jueves, 31 de julio de 2014

Autos chutos: una dura prueba


Los propietarios de autos 'chutos' le han puesto una prueba muy dura al gobierno del MAS. En el campo suelen decir “pato o gallareta”, para determinar quién es quién. Los chuteros, en su mayoría habitantes del Chapare, por lo que ya conocen perfectamente hasta dónde puede llegar la permisividad del Estado, no solo han conformado un sindicato, sino que prometen derramar sangre para defender sus automóviles y exigir una ley de amnistía como la que permitió legalizar lo ilegal en el 2011 y beneficiar a más de 120 mil propietarios. El Presidente ha dicho que no dará su brazo a torcer, pero los chuteros no le creen y lo invitan a una negociación cara a cara para que les diga por qué no se puede; por qué no es posible “meterle nomás”, como se hace con la ropa usada, con los avasalladores de tierras, con los que toman minas, con los que pasan contrabando en varios puntos del país y con tantos otros para quienes la ley es solo aplicable a los enemigos. Las autoridades dirán que quieren apegarse a la ley y que no pueden permitir privilegios a nadie. Los chuteros pueden perfectamente poner de ejemplo la nueva maniobra en contra del Tribunal Constitucional que busca imponer la ilegalidad, el camino contrario a lo que buscan ellos.

En marcha el proceso de reelección indefinida


El régimen encontró –seguramente la tenía preparada con bastante anticipación-, la chicana perfecta para deshacerse de los elementos más incómodos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero al mismo tiempo de los pocos individuos rescatables del sistema judicial boliviano, aquejado por el cáncer de la extrema politización y el contubernio, padres de la corrupción y la retardación.

Argumentando un error de procedimiento, la Cámara de Diputados, un simple órgano tramitador de quienes digitan las cosas en el Gobierno, suspendió de sus funciones a dos miembros de una de las salas del TCP para someterlos a juicios de responsabilidades, lo que obliga a reemplazarlos por suplentes que han dado sobradas señales de genuflexión con el oficialismo, pues una de ellas fue precisamente la que facilitó el dictamen que le ha permitido al binomio del MAS postularse por tercera vez a las elecciones generales.

El Gobierno acaba de darle un golpe certero al último resquicio de dignidad y de independencia no solo del TCP, sino de la justicia en general, puesto que hasta el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, que frecuentemente ha sido muy crítico con la manera de manipular la justicia, ha reaccionado de manera complaciente con la reciente movida, que despierta muchas sospechas.

Hay que recordar que los tribunos suspendidos pertenecen al grupo de los que cuestionaron el fallo de la tercera postulación presidencial y lo calificaron de contrario al orden constitucional; fueron quienes frenaron la aplicación de la Ley Marco de Autonomías para la defenestración de autoridades opositoras legalmente elegidas por el voto popular y también quienes declararon inconstitucional la figura del desacato que era usada profusamente por el régimen para perseguir a los disidentes.

Es natural que la ciudadanía pueda pensar que el régimen no solo quiere inaugurar un nuevo capítulo de persecución política, sino también allanar el camino para la reforma constitucional que incluya la figura de la reelección indefinida. Esta maniobra, muy similar a la “estrategia envolvente” (“engaño”, para el presidente Morales) a la que se refirió Álvaro García Linera, se ejecuta ahora que el oficialismo dispone de los dos tercios en el Congreso, pues más allá del 12 de octubre tal vez no sea viable una decisión de esta naturaleza.

Obviamente, este es un nuevo golpe a la división de poderes, a la independencia del Órgano Judicial y más que nada a la transparencia de la democracia, pues la principal función del TCP es ejercer el control de las decisiones que toma el gobierno; es la única manera de garantizar la legalidad de las políticas que adopta y principalmente evitar los abusos del poder. Con esta medida, el ciudadano queda totalmente desprotegido de cualquier exceso de los gobernantes y lo deja a merced de quienes buscan consolidar el absolutismo en Bolivia.

La población observa que crece la desinstitucionalización del país y que se agudiza la anomia, un estado de cosas en que las leyes son pasadas por alto, especialmente por quienes tienen el deber de respetarlas y hacerlas cumplir. Es la ley de la selva, donde el más fuerte prevalece.

lunes, 28 de julio de 2014

Atractivos del "Paraíso Boliviano"


Pese a todas las miserias que se cuentan sobre las minas del altiplano, de los socavones que se han tragado los pulmones de millones de obreros, estas suelen ser promocionadas como atractivos turísticos. Los europeos no pueden creer lo que les cuentan y se van a Oruro, a Uyuni y otros lugares de Potosí para observar de cerca esas desdichadas experiencias y ver cómo los mineros pactan con “el tío”, el mismísimo diablo que domina el infierno de esos agujeros.

Los turistas tendrán ahora una razón más para visitar las minas bolivianas, un argumento más tenebroso, bizarro, único e irrepetible en el mundo: Niños de diez años trabajando como topos, con casco, botas, coca y con los rostros curtidos por el frío. Los visitantes no solo quedarán perplejos por ese cuadro surrealista, sino por el nuevo detalle, la cereza en la torta que acaba de ponerle el “proceso de cambio”, autor de una insólita norma que legaliza el trabajo infantil a partir de los diez años.

Esta no es una situación imaginaria y tampoco una propuesta apresurada. Recordemos que no hace mucho saltó a la luz el gran negocio que se había montado en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde promocionaban un circuito turístico para apreciar no solo una realidad cinematográfica del estilo “Expreso de medianoche”, sino también disfrutar de sesiones de degustación de la cocaína más pura que comercializan los internos de ese penal.

Y así como Bolivia se ha vuelto atractiva por el indigenismo, por su presidente tan popular, por el Dakar y otros detalles pintorescos como los edificios de El Alto, también ha comenzado a llamar la atención por ciertos acontecimientos que no se pueden ver en otros lugares. La creación del primer sindicato ilegal, la asociación de propietarios de vehículos indocumentados, que actúa a la luz pública, que propone negociar directamente con el gobierno y que hasta tiene una bancada de parlamentarios en el Congreso que acaba de presentar un nuevo proyecto de ley que intenta doblarle el brazo al presidente Morales, quien ha descartado una nueva amnistía para los denominados “chutos”.

Esta determinación no será nada fácil de mantener para el primer mandatario, pues como se sabe, la mayor parte de los autos chutos se encuentra en el Chapare, la región de mayor producción de coca y cocaína del país. Obviamente, los vehículos, muchos de ellos robados en los países vecinos, son la manera que usan los narcotraficantes de blanquear el dinero de la droga o son simplemente una forma de trueque que usan con las mafias brasileñas, chilenas o argentinas.

El Gobierno acaba de aprobar una resolución que amplía el cupo de comercialización de coca y en el Chapare ha prometido que en el 2015 va a legalizar las plantaciones que hoy están al margen de la ley y que según datos oficiales en más de un 90 por ciento se desvían al narcotráfico. En otras palabras, dentro de muy poco tiempo no solo habrá más coca y más cocaína en el país, sino también más autos chutos, más motocicletas robadas y por supuesto, más asesinatos y más linchamientos como los que están ocurriendo en el Chapare y Santa Cruz.
Los turistas y otros a los que el gobierno llama “emisarios” no tardarán en llegar luego de estas interesantes noticias que les ha dado el Gobierno y que la prensa internacional está reproduciendo con gran asombro, como no deja de hacerlo la revista Veja y la red Récord que acaba de mostrar la ruta de los autos y las motocicletas robados en Brasil que son canjeados por droga en nuestro país.

La trampa de la coca


Produjo cierto entusiasmo en el país el más reciente informe de la ONU –dado a conocer hace un mes-, que reportaba la reducción de los cultivos de coca en el país hasta colocarlos en el nivel más bajo de los últimos once años. El anuncio vino acompañado de un compromiso del Gobierno nacional de mantener el mismo ritmo de reducción de los cocales ilegales, con el objetivo de seguir bajando también la producción de droga.

Ese ánimo se desvanece hoy, después de que el vicepresidente García Linera entrega una resolución que amplía los cupos de comercialización de coca en Los Yungas y promete a los cocaleros del Chapare, que a partir del 2015 se legalizará el régimen del cato de coca en la zona, donde más del 90 por ciento de la producción se desvía a la producción de cocaína. Ambos anuncios realizados en plena época electoral no hacen más que estimular los sembradíos de “la hoja sagrada” y conspirar contra los planes de erradicación en los que está comprometida la cooperación internacional que busca cómo reducir el potencial de Bolivia como principal exportador de droga hacia los crecientes mercados de América del Sur, especialmente Brasil, Chile y Argentina.

Así como los brasileños, los bolivianos deberíamos estar muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico, la penetración de las mafias, la drogadicción y la violencia que todos los días la vemos en Santa Cruz, una ciudad que se ha convertido en el centro de las actividades delictivas resultantes del comercio de cocaína que se genera en el Chapare y las regiones circundantes del noroeste departamental.

Y así como vemos esos problemas tan duros, deberíamos contemplar también la trampa en la que estamos metidos todos los bolivianos por culpa de la coca. Es sobradamente conocido el problema de los autos indocumentados, que según los cálculos oficiales superan los 33 mil en todo el territorio, pero podrían ser muchos más, como ocurrió en el 2011, cuando en las oficinas aduaneras se presentó casi el doble de los vehículos que había previsto el Gobierno en el proceso de amnistía.

No hay duda que la internación ilegal de los llamados “autos chutos” es un negocio vinculado al circuito coca-cocaína, pues los vehículos son un medio de pago, una forma de blanquear negocios ilícitos y por supuesto, una manera que tienen los narcos de aprovisionarse de gasolina, un importante precursor de la fabricación de droga. 

La circulación de los autos ilegales, que está ligado a un auge del negocio de los automóviles provoca un daño grave a la economía boliviana, que cada vez tiene que invertir cantidades crecientes en el subsidio a los carburantes, con el objetivo de mantener los precios congelados. Se calcula que anualmente el Estado gasta casi nueve mil dólares para pagar el combustible de cada vehículo indocumentado, dinero que además podría estar financiando el narcotráfico por el detalle arriba indicado.

El incremento de los subsidios a los combustibles es abismal cada año y aleja la posibilidad de llegar a un punto de racionalidad que permita al país vencer la sequía de inversiones en el área de hidrocarburos, cuyas reservas se encuentran prácticamente estancadas.

Extractivismo: un solo paso


El Gobierno parece haber tomado en serio el debate del extractivismo. No lo hace por convencimiento o por una cuestión de conciencia, sino porque advierte la llegada de un periodo de “vacas flacas”, con caída de precios y de la demanda y de yapa, el inminente cese de pagos de Argentina que dejará al MAS con muchas deudas por cobrar y más promesas por cumplir.

Los líderes políticos abordan el tema con once años de retraso, sí, porque fue en el año 2003 cuando se impuso la necesidad de superar las viejas estructuras coloniales de nuestra economía y sustituirlas por la industrialización de los recursos naturales, con el objetivo de generar empleo y producción sostenibles capaces de darle estabilidad y mejores condiciones de superar la pobreza.

Con la llegada del MAS al poder en el 2005, con la nacionalización y la recuperación del control de la explotación de las principales fuentes de ingresos del país, el “proceso de cambio” tenía la oportunidad de dar por lo menos el primer paso hacia la reducción del extractivismo, pero lamentablemente eso no ha sucedido y por el contrario, la dependencia de los productos primarios se ha incrementado, aumentando al mismo tiempo la fragilidad de nuestra economía.

En lugar de avanzar, lamentablemente el régimen ha dado pasos hacia atrás y lo ha hecho conscientemente ya que un pueblo rentista, es decir, una población que siempre está con la mano extendida esperando su bono, su dádiva o cualquier cosa que caiga del “papá Estado” es la clave de la permanencia en el poder de un sistema como el que nos está gobernando. Por eso es que los fundamentalistas que conducen el país le hicieron la guerra a los mercados de los textiles, han estado combatiendo con toda su fuerza la agroindustria del oriente boliviano y con ese fin han evitado el despegue del proyecto siderúrgico del Mutún, entre otros muchos ejemplos de esa política destinada a la hiperconcentración económica que tiene su correlato en el monopolio del poder. Ambos son claves para el proyecto hegemónico y de perpetuación que tiene el oficialismo.

Al MAS le ha tocado gobernar en el mejor periodo de bonanza económica de la historia del país y en nueve años ha administrado más de 1.300 millones de dólares, dinero suficiente como para dar no solo el primer paso, sino avanzar en la diversificación y la competitividad, como lo han hecho Perú, Brasil y otros que hoy aspiran a convertirse en potencias económicas. Pero lamentablemente ese dinero ha sido criminalmente derrochado en las fantocherías del poder, en elefantes blancos y sobre todo en la maquinaria de reproducción del poder que se traga más de la mitad del presupuesto.

No es como dice el vicepresidente, quien plantea la dicotomía entre explotar o no los recursos naturales. Esa es más o menos como la pregunta que se hizo el presidente Morales cuando afirmó “¿de qué vamos a vivir?”. El debate está en qué hacer con los recursos resultantes y para ello hay muchas experiencias qué imitar, como la de Noruega, uno de los grandes explotadores de hidrocarburos del mundo y que hoy está a la cabeza en el ránking global Desarrollo Humano. El problema es que en lugar de imitar a chilenos (el cobre es la base de su economía), holandeses o suecos (productores de gas y petróleo), Bolivia sigue los pasos de Venezuela, de Nigeria o Libia y los resultados son similares. Necesitamos solo dar un paso, ojalá haya llegado la hora.

"Industria" de sicarios en Santa Cruz

El Ministerio de Gobierno informó con mucho orgullo y lujo de detalles sobre la captura de la ciudadana colombiana, Alicia Vargas, apodada “La Mona”, presunta jefa de una banda de sicarios a quienes se les atribuye varios crímenes, entre ellos el asesinato con 14 disparos de un peruano relacionado con el narcotráfico. La Mona, atrapada junto a cuatro de sus cómplices, tiene contactos con grupos de matones que trabajan a pedido de narcotraficantes. Justamente, el crimen del peruano Ángel Taype Rodríguez, ocurrido el 2 de abril de 2013 se produjo a solicitud de un narco que reclamaba una deuda de 300 mil dólares y el responsable de ejecutar el crimen fue un compatriota de La Mona. El más reciente hecho atribuido a la arrestada es el asesinato de Jaime Abaroma, hallado el 15 de julio en el Urubó con 10 balas en el cuerpo. Abaroma era también un sicario que llegó desde el Beni para un realizar un “encargo” pero dos muchachos al servicio de La Mona se le adelantaron a gestión del que debía ser el blanco del golpe. A pesar de todo este cuadro tal evidente, las autoridades dicen que en Bolivia el narcotráfico está controlado y que no actúan cárteles internacionales. Como dicen en los concursos: “siga participando”.

El «derecho» a soñar

El sueño del marido borrachín es tener una esposa muda, ciega y sorda que no le reclame cuando llega de madrugada con olor a perfume barato; el sueño del estudiante flojo es que su profesor se haga el tonto cuando copia; el sueño del que anda sin brevet y se pasa el semáforo en rojo es que el policía no lo vea o que lo deje tranquilo por 20 pesos; el sueño del trabajador mediocre es que no lo pillen durmiendo en la oficina, pero que no se atrasen con el pago del doble aguinaldo; el sueño del vendedor del mercado es seguir engañando con el peso; el sueño del narco es que pase su avioneta; el sueño del autero es que el Gobierno siga amagando con controlar, con fiscalizar y amenazar, con frenar el contrabando y la ilegalidad. Esa es la Bolivia que debía cambiar y que no cambia. Por eso es que no sorprende que haya políticos en nuestro país que sueñan con gobernar solos, sin parlamentarios de la oposición, sin debate, sin prensa, sin librepensadores.