Periodismo y política: nuevas relaciones

Los acontecimientos de talla internacional suelen traer vientos de cambio muy saludables y establecer nuevos rumbos que vale la pena destacar. En este caso nos vamos a referir a las nuevas relaciones entre prensa y política, un binomio en constante tensión.

Brasil acaba de dar el puntapié inicial al campeonato Mundial de Fútbol en un contexto de tensión pocas veces visto en situaciones similares, más propicias para la algarabía y el entusiasmo que para las críticas, las protestas y las denuncias de corrupción, despilfarro e insensibilidad de los políticos envanecidos por una fiebre insaciable por el poder y las ansias por eternizarse en sus poltronas.

En Brasil los medios tradicionales, los grandes periódicos y cadenas de televisión y radio se subieron al carro de lo “políticamente correcto” y prácticamente ignoraron las protestas, buscando la manera de suavizarlas y generar el efecto contrario, es decir, que las masas se dejen contagiar por el fervor mundialista indiferente al derroche injustificado.

El resultado fue totalmente opuesto al deseado, puesto que los grupos de indignados ahora disponen de formas de comunicación alternativas que los hace prescindir de las maneras ortodoxas de transmitir información, de las fuentes informativas oficiales y de los canales controlados por el Estado ya sea de manera directa o por medio de contratos de publicidad.

El hecho es que el tráfico informativo en las redes, los blogs, las páginas web y los canales de televisión digitales nunca se detuvo y en realidad puso en entredicho el papel de la prensa “democrática”, que quedó en ridículo cuando comenzaron a llegar los corresponsales internacionales con ganas de cubrir fútbol y se toparon con una realidad absolutamente contradictoria que merecía ser reportada. El hecho es que la presidenta Dilma Rousseff todavía estaba tratando de apagar incendios a horas de iniciarse el Mundial y hoy la gran encrucijada es que si su selección no gana el campeonato, el futuro político del oficialismo es incierto.

Vamos a otro hecho de resonancia mundial, la abdicación del rey Juan Carlos de España. Otra vez la prensa “legalmente establecida”, esa misma que lo perdonó y trató de salvarlo del escándalo de los elefantes, vuelve a tratar con guante de seda al monarca y evita que se publiquen gestos “indecorosos”, cuando en las redes sociales, donde las noticias circulan en forma de un diálogo irreverente y donde se impone la madurez a la falsa objetividad, no ha existido el mínimo de complacencia para “su majestad” y el legado tan complicado que le deja al príncipe.

Hoy los medios sociales le están diciendo a la prensa, a los periodistas, a los académicos de la comunicación y a los líderes políticos que siempre han buscado cómo acomodarse con los antiguos monopolizadores de la información, que para cambiar hay que volver a los orígenes, a la interpelación, a la irreverencia, a la pregunta difícil, a publicar lo que el poder quiere ocultar y convencer al ciudadano que el mandatario tiene el deber de rendirle cuentas y los medios la obligación de hacer que se cumpla ese pilar de la democracia, porque de otra forma no tiene sentido la existencia de aparatos de propaganda costosos, dedicados a lustrar malas gestiones, a justificar el derroche y a esconder la corrupción.

Papel, comida y baño

Los enemigos de la prensa siempre dicen que por los menos, los periódicos sirven para envolver papa, cebolla o la marraqueta. Estos sujetos deben estar de plácemes en Venezuela, donde los periódicos están seriamente amenazados por la escasez de papel para imprimir las noticias. Hay algunos que tienen papel apenas para un mes y si no le llegan suministros, pronto tendrán que abocarse a sus ediciones digitales. El problema es que en Venezuela no solo falta el papel prensa, sino también muchos alimentos, entre ellos el pan, así que, como quien dice, se quedarían “sin la soga y sin la cabra”, algo que queda fuera de chiste. Pero las dificultades son aún mayores, porque, como se sabe, los venezolanos andan también muy cortos de papel higiénico y anduvieran mucho más apurados todavía si no fuera por Bolivia, que le ha estado suministrando una buena cantidad de rollos. Para el que no tiene papel higiénico, aquí y allá y desde siempre, un buen recorte de periódico ha sido la mejor solución de emergencia para esos momentos íntimos en el excusado. Los venezolanos van a tener que hacer algo para que el régimen de Nicolás Maduro le achunte al menos una, porque hay quienes dicen que el delfín de Chávez no lo hace peor porque un rato de esos tiene que dormir y… por supuesto, ir al baño.

Menos información, Menos democracia

Cuando en el mundo se hacen grandes esfuerzos por fortalecer los pilares de la democracia, en Bolivia se trabaja para debilitarlos. No solo se socava el pluralismo, el derecho al disenso y las libertades que garantizan la participación política, sino también se limita el ejercicio del derecho a la información que tiene a la libertad de prensa y de expresión como su principal instrumento.

Durante los años de vigencia del régimen se ha tratado de mostrar a la libertad de expresión como una extravagancia de algunos sectores, un privilegio de periodistas o de empresarios de la comunicación, cuando se trata del vehículo que permite el funcionamiento pleno de la democracia, pues le permite a la población estar al tanto de los asuntos públicos, demandarle una correcta rendición de cuentas a sus mandatarios y fiscalizar la conducción de las políticas públicas, que de manera soberana han sido confiadas a un Gobierno, a condición de que éste se conduzca con transparencia, en apego a las normas y el bien común.

Por eso es que los grandes teóricos de la política y de la democracia afirman hoy sin tapujos que sin libertad de expresión y sin libre acceso a la información, la democracia desaparece y termina como rehén de las élites. Así ha sucedido precisamente con la triste historia democrática boliviana y por eso mismo es que los países con mayor apertura y madurez política trabajan para que sus gobiernos actúen de frente a la ciudadanía.

¿Cómo lo hacen? Eliminando las restricciones para el trabajo de la prensa y los periodistas que investigan, promoviendo el uso de los medios de comunicación para que la ciudadanía esté al tanto de cada reunión, cada decisión, cada negociación que se produzca en el ámbito público; incentivando el uso de las nuevas tecnologías para que los presupuestos, los gastos, las licitaciones y el manejo de los recursos estén disponibles ante cualquiera que quiera escudriñar; elaborando leyes que faciliten el acceso a la información pública e impidiendo a toda costa la promulgación de normas que coarten la labor periodística, que coyunturalmente puede ser contraproducente para un partido, un líder político o un proyecto, pero que a la larga se traduce en el fortalecimiento democrático, base de la prosperidad de los pueblos y los sistemas políticos.

¿Qué se está tratando de hacer en Bolivia? Se promueve una ley de acceso a la información pública que busca lograr justamente lo opuesto a la democracia: ocultar, restringir, limitar y promover el secretismo de las decisiones, acciones y conductas de los que ejercen cargos públicos. El colmo de todo es que hasta se propone la cárcel para aquellos funcionarios que brinden información al público, algo que es antihistórico no solo desde el punto de vista político sino porque contradice las tendencias culturales que proponen una gran apertura a la información y al conocimiento. Es paradójico que Bolivia apoye a exponentes universales como Snowden y Assange y por otro lado actúe en contracorriente a lo que han hecho.

En siete años, el gobierno del MAS ha promulgado varias leyes que han ido limitando parcialmente la libertad de expresión y el derecho a la información y al parecer esta vez pretende cerrar el círculo como lo han hecho Venezuela o Ecuador, con leyes específicas que buscan la judicialización del periodismo, cuyo resultado es cárcel, multas y obviamente la censura.

Los medios y la historia

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas llevaron consigo cientos de periodistas, cineastas y fotógrafos para registrar todo el oprobio que habían cometido Hitler y sus secuaces. “Que no quede nada sin documentar, luego algunos no va a creer lo que ocurrió aquí”, decían los generales y pese a todo, hay quienes dudan de la existencia del Holocausto nazi. Uno de ellos es un gran amigo del Estado Plurinacional de Bolivia. En Somalia sólo queda un medio de comunicación independiente, la radio Mogadiscio, que se dedica a transmitir de manera objetiva el salvajismo de los piratas que han tomado el control del país a nombre del fundamentalismo religioso. Los periodistas viven acosados por los francotiradores que permanentemente tratan de destruir sus antenas y por supuesto, asesinarlos para que dejen de informar. La Unesco los apoya porque este medio de comunicación conserva un valioso archivo oral que dentro de uno años se convertirá en la historia de este país castigado por la violencia. Si no se conserva esa voz y ese registro, después nadie va a creer lo que pasó allí. Esa es la principal razón que explica tanto acoso a los medios independientes.

Periodismo en peligro

De esa misma forma titulaba hace unos días un artículo que circuló en Argentina a propósito de la Ley de Medios que estaba por aniquilar el ejercicio de la prensa independiente en aquel país y que afortunadamente tropezó con uno de los pocos jueces probos, capaces de confrontar al autoritarismo que busca imponer una voz única en todo el territorio nacional.

Suena paradójico que se hable de la desaparición del periodismo cuando cada día hay más medios de comunicación. Tal como sucede en Bolivia, en Argentina hay una explosión de órganos de prensa oficialistas que trabajan para el régimen gobernante y funcionan gracias al inmenso aparato propagandístico que derrocha millonadas en publicidad gubernamental.

Los medios alimentados directamente por el Gobierno o que gozan de amplias preferencias publicitarias están obligados a repetir el discurso predominante y a esconder el lado oscuro que sólo muestran los medios independientes, los mismos que deben sobrevivir el acecho de la judicialización, la hostilidad de los poderosos y sus huestes y por supuesto, la discriminación publicitaria del aparato público.

En esas condiciones es lógico afirmar que cada vez existe menos periodismo y más propaganda ejercida por quienes dicen ser periodistas, pero en realidad son simples esbirros de la comunicación oficial. En el caso de los medios independientes, por pequeños que sean, ante cualquier desliz que disguste a los gobernantes, quedan inmediatamente excluidos del circuito publicitario y expuestos a la desaparición.

En esta semana, uno de los periodistas con mayor trayectoria recibió uno de los premios más importantes del país. Se lo dieron con tres años de retraso y luego de vencer la presión oficial que ha servido también para sacarlo de la mayoría de los medios del país y para dejarlo sin auspiciadores, lo que le deja muy poco margen para seguir ejerciendo su labor crítica, fundamental para orientar a la opinión pública sobre hechos, escándalos y casos graves que pudieron haberse evitado de haber puesto atención a las advertencias que lanzan este tipo de comunicadores, que siempre fueron contestatarios, incluso en las férreas dictaduras y obviamente durante los denominados gobiernos “neoliberales.

En su discurso, Humberto Vacaflor citó al ex presidente chileno Ricardo Lagos, quien dijo recientemente que la democracia fue un invento del periodismo, porque antes de que exista la prensa, las decisiones las tomaban los reyes en base a sus propias percepciones o caprichos sin que nadie tenga la posibilidad de intervenir. Con la publicación de las noticias de interés público, la gente se involucra, la ciudadanía interviene y participa, además de que se produce la sanción social, elemento vital para lograr que se observen y se castiguen conductas contrarias a las leyes y la ética.

Por eso es que al desaparecer el periodismo no sólo se pone en peligro la democracia, sino que ésta tiende a desaparecer, para dar paso a la dictadura que siempre es proclive al mesianismo, a la voz única y a la imposición que no admite el pluralismo. En Bolivia, el Gobierno derrocha dinero público en propaganda, compra medios privados en circunstancias muy dudosas y también discrimina con la publicidad como hacen los argentinos. En lo que respecta a la legislación el acecho es constante y progresivo. En estos días se aprobó una ley supuestamente favorable a los reporteros, pero que lleva escondida la finalidad de lesionar financieramente a los medios independientes, con la finalidad de hacerlos desaparecer.

Ante la duda...periodismo

El acoso contra los medios de comunicación en Bolivia se intensifica. El sacerdote y periodista, Eduardo Pérez, decía hace muy poco en un diálogo con una responsable de la Fundación UNIR, que en sus 40 años de ejercicio profesional nunca había visto un hostigamiento tan fuerte, ni siquiera en los periodos dictatoriales. 

A su turno, la interlocutora del radialista, Vania Sandoval, decía que el mayor interés de los grupos dominantes en el país es legitimar de alguna manera la construcción de un gigantesco aparato de propaganda que gasta millonadas. El ataque a los órganos de prensa independientes, a quienes se señala como la gran amenaza del proceso de cambio, es simplemente una excusa para consolidar una estructura tendiente a imponer una “voz única” y hegemónica en el país, en un momento en el que el periodismo se ha vuelto el único espacio de debate público que le queda a Bolivia.

Recientemente la ONU ha indicado que en el país se vuelve intolerable el ambiente de persecución judicial contra la oposición y el relator especial contra el racismo y la discriminación de las Naciones Unidas, Mutuma Ruteere, se fue de Bolivia con un mal sabor por lo que pudo notar en materia de libertad de expresión, un derecho que ha sido severamente limitado a nombre de lucha antirracista.

En estas circunstancias y mientras se van generalizando las señales contrarias al periodismo independiente, hacia el que se disparan insultos, amenazas y toda clase de descalificativos, conviene que los medios, los periodistas, los intelectuales y académicos, observen con detenimiento el fenómeno para que no se dejen llevar por el ruido y los aspavientos que hacen algunos exponentes del poder, cuya animadversión hacia la prensa no es nueva, pero que siempre ha gozado de la condescendencia mediática que seguramente hoy están extrañando.

Está bien defender los derechos de los periodistas, sin distinción, esa es una función que deben cumplir los gremios, pero cuidado con meterse en berenjenales jurídicos, mientras los políticos, a los que la prensa tiene el deber y la obligación de supervigilar, fiscalizar y denunciar, hacen de las suyas con sus juergas, sus corruptelas y sus abusos. Tampoco es sana la sugerencia de ignorar a los personajes incómodos y hostiles, porque justamente eso es lo que pretenden, que el periodismo vuelque la mirada hacia otro lado, que se dedique a asuntos anodinos e intrascendentes y que deje a los poderosos con las manos libres para actuar sin control.

La  democracia boliviana debe ser recuperada para el bien de la ciudadanía. Las élites políticas deben encaminarse hacia el bien común, una manera de construir autoridad y consolidar el Estado de Derecho. La prensa, por su parte, un actor fundamental del contrato social, cuyo papel es servir de articulador entre los poderes públicos constituidos y la opinión pública tiene que conservarse en la misma línea de mantener informada a la población sobre todas las acciones, políticas y actitudes de quienes han recibido el mandato y han jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Otro camino no existe para los periodistas que buscan conservar la credibilidad y la voluntad de servicio a sus seguidores.

Todo decidido

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, ha anunciado la decisión del Gobierno de que sean las instancias ordinarias las que tramiten el juicio que está preparando el régimen en contra de la Agencia de Noticias Fides (ANF), por haber difundido la noticia en la que el presidente divulga algunos prejuicios en relación a los habitantes del oriente boliviano. Pese a que el director del órgano informativo, José Gramunt, ya presentó sus pruebas públicamente en un artículo de su autoría, es decir las declaraciones textuales del primer mandatario, que además están acompañadas de un video, el Gobierno no solo insiste en cambiar la realidad, sino que también determina cómo tiene que actuar la justicia. Como se sabe, en caso de que se admita esta causa, esta debe pasar a los tribunales de imprenta, pues, de acuerdo a ley, así se debe proceder. Pero en los tiempos de cambio no se sabe. A lo mejor ya tienen determinado el nombre del culpable y hasta la sentencia que se le debe aplicar. Además, con los antecedentes del “apretón” que se le aplicó al magistrado Cusi, no habrá juez ni fiscal que intente levantar cabeza nuevamente. Ave César.

Destruir al mensajero

Una disculpa hubiera sido más digna que toda esa sarta de falsas y empalagosas lisonjas dirigidas por el Ministro de Gobierno hacia Santa Cruz, al mismo tiempo que anunciaba una nueva “cabeza de turco” para tratar de ocultar una ofensa que no hace más que reafirmar un viejo e inexplicable resentimiento del andinocentrismo hacia esta región que, al parecer, necesita  muchas más evidencias para convencer a los demás que tiene el derecho ganado de pertenecer a Bolivia.

Y las disculpas hubieran sido aceptadas sin reparos ¿qué más da? Después de todas las ofensas, insultos, falsas acusaciones, políticas de persecución, invasiones armadas, cercos y los innumerables estigmas que se han cargado sobre Santa Cruz desde que existe la memoria, cómo no pasar por alto un epíteto más, que esconde un prejuicio machacón, que en boca de un gobernante implica un incentivo al odio y a la división.

Lo que no se puede tolerar es que este incidente sea utilizado por los mismos ofensores para sindicar a un culpable y tratar de quitarlo del camino, por considerarlo molestoso para el régimen. Se trata nada menos que de la Agencia de Noticias Fides (ANF), cuyo director y fundador, José Gramunt, ha respondido con mucha altura, demostrándole al país de manera textual las palabras que fueron lanzadas la pasada semana en Tiahuanaco frente a un alto personero del Banco Mundial.

Es obvio que el Gobierno ha cobrado el poder para reescribir la historia, para borrar realidades e inventar nuevos mitos y seguramente será capaz de aplastar las verdades para imponer sus mentiras, mucho más cuando existe la gran oportunidad de deshacerse de un gran actor de la prensa libre como es ANF.

La agencia Fides representa uno de los emblemas más dignos del periodismo nacional; expresa mejor que nadie el camino de la ética, el compromiso y el gran esfuerzo que han recorrido muchos medios de comunicación nacionales, baluartes de la construcción de la democracia nacional que ahora se encuentra en grave riesgo y con ella, sus principales exponentes, en este caso la obra de José Gramunt, quien pese a los años que carga encima, se mantiene firme en la defensa de los grandes valores de la libertad.

En estos tiempos de gran auge tecnológico parece fácil hacer periodismo instantáneo. Eso lo comenzó a hacer ANF hace más de 30 años, cuando el único medio para enviar información interdepartamental era el último vuelo del día o vía teléfono. Más tarde vendría el télex, un instrumento desconocido por las nuevas generaciones hasta que se hizo presente el fax, que redujo los costos y las posibilidades de envío y recepción de noticias. Es en esas condiciones que Fides hizo un trabajo militante para tener vigente la libertad de expresión en épocas de gran inestabilidad política, en los periodos dictatoriales y crisis económicas, aportando de manera decidida a la transparencia y la libre circulación de las ideas por todo el país, un trabajo que se ha hecho con la mayor honestidad y rigurosidad posibles.

Para el Gobierno, que dispone de recursos casi ilimitados para alimentar su inmenso aparato propagandístico y que incluye la onerosa adquisición de medios de comunicación, resulta imposible comprender el valor que tiene para la sociedad un órgano de prensa como Fides.

Apenas está enfrascado en su intención de consolidar la hegemonía periodística a través de una “voz única” y en ese afán destruir ANF le resulta de gran utilidad.

Periodista asesinado

La muerte del periodista boliviano David Niño de Guzmán ha causado preocupación a nivel internacional, dada las características violentas de este hecho y sobre todo por los negros antecedentes que ha estado acumulando el país en los últimos años, relacionados a ataques contra la libertad de expresión. Resultan obvias las expresiones de suspicacia que han surgido estos días y los enérgicos pedidos para que las autoridades nacionales coadyuven al pronto esclarecimiento.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la organización Reporteros Sin Fronteras, entre otras instituciones, han pedido minuciosidad en las investigaciones policiales y naturalmente, exigen no descartar que el presunto asesinato de Niño de Guzmán responsa a algún tipo de represalia por sus investigaciones sobre los vínculos de la política con el narcotráfico. Demás está decir que el órgano de difusión para que el que trabajaba el comunicador fallecido, es uno de los pocos que conserva la independencia y la objetividad que le resulta incómoda al régimen gobernante, de ahí el fervor de todo el gremio periodístico nacional y de las agrupaciones de medios privados para que la Policía y la Fiscalía actúen conforme a derecho.

Lamentablemente existen muchas razones para desconfiar de las instituciones llamadas por ley para esclarecer este caso. En los últimos cinco años se ha producido la mayor ola de ataques y atentados contra periodistas y medios de comunicación de la que se tenga memoria y muy pocos hechos han sido aclarados. En todo caso, el oficialismo, que controla y manipula el accionar policial y judicial, ha sido parte coadyuvante para que casos como el del atentado a un canal de televisión en Yacuiba y el ataque a balazos contra dos reporteros en Santa Cruz queden impunes. Y estamos hablando sólo de dos de los hechos más graves, pues la lista es inmensa.

Recientemente la Fundación Unir difundió un informe sobre las agresiones a periodistas registradas durante la gestión 2010, que reporta un aumento del número de víctimas, lo que refleja “una persistente actitud de intolerancia con el trabajo informativo y que el periodismo continúa siendo una actividad de riesgo en Bolivia”.

Según el estudio, la Policía es la que más agrede a los comunicadores, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, constantemente incurren en ataques y obstaculización de la labor de los reporteros. De acuerdo a los archivos de Unir, desde el 2007, sólo dos casos de agresiones físicas contra periodistas han sido sancionados, lo que representa apenas el dos por ciento de los hechos denunciados.

En el manifiesto emitido por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en su asamblea semestral realizada a principios de este mes en San Diego, Estados Unidos, coloca por primera vez a Bolivia en una lista de países donde la libertad de expresión está severamente amenazada. Las advertencias se refieren a las agresiones, a la aprobación de leyes restrictivas del ejercicio periodístico y al acoso que ejerce el Gobierno a los medios de comunicación independientes. La SIP todavía hace una diferenciación de la situación boliviana con la de aquellos países como Cuba, México y Colombia, donde además de las fuertes limitaciones a la libertad informativa, frecuentemente se producen asesinatos a manos de grupos oficialistas, narcotraficantes y paramilitares. La muerte de David Niño de Guzmán puede ser la señal de que las cosas se están deteriorando aún más en Bolivia.