Complicidad en los avasallamientos

A  finales de octubre, cuando existía la necesidad de darle credibilidad al Censo Agropecuario en Santa Cruz a través de una sensación de que las autoridades nacionales se preocupan por el campo y la producción, el Ministerio de Gobierno desalojó en tiempo récord un predio que había sido avasallado por bandas de criminales que reciben protección de altas esferas políticas. El régimen se encargó de publicitar muy bien ese evento y los propietarios de la hacienda publicaron por la prensa (¿obligados?) sendas cartas de agradecimiento, ponderando la labor de una repartición pública que viene recibiendo quejas desde años por cientos de haciendas que se mantienen invadidas y donde se cometen actos de vandalismo, robo y destrucción de la propiedad privada.

A los pocos días de aquel desalojo pacífico y sin contratiempos, grupos de vándalos armados con pistolas y escopetas irrumpieron en una propiedad de 900 hectáreas ubicada en la localidad de Limoncito, donde en realidad se ha producido un avasallamiento colectivo y estratégico, pues se trata de 15 haciendas tomadas con una superficie de 18 mil hectáreas, muchas de las cuales abastecen con maíz a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que busca cómo eliminar el fantasma de la escasez en el país.

Las armas, la gran cantidad de avasalladores, la excelente organización para ocupar todo un grupo de haciendas y la puesta en práctica de nuevas modalidades delictivas, fueron como una señal para el Gobierno y los productores de que este tipo de atentados no se detendrán, como ha sucedido en el Altiplano, donde hay más de un millar de minas tomadas. En Santa Cruz, los delincuentes disfrazados de campesinos pobres sin tierra, se han vuelto selectivos, pues llegan a las propiedades justo en el momento de la cosecha, roban todo y se van a otro lugar. Para evitar que los agricultores se les adelanten, destruyen sus máquinas colocando hierros en los campos, hecho que se ha convertido en un nuevo desincentivo, ya que las empresas que dan el servicio con sus tractores y cosechadoras se están replegando.

En San José de Chiquitos se ha dado tal vez el primer hito en esta lucha por defender la propiedad privada y el derecho al trabajo. Las instituciones civiles, políticas, los pobladores y agrupaciones ligadas a los productores agropecuarios decidieron organizar un cabildo para rechazar los avasallamientos y diseñar un plan de acción para contrarrestarlos ya que, según denuncian, el INRA y otras instituciones gubernamentales son cómplices de las tomas ilegales.

La gota que rebalsó el vaso en la Chiquitania fue la entrega de títulos de propiedad a los avasalladores, pese a que hay productores legales que vienen esperando sus papeles desde hace años, tras haber pasado por dos procesos de saneamiento. El alcalde de San José, Germaín Caballero fue uno de los más indignados pues había sido invitado al acto de entrega de aquellos títulos.

Las autoridades del INRA no han tenido más remedio que reconocer que existen redes de traficantes de tierras en el oriente boliviano, pero el justificativo de su actitud complaciente ha sido de lo más insólita, pues según afirman, no existen leyes para proteger la propiedad privada en el país. Otra vez, un asunto de derecho, de leyes y de garantías constitucionales depende de una decisión política.

Clarito va a ser

En el 2005, cuando Evo Morales ganó la presidencia con el 54 por ciento de los votos, el Gobierno chileno decidió arremeter con una política agresiva para liquidar para siempre el tema marítimo. La premisa era que por fin había llegado a Bolivia un líder con la legitimidad suficiente como para entablar una negociación que llegue a un acuerdo, aunque obviamente, la soberanía sobre el Pacífico nunca estuvo en discusión. Se supo, por boca del propio Evo Morales, que Michelle Bachelet le estaba por hacer un ofrecimiento que iba a ser muy bien camuflado y vendido como si se tratara de un retorno al mar. La infidencia sonó muy mal en Chile y para cuando Sebastián Piñera había tomado el poder, todo aquello, lo del diálogo y la agenda de 13 puntos, fue calificado como un engaño por la diplomacia boliviana. Luego retornaron los reclamos y el planteamiento de una demanda ante la Corte de La Haya. Resulta que Bachelet está de vuelta y retorna con una legitimidad aún mayor al poder. Acaba de ganar con casi un 47 por ciento y la segunda vuelta es un mero trámite burocrático. ¿No es el momento de que Bolivia aproveche a su favor el gran peso de la izquierdista Bachelet? Pero el objetivo chileno es otro y es que el Gobierno retorne al silencio y la complacencia. Clarito va a ser.

El chileno José Miguel Insulza

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es chileno como Condorito y todos hicimos “Plop” cuando se comidió a venir a Bolivia y opinar de dos temas, que supuestamente no tienen nada que ver con sus competencias (así lo dijo). Insulza en realidad vino a rociarle de su “agua bendita” a dos temas muy candentes, el tema de la coca, que ha dejado más dudas que certezas desde que se presentó el dichoso estudio sobre el consumo y también a la segunda postulación a la presidencia de Evo Morales, que ha sido motivo de una denuncia ante la OEA porque en principio, la re-reelección en Bolivia viola la Carta Democrática de la Organización interamericana. Pero como decíamos, Insulza es chileno y es de la misma línea política de Michelle Bachelet, quien prácticamente tiene asegurada la victoria en su país. La futura presidenta tiene todo el viento a favor no sólo para hacer una buena gestión interna, sino también para terminar de posicionar a Chile a nivel internacional como país modelo de democracia y de respeto a las leyes. El único que le puede embromar el pastel es Bolivia, con su reclamo marítimo, que durante los años de la derecha en el vecino país, volvió a subir de tono. En otras palabras, Insulza vino a pedirle a Evo que vuelva a bajar la voz.

El puente de Facebook

Un insólito paso peatonal, que pudo haber quedado como el monumento al absurdo (en una ciudad que tenía su carretón en el aire, un avión en el piso y la cárcel en la calle Libertad), fue quitado por la Alcaldía Municipal, que en ningún momento dejó de justificar aquella burrada y menos aún identificar al genio que la planificó. El ¿puente? Ubicado en la avenida 16 de Julio, entre la Villa Primero de Mayo y el Plan Tres Mil, fue objeto de una avalancha de burlas en las redes sociales, que han vuelto a demostrar su peso a la hora de determinar decisiones públicas. La estructura violaba todas las leyes de la forma y la función que debe cumplir un puente, puesto que sólo era útil en tiempo seco y en lugar de facilitar el paso a través de un canal de drenaje, lo hacía más complicado. De todas formas, el responsable del Municipio de la colocación de ese adefesio y de su retiro, jamás reconoció el error y dijo que lo quitó del lugar simplemente para “evitar las susceptibilidades”. Tradicionalmente la opinión pública formada a través de los medios masivos tradicionales se ha portado indulgente con gobernantes y administrativos de este tipo. Las redes sociales son más despiadadas y suelen indignar a la gente mucho más rápido. Ejemplos de éstos suman y siguen en el mundo.

Ser o no ser, el dilema boliviano

El Gobierno del MAS enfrenta duras contradicciones porque todo lo que hace es político. Las leyes, la economía, el medio ambiente, la salud, la educación no tienen importancia mientras no cumplan primero una función política, es decir si no es que le sirven para acumular poder, única prioridad que vale para los que toman las decisiones.

Uno de los principales dilemas gubernamentales es cómo ser un país cocalero sin convertirse en un “estado narco”. El Gobierno hace todos los esfuerzos para defender la coca, posicionarla a nivel internacional como un elemento cultural, medicinal e incluso alimenticio, pero nadie puede terminar de entender que aquello, que ha disparado en los últimos años los cultivos de la “hoja sagrada” deje de ser un elemento coadyuvante del crecimiento del narcotráfico y de la instalación en el país de peligrosas mafias internacionales que incrementan la violencia.

De tomar una decisión definitiva a favor de la ley, del sentido común y de la protección del país de este peligroso flagelo que amenaza al Estado y la democracia, el Gobierno pondría en riesgo un importante caudal político y a juzgar por las declaraciones de un dirigente cocalero, también un soporte económico. Hasta ahora a la administración Morales le ha resultado relativamente cómodo mantenerse en la nebulosa. No se sabe cuánto tiempo más podría durar esta situación.

El otro aspecto contradictorio del régimen es la producción. Cómo se puede conseguir el pleno abastecimiento, la soberanía alimentaria y el combate a la desnutrición (según la FAO es del 20 por ciento en los niños) si no hay la suficiente seguridad jurídica para los productores, sobre todo para quienes cultivan el 75 por ciento de los alimentos que consume el país. Se lanza el desafío de sembrar más, aumentar la inversión y ampliar la frontera agropecuaria, pero aumentan las restricciones y nadie mueve un dedo para frenar los avasallamientos de tierras y en todo caso, existe la presunción con suficientes evidencias de respaldo, que desde el Gobierno hay mucho más que tolerancia hacia las tomas ilegales. ¿Qué hacer? Nuevamente el oficialismo se arriesga políticamente en caso de inclinarse por la producción, pero al mismo tiempo, lleva al país al peligro de la escalada inflacionaria, como está ocurriendo últimamente, con un 25 por ciento en el rubro alimenticio.

¿Economía o política? Otra vez la encrucijada y la respuesta sigue siendo la misma. El problema es que mantenerse en campaña durante ocho años le ha costado al país más de 90 mil millones de dólares, cifra que recientemente admitió el ministro de Economía. Hace unos años se calculó que Bolivia necesitaba la mitad de ese dinero para superar las Metas del Milenio de la ONU sobre la pobreza, sin embargo apenas nos ufanamos de haber alcanzado unos puntos en la extrema pobreza. ¿Qué se hizo todo ese dinero? Se ha desaprovechado la mejor y tal vez la única oportunidad que tenía el país de alcanzar unos niveles de desarrollo dignos, que nos acerquen por lo menos a los logros de Chile o Perú, por citar dos ejemplos  cercanos.

Por último ¿ley o política? En un país donde más del 70% de la economía se mueve en la informalidad y el Gobierno ha hecho todo lo posible por hacer alianzas políticas con todos los sectores que no pagan impuestos, que se benefician de la debilidad del Estado y que negocian las normas y los principios de autoridad, es prácticamente imposible consolidar el aparato estatal que pretende conformar el MAS. En realidad todas estas contradicciones apuntan a su destrucción.

Por qué nos va mal en los negocios

Ranking del Banco Mundial sobre el ambiente

para hacer negocios 2013 en 189 países del mundo

Es curioso que algunos se molesten cuando se hacen comparaciones entre Bolivia y Afganistán, pero a la hora de medir el ambiente para hacer negocios, ambos países comparten casi las mismas características, según lo indica el más reciente ranking del Banco Mundial “Haciendo negocios 2013”.

La buena noticia es que nuestro país está en el puesto 162 de un total de 189 economías medidas por el organismo internacional y los afganos están en el lugar 164. La mala es que Bolivia está empeorando y en un solo año ha bajado seis puestos.

Es difícil explicar por qué Bolivia está casi en las mismas condiciones que países que sufren guerras, que enfrentan crisis humanitarias desde hace años y tal vez décadas y que han tenido que enfrentar devastadores terremotos y otras catástrofes. Ese es el caso de Haití, de Siria, Níger, Sudán, Libia y paradójicamente Venezuela, que está en el puesto 181.

Un dato aún más llamativo es que países con largos episodios de violencia y convulsiones políticas como Colombia, México, El Salvador están mucho mejor que Bolivia, donde acaba de producirse el récord histórico de continuidad presidencial que acabó no solo con el triste promedio de 2,3 años por mandato, sino también con golpes, asonadas y revueltas, tanto en dictadura como en democracia.

Para llegar a las conclusiones del informe de alrededor de 40 páginas, son consultados por lo menos 10 mil expertos de todas las áreas en los países auscultados y todos ellos coinciden en las palabras como “estabilidad”, “confiabilidad”, “seguridad jurídica”, “protección a la propiedad privada” y “regulación previsible”.

Qué seguridad podemos esperar en un país donde los avasalladores de tierras y de propiedades mineras tienen mejor protección jurídica y política que quienes están facultados por ley para realizar determinada explotación productiva. Después de siete años de peregrinaje y de haber invertido grandes sumas de dinero, los primeros agropecuarios del oriente están recuperando sus tierras, pero no lo hacen porque se haya impuesto la justicia, sino por una razón netamente electoral, lo que hace prever que los avasallamientos pueden seguir y empeorar después de las elecciones del 2014.

Cómo vamos a mejorar en los negocios, si el presidente amenaza con expropiar sin pagar ni un solo centavo.  Qué se puede esperar en un país donde las leyes se aplican con todo el rigor al sector privado y a las empresas estatales se les permite incluso evadir impuestos. Cómo progresar en un ambiente de incertidumbre, con leyes y marcos regulatorios frenados por años y sectores que se mantienen con decretos y resoluciones que amplían las ventajas sin alejarlos de las arenas movedizas.

Por último, qué capitales estables, inversiones productivas y proyecciones de largo plazo se pueden hacer cuando las mayores ventajas las tienen los sectores de la economía formal e ilegal, mientras que cualquier elemento vinculado a las palabras “empresa” o “emprendedor” es sinónimo de delito.

Mientras Bolivia no cambie esas condiciones y establezca normas y regulaciones inspiradas en el desarrollo sostenible, en la productividad y competitividad, no se puede esperar un cambio significativo, algo que lamentablemente repercute en el campo social, porque negocios es sinónimo de trabajo.

'La Quinta' y el Tipnis

Es raro que en la Alcaldía le hayan puesto de nombre “La Quinta” al predio donde pretende construirse una suerte de parque administrativo municipal. Menos mal que no le pusieron “El Canchón”, aunque las connotaciones son prácticamente las mismas. El peor defecto de este conflicto no es que se corten algunos árboles o se violen algunas normas para imponer el capricho de alguna autoridad, sino que este incidente le da el derecho a algunos analistas de comparar “La Quinta”, con el “Tipnis”. Es obvio que hay mucha distancia entre ambos, pero lamentablemente, quienes defendieron a los indígenas y a los territorios avasallados por el Gobierno, pierden el valor moral para seguir hablando y quienes traicionaron por completo sus presuntas virtudes ambientalistas, haciéndose los tontos con la destrucción narcococalera de los parques y reservas forestales, parecen recuperar el discurso y se vuelven a disfrazar de defensores de los árboles y las flores. Conclusión: oficialistas y opositores parecen asumir las mismas posturas, los mismos procedimientos y sus ambigüedades son muy parecidas. En eso el “proceso de cambio” nos cambia a todos.