El llanero solitario

El Gobierno ha afirmado que Marcelo Soza es un "delincuente" y un "corrupto", pero falta aclarar si el exfiscal del caso Terrorismo era un "llanero solitario" que actuó por riesgo y cuenta propia. Una parte de la respuesta la dio él mismo cuando dijo que el Gobierno le dio todas las alas para extorsionar, fabricar pruebas y manipular las cosas con el fin de demostrar a cualquier precio que en Santa Cruz hubo terrorismo y separatismo. Es más, la senadora pandina Carmen Eva Gonzales acaba de aportar más evidencias que indican que la Fiscalía General del Estado conocía muy bien los detalles del proceso contra 39 imputados y que llegó a hacer aportes muy importantes para acelerar el juicio y conseguir una sentencia condenatoria contra los acusados. La parlamentaria ha presentado el audio de una reunión que habría sostenido el fiscal general, Ramiro Guerrero y los fiscales que llevan adelante el caso de supuesto terrorismo, Sergio Céspedes, José Rodríguez e Iván Ortiz, además de un asesor, en la que se busca definir una estrategia que incluye la coordinación con el Ministerio de Gobierno. Fue la senadora Gonzales la que acosó con denuncias a Soza y lo hizo huir. A partir de allí, el exfiscal se volvió "delincuente". Hay que aclarar que los individuos mencionados arriba todavía siguen en el país.

Las burradas de la justicia

El fiscal del “caso terrorismo”, Marcelo Soza, ha iniciado un juicio
en contra del abogado Gary Prado Arauz por haberlo llamado
“judicialmente burro”. Si nos atuviéramos a los nuevos paradigmas
procedimentales que imperan en el país, tendría que ser el fiscal el
encargado de demostrar que no es un burro, pero como las leyes se
tuercen todos los días en este inefable Estado Plurinacional, tendrá
que ser nomás Gary Prado el que deba reunir las evidencias necesarias
para probar su aseveración. Cuando lanzó su calificativo, Prado se
estaba refiriendo a la polémica actuación se Soza, quien se negó a
presentar pruebas contra 39 personas acusadas de terrorismo y
separatismo, argumentando que éstas fueron destruidas por seguridad, a
pedido del cuerpo de bomberos de La Paz. Por si eso no le alcanzara
como respaldo, no tendrá otra salida que imitar los trucos de Soza.
Por ejemplo, podría sobornar a un viejo borrico para que confiese que
el fiscal es su pariente o tal vez amedrentar a una recua de asnos de
los valles para que muestren las similitudes de su ADN con la del
representante del Ministerio Público.

El fiscal de la vergüenza

El fiscal del “caso terrorismo”, Marcelo Soza, decidió renunciar en la última etapa del deshonroso juicio contra 39 personas, acusadas de varios delitos, entre ellos, iniciar un proceso violento de separatismo en Bolivia. Ha argumentado razones de seguridad para respaldar su decisión, aunque lo más probable es que todo sea producto del descrédito en el que ha caído este proceso judicial por culpa de las torpezas y la manipulación cometidas por este desvergonzado sujeto, fiel exponente de la forma de proceder, la cultura política y los métodos que aplica el Estado Plurinacional en todos los campos de la vida del país. La decisión del Fiscal General del Estado de rechazar la dimisión de Soza, confirma que la confabulación está orquestada por el conjunto de los poderes que controla el oficialismo.

El Gobierno pensó que trasladando el juicio a los tribunales de Cochabamba, luego de haberlo llevado por decreto a La Paz, se disimularían las barbaridades cometidas en este caso, sin embargo, ningún pueblo es tan ciego o tan tonto (aunque así lo crea el Gobierno) como para ignorar todas las atrocidades que ha perpetrado este régimen desde aquel 16 de abril del 2009, cuando se produjo una verdadera carnicería humana en el hotel Las Américas.

En las últimas semanas ha quedado en evidencia frente a todo el país que fue el Gobierno el que armó el “caso terrorismo” para incriminar a toda una clase dirigente regional que se había convertido en un incordio para el “proceso de cambio”, enemigo de la autonomía, intolerante con la oposición y decidido a destruir cualquier atisbo de disidencia democrática. Está por demás demostrado, que los servicios de inteligencia y seguridad del Ministerio de Gobierno formaron parte de la organización de la supuesta célula terrorista comandada por Eduardo Rózsa y que luego los eliminaron, los torturaron, pagaron sobornos, utilizaron testigos falsos, amedrentaron a otros con el fin de implicar a dirigentes cívicos, fabricaron pruebas y hasta llegaron al extremo de violentar por decreto leyes fundamentales de un Estado de Derecho.

No hay duda que para armar toda esta patraña se necesitaba de un personaje novelesco, carente de escrúpulos, de negros antecedentes y sin una sola gota de vergüenza en la cara. El Ministerio de Gobierno le otorgó los recursos, la impunidad y el poder a Marcelo Soza para manipular, amedrentar, hacer y deshacer de las leyes, a vista y paciencia de la Fiscalía General del Estado, que comparte, obviamente, la responsabilidad en este caso, por el solo hecho de permitir que un individuo de semejante conducta, cumpla funciones de supuesto defensor de la sociedad.

Todo tiene un límite. En Cochabamba el fiscal Soza no pudo esconder que carece de pruebas para incriminar a esas 39 personas y que el proceso que lleva adelante es simplemente una pantomima que trata de disimular la artera persecución política que él simplemente instrumentaliza a través de recursos parajudiciales, sin valor ni respaldo jurídico. No es casualidad que Soza  intente alejarse, cuando la imagen del Gobierno de Evo Morales se precipita a pasos acelerados y la población se comporta cada vez menos tolerante con un régimen que miente y engaña para esconder su ineficiencia. A este ritmo, a la administración gubernamental le conviene que el juez de Cochabamba anule el caso terrorismo. Le vendría bien para recuperar algo de la credibilidad perdida. De cualquier forma, retirar al fiscal Soza del escenario público, además de hacerle bien al régimen del MAS, sería una buena noticia para la salud mental de la ciudadanía.

Señor fiscal, sus pruebas

El Fiscal Marcelo Soza está haciendo todos los esfuerzos para que su
nombre figure en el catálogro “Créase o no” de Ripley, no sólo por la
colección de absurdos que componen su investigación del llamado “caso
terrorismo”, sino porque podría convertirse en el primer “defensor de
la sociedad y del Estado” que destruye pruebas que supuestamente
deberían servir para incriminar a los acusados. El juez cochabambino
que lleva adelante el proceso contra los involucrados en el caso
Rózsa, le ha pedido al fiscal que muestre las armas y los explosivos
que forman parte del “gran arsenal” que debía ser usado para iniciar
una guerra separatista en Bolivia. Con seguridad, a Soza se le activó
el único gramo de vergüenza que le queda y afirmó que algunas de esas
evidencias han sido destruidas por cuestiones de seguridad. Obviamente
siente pudor por entregar un montón de matracas y fierros viejos que
no asustarían ni a una patrulla de niños exploradores y prefiere
presentar una excusa ridícula que seguramente será aceptada por el
juez, que ha demostrado ser un buen cuate del régimen.