Esta no es nota sobre los Juegos Olímpicos, aunque esté muy cerca el inicio de esta gran cita deportiva. Se trata de los propósitos que tiene el Gobierno boliviano en relación al denominado “caso terrorismo”. Es obvio que el Gobierno quiere llegar muy lejos. A los ministros, al fiscal y al resto de los operadores del régimen se los ve muy decididos. Jamás se han hecho eco de los repetitivos llamados a encaminar las cosas por la senda de la transparencia y la justicia. Se lo ha pedido la ONU, la Unión Europea y también organismos de derechos humanos. Hace poco llegaron noticias desde Irlanda, donde los familiares de Michael Dwyer, uno de los ejecutados en el hotel Las Américas, han recurrido al Parlamento Europeo y han conseguido buena receptividad. La última novedad llegó esta semana. Nada menos que de la Cancillería de Hungría, a través de un comunicado oficial, ha solicitado la liberación del húngaro Elöd Tóásó, detenido por su vinculación a lo que el Gobierno llama como “terrorismo separatista”. Al mismo tiempo, ha solicitado un juicio justo, transparente, imparcial y sin motivaciones políticas”. El Gobierno debería llegar a la conclusión de que esto ha llegado demasiado lejos y sobre todo, pensar si tiene la suficiente fuerza para rechazar pedidos como el que hace hoy Hungría.
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