El Estado-sindicato

Los sindicatos son buenos en cualquier sociedad. Son grupos de presión, son organismos que defienden intereses particulares ya sea de un sector social, de una rama empresarial, de los trabajadores, de una minoría etc. Es bueno que sean agresivos y dinámicos haciendo respetar las leyes, buscando el mayor beneficio posible para sus asociados, exigiendo justicia y reclamando mayores niveles de democracia. Cuando un sindicato obtiene una conquista en forma de derecho, la ganancia suele extenderse hacia otros ámbitos y en ocasiones hasta pueden lograr el ansiado bien común, la razón de ser de cualquier sistema político.

Lo que no es bueno es que los sindicatos sustituyan al Estado. El sistema estatal, independientemente del modelo y de la ideología, representa las leyes, la organización, el territorio y al pleno de la población, que abarca la pluralidad de intereses, diversos y a veces contrapuestos, todos ellos merecedores de consideración, atención y justicia.

Es complicado decir esto cuando el país es conducido por un sindicalista que sigue ejerciendo su cargo sectorial mientras supuestamente gobierna para todos. Es complicado afirmarlo cuando la razón de ser de este régimen y el puntal principal de su autoridad son los movimientos sociales y los sindicatos, que aseguran y lo recuerdan cada vez tienen la ocasión, que el presidente Evo Morales está en el Palacio Quemado gracias a ellos.

Los sindicatos en Bolivia son quienes han tomado más en serio la premisa presidencial "yo le meto por más que sea ilegal" y en ese camino, no solo han contribuido a destruir el aparato institucional (Estado) del país, sino que también están socavando los cimientos del nuevo Estado Plurinacional, lo que lleva a muchos a expresar el viejo refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos".

El problema no es solo que los sindicalistas estén conformando su propio Estado o que se hayan apropiado de los restos de Estado que queda en Bolivia. Eso no es ninguna novedad, pues la ausencia de institucionalidad y carencia del principio de autoridad siempre han sido un grave problema para este país, secuestrado por corporaciones y organizaciones de todo tipo. Lo complicado del caso actual es que los sindicatos han rebasado ciertos límites que pueden llevar a la ruptura de un mínimo de orden que necesita un conglomerado social para no caer en el caos y la anarquía.

El accionar de sindicatos y organizaciones sociales de Yapacaní, que consiguieron altos grados de permisividad gubernamental ha posicionado la zona de mayor expansión del narcotráfico de Bolivia y tal vez de América del Sur, que ahora se vuelve incontrolable para los mismos autores del "Estado cocalero" que lucen agredidos y amenazados por sus mismos engendros. Lo mismo pasa con los cooperativistas mineros, que buscan imponer sus métodos, sus pactos y sus formas de trabajar, muy parecidos a la manera de maniobrar de las mafias.

Algunos se sienten cómodos con este juego de toma y daca con los sindicatos que aparentemente deja un balance positivo en las urnas y en la acumulación de poder. Sin embargo, el déficit para el Estado, para el resto de la población y para quienes dicen tener la sartén por el mango es cada vez más grande. Por esta vía, los Estados pierden casi todo, especialmente legalidad, apoyo popular y lo que queda es apenas un territorio dominado por sindicatos devenidos en pandillas.

El camino de la autodestrucción

El Gobierno boliviano denuncia constantemente ser víctima de la conspiración de los países capitalistas y las corporaciones que disponen de las grandes inversiones, pero jamás ha reparado en el análisis de su propio comportamiento.

Hace un par de meses, el Estado Plurinacional aprobó una ley que castiga el avasallamiento de minas bajo administración privada o estatal. Mientras se redactaba esta norma y corría el proceso de aprobación, los miembros de la cooperativa Cerro Negro aceleraban el papeleo para que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) les haga entrega oficial del yacimiento que ellos habían invadido ilegalmente hace dos años. Según algunas versiones periodísticas, cada uno de los 500 avasalladores aportó con 600 dólares para apurar las diligencias, que rindieron sus frutos esta semana, con la concesión definitiva del predio valuado en seis mil millones de dólares.

Esta es una noticia que vuela por todos los circuitos de inversionistas del mundo y lógicamente nadie se atreverá a arriesgar su dinero sabiendo que hay un Gobierno que somete todas sus decisiones, las leyes del país e incluso la economía nacional a un sistema perverso de apoyo electoral que compromete el futuro del país. De hecho, en el ámbito de la minería mundial y pese a la inmensa vocación del país, Bolivia ocupa los últimos lugares en cuanto a captación de inversiones y la situación continúa empeorando.

Es obvio que el Gobierno procede de esa manera en su desesperación por asegurar votación para las elecciones del 2014. En el acto de entrega de la mina Himalaya, los dirigentes cooperativistas agradecieron el gesto gubernamental y comprometieron su apoyo al “proceso de cambio”. Uno de ellos literalmente dijo: “vamos a arrasar el 2014”, haciendo alusión al compromiso electoral establecido tácitamente en esta transacción.

Para el país en general, el costo de este negocio político entre el Gobierno y los cooperativistas es demasiado grande. Pese a que el ministro de Minería dijo que la decisión tiene un alto contenido social, en realidad nadie gana con la medida asumida.

Desde el momento en que el Estado decide consolidar el sistema de trabajo de los cooperativistas mineros, está apoyando condiciones inhumanas de explotación del mineral. Cómo se puede entender que un régimen popular de vía libre a modos de producción propios del esclavismo, por más que éstos sean asumidos voluntariamente.

Por su misma naturaleza rudimentaria, los cooperativistas son cuatro veces menos productivos que los mineros asalariados de establecimientos industriales, medianos y grandes que laboran con niveles de tecnología y seguridad superiores. Para el Estado, la pérdida es casi absoluta, pues el ingreso impositivo y las regalías que aportan las cooperativas son insignificantes.

El país pierde inversiones, deteriora su estructura productiva, consolida la precariedad de la mina boliviana y deja escapar cuantiosos recursos patrimoniales no renovables. ¿Quién gana con esta ecuación tan siniestra? Pues el Gobierno, mejor dicho el grupo que controla el Gobierno, pero solo momentáneamente, porque la forma de proceder en la mina Himalaya es el camino más seguro a la autodestrucción.

El Rey Salomón en Bolivia

Si el Rey Salomón hubiera sido boliviano, habría tenido que matar al niño que se disputaban las dos mujeres y toda su sabiduría, su riqueza, el libro de Proverbios y Eclesiastés se hubieran ido al tacho de la basura. Porque si a Salomón le hubiera tocado repartir la mina de Colquiri, habría hecho lo mismo que el Gobierno de Evo Morales, de otra forma su reino habría caído en peligro, con dinamitazos, bloqueos interminables, muertos y quedado a merced de la furia de 120 mil cooperativistas, que en realidad son corsarios de los recursos naturales, que al igual que los cocaleros, tienen permiso del reino para capturar y apropiarse de los bienes de los “enemigos”. La era de las “soluciones salomónicas” tiende convertirse en una bola de nieve para el Estado Plurinacional. Luego de Malku Khota y Colquiri, los entendidos creen que es el turno de la mina Porco, ubicada en el departamento de Potosí. En realidad hay cientos de candidatas a seguir los pasos de Colquiri, se trata de las minas que han sido avasalladas en los últimos meses, fenómeno que ha causado una caída del 20 por ciento en la exportación de minerales entre enero y agosto. Habría que investigar cómo terminó Salomón para darnos una idea del peligro que corremos en este reino del Siglo XXI.

¿Puede cambiar Bolivia?

Los mineros cooperativistas acaban de anotarse una nueva victoria en su acelerada carrera depredadora de los recursos no renovables del país: se han adueñado de gran parte de la mina Colquiri, una de las más grandes y ricas del país. Sin embargo, esos obreros que estuvieron bloqueando las carreteras y que se enfrentaron a dinamitazos contra sus hermanos –los asalariados-, son hijos y nietos de mineros, tan pobres como ellos y seguramente sus descendientes también lo serán. Eso no es pesimismo, es la realidad de Bolivia desde mucho antes de que llegaran los conquistadores a estas tierras.

¿Qué diferencia existe entre dejar Huanuni o Colquiri en manos de las “diabólicas transnacionales” y entregárselas a los mineros, de cualquiera de los bandos mencionados? Prácticamente ninguna, pues dentro de unos años, los socavones quedarán vacíos como los del Cerro Rico y los mineros que supuestamente han sido los artífices de esa “recuperación patrimonial” seguirán tan miserables como siempre y dispuestos a bloquear, lanzar dinamitas y amenazar con tumbar al Gobierno de turno. Por su parte, el Estado seguirá con los “quintos” medidos para atender las interminables necesidades sociales y obviamente seguiremos en la cola de todas las estadísticas mundiales.

Lo que ocurre es que son muy pocos los que se benefician del modelo productivo boliviano, monoproductor y extractivista y en todo caso, jamás podremos cambiar las estructuras sociales, la cultura política, la situación de pobreza y atraso si no comenzamos a decirle la verdad a la gente.

La nacionalización y la industrialización de los recursos naturales han sido medidas que pudieron salvar a Bolivia de la postergación histórica en la que ha vivido durante 187 años. En realidad, jamás ha existido una ocasión más propicia para hacerlo. Teníamos a un Gobierno con una legalidad y legitimidad inéditas y una coyuntura económica generada desde el exterior que jamás se había dado y que ha posibilitado generar ingresos públicos, cinco veces superiores a los obtenidos en los periodos anteriores. Pero cualquiera puede darse cuenta que la situación de los bolivianos no es cinco veces mejor y apenas nos jactamos de unos escasos avances en la eliminación de la pobreza extrema.

Bolivia puede cambiar si la nacionalización no hubiera sido interpretada como un “chivoneo” de los recursos y si las empresas estatales no se hubieran convertido en agencias de empleo, refugio de los malvivientes de siempre que lucran con los contratos y las licitaciones.

Bolivia puede cambiar si los gobernantes se preocuparan por usar los recursos naturales y las ventajas de la nacionalización para invertirlas en la generación de fuentes productivas, en la creación de empleo digno en la diversificación de la economía, para que los hijos de esos mineros tengan mañana nuevas oportunidades y obviamente la posibilidad de salir de la pobreza.

Bolivia puede cambiar si los gobernantes estuvieran preocupados en el futuro del país y no en el porvenir político de ellos mismos, guiado por las angurrias de la perpetuación, que los lleva a construir una inmensa coraza de seguridad en la que se va más de la mitad del presupuesto.