Envidiable celo funcionario

La selección argentina no ganó el Mundial, pero una de las reparticiones públicas del vecino país metió un gol que vale el torneo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se tomó el trabajo de hacerle seguimiento a quienes se fueron de turistas a Brasil para disfrutar de las playas y el mejor fútbol. En su investigación descubrió que muchos contribuyentes denominados “monotributistas”, algo así como el Régimen Simplificado en Bolivia, pagaron sumas exorbitantes por paquetes de viajes, pese a que en sus declaraciones impositivas dicen tener ingresos anuales muy bajos, incluso menores a lo que pagaron por los pasajes y la estadía en Brasil. Gracias a ese celo funcionario, descubrieron a más de un centenar de evasores, entre ellos a dos populares figuras de la televisión. La operación de la AFIP es muy difícil de entender en un país como Bolivia, donde los funcionarios de impuestos sólo persiguen a los legales. Esta acción equivale a investigar las fastuosas entradas carnavaleras, las fiestas del Gran Poder y los bailes del 16 de julio, por citar algunos, y calcular el lujo que llevan encima las caseritas y caseritos excluidos de tributar porque son muy pobres. ¿Se atreverían?

El surrealismo de los autos chutos

El  genial comediante argentino Tato Bores  recreó un mundo surrealista y mágico cuando Carlos Menem llegó al poder en 1989 gracias a una alianza integrada por una colección de lo más variada y nada honorable de partidos políticos, agrupaciones, sindicatos, movimientos sociales, antiguos guerrilleros, paramilitares, etc, etc. En uno de sus programas de televisión, el inolvidable Mauricio Borensztein, fallecido en 1996, mostró un desfile imaginario de los aliados del gobierno en el que figuraban, entre otros, una asociación de ladrones de equipos de música de autos; un sindicato de trabajadores supernumerarios del Estado y una federación de sindicalistas que cobraban sueldo del gobierno. Ese desfile nunca se dio en la realidad, pero nadie olvidará que en los diez años de la administración menemista, el país vecino fue sumido en un pozo de corrupción, que puso varias veces al borde de la cárcel al líder riojano. Tato Bores nunca hubiera imaginado que su parodia se cumpliría, pero algunos miles de kilómetros al norte, en la zona del Chapare (Bolivia), donde acaba de conformarse la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados (APROVEI). El hecho de que ese nuevo sindicato haya sido conformado en la región cocalera de Ivirgarzama, no sólo tiene las mismas connotaciones delictivas y políticas que todos conocen, sino una razón muy práctica. En el Chapare se encuentra la cantidad más grande de autos chutos del país. La pregunta es ineludible: ¿Presentarán un día los muchachos de APROVEI un candidato a la presidencia?

Por el retorno del diálogo

Uno de los peores legados que nos ha dejado el actual proceso político es el abandono total del diálogo, requisito indispensable para que funcione la democracia y para que cualquier gobierno se encamine por las rutas de la eficiencia y la racionalidad, virtudes inexistentes en el “proceso de cambio”.

Para que haya diálogo se requiere el concurso del otro, del opuesto en la búsqueda de soluciones a los problemas, pero en el caso del oficialismo, no necesita a nadie para tomar sus propias decisiones y lo que es peor, no reconoce la existencia de ningún inconveniente por resolver, ya que a entender de los conductores del país, Bolivia es poco menos que el país de las maravillas.

Para que haya diálogo se requiere que los interlocutores se reconozcan cuando menos como entes con cierta dignidad, pero lamentablemente, para el gobierno todo el que no apoye sus medidas no merece ser escuchado y menos puede tener autoridad para hacer aportes.

El poder hegemónico se ha encargado no solo de descalificar a todos los interlocutores posibles en el país con acusaciones infundadas de todo tipo, sino que también ha hecho campaña para sacar del escenario a todos aquellos actores sociales –Iglesia, instituciones de Derechos Humanos y organismos internacionales-, que en el pasado siempre tuvieron el rol de facilitadores del encuentro entre sectores en conflicto.

Los bolivianos cometimos el grave error de pensar que los pactos y acuerdos del pasado eran malos por definición y que Bolivia necesitaba un mando único para poder avanzar.   Ahora nos damos cuenta que esa manera de conducir el país, en base a un diálogo permanente, imperfecto, a tropezones y con muchas fallas, siempre será mejor que el modelo absolutista, autoritario y de voz única que se pretende imponer en el país.

En el pasado, las fuerzas políticas tenían que ponerse de acuerdo antes de tomar una decisión y entre ellas había una suerte de control y moderación, elementos inexistentes en la actualidad, dominada por la discrecionalidad y el abuso. El Gobierno no ha hecho más que criticar el modo en el que la democracia estaba progresando, por la lentitud de sus logros y la gran cantidad de tropiezos. Pero es mejor el consenso entre tres o cuatro para dirigir el país a que una sola persona imponga sus caprichos al mejor estilo de los monarcas de la antigüedad.

El escaso debate público que hay en estos días y los únicos atisbos de crítica se dan en los pocos medios de comunicación independientes que quedan, aunque el miedo y la autocensura va restando cada día más espacios. Las redes sociales hacen su aporte en la manifestación del malestar social, expresión que se ha podido ver muy claramente en la elección de jueces y magistrados. Ese fenómeno  demostró que la opinión pública tenía razón al rechazar la iniciativa gubernamental que no ha hecho más que empeorar las cosas en la justicia boliviana.

La falta de diálogo deja graves consecuencias en la administración del país. Se incentiva el derroche, aumenta la corrupción, se malgastan los recursos públicos, no se atacan las prioridades, se olvida el bien común y la ineficiencia se vuelve una plaga que impide cumplir los planes, distorsionando los principios y la misión de la política. De la población depende que retorne el diálogo al país a partir de las elecciones de octubre.

Planes para una vieja Bolivia

Si a algún candidato taiwanés se le hubiera ocurrido hace 30 años promover el progreso del país por medio de la fabricación de bicicletas, todos se habrían reído de él, pese a que esa industria fue la que catapultó como potencia al tigre asiático. Lo mismo hubiera pasado con las pelotas de fútbol en Pakistán, una de las actividades más fuertes de este país de casi 200 millones de habitantes, donde muy pocos juegan el deporte de Messi y Neymar, pues el juego más popular allí es el criquet.

Lo más probable, sin embargo, es que a ningún político se le hubiera pasado por la mente semejantes cosas. De hecho, ningún líder político coreano fue el artífice de lo que hoy es Samsung o de lo que fue Nokia en Finlandia; Apple no es el resultado de un iluminado plan de gobierno y en todo caso, la iniciativa, la innovación y la inventiva de los individuos crecen y se multiplican cuando el Estado deja de meterse en todos los asuntos de la economía y se dedica a crear condiciones para que la gente piense y trabaje sin trabas. China es el mejor ejemplo de aquello aunque lamentablemente los chinos todavía no pueden pensar en libertad política.

Estos hechos nos ayudan a reflexionar sobre la marcha del país y más puntualmente sobre los planes de gobierno que acaban de presentar los partidos y agrupaciones políticas que han confirmado su participación en las elecciones del 12 de octubre.

Todas hablan de una vieja Bolivia, del país estatista que controla y decide todo; con un Estado elefantiásico para construir y producir, pero muy ágil para reprimir y controlar, porque justamente ahí es donde pone la mayor cantidad de esfuerzos y recursos.

Ningún candidato le dice la verdad a la gente. Quieren seguir mintiendo con el cuento de que los bonos nos van a sacar de la extrema pobreza; que los recursos que brotan de la Pachamama son para repartirlos como en piñata y que “papá Estado” se ocupará de todo, del bienestar, de producir litio, urea, papel, cartón, azúcar, etc.

 Se habla de llevar a Bolivia a la era de la industrialización y como tal se concibe a las grandes factorías con mucho humo saliendo de sus techos, cuando todos sabemos que las naciones que más progresan están concentradas en alta tecnología, en las ventajas comparativas y en las cadenas productivas, como la castaña, la soya, la quinua y otros productos que no necesitan más que un Estado que no estorbe, que deje de prohibir y que no le tenga miedo a la apertura de mercados. 

Todos hablan de fomentar la educación, pero quieren seguir construyendo grandes escuelas –ladrillo y cemento-, y se olvidan que hay que conectarles internet y capacitar a profesores que están altamente ideologizados pero muy atrasados respectos de los estudiantes en el manejo de nuevas herramientas de aprendizaje. Y lo mismo pasa con la salud. No se trata de crear hospitales de cuarto y quinto nivel, sino de introducir el concepto de prevención y formación, cuyos instrumentos básicos son la higiene y la correcta nutrición. Obviamente ahí no hay mucho que licitar y tampoco grandes obras para entregar e inaugurar.

Ningún candidato le dice a la población que con las leyes que tenemos, con la constitución vigente y con el esquema de poder que se ha montado, Bolivia es inviable incluso para los que conducen el “proceso de cambio” puesto que anula la iniciativa, inhibe las inversiones y promueve el despilfarro de tiempo y de recursos.

Debate de políticos y debate público

La última vez que la denominada “clase política” accedió al debate fue en el 2002, cuando ya se anticipaba la decadencia de la dirigencia tradicional y el ascenso del candidato Evo Morales, que, en aquellos tiempos acudía a todos lados a debatir, incluso con deslucidos personajes, con tal de ganar popularidad.

El debate se produjo porque los políticos no sabían hacia dónde conducir el país y sobre todo porque no tenían con qué, pues todavía no se avizoraba la impresionante bonanza de precios y de ingresos, que más tarde alentó a los populistas a encaramarse en el poder, porque cuando hay plata de sobra, cualquiera puede gobernar y cualquier política resulta “exitosa”. 

Eran tiempos de intenso debate social sobre la base de tres puntos importantes: qué hacer con los hidrocarburos y los recursos provenientes de su explotación; cómo reconfigurar políticamente la nación ante el agotamiento del modelo centralista y presidencialista y el surgimiento de la propuesta autonómica y en tercer lugar, cómo transformar al Estado para darle un sentido de servicio a la población y rescatarlo de manos de grupos que secuestraron la democracia.

Un año más tarde se conoció el resultado de ese debate público y la gente votó porque el gas se industrialice y sea recuperado a favor de los bolivianos; para que la autonomía reemplace al centralismo secante y retrógrado y para que la política deje de ser el botín de los caudillos de turno, prebendalistas, derrochadores y corruptos.

Ninguno de esos compromisos se ha cumplido, pues ni una molécula de gas se vende con valor agregado y la energía fluye sin falta hacia los mercados externos, mientras que los bolivianos deben esperar los sobrantes que retacea YPFB; la autonomía es un completo engaño y el régimen incentiva el centralismo, mientras que los políticos se concentran en la reproducción del poder con intenciones de eternizarse en sus cargos y para ello ejecutan una estrategia insana de derroche y clientelismo nunca antes visto en Bolivia.

La dirigencia nacional nunca ha sido proclive al debate y por eso el país ha cambiado muy poco desde que fue colonia. Los mandamases no tienen para qué debatir en un contexto en el que reina el monopolio de los recursos y el poder; en un país monoproductor y con una concentración de las decisiones que impide el funcionamiento real de la democracia.

Y menos se puede dar la opción del debate ahora, cuando las autoridades tienen los bolsillos llenos y cuando el poder les sobra para tomar las decisiones sin consultar a nadie, haciendo alarde de la clásica soberbia del político criollo, siempre predispuesto a refundar, a inventar hasta lo más elemental y destruir todo lo que hizo el anterior.

Pero no porque los políticos no debatan entre ellos, quiere decir que la sociedad no esté hablando y comunicándose, a pesar de que ya son pocos los medios tradicionales al servicio de la gente para el debate público. La gente racional está discutiendo en las redes sociales, ya no aguanta la corrupción y la impunidad; está hastiada del narcotráfico y sus poderosos cómplices y está desilusionada por la falsedad del discurso ecologista e indigenista que tanto enarbolan los gobernantes. Todos hablan de eso, como lo hicieron en octubre del 2011 con la fallida elección de magistrados en la que el veredicto popular de rechazo fue contundente.

Elecciones ¿cuál será el debate?

En el 2005 y luego de un proceso violento que se inició en el 2001, confluyeron en el país varios puntos de consenso que dieron como resultado un histórico triunfo del MAS que se apropió de ese pacto nacional que permitió brindar esperanzas de cambio al país.

El acuerdo llegó cuando se había deteriorado la imagen de las élites políticas que condujeron al país desde el retorno de la democracia en 1982 y cuando la ciudadanía sintió que sus aspiraciones de bienestar (vivir bien) habían sido traicionadas por grupos que secuestraron el poder para alimentar sus propios intereses.

La gente reclamaba más democracia, exigía la pacificación del país, mayor inclusión y desde el punto de vista económico se planteó la recuperación de los recursos naturales con el fin de devolverlos a la población ya sea en forma de beneficios directos o través de una nueva estructura productiva traducida en el eje de la industrialización y el uso los ingresos para multiplicar y diversificar la economía, sumida en el extractivismo y el rentismo, dos vicios que mantienen a Bolivia en el atraso y el subdesarrollo, sin esperanzas de cambio.

Desde el oriente boliviano nació la otra gran propuesta de cambio (que se volvió un consenso nacional), a través del movimiento autonomista que exigía la profundización de la democracia y el final del modelo centralista y presidencialista que no hacen más que incentivar los viejos esquemas de organización y de dominación heredados de la colonia.

No hace falta mucho análisis para concluir que en los últimos nueve años todos esos males que pretendían derrumbar los bolivianos se han agudizado. La dependencia de los recursos naturales es mayor y se ha incrementado la fragilidad de nuestra economía; no se ha producido la industrialización; el caudillismo refuerza el centralismo y el monopolio del poder no hacen más que limitar las decisiones y el control de la economía en pocas manos. La descentralización y la autonomía son un engaño, mientras que la democracia y la participación son confundidas con una nueva hegemonía corporativa prebendaria que además de improductiva y corrupta, impone un sistema de abusos e injusticia que impide la paz social.

Lamentablemente esa visión profunda y preclara de cambio que surgió en el 2005 ha sido abandonada por los sectores de la oposición que fracturaron la democracia de pactos y que ahora parecen acomodarse a la hegemonía dominante, que ha buscado constantemente la ratificación en las diferentes contiendas electorales. Lo sucedido en los 32 años de democracia ha sido una demostración que el sufragio no ha sido capaz de cambiar la historia nacional y que las elecciones de octubre no prometen ningún viraje importante, mientras la sociedad civil y política no retorne a los planteos arriba indicados.

La campaña política que comienza a vivirse con intensidad pone en el tapete los mismos lugares comunes en los que cayó la clase dirigente en las décadas posteriores a la dictadura y la hecatombe económica ocurrida entre 1982 y 1985. Acuerdos, componendas, búsqueda de un nuevo caudillo, cómo gastar los recursos naturales, detalles menores en un país que todavía se siente traicionado y que espera lograr de nuevo el consenso que le permita aspirar a una vida mejor.

Distribuir la riqueza, no la plata

La oposición boliviana ha calificado como “intocables” los bonos que distribuye el Gobierno, no solo la Renta Dignidad (ex Bonosol) que ha sobrevivido tres regímenes, sino también el Juancito Pinto y el Juana Azurduy, que sin duda alguna son la respuesta al amplio caudal de votos conseguido por el MAS en las contiendas electorales posteriores al 2005. Seguramente el oficialismo responderá con una apuesta mayor y hasta podría ofrecer el pago doble, como hizo con el aguinaldo, no solo porque tiene la plata, sino porque le sobra demagogia. La pregunta es ¿cuánto le sirven los bonos a la gente beneficiada?

El auge de los bonos ha sido generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos y Bolivia no es el caso más exagerado, si lo comparamos con Argentina o Venezuela, donde se cuentan por decenas, sin mencionar los subsidios y otras formas de distribución, producto del histórico nivel de ingresos por los excepcionales precios de las materias primas de exportación.

¿Ha sido acertada esta receta? Siempre es mejor repartir plata entre los pobres a que se la guarden los grupos elitistas, como sucedió en los años 70 en la región, cuando producto del auge de los petrodólares y las dictaduras se encargaron de pagar muy bien la lealtad de sus allegados. Los resultados están a la vista: en los últimos 15 años, más de 100 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y desde el 2000 los indicadores de marginalidad han caído en un 30 por ciento, no solo por influencia de los bonos, sino también por otras medidas como el aumento del salario mínimo y otras políticas relacionadas con reformas impositivas.

No hay duda que los bonos y todas las formas de transferencia monetaria seguirán entregándose en la misma medida y tal vez más, solo si se mantiene el abultado nivel de ingresos que depende de factores exógenos. De hecho, los bonos no representan una carga significativa en el presupuesto de Bolivia, apenas un dos por ciento, lo que es una bicoca si lo comparamos a lo que se invierte en seguridad y defensa.

El debate consiste no solo en la dicotomía de mantener o no los bonos, sino en buscar otras formas más efectivas de la distribución de la riqueza, que aseguren sostenibilidad a las políticas sociales y mayor movilidad social a la ciudadanía. De acuerdo al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) del Banco Mundial, los bonos son importantes, pero no han conseguido disminuir ni un ápice la desigualdad en el continente. América Latina posee tasas de desigualdad similares a las de África Subsahariana y un 75 por ciento de la población en el continente considera que no existen los medios para superar la pobreza.

Unos pesos en el bolsillo pueden ayudarle a una familia a mitigar el hambre y a sobrevivir en mejores condiciones, pero la única forma de lograr que viva bien es con mayor acceso a la educación, a la salud y a las instancias de poder, que siguen manteniéndose en manos de unas élites que monopolizan las instituciones y no dejan espacio a la democratización. Lamentablemente esta característica se mantiene pese los supuestos  procesos revolucionarios que se han llevado adelante en la región.