Mientras otros nacionalizan...

Las expropiaciones recientemente decretadas en Argentina y Bolivia han provocado una movilización en los países sudamericanos, ávidos de recibir los capitales que podrían ahuyentarse después de las recientes medidas asumidas por los presidentes Fernández y Morales respectivamente. No es de extrañarse que Chile y Colombia adopten esa posición, con coqueteos muy claros hacia España. Lo que asombra es la actitud de gobiernos como los de Perú y Uruguay, bajo regímenes socialistas. En el caso peruano, acaban de organizar un encuentro con empresarios españoles, a quienes les han ratificado las grandes ventajas que ofrece el país para los capitales extranjeros. Los uruguayos no se quedan atrás. El canciller Luis Almagro se trasladó a Madrid, donde le “ratificó a su homólogo español su intención de acercarse a España y demostrarle que tiene en Uruguay un socio comercial y un aliado seguro para las inversiones”, dice un reporte de prensa. Expertos creen que después de la bonanza económica que ha puesto muy altaneros a los nacionalizadores, puede venir una época de “vacas flacas” que, según algunos creen, no está muy lejos. “Ahí los vamos a ver llorando por inversiones”, remarcó el especialista.

La novena marcha y sus provocaciones

La novena marcha de indígenas del oriente boliviano no será la última. Es posible que deban marchar muchas veces más durante este periodo gubernamental o en los que vendrán. La situación de la democracia boliviana, sobre todo, su patológico estado de inmadurez, nos advierte que los conflictos, los bloqueos y las huelgas seguirán siendo el método más común y efectivo de conseguir el respeto de los derechos de los grupos más castigados socialmente y por supuesto, de obtener ventajas de un Estado que no tiene miras de producir un giro hacia otro destino que no sea el rentismo que nos obliga a mantenernos en una eterna puja por la distribución de los recursos. Si la sociedad busca aportar, el mejor camino es la tolerancia, el respeto y la búsqueda del entendimiento. En el pasado ya se han experimentado otros métodos como la violencia, la represión y el atropello y todos han fracasado. La marcha de los indígenas que defienden el Tipnis puede convertirse en una nueva oportunidad para unir a los bolivianos, para despertar el lado solidario que surgió tan espontáneamente el año pasado. Es una lástima que en otros sectores, esta marcha despierte su lado más canallesco.

Nacionalizar ¿para qué?

La nacionalización parece haberse convertido en una más de las extravagancias bolivianas, algo así como un acto reflejo, un trámite burocrático que se cumple cada Primero de Mayo, sin importar las consecuencias.

Hace un par de años, justo después de que se decretó la nacionalización de las plantas generadoras de electricidad, se iniciaron los apagones y los racionamientos de energía en el país producto de las acciones negligentes de funcionarios que se hicieron cargo de las empresas estratégicas, lo que delata un alto grado de improvisación en el proceso nacionalizador. El presidente Morales tuvo que reconocer más tarde que sus subalternos le mienten, pero en todo caso, nadie parece indicar el plan maestro que el Estado ha trazado a la hora de remplazar los capitales y la administración de las compañías privadas.

Desde hace cinco años, miles de hogares bolivianos tienen listas las conexiones de gas esperando el fluido. Decenas de industrias, entre ellas nada menos que la Jindal que impulsa los yacimientos del Mutún, se encuentran prácticamente paralizadas por la carencia de gas, cuyo destino prioritario es la exportación.

En estos seis años, el Gobierno ha tenido suficientes evidencias de que una industria como la hidrocarburífera no puede prosperar y más bien está condenada al fracaso si no existen los suficientes incentivos a la inversión extranjera. El campo energético es un sector altamente riesgoso que necesita cantidades exorbitantes de dinero que jamás llegarán al país en las condiciones que se han estado dando últimamente.

Ahora las autoridades saben que de no haberse cambiado las reglas del juego y de no aplicarse los incentivos necesarios a la inversión, la compañía española Repsol no habría hecho las cuantiosas inversiones que han servido para reactivar el campo Margarita, duplicar la producción y salvar el contrato de exportación de gas a la Argentina que estaba bajo amenaza de una nueva postergación. En lugar del “gasolinazo” que se intentó aplicar a finales del 2010, el Gobierno ha decidido otorgar estímulos a las compañías, lo que automáticamente podría traducirse en un aumento también de la producción de líquidos, cuya importación ha estado causando un grave sangrado a las arcas estatales.

Por eso es que resulta altamente disonante que justo cuando la triste realidad de las nacionalizadas, el pragmatismo y los malos resultados logrados por YPFB estaban comenzando a cambiar la historia de la confiabilidad boliviana que se extiende a todos los campos (en la minería es lamentable la situación) se apela a otro acto de patrioterismo que no parece tener más efecto que el espectáculo. Pero si hablamos de las consecuencias el destino puede ser similar a lo ocurrido con las generadoras de electricidad.

Si en el área de los hidrocarburos no se ha producido una catástrofe es porque Bolivia sigue manteniendo importantes mercados de exportaciones con los que tiene que cumplir y en los que están comprometidos precisamente las empresas Repsol y Petrobras, cuyas inversiones han estado asegurando niveles mínimos que evitan el colapso. Pero en el rubro eléctrico, poco atractivo para las inversiones extranjeras, con un mercado reducido y ávido de subsidios, la acción del Estado puede ser insuficiente, mucho más si la ineficiencia y la falta de proyectos claros vuelven a hacerse presentes.

La felicidad en las universidades

No soy partidario de “crucificar” al presidente Morales por decir que se siente feliz por no haber ido a la universidad. Si en verdad es feliz, en buena hora. Si no logra ser feliz después de haber llegado a semejante posición, entonces ¿cuándo? 

Hay dos personajes de talla mundial que han dicho algo parecido al mandatario boliviano. Steve Jobs, el creador de Apple e inventor de los dispositivos electrónicos que nos han cambiado la vida a todos, dijo una vez que su mejor decisión fue dejar la universidad. Mark Suckerberg, creador de Facebook, abandonó nada menos que Harvard, una institución que se volvió un estorbo para sus proyectos dirigidos hacia la tecnología. 

Los que nos devolvemos en el mundo académico estamos preocupados por lo que ha dicho el presidente y también por lo que ocurrió con esos dos grandes genios que creyeron que la universidad no les era útil. Desde hace mucho los educadores están debatiendo sobre sus verdaderos objetivos y la conclusión que más consenso ha logrado es que la felicidad del individuo es el único propósito a conseguir. Sin querer, el presidente Morales ha apuntado sobre el centro del debate, mientras que Jobs y Suckerberg se dirigieron hacia otra de las aristas de la discusión, es decir, el reto de la universidad de otorgarle al estudiante las mejores herramientas para desenvolverse en la vida. 

Hoy se sabe mejor que nunca, que lo único que se debe enseñar en las escuelas y las universidades es a pensar. La pregunta de fondo es ¿quiere Evo Morales o los que manejan la educación en Bolivia este tipo de universidades? La sospecha es que no, ya que la molestia presidencial se originó cuando los universitarios comenzaron nuevamente a pensar y a dejar el silencio cómplice que han estado manteniendo a lo largo de estos seis años.

El placer de nacionalizar

Los reportes de prensa que llegan de España hablan en muy buenos términos sobre la última nacionalización decretada en Bolivia este primero de mayo. La expropiación de las acciones que tenía la Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad (TDE) ha sido recibida con mucha calma por las autoridades españolas, cuya reacción ha sido diametralmente opuesta a la expresada hace poco cuando el Gobierno argentino decidió recuperar YPFB para el Estado. El mismo día que se nacionalizó la TDE, el Gobierno boliviano inauguró una planta de la petrolera Repsol en el campo Margarita. El presidente de la empresa transnacional, Antonio Brufau, compartió con el presidente Morales, bromeó con él y dijo estar muy contento con este aporte que servirá para salvarle el contrato de exportación de YPFB a la Argentina. La obra de Repsol ha sido una manera muy elegante de recuperar el espacio perdido hace seis años. El Gobierno no sólo ha prometido respetar las nuevas inversiones de Repsol, sino que pagará hasta el último centavo de las acciones de la REE. “Así da gusto que te nacionalicen”, habrán dicho las autoridades españolas, conscientes de que algún día pueden volver con más fuerza.

La madre del cordero

Intenso movimiento militar brasileño en Capixaba, frontera con Bolivia.

Hace una semana, dos diputados del estado brasileño de Acre, culparon al Gobierno boliviano por el incremento del narcotráfico en esa región fronteriza, colindante con el departamento de Pando. Los pobladores de Río Branco organizaron una marcha en contra del crack y otras drogas que sobreabundan últimamente, porque según denuncian los parlamentarios, en Bolivia existe gran incentivo al cultivo de coca. El diputado Major Rocha dijo que crecimiento del narcotráfico en Acre y Brasil es una consecuencia de la política que se aplica en Bolivia, país que según afirma, es responsable por casi toda la droga que entra en Acre y destruye familias. Posterior a estas denuncias, la situación se ha puesto tensa en la región fronteriza, donde los habitantes de la localidad de Capixaba han acusado a soldados bolivianos de ingresar armados a realizar allanamientos, agredir a algunos colonos y matar ganado. En respuesta, el Gobierno brasileño ha decidido enviar 35 mil uniformados al área donde se produce el conflicto. El contingente se viene a sumar a los miles de soldados que desde hace un año custodian las fronteras brasileñas de la invasión de drogas que procede de Bolivia, Perú y Paraguay. Si bien Bolivia tiene sus razones y lo que busca es el desalojo de asentamientos ilegales en el territorio, la madre del cordero parece ser el narcotráfico.

El valor de trabajo

Un día feriado adicional es una gentileza que muchos bolivianos agradecerán, pese a que detrás de ella existe un trasfondo inconveniente para los trabajadores bolivianos y otros sectores sociales, cuyas exigencias se busca enfriar con casi cuatro días de asueto.

El feriado “de yapa” viene a constituirse en la nueva extravagancia de este país, donde el trabajo no es precisamente el valor más reconocido ni más promovido, de ahí que cada Primero de Mayo, una de las fechas históricas más importantes de la humanidad, los trabajadores bolivianos deban protestar, marchar y gritar por sus derechos cuando en realidad deberían festejar.

En lugar de haberse constituido en el puntal del “proceso de cambio”, el trabajo fue relegado a un segundo plano y el sentimiento generalizado es que, pese a algunos logros que no avanzaron más allá del papel, el trabajo en Bolivia no ha sido dignificado como debiera. Los datos hablan por sí solos.

Durante los últimos años, la dura arremetida contra los sectores formales de la economía, ha ocasionado un aumento de la informalidad que hoy bordea el 80 por ciento. Se ha deteriorado el empleo, los nuevos puestos creados son precarios, tanto desde el punto de vista de la remuneración, la estabilidad y la protección social, lo que también repercute en la competitividad de los trabajadores bolivianos.

De acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la estabilidad macroeconómica que vivió el país en los últimos cinco años no ha servido para estimular la inversión productiva y la mejora de la productividad general en el país, lo que impide a los trabajadores avanzar en su calificación y en su nivel de ingresos.

El Cedla ha hecho un estudio que refleja también un encogimiento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. En el sector privado, en el periodo 2006-2010, la pérdida del valor real del salario ha sido de casi un dos por ciento por año en relación al porcentaje de inflación calculado por el INE. Si se consideraran los números reales, libres de la manipulación estadística que aplica el Ministerio de Hacienda desde el 2008, el desfasaje es mucho mayor; y la situación es abrumadora si se hace el cálculo de la inflación solo de los productos alimenticios, que afecta con mayormente a los sectores de bajos ingresos.

Es obvio que en las actuales circunstancias, hablar de un aumento salarial superior al ocho por ciento es sinónimo de riesgo de inflación y de déficit fiscal. Eso ocurre porque el Estado ha sido incapaz de generar las condiciones adecuadas para un mayor crecimiento económico que fortalezca el empleo a través de la diversificación, la cualificación, la competitividad, factores que inciden directamente en el nivel de ingresos.

La “precarización” del trabajo y por ende, del salario, es el resultado de un deterioro de la estructura económica nacional, cada vez más dependiente de las materias primas, de la informalidad y del incipiente y poco prometedor estatismo. Este es un círculo vicioso que es necesario romper y la mejor estrategia es la creación de empleo de calidad. La dignificación del trabajo no se hace destruyendo empresas privadas, inventando nuevos feriados o repartiendo bonos, que apenas representan unas migajas en el ingreso de la gente.