La Fundación Milenio acaba de presentar un informe sobre la inseguridad alimentaria en Bolivia y concluye que la situación sigue siendo crónica y que podría empeorar si el Gobierno no reencamina sus políticas, que no solo han descuidado la producción agropecuaria, sino que la han desincentivado.
Siempre ha faltado la comida en Bolivia. El 63 por ciento de la población no consume los nutrientes suficientes para asegurar una alimentación balanceada y el 38 por ciento presenta un déficit alarmante, que deriva en enfermedades que anidan en la desnutrición y que da como resultado niños con desarrollo físico y mental escaso.
Esta situación ha manifestado una tendencia a empeorar en los últimos años, producto de los efectos climáticos, el incremento de los precios originado en la crisis alimentaria mundial y sobre todo, porque el Gobierno del MAS se ensañó contra los productores agropecuarios, a los que señaló como enemigos políticos que había que destruir para asegurarse la hegemonía en todo el territorio nacional.
Ninguna de las políticas de incentivo al agro le ha dado buenos resultados al régimen de Evo Morales y si bien le asestó un duro golpe a los productores del oriente boliviano, a los que les prohibió exportar, con el pretexto de atender la demanda interna y frenar la inflación, los datos le han estallado en la cara. Los agropecuarios han perdido alrededor de 178 millones de dólares por alrededor de 352 mil toneladas no exportadas en los últimos años. Pese a ello, el Estado Plurinacional, no sólo ha tenido que incrementar sus importaciones de trigo, maíz, azúcar e incluso de papa, sino que ha provocado fuertes distorsiones en los precios, ha cooperado a estancar la frontera agropecuaria y por supuesto, ha provocado la caída de las inversiones en el área rural.
En lugar de dedicarse a mejorar los índices de rendimiento de los distintos cultivos, que en Bolivia son de los más bajos de la región; en vez de promover el uso de semillas certificadas; cumplir con sus metas de industrialización para proveer de fertilizantes a los campesinos; potenciar la investigación y la atención con créditos y asistencia técnica a los campesinos, el Gobierno se dedicó a hacer política, a impulsar la sobre-distribución de la tierra y a alentar la toma ilegal de fundos productivos, incrementando así la inseguridad jurídica y por ende a frenar las inversiones.
El ensañamiento criminal contra el departamento de Santa Cruz ha sido letal. La región produce toda la soya que se consume y se exporta, el 70 por ciento del maíz (el segundo cultivo más importante del país) y gran parte del trigo, del sorgo, la leche, la carne, el pollo y el cerdo. El insano e injustificable resentimiento del Gobierno contra el granero de Bolivia ha provocado escasez y aumento de precios en el resto del país y daña especialmente la economía de los más pobres que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de comida.
Solo para mencionar el maíz, un producto clave en Bolivia, los desincentivos hicieron caer la cosecha de casi un millón de toneladas en el 2008, a las 482 mil en el 2010, menos de la mitad. Pero es que hasta la papa, un tubérculo originario del país y que debería ser el cultivo estrella y abanderado en la lucha contra la desnutrición (como lo fue en Europa en el Siglo XVI), figura ahora en la lista de las importaciones con alrededor de 23 mil toneladas.
Los expertos consideran que de continuar las restricciones a las exportaciones, los controles de precios y otros desincentivos a la producción, la inseguridad alimentaria podría pasar de crónica a alarmante.
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