Bolivia se apaga

Las empresas que distribuyen energía eléctrica le han pedido a la población, comenzar a hacer uso racional de artefactos como planchas y duchas. ¿Cuánto falta para que lleguemos al extremo que llegó Venezuela hace un par de años, cuando el presidente Chávez, en tono amenazante, le exigió a la gente ir al baño con una linternita y bañarse en no más de tres minutos?

Las autoridades deberían ser lo suficientemente sinceras, tal como lo hizo Hugo Chávez, y comunicarle a la ciudadanía en qué situación nos encontramos. El hecho es que mientras el Ministerio de Energía sigue atribuyendo los apagones a hechos fortuitos, la falta de electricidad ha comenzado a afectar seriamente y de manera recurrente a las industrias del eje central del país y solo en Santa Cruz, más de 100 mil personas se quedaron sin el fluido, lo que además repercute en la falta de agua potable.

La desesperación es mala consejera y parece haberse apoderado de los responsables del sector. A la versión de los accidentes, se ha sumado también la atribución de la causa de los apagones a un supuesto impulso económico en el país que ha generado la sobredemanda de electricidad. Esta explicación, que en realidad trata de atribuir una falta de previsión a los anteriores gobiernos, aumenta aún más la incertidumbre, porque esconde el verdadero problema, consistente en la ausencia de capacidad técnica de los funcionarios que el Estado Plurinacional puso a administrar las empresas encargadas de la generación que fueron nacionalizadas hace poco más de un año. Se trata del mismo fenómeno que se dio con la estatización de los hidrocarburos, proceso que transformó a Bolivia de exportador a importador compulsivo de carburantes y lubricantes.

El populismo secante, que antepone los caprichos del caudillo a la racionalidad en el manejo económico, terminó por destruir la industria petrolera boliviana y todos sabemos las consecuencias que eso trajo para el país, que lleva ya seis años de una sequía de inversiones que ha puesto a Bolivia al borde de la crisis energética. Nadie quiere sospechar lo que ocurrirá si ese mismo problema se da en el campo de la generación eléctrica, cuya incidencia en las actividades económicas, grandes y pequeñas, es mucho mayor, sin posibilidades además, de recurrir a fuentes alternativas y mucho menos a la importación.

El presidente Morales acaba de viajar a China, donde ha obtenido importantes compromisos de inversión en el país. ¿Qué van a hacer los empresarios chinos cuando se enteren de que en Bolivia no es posible montar una empresa y echarla a andar por falta de energía, como sucede con la firma hindú Jindal y el proyecto siderúrgico del Mutún, desde hace cuatro años? Muchos emprendimientos en Santa Cruz, en El Alto, en Tarija y otros sitios, han tenido que estancarse ante la carencia de gas natural. Otros recurrieron a la electricidad, con un costo mayor y ahora están amenazados de muerte ante el posible agravamiento de los apagones.

Nuevamente, insistimos en que la primera reacción del Gobierno frente a este problema debe ser la sinceridad para que la ciudadanía pueda tomar conciencia y sumarse a un programa de racionamiento que evite que unos sufran más que otros y al mismo tiempo permita que las actividades productivas se mantengan en marcha y que no se lesione el empleo y el volumen de producción. También se espera que el Estado Plurinacional deje a un lado sus absurdas mezquindades y recurra a los mejores elementos humanos capaces de dar con las soluciones definitivas.

Cacería de brujas

Mientras un alcalde oficialista vinculado con el narcotráfico obtiene
la indulgencia de la justicia plurinacional, los jefes de los 357
municipios del país están con miedo a ejecutar obras en sus distritos
por temor a ser encarcelados por acusaciones de corrupción, al amparo
de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, una norma que es usada por el
régimen para apuntar la persecución política en lugar de promover la
transparencia. La mayoría de las denuncias que han llevado a muchos
funcionarios a la cárcel o a perder el mandato obtenido en las urnas,
no pasan de ser meras infracciones que pudieron ser corregidas
mediante procesos administrativos, en lugar de recurrir a la
criminalización de la administración pública. De esa forma fue que
tumbaron a los alcaldes de Potosí y de Sucre y estuvieron a punto de
defenestrar a la alcaldesa de Oruro. El temor a que eso mismo les
pueda ocurrir, trae como consecuencia el estancamiento de los
municipios, cuya ejecución presupuestaria apenas sobrepasa el 17 por
ciento en promedio. Lo peor es que, mientras se ejecuta esta cacería
de brujas en las alcaldías opositoras, la corrupción sigue floreciendo
en el bando oficialista. Lo acaba de admitir el gobernador masista de
Potosí.

21 años y nada ha cambiado

Los indígenas del oriente boliviano han retomado la marcha de más 21 años
después de aquella epopeya de 1990 que dio origen al denominado
“proceso de cambio”, del que surgieron la Asamblea Constituyente, la
urgencia de la inclusión social y que, entro otros acontecimientos,
parió la “agenda de octubre” y dio a luz al liderazgo de Evo Morales,
al que le dotó de plataforma, discurso y de una causa mucho más digna
y legítima que la mera defensa de la coca, el único motor que había
inspirado la lucha del líder sindical, que luego se convertiría en
presidente, gracias precisamente a todo ese bagaje surgido en las
tierras bajas.
Lo lamentable es que la marcha de los indígenas, que se propone
recorrer más de 500 kiómetros entre Trinidad y La Paz, tiene
exactamente los mismos móviles que los llevó a los caminos en 1990: la
defensa de su dignidad y de sus territorios, amenazados por la
destrucción que los dejaría sin hábitat y condenados por siempre a una
vida miserable.
Obviamente, es mucho más triste para los propios originarios, que sea
justamente un Gobierno que se subió sobre sus hombros, que se hizo
llamar indigenista y que a nombre de los ellos trastocó todo el
esquema normativo e institucional de Bolivia, el que recurre a las
mismas actitudes que los relegaron de la vida nacional desde el
nacimiento de la república. Y lo hace dominado por la misma motivación
excluyente y sectaria que se propone apoderarse de los recursos de
todos para beneficiar a un grupo, que además trae consigo el peligro
de entregar el país a las mafias del narcotráfico que ya tienen
controladas varias regiones, territorios y comunidades. Este
importante detalle le otorga a la marcha indígena una cuota aún mayor
de dignidad y por eso mismo es que se ha ganado no sólo el apoyo de
otros grupos de campesinos del occidente, cada vez más alejados del
oficialismo, sino también del conjunto de la opinión pública nacional.
La reacción del régimen de Evo Morales no difiere en nada de las
peores conductas políticas que tanto ha criticado. En primer lugar,
desconoce las leyes, pretende ignorar los derechos adquiridos por los
indígenas, consignados en la Constitución Política del Estado; los
agentes gubernamentales han intentado por todos los medios
deslegitimar la protesta de los originarios, los han llamado traidores
y los han estado acusando de servir a intereses oscuros y por último,
se burlan de ellos con amagues de diálogo que simplemente buscan ganar
tiempo y desgastar la causa de los originarios para arremeter con
decisiones ya tomadas por el Estado Plurinacional, de espaldas a la
ley y sin tomar en cuenta las demandas de los que están directamente
involucrados.
No es casual que, de forma simultánea a la marcha organizada por la
CIDOB, hayan proliferado numerosos conflictos que tienen prácticamente
convulsionados a los ocho departamentos. Uno de los más significativos
es el paro en El Alto, la ciudad que puso los muertos en la lucha que
terminó encumbrando a Evo Morales; el otro transcurre en Potosí, la
región que sigue representando la gran paradoja boliviana del “mendigo
sentado en la silla de oro” y que el proceso de cambio no ha
conseguido revertir en lo más mínimo.
No hay duda que la marcha de los indígenas se constituirá, desde el
punto de vista social y político, en el punto de inflexión en el
Gobierno de Evo Morales, encaminado indefectiblemente a repetir viejos
errores y a reproducir esquemas fracasados en la administración del
país. Desde la óptica económica, el gasolinazo fue el que determinó el
gran viraje. El presidente ya advirtió del peligro que eso implica y
por eso es que ha invocado la concurrencia de los militares para
apuntalar su régimen.

Cuando hablan los gobernadores

Dos gobernadores hicieron noticia la semana pasada, aunque esta vez no ha sido por ningún hecho que puede encasillarse en la categoría de “persecución política”, la brega más frecuente de los últimos tiempos de las autoridades locales y departamentales. El primero fue el potosino Félix Gonzales, quien se declaró arrepentido de haber asumido el cargo, porque dice estar hastiado de la corrupción, de los negociados, los sobreprecios y las licitaciones oscuras. Al borde de las lágrimas, Gonzales dijo que hay gente que se enriquece de la noche a la mañana a costa del sector público y que se le hace cuesta arriba luchar contra las cadenas de corrupción. El otro gobernador que soltó la lengua fue el cruceño Rubén Costas, durante una reunión de líderes opositores que se han propuesto incrementar la lucha contra el régimen de Evo Morales. Dijo que colocará un inmenso tachón en la papeleta el día de la elección de las autoridades judiciales. Costas ya recibió amenazas del régimen por sus declaraciones. Aún no se sabe qué le pasará a Gonzales, aunque ya se ha sabido de jalones de oreja de las autoridades nacionales.

Chávez, Dios y la salvación

Hugo Chávez ha puesto de moda hablar de Dios; lo hace cuando el cáncer
le pisa los talones. Eso me hace recordar a Charly García, que en toda
su rebeldía dice que muchos confunden a Dios con un empleado de banco,
al que van y le ruegan por ayuda cuando están desesperados.

Con la biblia bajo el brazo, con el Jesús en la boca y mucho menos
agresivo que antes, el líder venezolano ha estado mostrando su lado
espiritual, faceta nunca antes vista en su vida llena de invocaciones
a la confrontación y a la violencia. Muchos ven hipocresía en este
gesto, sobre todo porque Chávez, más que ganarse el cielo, necesita
recuperar su imagen para conseguir una nueva reelección el próximo
año.

De todas maneras, en estas circunstancias vale la pena reflexionar
sobre lo que en el fondo debe andar buscando Chávez, un sentimiento
que nos une a todos los seres humanos, de todas las razas y religiones
y que se traduce en una pregunta clave: ¿Me voy a salvar?

La promesa de Dios suena infalible, según nos lo recuerdan los que más
saben de “la salvación”. Recuerdo al hermano José Antonio López, en el
colegio Marista hablándonos emocionado de la parábola del hijo pródigo
para hacernos entender el concepto de la “misericordia”. La idea es
que, no importa lo que hayamos hecho, si al final de nuestros días se
produce el verdadero arrepentimiento, es posible conseguir el perdón y
la salvación que a otros suele costarles toda una vida de privaciones
y santidad.

Parece contradictorio, pero ni la Biblia ni la fe pueden ser juzgadas
con la lógica: en el libro de Salmos dice: “Yo amo a los que me aman,
y me hallan los que temprano me buscan”. Y el profeta Amós la remata:
“Irán errantes de mar en mar; desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán”. De
cualquier forma, es cuestión de fe.

Chile irrita a Bolivia

El Gobierno chileno parece dispuesto a todo para provocar la irritación del régimen plurinacional de Bolivia. La respuesta al tremendo “reculazo” de Evo Morales en el tema marítimo fue una furibunda declaración del canciller, Alfredo Moreno, quien afirmó que su país no les debe nada a los bolivianos. Fue la manera de reaccionar ante el comportamiento ciclotímico del presidente, quien pasa de los arrumacos a la hostilidad en cualquier momento, para luego intentar retornar a las zalamerías. El enojo del jefazo con Chile se originó en la investigación secreta que condujo al arresto del general René Sanabria. Las autoridades del país vecino hicieron saber que no tenían confianza en una investigación transparente de este lado de la frontera y por eso prefirieron mantener a los bolivianos al margen. Recientemente, a solicitud a las fuerzas antidrogas chilenas, que incautaron más de 800 kilos de cocaína (adivinen de dónde), fueron arrestados en Bolivia varios integrantes de una banda internacional de narcos. Desde Santiago acaba de llegar el pedido para que los detenidos sean trasladados a Chile, tal como se hizo hace poco con narcos peruanos y colombianos. La justicia plurinacional no brinda garantías de un juicio justo, ni siquiera para los narcotraficantes. La gran diferencia es que estos últimos aman el cambio.

El militarismo está de vuelta

El presidente Morales acaba de darles a los militares la mejor garantía de lealtad hacia ellos y, por supuesto, les ha pedido que se constituyan en el pilar fundamental de su Gobierno, aquejado por falta de credibilidad, crisis de legitimidad y, más que nada, por una copiosa pérdida de apoyo popular, que se traduce en el constante brote de disidencias internas.

El pasado domingo, cuando se festejaba el 186 aniversario de las Fuerzas Armadas, el Primer Mandatario liberó de toda culpa a los militares que están acusados de graves crímenes cometidos en las revueltas de octubre de 2003 en las que murieron más de 60 personas. Dijo que los uniformados simplemente cumplían órdenes políticas, afirmación que en las actuales circunstancias, equivale a comunicarle a la Corte Suprema de Justicia la decisión del régimen de declarar inocentes a los uniformados implicados en el proceso denominado “Octubre Negro”.

Las elecciones del 16 de octubre, que en realidad serán un nuevo plebiscito para el MAS, ya se presentan como un fracaso anticipado del oficialismo, cuya base social de sostenimiento podría irse por el despeñadero. La crisis económica mundial se traducirá en una reducción de ingresos para el Estado Plurinacional y mermará sus posibilidades de atender sus redes clientelares. La aplicación de un “gasolinazo” será cada vez más inevitable, lo que anticipa un escenario convulsionado en el que los militares pueden ser vitales para asegurar la estabilidad política.

Los militares, junto con los cocaleros y otros sectores incondicionales  al régimen, han sido los más beneficiados por el “proceso de cambio”. Adquisiciones multimillonarias en el área de defensa, aviones, helicópteros, mejoras en los cuarteles, ingresos  extraordinarios y otras ventajas salariales, han conseguido un disciplinado alineamiento de las Fuerzas Armadas a las directrices políticas de Evo Morales, quien ya no duda en reconocer y expresarlo públicamente, que de las botas y las bayonetas depende su continuidad en el Palacio Quemado.

El populismo no tiene otra opción. El militarismo siempre ha sido la única salida de los caudillos después de agotados los discursos y traicionadas todas las expectativas que se habían generado en la población. En Bolivia, un país que jamás ha podido consolidar un poder estatal institucionalizado capaz atender las necesidades de las grandes mayorías y al mismo tiempo, imponer su autoridad con la fuerza de la ley y la ética, las Fuerzas Armadas han sido la muleta imprescindible de los gobiernos democráticos y también el recurso de emergencia en los constantes periodos de inestabilidad.

Nadie esperaba, sin embargo, que este fenómeno se produzca durante la administración de Evo Morales, el presidente que mayor apoyo popular ha conseguido en la historia democrática de Bolivia y que al mismo tiempo, ha gozado de un periodo de bonanza nunca visto en los 186 años de vida republicana, que le hubieran permitido atender con cierta soltura las demandas de la población y encaminar al país hacia un horizonte de desarrollo y prosperidad, pilares fundamentales de la estabilidad social.

Contar con los militares es algo que en Bolivia no se puede asegurar por mucho tiempo. Nadie duda de entusiasmo que sienten los jefes castrenses de seguir de laderos de un régimen que se ha mostrado tan sólido hasta ahora y que les ha permitido gozar de un prolongado periodo de aburguesamiento. No obstante, los sucesos de octubre de 2003 todavía están muy frescos en la memoria de todos y es posible que nadie esté dispuesto a revivirlos. Eso se pudo comprobar muy claramente hace poco, cuando el Gobierno decretó el gasolinazo.