En las dictaduras los radicales son otros. Pedir democracia, libertad o derecho a la expresión son considerados gestos subversivos que merecen la cárcel o la persecución. Y lo que más llama la atención es que hoy se le ponga ese mismo mote a los que defienden la autonomía, el voto de las mayorías o a los que luchan porque se cumplan las leyes que costaron sangre y dolor a los bolivianos.
El "proceso de cambio" estaba en vías de enriquecerse cuando tuvo la oportunidad de ensamblarse con el proceso autonómico, pero en lugar de abrazarlo como una manera de integrar al país y profundizar la democracia, no hizo más que combatirlo hasta conseguir su completa aniquilación.
El indigenismo, muy malentendido al principio, era el otro postulado fundamental para conseguir la inclusión social en el país y saldar una deuda histórica de la democracia, no solo en Bolivia. Ambos, los indígenas y los autonomistas, son considerados radicales en estos días, incluso por los mismos actores que en el pasado rugieron en las calles y en las plazas, demandando el cumplimiento del mandato autonómico que surgió de un referéndum nacional que más tarde se materializó en varias consultas y en la propia Constitución.
Los "radicales" están perseguidos o encarcelados, por sugerir que no se traicione al pueblo y más bien se busque la manera de avanzar aún en las circunstancias difíciles que viven muchos bolivianos que luchan por la justicia, por el respeto a sus territorios y porque el régimen gobernante cumpla las promesas que le hizo a la población de mayor democracia y bienestar para la población.
En honor a la verdad, el país necesitaba de gente radical, en el buen sentido de la palabra. Solo un cambio extremo en la justicia es capaz de asegurar la paz social en Bolivia, solo un giro de 360 grados en la distribución de los ingresos y en la redistribución del poder, a través del modelo autonómicos, nos permitirá ofrecer mejores respuestas a las necesidades de la ciudadanía; solo el radicalismo en el ataque a los problemas sociales, nos hará salir del pozo histórico en el que se encuentra el país. Esa fue la promesa que hicieron los gestores del proceso de cambio, esa fue la lucha radical que ofrecieron los líderes de la autonomía que hoy lucen con los hombros caídos, resignados a repetir la historia, en tanto que el Gobierno marcha en contracorriente de toda la predicación revolucionaria hizo durante tantos años.
Llamar "radicales" a los que nunca buscaron el enfrentamiento, pero que tampoco han dejado de insistir en los principios por los que luchó más de la mitad del país y que generó verdaderas esperanzas de cambio en Bolivia, es un acto de traición que le está costando muy caro, sobre todo a Santa Cruz, donde se observa un deterioro acelerado del liderazgo que estaba llamado a ejercer esta región a nivel nacional. No se puede llamar radicales a los indígenas, a los autonomistas y a otros sectores de la población, cuando están a la vista las graves consecuencias que ha acarreado para el país el haber descuidado los ideales autonómicos y los valores de la justicia y de libertad. El país está radicalmente envuelto en el narcotráfico, en la corrupción, el atropello y en el peor y más radical centralismo que se hubiera experimentado en la historia nacional.
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