La mentira del aumento salarial

A partir del incremento salarial dispuesto por el Gobierno, nadie en Bolivia debería ganar menos de 1.440 bolivianos, algo que en sí mismo parece una gran victoria para los trabajadores, pero lamentablemente esconde más defectos que virtudes.

1.440 bolivianos puede ser una cifra pequeña, pero no lo es para un trabajador novato, un joven que recién empieza un oficio, que está aprendiendo y que necesita que su empleador le brinde el derecho a equivocarse mientras termina de formarse. Si Bolivia tuviera buenas escuelas e institutos técnicos, eso no hará falta, pero desgraciadamente, son las empresas las que tienen que pagar los costos más altos de la capacitación.

En la lógica de un empresario al que obligan a pagar un salario mínimo cada vez más alto, resulta contraproducente contratar novatos y obviamente se inclinará por los experimentados, que rinden más y sus salarios no se inflan en la misma medida. Naturalmente, la peor parte se la llevan los trabajadores jóvenes, que terminarán en algún empleo informal, sin beneficios, sin seguro, sin jubilación y con un salario menor a los 1.440 bolivianos. Lo tomas o lo dejas.

Las autoridades que conducen la economía en complicidad con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, quieren hacer creer que el aumento salarial  superior al porcentaje de la inflación oficial es algo digno y positivo, pero no es más que demagogia barata. No solo porque el incremento apenas llega al 30 por ciento de los trabajadores del país, sino porque está basado en un cálculo mentiroso del Índice de Precios al Consumidor, que de acuerdo a cómputos más serios, ha bordeado el 12 por ciento en el 2013.

Obviamente, el incremento es alto para el sector formal de la economía, que no fue consultado y menos incorporado en las negociaciones. Las empresas que pagan impuestos y que sostienen al Estado vienen sufriendo un fuerte acoso impositivo y una carga cada vez mayor de compromisos y responsabilidades, que a la larga terminan por perjudicar a los mismos asalariados, pues de achica la oferta laboral y se deteriora la calidad del trabajo. En otras palabras, estas políticas constituyen una presión para que los emprendedores migren hacia la informalidad, se vuelvan contrabandistas o, lo que es peor, se inclinen por alguna de las actividades ilegales que están en boga en el país  y que generan la sensación de bonanza que tanto proclaman las autoridades.

El incremento es la parte más fácil para el Gobierno, es una salida electoralista y demagógica, pues el esfuerzo que se debería hacer pasa por incrementar la producción que frena la inflación, generar más empleos dignos y aportar para que se genere una cualificación del trabajo.

El aumento a secas es un arma de doble filo, pues si bien mejora el poder adquisitivo de una parte de la población, genera una presión inflacionaria sobre los productos básicos que consumen la porción más grande del salario de los pobres. Este “impuesto” lo pagan en su mayoría quienes no reciben ningún aumento.

En otras palabras, de qué puede servir un buen aumento, si la escasez convierte ese incremento en nada; si el mayor perjudicado es el empresario que opta por despedir parte de sus trabajadores; si la calidad del trabajo no aumenta y lo que crece es la informalidad, sinónimo de precariedad.

La gran ruptura

El divorcio de la COB y el Gobierno del MAS se está consolidando y tiende a ser irreconciliable. Las disputas van más allá de una pelea coyuntural por un aumento salarial y podría tratarse de la ruptura que va a marcar finalmente el verdadero rumbo del “proceso de cambio”, cuyas principales utopías han fracasado rotundamente, sobre todo, la construcción de un sistema socialista-comunitarista en el país, dirigido a un estado de bienestar social concebido como “vivir bien”.

Pese a que el Presidente accedió a la insistencia de los dirigentes de la COB de eliminar el decreto 21060, considerado como el sustento jurídico e ideológico de la vigencia del neoliberalismo en Bolivia, Evo Morales ha vuelto a calificar a la cúpula obrerista como instrumentos de la derecha y de los que defienden la economía de libre mercado en el país.

Con el gasolinazo, Evo Morales le quitó el velo ideológico a su régimen, movida que le salió muy mal porque no sólo perdió credibilidad, sino que también fue la causa de una gran ruptura con aquellos sectores de la sociedad que creían en el proyecto de crear un Estado socialista con una economía planificada, que se apodere de los medios de producción, consolide empresas estatales y por ende, construya un inmenso proletariado con la capacidad de gobernar indefinidamente y reproducir el poder.

Evo Morales no sólo ha destruido esa utopía de los trabajadores, sino que está decidido a aniquilar todo vestigio de formalidad en la economía boliviana y llevar al país a un estado de primitivismo, caos e ilegalidad, bajo el pretexto de la descolonización. Hace poco dijo que los sindicatos fueron un invento del “imperialismo” y desde las más altas esferas gubernamentales insistieron en descalificar al sector de los asalariados como “una minoría”. Después de la “eliminación” del decreto 21060, el Gobierno se ha encargado de aclarar que el libre mercado seguirá vigente para todas las actividades informales (el 70 por ciento de la economía), mientras que las únicas sujetas a control (restricciones y prohibiciones) serán las empresas que pagan impuestos y ocupan asalariados.  El ataque al empresario cementero Samuel Soria Medina tiene que ver con ese paradigma y obviamente, el nuevo auge de la invasión de tierras productivas y la toma de concesiones mineras, ha incrementado la inseguridad jurídica.

Desde el punto de vista político, el régimen ha reactivado sus mecanismos de persecución y de apropiación ilegal del poder, cuya finalidad es propagar el miedo y evitar que más sectores se sumen a las manifestaciones de descontento popular.

Para los que creían que el Gobierno se había debilitado, el sistema se encargará de dejar en claro que su esquema jurídico-militar represivo está intacto y para todos los que estaban convencidos que el MAS había perdido sustento ideológico, la respuesta es este encarrilamiento decidido y definitivo hacia un modelo en el que cada vez cobrarán mayor vigencia los ayllus que protegen al contrabando, los cocaleros que conviven con el narcotráfico y todos aquellos grupos que necesitan que Evo Morales les otorgue la protección necesaria para ejercer libremente sus actividades.

Ante el fracaso del Estado Plurinacional, se fortalece un Estado policiaco dirigido a cobijar a esa gran porción de bolivianos que vive de la ilegalidad. La sociedad boliviana, profundamente individualista, sabrá acomodarse a este nuevo proyecto. Es más, la inventiva de la gente es grande y seguramente florecerán nuevos y variados emprendimientos. En Somalia, por ejemplo, uno de los sectores más prósperos de la economía es el secuestro de barcos, que goza de la promoción y protección estatal.

El gran consenso

Luego de superados los conflictos hasta nuevo aviso, el vicepresidente García Linera hizo pública una larguísima lista de los sectores que supuestamente intentaron derrocar al Gobierno de Evo Morales. En el 2008 se inventaron aquello del “golpe cívico prefectural” que dejó atónitos a los miembros de la ONU cuando el presidente lo denunció en Nueva York. Esta vez, ha dado a entender que se trataba de algo así como un “golpe multitudinario y plurisectorial”, que incluía a la COB, a los mineros y a los empresarios de las minas, a los trotskistas y a los de la derecha, a los revolucionarios y a los reestructuradores, a la Gobernación de Santa Cruz, a los parlamentarios de la oposición, a los maestros, a los trabajadores de salud, a Manfred Reyes Villa y a Mario Cossío. Los únicos que se salvaron, según dijo, fueron los campesinos, gremiales, artesanos, mineros de Corocoro y Huanuni y los transportistas. Si el Vicepresidente tuviera algo de razón, ni él mismo va a negar que se trataría del consenso más grande jamás alcanzado en la historia de Bolivia. ¿No era que iban a gobernar obedeciendo al pueblo?

La perversa lógica de los conflictos

Los egipcios construyeron pirámides con sus excedentes económicos, los romanos, el coliseo y los norteamericanos destinan millonadas para divertirse con Disneyworld. Los bolivianos bloquean caminos, gastan en dinamita y petardos e invierten su tiempo de reuniones de 36 horas que no llegan a nada.

Una suerte de auditoría de los conflictos de los últimos 40 años realizado por el Observatorio de Análisis de Conflictos Sociales (CERES) revela que en Bolivia ha habido por lo menos un bloqueo, una manifestación, un paro o una movilización cada día en estas cuatro décadas, lo que arroja la friolera de 14.600 “eventos” en total.

Alguien debería calcular cuántas horas-hombre consumieron todos estos actos de protesta, cuánta gente se perjudicó, cuántos negocios se perdieron, cuántas inversiones se esfumaron, cuántos turistas le echaron cruces al país, cuántas toneladas de valiosa carga no llegaron a su destino. ¿Y si monetizamos la incidencia de esta negra historia conflictiva? ¿Alguien se atrevería a calcular cuántas carreteras, hospitales y escuelas se hubieran podido construir con el dinero que se tiró a las calles?

Acaba de decretarse un cuarto intermedio en un conflicto que paralizó la sede de Gobierno durante casi dos semanas, con bloqueos y paros que se multiplicaron en todo el país. Los dirigentes han decidido interrumpir las protestas para no arruinar los feriados de Semana Santa y prometen retomar las manifestaciones en los próximos meses, porque consideran insatisfactoria la respuesta del Gobierno. Será apenas una pausa aparente en el conflicto eterno en el que vive Bolivia, cuyo presidente es, precisamente, el hombre que ha causado mayor inestabilidad social en los últimos 20 años, labor que no ha ayudado a superar ninguno de los problemas estructurales del país, salvo claro, la de permitir el ascenso social de una nueva élite que alimenta la economía ilegal y que goza de una “soberana impunidad”. En otras palabras, 40 años de conflictos apenas han servido para beneficiar a un sector (el que comanda el bloqueo), mientras que la población, por la que supuestamente se marcha y se bloquea, se mantiene en las mismas condiciones de pobreza, desnutrición, mortalidad, bajos ingresos, falta de salud y educación.

Para hablar más claro todavía, los conflictos supuestamente sirven para luchar a favor de los más pobres, pero el resultado es totalmente inverso. Eso genera un círculo vicioso que lógicamente no se acabará con un Gobierno presuntamente popular como el de Evo Morales, sino que tiende a acentuarse, sobre todo por la gran inflación de expectativas que no tienen miras de ser satisfechas. La renta proveniente de los recursos naturales tiende a achicarse después de un periodo de bonanza que fue desperdiciado y los comensales, especialmente los que promueven las protestas, son cada vez más numerosos.

Los más desilusionados con el Gobierno de Evo Morales no son los que bloquean, pues ellos están conformes con un régimen que les permite seguir cultivando su experiencia sindical y mantener una vigencia política que resulta vital en esta falsa “democracia participativa”, de “tensiones creativas”, como la denomina el Vicepresidente para disimular la ineptitud del Estado. Los más decepcionados son los que pensaron que dándole su apoyo al mayor líder de los bloqueos del país, al menos se produciría cierta holgura para trabajar, invertir y producir con tranquilidad.

El calendario boliviano

El Gobierno y la COB han llegado a un arreglo a las apuradas que anticipa un rebrote de los conflictos para nuevo aviso. El acuerdo tenía que producirse sí o sí antes de la Semana Santa ya que la población boliviana, fiestera por excelencia, no le perdonaría ni a los dirigentes obreros y menos a las autoridades, que le arruinen el jolgorio. Así es en este país, donde el “calendario conflictivo” es equivalente con el de las fiestas de guardar y aquellas en las que se baila y se empina el codo, que para el caso vienen a ser casi lo mismo, porque en Bolivia se practican las tres “B”: se Baila, se Bebe o se Bloquea. El Gobierno intentó romper con las tradiciones con aquel gasolinazo navideño y ya ven cómo le fue. Tuvo que decretar el “reculazo” una hora antes del Año Nuevo porque de lo contrario, fregar dos fiestas le hubiera costado mucho más caro aún. La pregunta del millón es para cuándo los remezones del conflicto. El primero de mayo está muy cerca y luego vendrán las cosechas. Tal vez para agosto o septiembre, dos meses que suelen ser muy agitados, tanto para el buri, como para las protestas. Así es Bolivia.

¡Se jodió todo Presidente!

El presidente Morales cree que todavía es el caudillo que se coronó como “líder espiritual” de Bolivia en Tiahuanacu, el 22 de enero de 2010. Quiere jugar fútbol cada vez que se le antoja, intenta asistir a los desfiles y trata de ningunear a los bolivianos como lo hizo con los autonomistas, con los pandinos, con los indígenas del oriente, los agropecuarios, los cochabambinos y hasta los propios campesinos del altiplano, a los que alguna vez les pidió que ya no lo molesten porque  le hacían perder el tiempo.

Evo Morales todavía cree que lo quieren tumbar desde afuera. Los medios de comunicación oficialistas siguen hablando de un complot de la Embajada y de Usaid, de las supuestas maniobras de la derecha y los neoliberales. Es tanta la alucinación que le dejaron esos cinco años de borrachera, que ve ultraderechistas en la COB y entre los maestros trotskistas que son gasificados sin piedad en las calles paceñas.

Las encuestas lo ubican en niveles parecidos a los que tenía Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y él todavía está convencido –como lo estaba Goni aquella vez-, que la soberbia es la mejor actitud con la que puede enfrentar los conflictos. Pese a que, a punto estuvo de tener su octubre en pleno abril, el Presidente intentó pasarles el capote a los dirigentes de la COB y éstos le recordaron que Evo Morales se ha vuelto tan “tumbable” como sus antecesores. Aun así, el Primer Mandatario insiste en creer que su Gobierno no tiene fecha de vencimiento y decide irse a Tarija de fiesta, donde las dinamitas y los gases lo hicieron huir, como le sucedió no hace mucho en Oruro, su tierra natal.

Está claro que los remezones del “gasolinazo” no lo han hecho recuperar la conciencia. Ni siquiera el informe de las reservas de gas, que constituyen el sello indiscutible del fracaso de la nacionalización y que nos puede conducir a la quiebra energética, motiva al Gobierno a la reflexión. Como los fuegos de artificio marítimos no surtieron efecto para frenar la caída libre de la popularidad presidencial (lo único que le ha interesado en éstos cinco años), el régimen ha vuelto a hablar de nacionalización, esta vez dirigida a las minas, lo que terminará por sepultar a Bolivia como un verdadero paria en el contexto internacional. El Presidente cree que un nuevo atentado a las inversiones y la propiedad privada puede sacarlo del pozo en el que se encuentra. Es posible que consiga superar apenas un bache mediático, pero podría tratarse de la última medida de esta naturaleza que adopta su régimen, cuyo lamentable legado será la destrucción del aparato productivo del país.