Con la incitación a la violencia que hizo el ministro de Gobierno hace unos días, no cabe duda que la inseguridad ciudadana puede haberse convertido en un factor político muy conveniente a los intereses del Estado Plurinacional. No es la primera vez que autoridades de primer nivel ponen de relieve la discrecionalidad con la que puede actuar el aparato represivo estatal, un mensaje dirigido a los criminales, pero que puede aludir también a cualquier componente indeseable o incómodo para el “proceso de cambio”.Lo del ministro ha sido una clara invocación al miedo, un elemento clave en un régimen autoritario, cuyo aparato de persecución ha quedado totalmente desmantelado con la desarticulación de la red de abogados extorsionados que trabajaban a órdenes de tres ministerios y con derrumbe del “Caso Terrorismo”, que fue usado durante cuatro años para amedrentar a la región más opositora del Gobierno.Por su parte, el Tribunal Constitucional le ha cortado las alas represivas al Estado Plurinacional al declarar inconstitucionales varias herramientas que el régimen venía usando para atropellar los derechos de sus adversarios políticos. Tal es el caso de la figura del desacato y los artículos de la Ley Marco de Autonomías que eran usados para derrocar a las autoridades legalmente elegidas pero que no comulgaban con el oficialismo. El más reciente dictamen referido al respecto de la jurisdicción judicial que ha sido reiteradamente violada en los últimos años, violentando el debido proceso, se convertirá en otro obstáculo para los fines totalitarios del régimen, que había convertido a la ciudad de La Paz en una suerte de campo de concentración.La inseguridad ha sido usada por muchas dictaduras como factor de amedrentamiento psicológico de la población, pero también como posibilidad real de represión indirecta. De esa manera y como “las calles se han vuelto muy violentas”, desaparecen periodistas, sufren atentados los sindicalistas y algunos parlamentarios son víctimas de asaltos. Eso ha estado ocurriendo con mucha frecuencia en Venezuela y es moneda corriente en Cuba.La inseguridad se vuelve funcional para la política, pero también para la Policía, pues los uniformados, dedicados casi exclusivamente a la represión política y a atender el clima social, convierten el temor en un medio de lucro ya que crecen los aportes para la institución pese a la ausencia de resultados. Además, como los policías son dueños de casi todas las empresas privadas de seguridad, el miedo de la gente, alentado favorablemente por los medios televisivos, incrementa la inversión de la ciudadanía en guardias y tecnología de vigilancia.La inseguridad que arrecia en Santa Cruz está relacionada directamente con el narcotráfico y eso refuerza el peligro de que se la pueda usar políticamente, pues cada vez son más evidentes las señales que vinculan al régimen en estos asuntos. Por eso es que de la combinación entre política, drogas y criminalidad puede resultar un coctel muy peligroso.
En los primeros años del “proceso de cambio”, los más espantados con la denominada “revolución cultural” eran los pastores y líderes de las iglesias evangélicas que no toleran ni un ápice aquellas manifestaciones ancestrales que invocan las divinidades cósmicas y que promueven el retorno a las religiones precolombinas que adoran al sol, a la Pachamama y otros fenómenos de la naturaleza. Los evangélicos suelen ser enemigos acérrimos de la coca y del acullico y en el sector rural incentivan a los campesinos “convertidos” a no consumir la “hoja sagrada” porque la consideran droga. Para los autodenominados “cristianos”, cualquier cosa que no esté en la Biblia debe ser desechada y para ellos son abominables todas las actitudes de idolatría a cualquier objeto o ser que no sea Jehová. Durante años han estado orando y pidiendo para que el espíritu santo se pose sobre el país y ahuyente la hechicería, que según ellos, tiene que ver con los yatiris y chamanes que suelen estar presentes en las ceremonias oficiales del Estado Plurinacional, que para colmo, también es aliado de uno de los sectores más radicales de los musulmanes. Algo muy fuerte habrá tenido que pasar para que la Iglesia Evangélica Ekklesía le otorgue al presidente el premio “Liderazgo 2012” y lo califique como una “figura mundial”. Nadie ha sabido de ninguna conversión y tampoco que se haya puesto freno a la “revolución cultural” que tanto espantaba a los pastores.
Cada vez resulta más patético el espectáculo que brinda el Gobierno en relación a la lluvia de dólares que le cae de arriba por el auge de los precios de las exportaciones de las materias primas, que dicho sea de paso, han disminuido en volumen. En otras palabras, producimos menos, pero ganamos más. ¡Es el paraíso!No sabemos cómo aumentar la producción porque han fallado todos los inventos “revolucionarios”, tampoco encontramos la fórmula para atraer inversiones y más bien nos dedicamos a hacerlas huir. Y como “la política está primero”, incluso antes que la economía y que las leyes, hay que gastar la plata en cualquier cosa, menos en incrementos salariales, porque eso genera inflación: Y como no hay producción, nos puede ocurrir lo mismo que Venezuela: escasez, devaluación, etc. etc.El Gobierno se jacta de la cuantiosa inversión pública, pero el hecho de haberla duplicado no es un mérito en un país que está recibiendo seis veces más ingresos que el promedio de los últimos treinta años. En estas circunstancias, los especialistas no deberían estar hablando de crisis energética, de falta de gas y los gobernantes no estarían inventándose todos los días fórceps para frenar las exportaciones, pues la bonanza de ingresos tendría que ser correspondida con una bonanza productiva, como ocurre en Brasil, por ejemplo, que en la última década ha batido todos los récords en venta de alimentos.Pero en Bolivia hay otra bonanza en curso. Es la de los empleados públicos, que se han duplicado en los últimos seis años, con 50 mil más que en el 2006. En las empresas públicas, incluyendo las nacionalizadas, la plantilla de trabajadores se ha incrementado hasta en un 400 por ciento, lo que ha llevado a subir los gastos en un 156 por ciento, es decir, se ha pasado de 8 mil millones de bolivianos a 20 mil millones.La bonanza se puede advertir también en la algarabía gubernamental por la deuda externa. Endeudarse se ha convertido en una suerte de “prueba de eficiencia” que los absurdos burócratas utilizan para confirmar la salud macroeconómica del país. Colocan bonos en Wall Street para conseguir un dinero que no saben cómo invertir o lo malgastan en empresas estatales que no producen nada.Es tal la lluvia de dólares que contrasta con la ineficiencia de los gobernantes para invertir adecuadamente esos recursos, que el presidente ha sugerido gastar aunque sea de forma ilegal, pero gastar la plata, con el objetivo de “mejorar” la ejecución presupuestaria. Por ese camino, el Estado ha derrochado cientos de millones de dólares en obras inconclusas, en proyectos cuyos fondos se han esfumado y, por supuesto, en financiar la politiquería, la corrupción de funcionarios de todo nivel y saciar el apetito de los dirigentes de los movimientos sociales, para quienes se estudia la otorgación de viáticos especiales.El Gobierno del MAS ha hecho más que ningún otro gobierno por los pobres porque le sobra el dinero y porque ha encontrado la fórmula perfecta para conservar la fidelidad de las masas. Pero aún así, los subsidios, los bonos y toda la repartija de dinero es la forma más ineficiente de hacer algo por los más necesitados, porque está demostrado que el combate a la pobreza sólo se consigue generando empleos, promoviendo la producción, elevando sustancialmente la educación en todos los niveles y aplicando políticas estructurales para elevar el nivel de vida, con medidas sostenibles y sobre todo, diseñando un modelo productivo de largo aliento.
En los últimos siete años los bolivianos hemos escuchado y asimilado, que todo lo peor que le podría haber ocurrido a este país, sucedió antes de 2005 y que todos los males, penurias y complicaciones de nuestra querida Bolivia son culpa de los colonialistas, de los republicanos, de los neoliberales y de todas esas “lacras sin cerebro” que ocuparon el poder durante la prehistoria nacional, porque la verdadera historia boliviana justamente comenzó con el “proceso de cambio”, con la “refundación”, con la “revolución cultural”. Pero últimamente han surgido algunas tendencias en el Gobierno que los ha llevado a modificar sustancialmente el discurso inicial. A los “revolucionarios” le han surgido unas ganas locas de asignarse viáticos, por subirse los sueldos y gozar más abiertamente de las ventajas que ofrece el inmenso poder que detentan nuestros administradores, que prometieron una austeridad franciscana, que no les ha impedido, sin embargo, comprar un avión digno de estrellas de fútbol. Curiosamente, el argumento más repetido para justificar los gustitos aparte que promueven los gobernantes es que si los de antes lo hicieron ¿por qué no lo van a hacer ellos? Veremos adónde nos lleva esa nueva política.
El reciente conflicto que mantuvo bloqueada durante más de 15 días la carretera La Paz-Copacabana, explica por qué el Gobierno ha declarado “prioridad nacional” al rally Dakar, que atravesará el territorio nacional el próximo año. Los campesinos vecinos del lago Titicaca no midieron las consecuencias y echaron a perder la mejor temporada para el turismo en la zona, exigiendo la construcción de tres puentes valuados en más de tres mil millones de dólares. Los hoteleros, operadores turísticos, artesanos y todos los que viven del flujo de visitantes por la Semana Santa, tuvieron pérdidas cuantiosas por una solicitud irracional de los comunarios, que fueron ferozmente reprimidos antes de levantar su medida de presión. El Gobierno ha anunciado una fuerte inversión en todo el recorrido de los competidores del Dakar, sobre todo en la dotación de energía eléctrica, en la instalación de redes de comunicación digital, Internet e infraestructura hotelera. El objetivo es que los organizadores del famoso circuito no observen ninguna dificultad y que Bolivia sea designada indefinidamente como escenario del Dakar. Ojalá que los campesinos de Uyuni y sus alrededores se conformen con conexiones inalámbricas, con Internet 4G y con televisión digital y que no se les ocurra arruinar las cosas pidiendo algún puente o el techado del Salar de Uyuni.
Cada vez resulta más patético el espectáculo que brinda el Gobierno en relación a la lluvia de dólares que le cae de arriba por el auge de los precios de las exportaciones de las materias primas, que dicho sea de paso, han disminuido en volumen. En otras palabras, producimos menos, pero ganamos más. ¡Es el paraíso!No sabemos cómo aumentar la producción porque han fallado todos los inventos “revolucionarios”, tampoco encontramos la fórmula para atraer inversiones y más bien nos dedicamos a hacerlas huir. Y como “la política está primero”, incluso antes que la economía y que las leyes, hay que gastar la plata en cualquier cosa, menos en incrementos salariales, porque eso genera inflación: Y como no hay producción, nos puede ocurrir lo mismo que Venezuela: escasez, devaluación, etc. etc.El Gobierno se jacta de la cuantiosa inversión pública, pero el hecho de haberla duplicado no es un mérito en un país que está recibiendo seis veces más ingresos que el promedio de los últimos treinta años. En estas circunstancias, los especialistas no deberían estar hablando de crisis energética, de falta de gas y los gobernantes no estarían inventándose todos los días fórceps para frenar las exportaciones, pues la bonanza de ingresos tendría que ser correspondida con una bonanza productiva, como ocurre en Brasil, por ejemplo, que en la última década ha batido todos los récords en venta de alimentos.Pero en Bolivia hay otra bonanza en curso. Es la de los empleados públicos, que se han duplicado en los últimos seis años, con 50 mil más que en el 2006. En las empresas públicas, incluyendo las nacionalizadas, la plantilla de trabajadores se ha incrementado hasta en un 400 por ciento, lo que ha llevado a subir los gastos en un 156 por ciento, es decir, se ha pasado de 8 mil millones de bolivianos a 20 mil millones.La bonanza se puede advertir también en la algarabía gubernamental por la deuda externa. Endeudarse se ha convertido en una suerte de “prueba de eficiencia” que los absurdos burócratas utilizan para confirmar la salud macroeconómica del país. Colocan bonos en Wall Street para conseguir un dinero que no saben cómo invertir o lo malgastan en empresas estatales que no producen nada.Es tal la lluvia de dólares que contrasta con la ineficiencia de los gobernantes para invertir adecuadamente esos recursos, que el presidente ha sugerido gastar aunque sea de forma ilegal, pero gastar la plata, con el objetivo de “mejorar” la ejecución presupuestaria. Por ese camino, el Estado ha derrochado cientos de millones de dólares en obras inconclusas, en proyectos cuyos fondos se han esfumado y, por supuesto, en financiar la politiquería, la corrupción de funcionarios de todo nivel y saciar el apetito de los dirigentes de los movimientos sociales, para quienes se estudia la otorgación de viáticos especiales.El Gobierno del MAS ha hecho más que ningún otro gobierno por los pobres porque le sobra el dinero y porque ha encontrado la fórmula perfecta para conservar la fidelidad de las masas. Pero aún así, los subsidios, los bonos y toda la repartija de dinero es la forma más ineficiente de hacer algo por los más necesitados, porque está demostrado que el combate a la pobreza sólo se consigue generando empleos, promoviendo la producción, elevando sustancialmente la educación en todos los niveles y aplicando políticas estructurales para elevar el nivel de vida, con medidas sostenibles y sobre todo, diseñando un modelo productivo de largo aliento.
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Así como hay campesinos exigiendo puentes de tres mil millones de dólares, porque el Gobierno ha dado la señal de que está nadando en dinero, de la misma manera los taxistas y los albañiles tienen derecho a demandar los 15 mil bolivianos mensuales, que según el vicepresidente Álvaro García Linera perciben en el país los trabajadores del volante y los artistas de la plomada. En alusión al salario del presidente Morales, García dijo que tomando en cuenta las horas de trabajo, resulta ser que el primer mandatario cobra menos que un albañil, es decir, 27 bolivianos la hora. Obviamente, el vicepresidente no se ha referido ni a las horas de vuelo ni a las horas de disfrutar de las mieles del poder, que seguramente no deben ser nada despreciables, de lo contrario no existirían las intenciones de quedarse para siempre en el puesto. Diferente es el caso de los “albacos” y “tacheros”, que seguramente estarían gustosos no solo por cambiar de sueldo con el “presi”, sino también de hacer un trueque de trabajo, donde obviamente se transpira de otra forma. Es cuestión de hablar de viáticos, de bonos y otros detalles para que no quede ningún cabo suelto.
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