Moviendo el juicio

El embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot

En la jerga de los abogados bolivianos existe un término muy usado, “mover el juicio” y está relacionado al esmero “profesional” (que a veces va dentro de un sobrecito), que hay que ponerle a un caso para que no se duerma ni se muera, pues de lo contrario, los jueces no tienen problemas en batir récords Guinness suspendiendo audiencias y retrasando las cosas, esperando justamente la “justa retribución”. El “caso terrorismo” parecía condenado al estancamiento después de que saltaron los extorsionadores y Marcelo Soza encendió el ventilador y ahora más que nunca, el Gobierno parece interesado en que no se conozca la verdad, justo cuando el tiro está por salir por la culata. Mucho más cuando se acercan las elecciones y el caso Rózsa amenaza con copar la agenda electoral y el exfiscal de hierro con la garganta afinada para que lo graben los europeos. Y hablando de europeos ¿adivine quién es el que ha estado presionando para que se mueva el juicio contra los 39 acusados que están en la fase de las declaraciones? Nada menos que el embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot ha confirmado que diplomáticos de Irlanda, Hungría, además de diputados del Parlamento Europeo siguen de cerca el caso y le han insistido a la Justicia para que el proceso no se detenga.  Solo esperan la sentencia para iniciar ellos su propia demanda internacional.

Callen a Soza

El Gobierno nacional se ha propuesto callar al exfiscal Marcelo Soza y a todo aquel que sea capaz de corroborar sus afirmaciones. Hace poco consiguieron que dos diputados de la “Comisión de la verdad” abandonen la investigación de los casos oscuros que rodean al régimen y una de las más comentadas ha sido la situación de Rebeca Delgado, quien dejó entender que prefería callarse por su propia seguridad y la de su familia. En medio de las revelaciones de Soza, ha saltado el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, quien todavía está esperando la retractación de la revista Veja sobre presuntos vínculos del narcotráfico con algunos círculos del poder. Justiniano está seguro de poder callar a Soza, porque supuestamente está violando las normas establecidas para los refugiados políticos, quienes están prohibidos de hacer proselitismo en el lugar que les brinda cobijo. El embajador olvida que todo lo que se ha estado conociendo últimamente pertenece al expediente que está acumulando el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que analiza el caso Soza y que su contenido no es político, sino judicial. Para resumir las cosas, Justiniano intentó primero dar clases de periodismo en Brasil, ahora pretende enseñar diplomacia.

Por soberanía y por dignidad

Por más presión que hayan ejercido los pobladores y algunas autoridades de Yapacaní, el Gobierno no debió ceder tan fácilmente, pues en el futuro pueden proliferar como hongos los pueblos, comunidades y regiones con solicitudes parecidas y con el tiempo Bolivia será algo así como un territorio lleno de feudos y santuarios, unos dedicados a la producción de droga, otros a la protección del contrabando y algunos se dedicarán al robo de mineral, etc. etc.

Algunos dirán que eso ya está ocurriendo en el país, pues  se propagan las narcocomunidades, las poblaciones que defienden a tiros a los “chuteros” y en este momento, son los mineros informales, los que avasallan minas y explotan los recursos naturales sin pagar ni un solo centavo en impuestos, los que están imponiendo su propia ley al Estado Plurinacional. Cómo será de grave la situación de la minería boliviana, que en los tiempos de los barones del Estado, la contribución al erario público era mayor.

Dicen que quien tiene cola de paja no se debe acercar al fuego y en verdad el Gobierno cuenta con muy poca fuerza moral para luchar contra la ilegalidad, porque inmediatamente los sectores “atacados” le echan en cara lo que ocurre en el Chapare, una suerte de volcán de donde emanan muchas de las iniciativas contrapuestas a la ley, que el régimen trata de combatir en otras regiones que no tienen un padrino tan importante.

La amenaza de que este problema se expanda ya no solo se yergue contra la “sociedad formal” que tanto ha estado combatiendo este Gobierno, pensando que la mejor forma de acumular poder era empoderar a los “movimientos sociales”, muchos de los cuales han encontrado la manera de lucrar con actividades delictivas. El riesgo avanza también sobre el propio Estado que el MAS está intentando consolidar, con muchas contradicciones e incoherencias, pero Estado al fin, pues asegura una cierta forma de estabilidad.

El mejor ejemplo de este fenómeno es Somalia, donde el Estado prácticamente desapareció y hoy sus autoridades no saben dónde parapetarse, pues los grupos delictivos son los que gobiernan el país. Algo parecido está ocurriendo en Nigeria, donde un grupo extremista que controla el noreste de la nación africana, comete delitos, secuestra, mata y hace estallar bombas, sin que el Estado pueda ejercer control, pues las autoridades han perdido todo el poder para hacerlo.

Los terroristas nigerianos de la organización Boko Haram son responsables de un hecho que mantiene en vilo al mundo desde el pasado 14 de abril. En un ataque comando, secuestraron a más de 200 niñas de un colegio y posteriormente atacaron el pueblo donde viven sus familiares, sin que el ejército y otras fuerzas de seguridad puedan hacer nada. No hay que olvidar que Nigeria es uno de los países más ricos de África en recursos naturales, es de los mayores productores de petróleo, pero sin Estado, sin leyes y sin control, eso sirve muy poco.

Pero hay un riesgo mayor aún para todos en Nigeria. La situación de las niñas secuestradas y la incapacidad de sus gobernantes para actuar ha motivado la reacción internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho una advertencia a las autoridades locales de que habrá una intervención armada multinacional en caso de que ellos no puedan resolver el problema. De hecho, Estados Unidos dice estar preparado para actuar y desde todas las partes del mundo surgen ofertas para intervenir. Nadie quiere que en Nigeria y en ninguna parte del planeta surja otro Somalia. Bolivia tendrá que hacer lo propio si quiere seguir hablando de soberanía y dignidad.

Humor negro

En la época del Apartheid, circulaban piezas de humor negro que ilustraban el oprobio, la vergüenza, pero también la desfachatez de los abusivos. Decían que en Sudáfrica, cuando un blanco atropellaba a un negro, este último era acusado por destrucción a la propiedad privada. Esto sonaría increíble si no estuviéramos en la Bolivia del cambio, donde ocurren casos insospechados y sobre todo, explicaciones nunca antes vistas. A propósito de la golpiza que recibieron algunos detenidos en Palmasola, nada menos que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, dijo que los supuestos agredidos deben presentar un certificado forense para determinar los días de impedimento porque –dice el legislador- “no es lo mismo ser agredido que lesionado”. O sea que moretón más, moretón menos, no interesa el hecho grave consistente el escarmiento que le da un Gobierno sospechoso a unos individuos que tienen mucho para revelar. Pero aún hay más, pues el parlamentario no deja de poner en duda la agresión de la que fueron víctimas los detenidos supuestamente de parte de policías encapuchados que actuaron por orden de un viceministro. “Los privados de libertad están exagerando, a lo mejor han sido empujados nomás y ellos dicen que ha sido agresión”. Qué dirá Mandela.

Siguen las amenazas

El aparato de comunicación del Gobierno no se midió en gastos al cumplirse el quinto año de la masacre del hotel Las Américas, el pasado 16 de abril. Tal vez sospechaba que los medios de comunicación independientes iban a realizar un despliegue especial, destacando en cada caso la falta de credibilidad del proceso judicial que impulsa el Gobierno, sin importar pruebas inventadas y la violación de todos los procedimientos establecidos por ley. El más llamativo fue un anuncio con tintes de amenaza que se publicó en algunos diarios. En el aviso se indicaba que la célula terrorista que supuestamente intentó dividir al país sigue activa y en la parte superior aparecían las fotografías de parlamentarios opositores y masistas librepensantes que han estado denunciando la patraña gubernamental. Recordemos que el régimen impulsó el proceso contra 39 personas y luego abrió el caso Terrorismo II para dar con los presuntos financiadores del grupo de Eduardo Rózsa. Tal vez ahora quiere procesar a los que no creen, a los que desconfían y a los que tratan de que se conozca la verdad, por supuesto, la que el Gobierno quiere esconder. El Ministro de Gobierno ha dicho que va ir por todos ellos. Habrá que preparar espacio en todas las cárceles del país porque seguramente son muchos. De hecho, una reciente encuesta afirma que son la mayoría de los bolivianos los que están convencidos de que todo fue un montaje.

El llanero solitario

El Gobierno ha afirmado que Marcelo Soza es un "delincuente" y un "corrupto", pero falta aclarar si el exfiscal del caso Terrorismo era un "llanero solitario" que actuó por riesgo y cuenta propia. Una parte de la respuesta la dio él mismo cuando dijo que el Gobierno le dio todas las alas para extorsionar, fabricar pruebas y manipular las cosas con el fin de demostrar a cualquier precio que en Santa Cruz hubo terrorismo y separatismo. Es más, la senadora pandina Carmen Eva Gonzales acaba de aportar más evidencias que indican que la Fiscalía General del Estado conocía muy bien los detalles del proceso contra 39 imputados y que llegó a hacer aportes muy importantes para acelerar el juicio y conseguir una sentencia condenatoria contra los acusados. La parlamentaria ha presentado el audio de una reunión que habría sostenido el fiscal general, Ramiro Guerrero y los fiscales que llevan adelante el caso de supuesto terrorismo, Sergio Céspedes, José Rodríguez e Iván Ortiz, además de un asesor, en la que se busca definir una estrategia que incluye la coordinación con el Ministerio de Gobierno. Fue la senadora Gonzales la que acosó con denuncias a Soza y lo hizo huir. A partir de allí, el exfiscal se volvió "delincuente". Hay que aclarar que los individuos mencionados arriba todavía siguen en el país.

La confesión final de Marcelo Soza

Nadie como el exfiscal Marcelo Soza ha recibido tanta protección gubernamental para actuar a cara descubierta en el proceso de persecución política que se ha estado ejecutando en el país en los últimos años. Nadie ha recibido tantos recursos, tanta licencia para manejar la justicia a su antojo, para extorsionar, distorsionar el proceso judicial del "caso Terrorismo", trasladar de un lado a otro a los acusados, fabricar pruebas y eliminarlas cuando sea necesario. Nadie ha gozado de tanta impunidad, tanto empoderamiento del régimen para destruir familias, instituciones, reputaciones y llevar a la muerte civil a personas que han tenido que huir del país o languidecer encerradas en las cárceles mientras soportan una patraña que está próxima a cumplir cinco años.

Nadie como el ex fiscal Soza ha acumulado tantas pruebas en su contra sobre la violación al debido proceso, sobre falsificación de pruebas, testigos falsos, chantaje y muchos otros delitos que convirtieron al caso Rózsa en una vergüenza que, sin embargo, ha seguido activo gracias a toda una red de agentes gubernamentales que se encargan de presionar jueces, manipular fiscales y mover todos los hilos de este circo que se cae a pedazos.

Nadie como Soza y con los antecedentes acumulados, ha sido tratado con tanta condescendencia por policías, fiscales, jueces y operadores de justicia que no actuaron cuando este fue el blanco de acusaciones formales por extorsión, luego de que la acumulación de evidencias fue imposible de disimular. Gracias a todo el aparato que antes estuvo a su servicio para perseguir, Soza pudo evadir las citaciones y las notificaciones, burlarse de los interrogatorios e ignorar una orden de arresto. Gracias a que en el país sigue intacto todo ese gigantesco andamiaje de control y judicialización de la política, Soza ha podido escapar y refugiarse en Brasil, donde se ha declarado víctima de una trampa del Gobierno.

Es lógico que Soza se sienta traicionado por un Gobierno que lo utilizó como punta de lanza para destruir el proceso autonómico y el liderazgo de Santa Cruz. Para el exfuncionario no puede haber sido una sorpresa, después de que él mismo hizo una grabación en la que confesaba toda la trama de mentiras que había tejido el régimen para inculpar a gente inocente en el supuesto delito de terrorismo. Desde su refugio en Brasil ha ido más lejos aún, al implicar y dar nombres concretos de altos funcionarios, dirigentes y allegados al régimen gobernante que lo habrían acicateado para cometer todos los atropellos desde abril de 2009, desde el momento en que se perpetró esa masacre en el hotel Las Américas, sobre la cual no quedan dudas de que fue un acto de terrorismo de Estado ordenado desde las instancias políticas más altas.

Lo que no es lógico es que ahora el Gobierno pretenda lavarse las manos y descalificar a Soza como si se tratara de un "llanero solitario" que actuó por cuenta propia y que cometió actos delincuenciales sin la asistencia del mismo esquema criminal que operó alrededor de los abogados extorsionadores que maquinaron el caso Ostreicher. Si las autoridades confirman que Soza es un corrupto y un delincuente, estarían incurriendo en una abierta confesión, lo que automáticamente debería dar pie a la extinción del caso Rózsa y una posterior reconversión, que implica llevar al banquillo a quienes han estado del otro lado.

Bolivia y Afganistán

No debería molestar solo el hecho de que comparen a Bolivia con Afganistán, algo que en reiteradas ocasiones han hecho analistas nacionales, que incluso han advertido del peligro de que nuestro país termine como Somalia, nación africana donde desapareció casi todo vestigio de Estado, de ley, de sociedad y que hoy está en manos de piratas y ladrones, tan inescrupulosos y ruines como los narcotraficantes.

Lo que debería llamarnos la atención también es que el mundo esté volcando su mirada al lado oscuro de Bolivia, un país que, como dice el presidente Morales “antes no existía” en el contexto internacional, pero que de pronto despertó curiosidad por los cambios que anunció la llegada al poder del “indigenismo”, una causa que siempre genera interés en las plateas. La diferencia es que así como muchos bolivianos han caído en cuenta aquello fue nada más que un disfraz, los grandes reflectores mundiales están ahora pendientes de lo negativo del “proceso de cambio”. Y citar a Afganistán no es un mero detalle, pues detrás de esas alusiones imperialistas suena la propuesta de la “intervención”.

Dejemos de lado los intereses que pueda tener una visión como la del Wall Street Journal y las rabietas que pueden surgir en el Gobierno del MAS, donde algún desubicado seguramente propondrá meter juicio y tratar de forzar una retractación, tal como se ha pretendido con la revista Veja.

Ni el régimen talibán ni los revolucionarios bolivianos tienen en mente llegar a un estado de desintegración social y estatal como el que ocurre en el país asiático o en Somalia. Al menos habrá que creer que no lo han planificado de esa manera, porque de lo contrario habría que salir escapando cuanto antes y proteger a las futuras generaciones de lo que les espera.

Tanto los talibanes, fieles creyentes del Corán y nacionalistas al extremo, como los gestores del proceso de cambio tienen buenas intenciones, loables utopías y excelentes visiones sobre el destino que quisieran para el país y su gente. Pero los países no se construyen con teorías y lamentablemente sí se pueden destruir por la necesidad enfermiza de adaptar la realidad a esos supuestos ideológicos mesiánicos que terminan imponiéndose a la fuerza.

Y lamentablemente la “talibanización” de Bolivia no solo supone la construcción de un complicado y manipulado sistema de creencias, sino lo que es peor, un retorno al pasado, con la aplicación de metodologías y procedimientos deshumanizantes que corren el riesgo de llevarnos a un aislamiento.

El otro factor común es la permisividad con el delito. Curiosamente, los talibanes, supuestamente portadores de la más cultivada ética religiosa que manda lapidar a las mujeres adúlteras y a las que se niegan a usar el velo islámico (en el Chapare linchan y entierran vivos a los presuntos ladronzuelos) se han convertido en aliados de los traficantes de opio, economía que ha sido puesta por encima de la productividad del país y del que debería ser su principal fuente de ingresos –el gas-, con una de las reservas más grandes del mundo.

Insistimos. No es que los talibanes –antiimperialistas, antioccidentales y fundamentalistas-, se hayan propuesto destruir su país y conducirlo a la anomia, a la desintegración institucional y legal y que se hayan empecinado en construir un sistema de cosas anacrónico, violento y connivente con el delito. Esas fueron consecuencias del propósito de fundar una nación antidemocrática que le permita a una élite de “iluminados” eternizarse en el poder.

Paralizados por el miedo

Las personas que han sido víctimas de secuestro en Santa Cruz se niegan a denunciar a sus captores, recientemente atrapados por la Policía Boliviana y presentados al público junto con un sinnúmero de evidencias que los inculpan.

Eso mismo sucedió hace unos meses cuando fue desarticulada una banda de extorsionadores que trabajaban a orden de tres ministerios. Algunos activistas intentaron derribar el muro de miedo que han tendido especialmente sobre Santa Cruz, pero los esfuerzos fueron vanos y solo el norteamericano Jacob Ostreicher, cuyo padrino es nada menos que el actor de Hollywood,  Sean Penn, se mantuvo en la línea de la denuncia, haciendo ver en todo momento que los chantajistas con chapa de funcionario  siguen operando impunemente en el país.

La prueba más clara es la actuación del mayor Fabricio Ormachea, que de no haber sido porque lo atrapó la FBI en un terreno neutral, seguiría cometiendo sus fechorías en el país y continuaría protegido por sus superiores y por la gente del Gobierno que le dio carta blanca para hostilizar a “los enemigos”.

El miedo es una estrategia que le ha dado excelentes resultados al Gobierno y así ha quedado demostrado el “caso Terrorismo”, una trama de mentiras, abuso y extorsión que ha sido totalmente desvelada, pero que mantiene todavía en el silencio más doloroso a muchos que han tenido que pagar cifras astronómicas para no ser paseados por la “calle de la amargura”.

Nadie está afirmando que detrás de los secuestros hay una mano negra como la que ha funcionado en los casos de extorsión, aunque el prontuario de algunos actores del aparato represivo da como para levantar muchas sospechas. Sin embargo, el mismo miedo que inmoviliza a las víctimas, que mantiene callados a los perseguidos y que ha vuelto inermes  a los que ayer eran defensores de la libertad, la autonomía y la democracia, es exactamente el mismo, porque simplemente no existen las garantías de conseguir una investigación transparente, un juicio justo y más bien surge el peligro de que las víctimas terminen siendo las culpables, como sucede todos los días en este país carente de credibilidad porque los escrúpulos y la buena fe se han esfumado.

En este contexto ya ni siquiera existe la libertad de participación política. Santa Cruz fue el primero en bajar los brazos en su lucha contra los resultados amañados del Censo 2012 y eso es porque la gente, los líderes y las instituciones están hastiados de peregrinar a los juzgados, de enfrentar comisiones de fiscales que operan a favor de la persecución y de tener que enfrentar una guerra mediática, insultos, acusaciones y condenas públicas cuya finalidad es amedrentar y evitar que nadie levante cabeza.

Ha surgido la propuesta de crear un frente amplio con el objetivo de aglutinar fuerzas opositoras y generar una alternativa política. De hecho ya se han dado algunas adhesiones de connotados líderes regionales, con miras a las elecciones del 2014. Obviamente, uno de los acicates de esta iniciativa es el resultado positivo que consiguieron en las elecciones del departamento del Beni y en otras contiendas electorales municipales en las que el oficialismo ha sufrido fuertes reveses. Antes que desarrollar una visión electoralista, los impulsores de este frente deberían buscar una causa y en primer lugar, derrotar el miedo que inmoviliza a medio país.

El imperio de la impunidad

Parece fantasía  lo que dice Mario Tadic, quien afirma que un funcionario del Ministerio de Gobierno del MAS se pavoneaba diciendo que tenía contacto directo con el presidente del Estado Plurinacional y que gozaba del poder para ayudarlo en el caso terrorismo, a cambio de que inculpe a varias personas de una lista que ha sido ampliamente difundida en las últimas semanas.

Pero ocurre que el funcionario denunciado por Tadic es Carlos Núñez del Prado, vinculado a uno de los más grandes jerarcas del MAS.  Núñez trabajó en varios ministerios y de él se difundió un video entregando un soborno al famoso “testigo clave” del Caso Rózsa, Ignacio Villa Vargas. El nombre del sujeto en cuestión también saltó en la investigación de la red de abogados extorsionadores que fue desarticulada a raíz del escándalo Ostreicher y pese a todas las evidencias, la justicia no le ha tocado ni un pelo.

Semejante impunidad sólo podría explicarse por las grandes influencias a las que hace alusión Mario Tadic, el primero de los 39 acusados en ofrecer su testimonio en el juicio oral que se produce físicamente en Santa Cruz, pero a la cabeza de jueces de la jurisdicción de La Paz, en abierta violación a las normas del debido proceso.

Precisamente esa es la principal característica de este régimen que ha convertido a la justicia en su instrumento de control político y en el que actúan individuos con licencia para cometer todo tipo de atropellos. El caso paradigmático de esta forma de proceder es el fiscal Marcelo Soza, quien goza de un blindaje impenetrable, pese a que se ha comprobado una lista interminable de violaciones a la ley en la conducción del caso terrorismo.

Y cuando parecía que las fechorías de Soza se habían acabado, porque él mismo las confesó públicamente y porque hay jueces y funcionarios de justicia que se han atrevido a denunciarlo, la Fiscalía General del Estado le tiende un salvavidas, lo colma de indulgencias y le permite salir campante de este berenjenal que debería haberlo conducido a los tribunales y seguramente a la cárcel, puesto que los delitos que se le imputan son muy graves.

Es obvio que así como detrás de Núñez del Prado y de todos los abogados extorsionadores existe un gran aparato político que lo respalda, Soza es apenas un alfil en la estrategia que busca una condena por terrorismo en Santa Cruz, sin haber aportado ni una sola prueba. La evidencia más clara es que recientemente, el sistema de propaganda del Gobierno ha iniciado una campaña millonaria para tratar de revitalizar un caso que se ha derrumbado, no sólo por la carencia de sostenibilidad jurídica y la ausencia de pruebas, sino por la propia confesión del gran operador designado por el Gobierno para defenestrar al movimiento autonomista de Santa Cruz y aniquilar a sus principales líderes.

Todas estas maniobras demuestran la decisión “de Estado” que se ha tomado en dirección a consolidar una de las mayores infamias de la historia nacional. Lamentablemente para el Gobierno, el tiempo corre en su contra y cada vez son más fuertes las pruebas que apuntan a lo más alto del poder. Mientras más altas son las influencias que intervienen para alentar este caso, más peligro se corre de que el proceso termine en los estrados internacionales.

Oh, sorpresa

Han causado sorpresa las declaraciones que el gobernador Rubén Costas realizó hace unos días en el programa del periodista Carlos Valverde. La primera autoridad confesó que a pocos días de haberse producido la masacre del hotel Las Américas, algunos emisarios del gobierno se le acercaron para hacerle una interesante propuesta, consistente en cooperar con el régimen implicando a algunos líderes cruceños, entre ellos Guido Náyar y Branko Marinkovic. Hay que recordar que fue Costas uno de los primeros en denunciar que el “caso Terrorismo” no era más que un complot del oficialismo contra la región y así se lo registró desde un inicio en la prensa. La extrañeza de algunos, empezando por Náyar y también por el senador Germán Antelo es por qué el gobernador no fue más explícito aquella vez y más concretamente por qué no hizo esta denuncia a su debido tiempo. El caso Rózsa ha tenido muchos impulsores, empezando por el fiscal Marcelo Soza, cuyas actividades han quedado al descubierto al conocerse una confesión que él mismo hizo. Se ha confirmado que la red de abogados extorsionadores, algunos policías y toda una larga conexión de funcionarios del Órgano Ejecutivo y el Poder Judicial fueron claves para mantener vivo este proceso. Nadie hubiera imaginado que la nómina de los colaboracionistas hubiera sido tan grande y con nombres tan ilustres.

Guerra de consignas

A estas alturas el “caso Terrorismo” debió estar con sentencia ejecutoriada, según los cálculos que había hecho el MAS, con el objetivo de mostrar las cabezas de los “terroristas” y “separatistas” en la campaña electoral para las elecciones del 2014. Se han denunciado algunos gestos de desesperación en el oficialismo y tal como lo señala uno de los abogados de la defensa, están ofreciendo jugosas ofertas a los implicados para que se declaren culpables y se sometan a juicios abreviados, lo que significará la aplicación de penas mínimas. Pero ningún desprevenido se va a atrever a quedar como terrorista en este mundo en el que siguen ocurriendo casos como el de Boston, así que esa posibilidad queda descartada. Tras conocerse la alianza de varios gobernadores y exgobernadores, algunos voceros del MAS han calificado esta iniciativa como “la unión de los separatistas”, algo que huele a una consigna que ya estaba preparada de antemano. Es peligroso que en el Gobierno piensen en manejar la campaña de acuerdo a mensajes de este tipo, porque se arriesgan a que la oposición imponga otros lemas mucho más creíbles como “extorsionadores”, “chantajistas” y otros muchos más graves todavía.

La mecánica del miedo

Con la incitación a la violencia que hizo el ministro de Gobierno hace unos días, no cabe duda que la inseguridad ciudadana puede haberse convertido en un factor político muy conveniente a los intereses del Estado Plurinacional. No es la primera vez que autoridades de primer nivel ponen de relieve la discrecionalidad con la que puede actuar el aparato represivo estatal, un mensaje dirigido a los criminales, pero que puede aludir también a cualquier componente indeseable o incómodo para el “proceso de cambio”.

Lo del ministro ha sido una clara invocación al miedo, un elemento clave en un régimen autoritario, cuyo aparato de persecución ha quedado totalmente desmantelado con la desarticulación de la red de abogados extorsionados que trabajaban a órdenes de tres ministerios y con derrumbe del “Caso Terrorismo”, que fue usado durante cuatro años para amedrentar a la región más opositora del Gobierno.

Por su parte, el Tribunal Constitucional le ha cortado las alas represivas al Estado Plurinacional al declarar inconstitucionales varias herramientas que el régimen venía usando para atropellar los derechos de sus adversarios políticos. Tal es el caso de la figura del desacato y los artículos de la Ley Marco de Autonomías que eran usados para derrocar a las autoridades legalmente elegidas pero que no comulgaban con el oficialismo. El más reciente dictamen referido al respecto de la jurisdicción judicial que ha sido reiteradamente violada en los últimos años, violentando el debido proceso, se convertirá en otro obstáculo para los fines totalitarios del régimen, que había convertido a la ciudad de La Paz en una suerte de campo de concentración.

La inseguridad ha sido usada por muchas dictaduras como factor de amedrentamiento psicológico de la población, pero también como posibilidad real de represión indirecta. De esa manera y como “las calles se han vuelto muy violentas”, desaparecen periodistas, sufren atentados los sindicalistas y algunos parlamentarios son víctimas de asaltos. Eso ha estado ocurriendo con mucha frecuencia en Venezuela y es moneda corriente en Cuba.

La inseguridad se vuelve funcional para la política, pero también para la Policía, pues los uniformados, dedicados casi exclusivamente a la represión política y a atender el clima social, convierten el temor en un medio de lucro ya que crecen los aportes para la institución pese a la ausencia de resultados. Además, como los policías son dueños de casi todas las empresas privadas de seguridad, el miedo de la gente, alentado favorablemente por los medios televisivos, incrementa la inversión de la ciudadanía en guardias y tecnología de vigilancia.

La inseguridad que arrecia en Santa Cruz está relacionada directamente con el narcotráfico y eso refuerza el peligro de que se la pueda usar políticamente, pues cada vez son más evidentes las señales que vinculan al régimen en estos asuntos. Por eso es que de la combinación entre política, drogas y criminalidad puede resultar un coctel muy peligroso.

Tres muertitos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha sorprendido con sus recientes declaraciones sobre el “caso terrorismo” que ahora se denomina “caso Soza”, pues el principal sospechoso ahora el fiscal, no los que él ha acusado durante los últimos cuatro años. Luego de que Soza confesara públicamente que en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, se produjo un ajusticiamiento de tres ciudadanos europeos, Romero ha dicho que la forma cómo se hizo ese operativo (forma de masacre) no tiene relevancia en el proceso judicial contra los implicados en supuestos hechos de terrorismo y separatismo. “Cómo se hizo el operativo en el hotel Las Américas es otro tema, no es inherente al tema de fondo”, ha señalado textualmente el funcionario, en respuesta a las conclusiones a las que ha llegado un reciente documental producido en el exterior, que prueba cómo la Policía ejecutó a mansalva a Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, mientras que la versión oficial indica que éstos ofrecieron resistencia. El ministro olvida que admitir este delito tumba todo el caso que intenta defender y en segundo lugar, debe recordar que el presidente Morales reconoció haber ordenado intervenir en el hotel Las Américas.

Por la dignidad de Santa Cruz

Qué respuesta expresarán los líderes cruceños ante el ignominioso caso que envuelve al fiscal Marcelo Soza, quien parece dispuesto a seguir con su farsa de juicios y persecución? La pregunta flota en el aire después de comprobarse con lujo de detalles que aquí no ha existido nada más que un plan muy bien montado, que algunos ya se atreven a definir como “terrorismo de estado”, ejecutado contra los principales exponentes del movimiento autonomista, que el 2008 estuvo a punto de realizar el sueño de muchos bolivianos de derrotar al centralismo que no ha hecho más que profundizar el monopolio del poder y de los recursos del país para beneficio de unos pocos que ahora se inventan formas de incurrir en el derroche.

Se acaba de comprobar que desde el día de la intervención armada en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, todo ha sido una vil mentira que acaba de develarse por completo, gracias a la confesión de uno de sus principales articuladores.

Se ha mencionado que aquel día, hace cuatro años, hubo una ejecución sumaria contra tres ciudadanos europeos que no tuvieron cómo defenderse ante el ataque policial. Soza confiesa que los uniformados remataron a esos tres hombres, crimen que habría sido perpetrado para que nadie pueda conocer la razón de la presencia de esos sujetos en el país, quienes tuvieron contactos con agentes gubernamentales.

Hoy ya nadie puede dudar que toda esta trama se armó para descabezar el liderazgo cruceño, sobre todo a la dirigencia cívica, cuyo principal exponente, Branko Marinkovic y su familia, han sido objeto de una sistemática persecución, por el “pecado” de mantener su postura en defensa de la autonomía y de los intereses regionales que han sido pisoteados por el régimen gobernante, que no ha escatimado esfuerzos incluso, por destruir el aparato productivo departamental.

Recientemente, cuando estalló el caso de los abogados extorsionadores, se pudo reunir una serie de evidencias de personas, instituciones y dirigentes que habían sido víctimas de esos mercenarios. La dirigencia cívica que culminaba su gestión hizo una convocatoria pública a presentar cargos contra los responsables y la respuesta fue un silencio sepulcral que llevó al presidente del Comité pro Santa Cruz a exclamar que esta es una región que ha perdido el espíritu de luchar por su libertad y por buscar cómo defenderse de los abusos.

Acaba de asumir la presidencia de la Brigada Parlamentaria, una líder política de excelentes credenciales y su principal promesa ha sido defender a la región de los constantes abusos. En el Comité Cívico se ha expresado la voluntad de supervisar el juicio por el caso terrorismo, pero sin desmerecer esas iniciativas, es necesario tomar conciencia de que el pueblo cruceño ya no puede ser vapuleado con la complicidad de algunos que han hecho del silencio una forma de convivencia que a todas luces es una forma vil de complicidad en la persecución de cientos de personas inocentes.

No se trata de levantar la voz, sino de recuperar la unidad y la vitalidad de una región llamada a liderar nuevamente la lucha por la libertad, por la vigencia del régimen autonómico y por la democratización de un país que merece una justicia administrada por hombres y mujeres de leyes, no de prontuario delictivo. La ciudadanía está esperando que Santa Cruz recupere su dignidad.

Game Over señor Soza

Game over” (fin del juego ) es una frase que suele aparecer cuando se acaba el tiempo en los videojuegos; cuando se termina el crédito por la monedita que introducen los niños en las bulliciosas maquinitas que los vuelven locos. Esa es precisamente la idea que resuena en las mentes de quienes idearon la tragicomedia del “Caso Terrorismo” que se ha quedado sin argumentos, sin protagonistas, sin actores ni libreto, luego de que el “tipo de la película” tiró la toalla y decidió salir del escenario, dejando a los productores del thriller en muy mala posición.

Finalizado el show de la muerte de Chávez que le vino como anillo al dedo a los gobernantes para zafar del acoso mediático y con las humaredas marítimas con pocas probabilidades de distraer la atención de la ciudadanía, el Gobierno no tiene más remedio que poner la cara y admitir ante el público que la farsa se ha terminado.

Antes de que se confirme mediante un peritaje realizado en Brasil por un reconocido experto, que fue el fiscal Marcelo Soza el que admitió la patraña, con lujo de detalles sobre los verdaderos responsables del montaje, las autoridades no se atrevieron a poner en duda el audio presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales.

La única posición que han atinado a asumir es tratar de separar la confesión del fiscal Soza con el curso del juicio contra 39 acusados de terrorismo y separatismo, intentando a toda costa que el proceso continúe ¿hacia dónde? Si lo que menos le interesa al régimen es hallar la verdad y su mentira ha quedado totalmente develada.

El Gobierno ha caído en su propia trampa. Los asesores oficialistas siempre han sido afectos a los juegos mediáticos, a inventarse audios, reportajes, a realizar trucos tecnológicos y mostrar fotografías de dudosa  validez que han usado profusamente para desprestigiar a los opositores. Han llegado a admitir públicamente la interceptación de llamadas telefónicas y cuando se produjeron los hechos de  Porvenir, ellos mismos dieron por válida una grabación en la que se introdujeron efectos de sonido, con balazos, gritos e imágenes de gente que supuestamente era atacada en medio de un río.

Todo eso ha sido bueno para arremeter contra los “enemigos”, pero ahora tratan de restarle credibilidad a contundentes evidencias y ponen de pretexto una salvedad constitucional para minimizar pruebas que hablan por sí solas y que han dejado al fiscal Marcelo Soza sin posibilidades de continuar con sus engaños.

Conocido el informe recientemente elaborado en Brasil, la senadora Gonzales ha anunciado que tiene en su poder todavía más pruebas relacionadas con las confesiones del fiscal Marcelo Soza, cuyo paradero es desconocido.

La población no tiene la menor duda de la verdadera naturaleza del “Caso Terrorismo” y seguramente está ansiosa por saber cómo termina el juego del Gobierno. Hay cierto temor de que todo esto acabe como empezó, es decir, tratando de acallar a balazos a los que conocen el libreto del sainete o tal vez de la misma manera que han tratado de cerrar el caso Jorge Clavijo, cuyos detalles más importantes todavía están por conocerse.

Bolivia ante los ojos del mundo

El Gobierno del MAS ha hecho todo lo posible porque su denominada “revolución” sea conocida en todos los rincones del planeta y para ello no ha escatimado esfuerzos como los trámites para traer el concurso Miss Universo al país y ahora todos celebran la inclusión de nuestro territorio en la famosísima competencia Dakar, una forma poner a Bolivia en una vitrina internacional. Caer en la fantochada de condecorar al futbolista Lionel Messi también forma parte de la misma estrategia.  

Pero no todo es color de rosa en ese “Mundo ancho y ajeno” que el presidente Morales quiere conquistar para convencer de que la coca cura la diabetes y mejora la inteligencia. En una vitrina se pone al descubierto lo bueno, pero también lo negativo y por ejemplo, con el Dakar, nos arriesgamos a que la humanidad observe que nuestro deporte favorito no es el automovilismo ni el fútbol, sino el bloqueo. Es simplemente un riesgo que podría reforzar la idea de que Bolivia es uno de los países menos amistosos de los turistas, especialmente de los extranjeros, como lo reflejó recientemente el informe de un organismo internacional.  

El Gobierno actual ha tenido la virtud de promocionar a Bolivia en todos los foros y palestras internacionales, pero al mismo tiempo ha mostrado muchas de las facetas oscuras del régimen que ahora comienzan a pasarle factura, sobre todo en lo que respecta a los Derechos Humanos, un factor que suele tener mucho peso a nivel internacional, pues justamente constituye la razón de ser de los organismos multilaterales más importantes y la base del derecho internacional.  

Hay un refrán muy sabio que dice que “los trapos sucios se lavan dentro de casa”, pero el Gobierno ha hecho todo lo contrario y más bien ha facilitado con mucho ahínco la intervención extranjera y la ventilación de los hechos en el contexto regional, sobre todo. Así ocurrió con el tema medioambiental, en el que Evo Morales pretendió erigirse como un líder planetario, pero que a la postre cayó desenmascarado cuando se produjo el triste episodio de los indígenas del Tipnis, caso que aún no ha sido cerrado sino que más bien comienza a ganarse espacio en las cortes internacionales.  

Cuando ocurrieron los hechos sangrientos de Porvenir, en el 2008, las autoridades nacionales se prestaron con mucha premura a que algunos farsantes con chapa de héroes hagan un burdo montaje que todavía no encuentra su epílogo y que ha dejado muchos cabos sueltos, sobre todo porque la justicia plurinacional no ha tenido la capacidad de demostrar la culpabilidad de los principales acusados. Es muy parecido al Caso Terrorismo, un episodio que el propio presidente Morales puso en la palestra mundial, cuando denunció abiertamente que habían tratado de matarlo y que por eso había ordenado la violenta intervención en el hotel Las Américas, hace cuatro años.  

En todos estos casos, el Gobierno enfrenta ahora un riesgo muy grande. Mientras más pasa el tiempo, el mundo es testigo de que ya sea en Porvenir, en el caso Rózsa, en lo del Tipnis y muchos otros, la versión oficial está seriamente cuestionada, hecho que pone en duda la fe del Estado boliviano y, por supuesto, provoca el desmoronamiento de todo el discurso humanista que pretendió divulgar el Gobierno por el mundo.  

Eso explica por qué el régimen trata de darle el portazo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y busca una suerte de aislamiento. Los que saben de leyes y de estas cosas, creen que no es nada fácil escapar del largo brazo de la justicia internacional.

Más pruebas del montaje

Las reveladoras grabaciones que han sido conocidas recientemente por la opinión pública, no hacen más que ratificar viejas evidencias relacionadas con el caso Rózsa y reiteran con lujo de detalles las denuncias que oportunamente se han conocido en torno a esta patraña que se cae a pedazos y con ella, toda la falsa institucionalidad creada por el Estado Plurinacional.

A estas alturas y luego de tantos hechos espurios, confabulaciones y redes de extorsión que han sido apañadas por los más altos funcionarios del Gobierno, a nadie le puede extrañar que los operadores del régimen traten de afirmar que el audio en el que se escucha perfectamente la voz del fiscal Marcelo Soza es parte de un montaje.

Todos los funcionarios de justicia y del Ministerio Público se han encargado de ignorar vergonzosamente las pruebas que a su turno han desvirtuado las acusaciones en contra de 39 personas a quienes se las sindica de pertenecer a una red terrorista-separatista. Existen videos que muestran cómo se “plantaron” pruebas, una gran cantidad de fotografías que señalan que todo fue una tramoya en la que participaron agentes del orden, correos electrónicos que vinculan a familiares de altas autoridades gubernamentales y por supuesto, el video en el que se ve cómo se paga el soborno a un “testigo clave”.

Hay mucho más que eso y todo ha sido consignado en libros muy bien documentados, pero absolutamente todo ha sido ignorado también por la gente que ha tenido a su cargo la investigación del caso. El hecho de que ahora pasen por alto un documento tan importante y tan revelador, forma parte de la misma farsa con la que actúan sujetos que fomentaron la red de abogados extorsionadores y que también han sido vinculados con mafias del narcotráfico.

La población que ha escuchado las palabras del fiscal, que ha podido advertir los términos con los que se expresa, la manera cómo se refiere al presidente y a sus ministros y que ofrece una clara idea de cómo funciona este “proceso de cambio” no puede menos que sentir una conmoción moral que cala muy hondo, pues dibuja de cuerpo entero los métodos nocivos, la ausencia de escrúpulos y la falta total de límites de un proceso político que prometió cambiar la manera de administrar el país, sobre todo, llevar adelante una revolución basada en los valores y principios humanos.

Es verdad que se puede esperar muy poco de un régimen que avala, premia y promueve todas estas acciones, porque las considera parte de una estrategia para consolidar el poder político. Ningún funcionario del oficialismo, salvo los que sintieron asco y reaccionaron con arcadas, fueron tocados a raíz del descubrimiento de la red de extorsión que se había instalado en varios ministerios y lo más probable es que la justicia cooptada y chantajeada por el Gobierno, libere de culpa muy pronto a esos sujetos que hicieron de la persecución un negocio lucrativo.

Afortunadamente existen dos factores muy importantes que los políticos de todas las épocas suelen olvidar. Existe opinión pública, una fuerza que se va consolidando y que suele vencer cualquier régimen por más absolutista que pueda ser. Y no cabe duda que frente a tanta degeneración institucional, la sociedad civil boliviana no tendrá más remedio que actuar en función de la supervivencia, ya que lo que está ocurriendo ahora, no tiene otro camino más que la destrucción del Estado. El segundo resorte es la ley, que a veces tarda más de la cuenta, pero nunca deja de llegar. En el caso Rózsa solo hay dos verdades: un atentado terrorista a la casa del cardenal Julio Terrazas y el asesinato de tres ciudadanos europeos. Esos crímenes encontrarán a sus culpables por encima de cualquier trampa.

El efecto Oslo

Más de 90 personas han muerto en Noruega, uno de los países más democráticos, más civilizados y pacíficos del mundo. En su capital, Oslo, se ha producido un doble atentado, originado en el fundamentalismo religioso, un problema que fue señalado, mucho ante de los ataques del 11 de septiembre, como la gran amenaza mundial del Siglo XXI.  Que nadie dude que a partir de este fatídico suceso, se profundizará el consenso mundial sobre la necesidad de intensificar la lucha contra el terrorismo. Lamentablemente, Bolivia está metida en este lío, pese a que, sin ser Noruega, el país nunca había sido un sitio de preferencia de los terroristas ni fundamentalistas. Pero las cosas han cambiado. Hoy tenemos gobernantes con un pasado vinculado a acciones extremistas, el territorio nacional se ha convertido en refugio de algunos sujetos perseguidos por la justicia y nuestras grandes amistades tienen cuentas qué saldar en otros países por graves atentados con un abultado saldo de muertos y heridos. La comunidad internacional se ha portado tolerante con estos coqueteos de Bolivia con países que protegen abiertamente el terrorismo. Esto podría cambiar de manera drástica.

Terroristas de verdad

Ahora resulta que al Gobierno boliviano le preocupa el bienestar de los verdaderos terroristas. La Cancillería, al mando de David Choquehuanca, ha condenado los métodos violentos y la violación de la soberanía de Pakistán, en relación al operativo estadounidense que terminó con la vida del saudí Osama bin Laden, autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Uno de los más preocupados por la polémica actuación de las fuerzas de seguridad norteamericanas, es el senador Eugenio Rojas, el líder “ponchorrojo” que degolló varios perros en público para amenazar a los líderes opositores del oriente boliviano y que no hace mucho exigió la legalización de la tortura en Bolivia. Estados Unidos está enfrentando éste y muchos otros cuestionamientos luego de haber tenido que soportar críticas por su ineficacia de 11 años, tiempo que tomó la captura de Bin Laden. El Gobierno boliviano exige explicaciones y con ello se da un lujo que lamentablemente no es capaz de respaldar con la coherencia. Que explique el régimen de Evo Morales la carnicería del hotel Las Américas. La respuesta debe indicar quién es el verdadero terrorista.