Delito, ilegalidad e informalidad

Los sectores que transitan por la ilegalidad y la informalidad siguen ganando terreno en el país, al extremo de que el abultado crecimiento molesta  a los propios ilegales e informales, digamos, los que llegaron primero.  Recientemente la Confederación de Trabajadores Gremiales y Artesanos Minoristas de Bolivia, acusó al Gobierno de promover el aumento del comercio informal en alrededor de 200 mil personas en los últimos cinco años.  “Antes que ingrese don Evo Morales a la Presidencia, los comerciantes minoristas eran alrededor de un millón 300 mil personas, pero ahora tenemos un millón y medio de personas”, dijo el dirigente del sector en un informe publicado en la prensa.

El Gobierno no solo deja de aplicar leyes destinadas a frenar la informalidad, como sucede con la norma que prohíbe desde hace varios años el ingreso y la venta de ropa usada, sino que promulga leyes que incentivan las actividades que se codean con el delito. La ley de amnistía para los autos de contrabando no termina de generar consecuencias negativas para el país. Autoridades de países vecinos le han exigido a la Aduana de Bolivia, devolver ocho mil autos que fueron robados y la respuesta ha sido que solo entregarán 1.400, ya que el resto de los vehículos está circulando normalmente en el territorio nacional, con placa, documentos y todo “legal”.

Y hablando de leyes ilegales (vaya contradicción), el senador del MAS, Isaac Ávalos, ha dicho que la ley que declara intangible al parque Isiboro Sécure es “trucha”, pese a que lleva la firma del presidente Morales. Y no hace falta que lo diga, ya que es el propio jefe de Estado el que promueve la anulación de esa norma a muy pocos meses de su aprobación.

Otra de las recientes ilegalidades “legalizadas” por el presidente está relacionada con la mina Himalaya, tomada e invadida por campesinos desde el 2007. En homenaje al segundo aniversario del Estado Plurinacional, el primer mandatario decidió nacionalizar el predio y entregárselo a quienes durante más de cuatro años han violentado las normas que protegen la propiedad privada y los contratos. Los mineros, especialmente los cooperativistas, que en realidad son informales, se han vuelto muy glotones a la hora de exigirle dádivas al Gobierno, pues no hace mucho éste eximió al sector del pago del IVA, en tanto que una parte de los beneficiados ha advertido que no pagará ni un solo impuesto. Razones no le faltan para hacer ese planteo pues, los cocaleros por ejemplo, uno de los sectores más prósperos del país, se ponen iracundos cada vez que se les habla de contribuir al país.

En Bolivia el delito ha comenzado a recorrer zonas grises. La debilidad del Estado y la tolerancia con ciertos grupos, permite que ocurran hechos insólitos que ya ni siquiera aparecen en las primeras páginas de los diarios. Recientemente, una turba de cocaleros hizo escapar a los policías de Umopar que custodiaban a dos narcotraficantes que habían sido hallados con 16 kilos de cocaína en Ivirgarzama, Chapare. Este hecho sucedió días después de que otros cultivadores de coca en Los Yungas invadieron un cuartel militar y consiguieron que el Gobierno apruebe el retiro de ese puesto de vigilancia destinado a erradicar la coca ilegal.

Recientemente el director nacional de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) propuso elevar el valor de los peajes, de lo contrario no habrá suficiente dinero para mantener las carreteras. Los transportistas han reaccionado furibundos y amenazan con medidas de presión. No hace falta imaginar lo que son capaces de hacer. No hace mucho destruyeron los puestos de peaje en la carretera a La Guardia. Y si las cosas se ponen duras, lo volverían a hacer, pues ellos son también de la idea de que este país sea declarado “tierra de nadie”.

¿A qué te atas?

Una persona muy querida, se resistía a irse de vacaciones con
su familia. Era un viaje que todos habían esperado, soñado y varias
veces postergado por mil y un razones. Pero esta personita se negaba.
No había forma de hacerla entrar en razón. Luego de muchos ruegos,
reflexiones y alguna que otra rabieta, al final confesó el gran motivo
que la “ataba” a su querido terruño. No quería perderse los últimos
capítulos de la telenovela mexicana o venezolana (qué importa) que
había seguido durante varios meses.

Escuché la historia de una señora que refleja la otra cara de la
moneda. Ella padece una enfermedad terminal y cuando el médico le
explicó que le quedaba muy poco tiempo de vida, les pidió a sus hijos
que la lleven a una casa nueva. Ella es muy creyente y decía que de
esa forma se prepararía mejor para ir al encuentro con Dios. En una
casa alquilada, sin sus muebles, sin las fotografías en las paredes,
sin el jardín que tanto había cuidado y sin toda esa historia
encerrada en cuatro paredes, no tendría mucho a qué atarse y
prepararía mejor su mente y su corazón para lo que ella consideraba el
momento más feliz de su existencia.

Ahora existe toda una corriente de pensamiento inclinada hacia el
minimalismo. Uno de esos geniecillos de las nuevas tecnologías, Andrew
Hyde, se ha hecho famoso no sólo por sus inventos, sino también por su
manera de vivir. El solo posee 15 objetos, porque de esa manera es más
fácil viajar de un lado a otro, como acostumbra hacer. No hay nada que
lo ate.

Cuando los caballos son jóvenes cuesta atarlos. Se resisten y hasta
suelen romper la soga que los amarra a la tranquera. Pero una vez se
acostumbran al cabestro, no hace falta ni siquiera hacerle el nudo,
basta con ponerle la cuerda al cuello y se quedan quietos, como
nosotros los seres humanos, atados al pasado, a nuestros prejuicios y
otras “telenovelas” que perturban nuestra mente y no dejan espacio
para algo mejor.

Otra vez el “Yo no fui”

La política del “Yo no fui” ha vuelto a la plaza Murillo y otra vez
tiene a los indígenas de tierras bajas como los protagonistas del
problema. Aunque lo niegue, el Gobierno ha sido el autor intelectual y
material de la marcha de los indígenas del Conisur, que a nombre de
los cocaleros del Chapare, exigen la construcción de la carretera por
medio del parque Isidoro Sécure. Es imposible disimular la mano del
oficialismo en la marcha, pues un día manda a los policías a dejarse
agredir (todo un show) y más tarde los envía a pelar papa y
prepararles la comida a los marchistas. El presidente Morales los
recibe en el Palacio Quemado, pero no les promete nada. Entre
indígenas y Gobierno se ponen de acuerdo para tirarles la pelota a los
otros marchistas, a los de la CIDOB, a los que pretenden meter en una
trampa. La movida no convence a los verdaderos defensores del TIPNIS y
le mandan decir al Gobierno que arregle el problema que él mismo creó.
La gran pregunta es qué van a hacer las autoridades y por supuesto,
los indígenas, cuando se deba admitir en público que cada uno debe
volver a su casa con las manos vacías. La otra pregunta ¿Se atreverán
a borrar la ley corta sin la venia de la CIDOB? ¿Funcionará en cada
caso la política del “yo no fui” como ha operado hasta ahora?

Abuso insoportable

De vez en cuando el inoperante Estado boliviano decide hacer acto de aparición a través de alguna de esas “genialidades” que inventan los burócratas para sacarle plata a la gente. Esta vez ha sido a través de una medida de dudosa legalidad y de nula trascendencia para la sociedad, pues el único propósito manifiesto es meterle la mano al bolsillo a la población.

Estamos hablando de la dichosa “revisión técnica”, un nuevo invento que favorece a la Policía Nacional, para compensarle el negocio de las cédulas de identidad y los permisos de conducir que pasaron a depender de otros burócratas que no dan pie con bola y que siguen maltratando a la gente con colas interminables, coimas y otras miserias a las que nos tiene acostumbrado este Estado, que supuestamente existe para servirnos y facilitarnos la vida.

La Policía debe creer que el ciudadano común no se acuerda cómo ha funcionado siempre este asunto de la “revisión técnica”. Todo se resumía a un truco “pro bolsillo” de la jerarquía uniformada, que no se preocupaba mucho por hacerla cumplir porque todos sabíamos que se trataba de un robo disfrazado. La cosa cambia cuando la institución verde olivo se ve urgida por fondos frescos y pone en marcha un operativo que se asemeja a un acto de tortura colectiva.

Nadie se opone a que la Policía haga su trabajo, pero es hora de que las instituciones estatales  y sus responsables actúen con mayor vocación de servicio hacia quienes les pagan el salario. Y cuando se trata de servir, lamentablemente la Policía es de las peores. Poner a individuos semianalfabetos a atender a la gente es el colmo; “que no hay sistema”, “que se acabaron las rosetas”, “que vuélvase más tarde”, “que colabore”, “que falta esto y lo otro” ha sido la constante en los últimos cuatro meses que cerraron el martes con un descomunal caos, entendible solo en esta gigantesca “Sucupira” que es la Bolivia de los autos chutos, la coca ilegal, el contrabando en mamaderas y otras miserias.

Es lamentable que a nadie se le ocurra tener un mínimo de consideración con la gente que contribuye y que siempre tiene que ser sujeto de maltrato de individuos maleducados, abusivos, amarrados de un uniforme o un sucio escritorio. Cómo no pensar en alternativas, como la instalación de este servicio en las estaciones de cambio de aceite o en las gasolineras; se puede pensar también en delegar esta responsabilidad a las aseguradoras, salvando claro, el hecho de que la Policía se guarde sus veinte pesitos; al final todo el mundo tiene derecho a medrar en este país tan misérrimo, sobre todo cuando hablamos de ideas y ganas de mejorar.

Los ciudadanos somos los culpables de todo esto que ocurre. Es de no creer cómo una población aparentemente rebelde como la boliviana, se dejar conducir como mansos borregos hacia esas iniciativas insulsas, esos papeleos inútiles, a la tercera placa, al sello, al trámite, a la ventanilla, que suba, que baje, que vuelva, merodeos que solo promueven la corrupción y el atraso. Hace poco el Ministerio de Transparencia  de Lucha contra la Corrupción organizó un concurso consistente en reunir anécdotas y experiencias de la ciudadanía sobre la burocracia y el reino de las ventanillas. ¿No les parece que es la hora de hacer algo al respecto?

Abuso insoportable

De vez en cuando el inoperante Estado boliviano decide hacer acto de aparición a través de alguna de esas “genialidades” que inventan los burócratas para sacarle plata a la gente. Esta vez ha sido a través de una medida de dudosa legalidad y de nula trascendencia para la sociedad, pues el único propósito manifiesto es meterle la mano al bolsillo a la población.

Estamos hablando de la dichosa “revisión técnica”, un nuevo invento que favorece a la Policía Nacional, para compensarle el negocio de las cédulas de identidad y los permisos de conducir que pasaron a depender de otros burócratas que no dan pie con bola y que siguen maltratando a la gente con colas interminables, coimas y otras miserias a las que nos tiene acostumbrado este Estado, que supuestamente existe para servirnos y facilitarnos la vida.

La Policía debe creer que el ciudadano común no se acuerda cómo ha funcionado siempre este asunto de la “revisión técnica”. Todo se resumía a un truco “pro bolsillo” de la jerarquía uniformada, que no se preocupaba mucho por hacerla cumplir porque todos sabíamos que se trataba de un robo disfrazado. La cosa cambia cuando la institución verde olivo se ve urgida por fondos frescos y pone en marcha un operativo que se asemeja a un acto de tortura colectiva.

Nadie se opone a que la Policía haga su trabajo, pero es hora de que las instituciones estatales  y sus responsables actúen con mayor vocación de servicio hacia quienes les pagan el salario. Y cuando se trata de servir, lamentablemente la Policía es de las peores. Poner a individuos semianalfabetos a atender a la gente es el colmo; “que no hay sistema”, “que se acabaron las rosetas”, “que vuélvase más tarde”, “que colabore”, “que falta esto y lo otro” ha sido la constante en los últimos cuatro meses que cerraron el martes con un descomunal caos, entendible solo en esta gigantesca “Sucupira” que es la Bolivia de los autos chutos, la coca ilegal, el contrabando en mamaderas y otras miserias.

Es lamentable que a nadie se le ocurra tener un mínimo de consideración con la gente que contribuye y que siempre tiene que ser sujeto de maltrato de individuos maleducados, abusivos, amarrados de un uniforme o un sucio escritorio. Cómo no pensar en alternativas, como la instalación de este servicio en las estaciones de cambio de aceite o en las gasolineras; se puede pensar también en delegar esta responsabilidad a las aseguradoras, salvando claro, el hecho de que la Policía se guarde sus veinte pesitos; al final todo el mundo tiene derecho a medrar en este país tan misérrimo, sobre todo cuando hablamos de ideas y ganas de mejorar.

Los ciudadanos somos los culpables de todo esto que ocurre. Es de no creer cómo una población aparentemente rebelde como la boliviana, se dejar conducir como mansos borregos hacia esas iniciativas insulsas, esos papeleos inútiles, a la tercera placa, al sello, al trámite, a la ventanilla, que suba, que baje, que vuelva, merodeos que solo promueven la corrupción y el atraso. Hace poco el Ministerio de Transparencia  de Lucha contra la Corrupción organizó un concurso consistente en reunir anécdotas y experiencias de la ciudadanía sobre la burocracia y el reino de las ventanillas. ¿No les parece que es la hora de hacer algo al respecto?

El satélite y sus primeros gastos

El Gobierno ha anunciado que en diciembre lanzará al espacio el primer satélite boliviano “Túpac Katari”, íntegramente fabricado en China. El aparatejo costará 300 millones de dólares, dinero que ya comenzó a pagarse. Antes del lanzamiento, alrededor de 70 técnicos bolivianos deberán viajar a China durante tres meses para capacitarse en el manejo y control del satélite. Este curso le costará diez millones de dólares al país y los entendidos en el tema aseguran que el mismo entrenamiento demandaría menos de la mitad en centros de altísimo nivel en Estados Unidos, como el MIT o Harvard, donde se forman los capos de la NASA. Algunos analistas creen que aquí recién comienza el problema, pues cuando vuelvan los nuevos expertos, se enterarán que no pueden ganar los mismos sueldos que ganarán sus compañeros de curso en China, mucho peor, comparados con lo que perciben los graduados de las universidades mencionadas. Como se sabe, en el Gobierno boliviano nadie puede ganar más que el presidente Morales y no será raro pues que, ni bien tengan el cartón, nuestros queridos muchachos comiencen a buscar otra pega mejor remunerada. Será entonces cuando el Estado Plurinacional se verá obligado a mandar otros 70 especialistas a China y así sucesivamente. Para ese entonces, el satélite habrá quedado obsoleto.

La destrucción de la industria forestal

Una escandalosa noticia acaba de hacer pública el responsable de la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT), Clíver Rocha, aquel que amenazó con meter presos a los chaqueadores y terminó estrellándose contra un par de menonitas y algunos chacareros. El funcionario ha dicho que el año pasado, su repartición incautó casi 30 mil metros cúbicos de madera en troncas y más de 3,2 millones de pies cúbicos de madera en tabla, equivalentes a la carga de 1.400 camiones. Esto, según Rocha, representa el 70 por ciento del contrabando forestal y tres cuartas partes de esas incautaciones se han realizado en el departamento de Santa Cruz.

Toda esta madera, además de los camiones, instalaciones de aserraderos ilegales, equipo pesado y otras herramientas mantienen abarrotados los depósitos de la ABT, donde ya no existe dónde poner un pie, según manifiesta la autoridad.

El cuadro que describe Rocha es muy parecido a lo que sucede con el narcotráfico. Las autoridades del ramo siempre tratan de demostrar gran eficiencia y dedicación a la lucha contra el narcotráfico con abultados números de cocaína incautada y operativos de intervención en fábricas de droga, cuando en realidad, semejantes cantidades, apenas hablan del desborde y el descontrol de una actividad sobre la cual, el Gobierno actúa con una tremenda debilidad. Así como se le pide a la Policía  antidrogas y al Ministerio de Gobierno, la ABT debería dar nombres, arrestados, “peces gordos” y otros datos que ayudarían a precisar los alcances de estos “denodados esfuerzos”.

La comparación entre narcotráfico y contrabando de madera no es gratuita, pues se trata de otra actividad altamente rentable y en la que operan grandes mafias que fueron puestas a raya a mediados de los años 90, a través de una moderna ley forestal, la creación de la Superintendencia del sector y la puesta en marcha de un modelo que dio origen a la cadena productiva de la madera que tenía excelentes perspectivas en un país que posee mayor vocación forestal que agropecuaria.

En 20 años se frenó el contrabando, se consolidaron extensas reservas forestales donde se pusieron en marcha excelentes programas de certificación de bosques de manera de asegurar la explotación perpetua. Los programas posibilitaron también la incorporación de los indígenas a la cadena, con programas de incentivo del desarrollo forestal en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO). La madera boliviana dejó de exportarse en troncas o en tablas. Surgieron una infinidad de industrias que le otorgaron valor agregado al sector. Gracias que a que los bosques bolivianos obtuvieron el “sello verde”, se conquistaron mercados en Estados Unidos y Europa, con altos estándares medioambientales.

Todo eso ha desaparecido. En este momento, la industria forestal languidece y está a punto de desaparecer. La mayoría de las concesiones en las reservas de El Choré, Guarayos y otras, han sido invadidas por colonos que responden a órdenes del oficialismo. Ha vuelto la práctica del “cuartoneo”, los cocaleros queman los árboles para sembrar su producto, los invasores destruyen todo y lo convierten en carbón o venden las troncas a los traficantes que operan en aserradores ilegales. La destrucción se ha apoderado de nuestros bosques y lo mismo ocurrirá con los parques naturales como el Tipnis si no se actúa a tiempo. Controlar los bosques no es sinónimo de poner una tranca en el camino para detener a los camiones. Se trata de atender todo el circuito que lamentablemente ha sido dejado a la de Dios por cuestiones políticas.