intentona fue para dejarles en claro a los originarios que el presidente Evo Morales tiene una decisión tomada sobre la carretera que partirá en dos al Parque Isiboro Sécure y por supuesto, para ganar tiempo y ayudarles a los bloqueadores de Yucumo a organizarse y tratar de hacerlos quedar bien. Mientras Choquehuanca les hacía saber a sus “hermanos” del oriente cómo se toman las decisiones en el proceso de cambio y cuál es el valor que tiene la Constitución Política del Estado, el Gobierno organizaba otro diálogo del estilo y la forma que le gustan al caudillo. El presidente es quien elige con quién dialogar y el requisito previo es que estén de acuerdo con él. De esta forma es que ha escogido a un grupo de indígenas del Tipnis que seguramente lo van a aplaudir y le van a aceptar todo lo que diga. Que no se queje después el jefazo, como lo hizo hace algunos días, cuando afirmó que se siente huérfano y abandonado. Lo dijo después de quejarse también en Chimoré, por la escasa concurrencia al acto de lanzamiento de una nueva universidad indígena.

viernes, 16 de septiembre de 2011

Bolivia sí se entiende

 Más del 70 por ciento de la economía nacional es informal. Eso es una
gran desventaja –siempre lo escuchamos-, pero también refleja un lado
positivo de la sociedad boliviana. Casi todas las transacciones que se
realizan en el país se hacen en base a la confianza, de decir, sin
contratos, sin garantías escritas, sin letras de cambio y otras
modalidades que suelen usarse en el “mundo civilizado” para evitar las
estafas.

Miles de negocios se hacen todos los días con la única garantía de la
palabra y de la buena fe. En los mercados, los comerciantes llevan sus
cuentas en una pequeñas libretitas y sus proveedores hacen lo mismo.
No hay huellas digitales ni padrón biométrico ni nada de eso.
Los bolivianos nos entendemos perfectamente en el ámbito de los
negocios, algo que no suele suceder en el campo de la política, pues
de otra forma no se explicaría que llevemos más de 186 años sin
ponernos de acuerdo en casi nada, ni siquiera en el color de la
bandera o en el nombre del país.
En los negocios no hay raza ni regionalismo, tampoco partidos o
visiones  contrapuestas que impidan el entendimiento. Un aymara se
hace rico sembrando soya en el norte cruceño, el chapaco es bienvenido
en la feria 16 de julio de El Alto y los benianos no tienen problemas
para vender su carne en los centros mineros. En la política, que
debería ser el arte de organizarnos para vivir mejor y por supuesto,
para entendernos más todavía en el plano económico, no hay idea que
pueda surgir porque siempre está detrás  lo que se denomina el
“consenso negativo”, es decir, el que se gana la vida generando
descontento. Tal vez es la hora de buscarles otro oficio a los
políticos profesionales que, sin duda alguna, son los que lucran con
hacernos pelear a los que en la vida real nos entendemos a la
perfección.

Los nuevos bloqueos

El canciller David Choquehuanca se ha molestado con los periodistas porque llaman “bloqueo” a lo que él insiste en llamar “vigilia”. Se refirió así a la interrupción del tráfico que llevan adelante los colonos y cocaleros (el Gobierno los llama “interculturales”) en la localidad de Yucumo para impedir el paso de los indígenas marchistas que se oponen a la destrucción del Parque Isiboro-Sécure. Es grave el problema semántico en el que se meterán las autoridades del Estado Plurinacional para referirse las nuevas medidas de protesta que están floreciendo en el país a cargo de “nuevos movimientos sociales”. Qué nombre ponerle, por ejemplo, a los bloqueadores de la zona chiquitana que cortaron la ruta hacia Puerto Suárez, exigiendo que la Aduana les permita legalizar los autos robados que fueron introducidos desde Brasil hace algunos meses, en el marco de la amnistía a los vehículos chutos. La promoción a la economía ilegal e informal en el país está produciendo nuevos agentes de presión, nuevas reivindicaciones y por supuesto, nuevas maneras de protestar. Hay ayllus que insisten en proteger al contrabando y comunidades que no tienen problemas en liarse con narcotraficantes. Hay autoridades que los justifican y dicen que lo hacen por cuestiones sociales. El desafío es inventar una nueva nomenclatura sindical para este fenómeno emergente.

El gas boliviano y sus papelones

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, ha dado la peor señal que podía esperar el mercado internacional sobre la situación del gas boliviano. El ejecutivo decidió dejar plantados el pasado 5 de septiembre a empresarios brasileños que pretendían reiniciar este lunes las operaciones de termoeléctrica de Cuiabá conectada a través de un gasoducto con el tubo que acarrea el energético a la ciudad de San Pablo.

La provisión de gas a Cuiabá fue interrumpida por Bolivia hace algunos años justamente por falta de gas. No es mucho, se trata solamente de 2,2 millones de metros cúbicos diarios, pero ni siquiera esa cantidad está disponible en el país. Apenas alcanza para cumplir con el contrato principal con Brasil, alimentar con serios problemas el mercado interno y hacer los envíos acostumbrados a Argentina, donde hay fuertes quejas porque todavía sigue pendiente el aumento que le prometió el Gobierno boliviano y que precisamente justificó el tendido de una nueva tubería que aún no ha sido estrenada.

Todas estas informaciones vienen a confirmar la crítica situación del gas boliviano, cuyo déficit de producción alcanza los cinco millones de metros cúbicos diarios. Las inversiones para producir más se están haciendo, pero solo para cumplir con lo absolutamente prioritario, que obviamente pasa por no fallarle a Brasil para evitar multas millonarias. Lo mismo podría ocurrir con Argentina. Alguna explicación debe haber para que Buenos Aires no aplique de una vez el torniquete.

A lo mejor es lástima, el mismo sentimiento que constantemente invocaba hacia Bolivia el expresidente brasileño, Lula da Silva. Tal vez fue mejor que Carlos Villegas se haya “borrado” de la reunión a la que debía asistir a Brasil. Lo peor hubiera sido asumir un nuevo compromiso y tener que fallar después, lo que hubiese empeorado la mala fama de proveedor que se ha ganado Bolivia en los últimos años.

No hay duda que en YPFB por lo menos han aprendido a ser cautos con las declaraciones. Hace poco un funcionario anunció que existía la posibilidad de exportar gas a Chile e inmediatamente Villegas lo mandó a callar, no por cuestiones políticas ni por la sensibilidad que despierta este tema, sino porque no hay gas ni siquiera para cumplirle al Mutún, cuya plata ha estado exportando hierro en bruto porque no existe manera de industrializarlo.

¿Cuánto gas debería estar produciendo Bolivia? Algunos calculan que lo mínimo debería ser 46 millones de metros cúbicos para cumplir todos los compromisos asumidos, aunque la cifra más apropiada para acompañar el mercado interno debería ser de al menos 50 millones, cinco millones por encima del promedio alcanzado hasta agosto de este año. El problema de fondo  es que el país necesita recuperar la credibilidad con la que fue capaz de ampliar sus mercados y proyectarse como el futuro proveedor continental. Eso le permitiría con facilidad renovar el contrato con Brasil y pensar en nuevos destinos como Chile y por supuesto, la expansión en Argentina.

Si Bolivia no logra vencer la inercia en los próximos años, la producción –que alcanzará su máximo rendimiento hasta el 2015-, irá declinando de ahí para adelante y la situación podría empeorar. Es de extrema urgencia asumir otra actitud en la industria con el fin de recuperarla. Hemos llegado a un punto de inflexión y se hace imprescindible tener una mirada de largo plazo ¿podrá hacerlo este Gobierno?

jueves, 15 de septiembre de 2011

Los dueños del país

Miles de colonizadores y cocaleros mantienen un bloqueo desde hace diez días en la localidad de Yucumo. Ha quedado perfectamente claro quién los financia y los alienta para que se conviertan en los nuevos inquisidores del país, con potestad para controlar el tráfico, revisar equipaje y decidir quién pasa y quién no. La Policía coordina con ellos, los organiza y los protege. Para el Gobierno ese bloqueo responde a los “grandes intereses nacionales”,  mientras que asegura que los marchistas que rechazan la destrucción del Tipnis no van a pasar por ese lugar. Los indígenas del oriente boliviano están amenazados por la violencia de los colonos, que esperan una decisión final del Gobierno para desembarcar en el parque Isiboro Sécure. Es la realidad dividida en dos, entre los dueños del país y los que deben seguir condenados a la miseria; entre los buenos bloqueadores y los malos marchistas; entre los que buscan el “progreso” del país con sus negocios y sus cultivos ilegales y los que buscan proteger su hábitat. Nadie esperaba que el asunto “plurinacional” se resuelva de esta manera en Bolivia.

La coca y sus cifras poco claras


Tal como lo muestra la ONU, los datos sobre la coca son como para festejar. El organismo internacional contra la droga y el delito (UNODC) ha resaltado el hecho de que en el 2010, los cultivos de la “hoja sagrada” apenas crecieron un 0,3 por ciento, la variación más reducida de los últimos cinco años.

Por un lado, la ONU dice que los cultivos crecieron en 100 hectáreas el año pasado, mientras que el Gobierno asegura que en la misma gestión erradicó 8.200 hectáreas de cocales. Si se hacen bien los cálculos, hay por lo menos 8.300 hectáreas que están faltando en las cuentas que hace el representante de la UNODC en Bolivia, César Guedes, quien emitió su informe el pasado martes con varios meses de retraso y algunos tropezones de por medio.

Tampoco hay que engañarse con los promedios y las estadísticas, pues aquel 0,3 por ciento de crecimiento general esconde el hecho de que en el Chapare, los cultivos de coca gozan de excelente salud y reportan un aumento del cuatro por ciento.

La ONUDC cree que esta cifra marca una tendencia hacia estabilización de los cultivos de coca, afirmación que también resulta algo apresurada, no solo porque las cuentas no terminan de cerrar, sino porque habría que ver qué sucede este año y los próximos para llegar a la conclusión de que el Gobierno de Evo Morales realmente ha tomado la decisión de reducir la coca en el país, que actualmente ronda las 31.000 hectáreas.

Lo que podría estar ocurriendo es que la política cocalera del Gobierno tal vez ha llegado a un punto de inflexión marcado por los recientes sucesos internacionales que vinculan cada vez con más claridad a los niveles dirigenciales del país con el narcotráfico. Y aun así falta mucho para revertir lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, periodo en el que los cultivos de coca crecieron en un 22 por ciento, es decir, de 25.400 a las 31.000 hectáreas actuales, con el auspicio claro y decidido del Estado Plurinacional.

No hay que descuidar que en este momento, hay alrededor de 20 mil hectáreas de coca ilegales en el país y que el problema parece salirse de control, pues mientras se dan algunos esfuerzos de erradicación en lugares como El Chapare y Los Yungas, los cultivos se diseminan hacia los parques nacionales y a otros departamentos, como Santa Cruz y Beni, donde los nuevos cocaleros han establecido zonas de exclusión que protegen los cultivos y también a la floreciente industria del narcotráfico, vinculada a peligrosos cárteles de México y Colombia.

Por segundo año consecutivo, la UNODC no ha citado el potencial de producción de cocaína de Bolivia, un dato que muchos tratan de eludir. En el 2009, el país producía alrededor de 195 toneladas de droga por año, cifra que había trepado en un 10 por ciento en esa gestión. Según algunos cálculos basados en el nivel de las incautaciones, este número habría trepado a las 600 toneladas en los últimos años, algo que explica el mutismo reinante.

No se puede ignorar que, al margen de sus verdaderas intenciones y de la visión que tiene el Gobierno sobre la coca y la cocaína, las principales autoridades del Estado Plurinacional se encuentran entrampadas por este problema y necesitan tomar una decisión clara que convenza no solo a la ONU. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ya lanzó una propuesta que en este país siempre despertó polémica: “Coca cero” en los parques nacionales. Eso necesariamente debería incluir el componente de la erradicación forzosa, decisión muy difícil para Evo Morales, pero posiblemente ineludible en las actuales circunstancias.