viernes, 29 de abril de 2011

Los indígenas quieren armas

Mientras que la COB amenaza con reiniciar los conflictos y los jubilados marchan para conseguir un aumento a sus rentas mayor al cinco por ciento, representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) dicen estar preocupados por la delincuencia. Sí, aunque parezca extraño, esos mismos ayllus que se declararon protectores y socios del contrabando en el norte de Potosí, están exigiendo una ley que les permita el uso de armas de fuego para defensa personal, porque según ellos, son víctimas frecuentes de la delincuencia. Los dirigentes Carmelo Titirico y Horacio Yugar, alentados por el diputado Edwin Tupa, jefe de la bancada del MAS, han anunciado la presentación de un proyecto de ley que permita armar a los indígenas. Esta propuesta llega justo una semana después de que el vicepresidente García Linera convocara a los movimientos sociales a movilizarse para defender al Gobierno de Evo Morales, de los “golpistas de la COB”, que según él, se han aliado a la derecha, a los trotskistas y otros grupos para derrocar al “proceso de cambio”. La idea parece ser un indisimulado intento por armas milicias campesinas.

¿Dónde está la plata?

Cinco años después de haberlo prometido, el Gobierno de Evo Morales dice estar preocupado por la industrialización del país y para ello propone el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Hace poco el Presidente sugirió convocar a un referéndum que le permita disponer de unos dos mil millones de dólares que, según él cree, están listos y disponibles en el Banco Central. La idea no duró mucho, porque al parecer, alguien que entiende más de matemáticas en el gabinete, le dijo que semejante propuesta puede acabar en un fiasco.

Antes de hablar de echar mano a las reservas, el Gobierno debería explicar qué es lo que ha hecho con todo el dinero que ingresó a las arcas públicas entre el 2006 y el 2010. Según cálculos basados en los presupuestos ejecutados por el Estado Plurinacional, entre el 2006 y el 2009, el régimen del MAS tuvo en sus manos alrededor de 46 mil millones de dólares, cifra a la que hay que sumarle alrededor de cuatro mil millones de dólares de deuda contraída en este periodo. 50 mil millones de dólares ¿Dónde están? ¿En qué se fueron? Todo este monto, representa en apenas cuatro años, lo que le ingresó al Estado boliviano en los 15 años anteriores. ¿Qué pasó entonces para que hoy, el Gobierno esté peleando con la COB y los jubilados por uno o dos por ciento de aumento salarial? Tenía razón Evo Morales cuando decía que le sobraba la plata ¿Dónde se fue? Justo cuando Evo Morales asumió el poder, los ingresos nacionales se incrementaron notablemente, producto de los excelentes precios internacionales de las materias primas que exporta el país. En el 2005, estos ingresos eran de 40 mil millones de bolivianos y subieron a 107 mil millones en el 2008 y ahora se encuentran en los 105 aproximadamente.

Un aumento del 160 por ciento. Pero como todo Nuevo rico, el Gobierno inició una etapa de derroche pocas veces vista en el país sazonada por un proceso de endeudamiento inadmisible en una etapa de bonanza. La deuda interna subió de dos mil millones en diciembre del 2005, a los 5.600 millones de dólares en enero del 2010, lo que implica un costo financiero que ahora pone en aprietos al Tesoro.

El derroche que se produjo entre el 2006 y el 2009 fue descomunal y eso se puede ver en la erogación de recursos en lo que se denomina “gastos corrientes”, es decir, en el pago de sueldos, salarios y en el mantenimiento del aparato estatal que creció de manera desmesurada.

Estos recursos no se traducen en el incremento de los activos estatales y menos en la reactivación productiva. En el 2005, este gasto representaba alrededor de 22 mil millones de bolivianos y en el 2009 significó casi 68 mil millones de bolivianos, un 300 por ciento e incremento. Sólo en el pago de sueldos, esta cifra trepó de siete mil millones de bolivianos a 15 mil millones en el mismo periodo. En cuanto a servicios no personales (pago de servicios básicos, pasajes, viajes, viáticos, publicidad, consultorías, materiales y suministros), el monto creció de 4.500 millones de bolivianos a los 33 mil millones, con un 700 por ciento de aumento. Existen otros gastos consignados en acápites como “otras aplicaciones financieras”, cuyo destino es desconocido. Este ítem subió de 9.600 millones a los 25 mil millones de bolivianos. ¿Se trata de los nuevos gastos reservados?

Esta es apenas una muestra del manejo que ha hecho el régimen de Evo Morales de recursos que hoy cínicamente reclama para cumplir con un proyecto de industrialización que jamás podría concretarse en manos de una administración tan irresponsable.
 

jueves, 28 de abril de 2011

Quintana ataca de nuevo

El Gobierno intenta otra vez amedrentar a la Iglesia católica. El amo y señor de las fronteras, Juan Ramón Quintana, le ha pedido al INRA hacer un inventario de las tierras que están en manos de los distintos obispados y parroquias en la Chiquitania. En el Gobierno hay numerosos funcionarios que fueron formados en el seno de la Iglesia. Fueron catequistas, agentes de pastoral y ejercieron cargos que les permitieron conocer a fondo el servicio que prestan los obispos, curas y monjas en las áreas rurales. Nadie desconoce que en Guarayos, San José de Chiquitos, San Ignacio y otras poblaciones, la Iglesia administra hospitales, escuelas, comedores, albergues y orfanatos que suplen con muchísima solvencia la ausencia del Estado en los campos de la salud, la educación y el combate a la pobreza.  En el Chaco, por ejemplo, el Vicariato de Cuevo compró miles de hectáreas para entregárselas a los indígenas y en Velasco, las estancias que pertenecen a la diócesis son usadas para financiar las obras sociales. Todo eso lo sabe Quintana, pero de manera malsana y ruin, trata de dañar la imagen de la Iglesia, en represalia por los comentarios de los obispos sobre el avance del narcotráfico en el país.

El fiscal de la vergüenza

El fiscal del “caso terrorismo”, Marcelo Soza, decidió renunciar en la última etapa del deshonroso juicio contra 39 personas, acusadas de varios delitos, entre ellos, iniciar un proceso violento de separatismo en Bolivia. Ha argumentado razones de seguridad para respaldar su decisión, aunque lo más probable es que todo sea producto del descrédito en el que ha caído este proceso judicial por culpa de las torpezas y la manipulación cometidas por este desvergonzado sujeto, fiel exponente de la forma de proceder, la cultura política y los métodos que aplica el Estado Plurinacional en todos los campos de la vida del país. La decisión del Fiscal General del Estado de rechazar la dimisión de Soza, confirma que la confabulación está orquestada por el conjunto de los poderes que controla el oficialismo.

El Gobierno pensó que trasladando el juicio a los tribunales de Cochabamba, luego de haberlo llevado por decreto a La Paz, se disimularían las barbaridades cometidas en este caso, sin embargo, ningún pueblo es tan ciego o tan tonto (aunque así lo crea el Gobierno) como para ignorar todas las atrocidades que ha perpetrado este régimen desde aquel 16 de abril del 2009, cuando se produjo una verdadera carnicería humana en el hotel Las Américas.

En las últimas semanas ha quedado en evidencia frente a todo el país que fue el Gobierno el que armó el “caso terrorismo” para incriminar a toda una clase dirigente regional que se había convertido en un incordio para el “proceso de cambio”, enemigo de la autonomía, intolerante con la oposición y decidido a destruir cualquier atisbo de disidencia democrática. Está por demás demostrado, que los servicios de inteligencia y seguridad del Ministerio de Gobierno formaron parte de la organización de la supuesta célula terrorista comandada por Eduardo Rózsa y que luego los eliminaron, los torturaron, pagaron sobornos, utilizaron testigos falsos, amedrentaron a otros con el fin de implicar a dirigentes cívicos, fabricaron pruebas y hasta llegaron al extremo de violentar por decreto leyes fundamentales de un Estado de Derecho.

No hay duda que para armar toda esta patraña se necesitaba de un personaje novelesco, carente de escrúpulos, de negros antecedentes y sin una sola gota de vergüenza en la cara. El Ministerio de Gobierno le otorgó los recursos, la impunidad y el poder a Marcelo Soza para manipular, amedrentar, hacer y deshacer de las leyes, a vista y paciencia de la Fiscalía General del Estado, que comparte, obviamente, la responsabilidad en este caso, por el solo hecho de permitir que un individuo de semejante conducta, cumpla funciones de supuesto defensor de la sociedad.

Todo tiene un límite. En Cochabamba el fiscal Soza no pudo esconder que carece de pruebas para incriminar a esas 39 personas y que el proceso que lleva adelante es simplemente una pantomima que trata de disimular la artera persecución política que él simplemente instrumentaliza a través de recursos parajudiciales, sin valor ni respaldo jurídico. No es casualidad que Soza  intente alejarse, cuando la imagen del Gobierno de Evo Morales se precipita a pasos acelerados y la población se comporta cada vez menos tolerante con un régimen que miente y engaña para esconder su ineficiencia. A este ritmo, a la administración gubernamental le conviene que el juez de Cochabamba anule el caso terrorismo. Le vendría bien para recuperar algo de la credibilidad perdida. De cualquier forma, retirar al fiscal Soza del escenario público, además de hacerle bien al régimen del MAS, sería una buena noticia para la salud mental de la ciudadanía.

miércoles, 27 de abril de 2011

Circo y MAS circo

Las funciones circenses del Estado Plurinacional ya no alcanzan para mantener distraído al pueblo, así que nada mejor que regalarle un nuevo día feriado que dará como resultado el fin de semana más largo del que tenga memoria el país. Una minivacación, como para terminar de aplastar la tan mentada “revolución productiva” del MAS. El Gobierno ha dispuesto horario continuo para el 29 de abril, porque acaba de inventarse una nueva jornada de “reivindicación marítima” plagada de actos, discursos y arengas que probablemente no conducirán a nada positivo. De esta manera, la población, que tuvo dos días feriados en enero, dos en marzo por Carnaval, otras dos jornadas por la Semana Santa hace unos días, ahora tendrá la oportunidad de empalmar el viernes con el descanso del primero de mayo que ha sido trasladado al lunes. El Gobierno debe tener en cuenta que los inventores del circo fueron los romanos, aunque los césares solían combinar los días de distracción y juerga con la entrega de grandes cantidades de trigo a los sectores más necesitados. De ahí viene lo de “pan y circo”. Al paso que va el Estado Plurinacional la producción irá disminuyendo cada vez más y obviamente, la fórmula “circo y circo” tal vez no funcione.

Periodista asesinado

La muerte del periodista boliviano David Niño de Guzmán ha causado preocupación a nivel internacional, dada las características violentas de este hecho y sobre todo por los negros antecedentes que ha estado acumulando el país en los últimos años, relacionados a ataques contra la libertad de expresión. Resultan obvias las expresiones de suspicacia que han surgido estos días y los enérgicos pedidos para que las autoridades nacionales coadyuven al pronto esclarecimiento.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la organización Reporteros Sin Fronteras, entre otras instituciones, han pedido minuciosidad en las investigaciones policiales y naturalmente, exigen no descartar que el presunto asesinato de Niño de Guzmán responsa a algún tipo de represalia por sus investigaciones sobre los vínculos de la política con el narcotráfico. Demás está decir que el órgano de difusión para que el que trabajaba el comunicador fallecido, es uno de los pocos que conserva la independencia y la objetividad que le resulta incómoda al régimen gobernante, de ahí el fervor de todo el gremio periodístico nacional y de las agrupaciones de medios privados para que la Policía y la Fiscalía actúen conforme a derecho.

Lamentablemente existen muchas razones para desconfiar de las instituciones llamadas por ley para esclarecer este caso. En los últimos cinco años se ha producido la mayor ola de ataques y atentados contra periodistas y medios de comunicación de la que se tenga memoria y muy pocos hechos han sido aclarados. En todo caso, el oficialismo, que controla y manipula el accionar policial y judicial, ha sido parte coadyuvante para que casos como el del atentado a un canal de televisión en Yacuiba y el ataque a balazos contra dos reporteros en Santa Cruz queden impunes. Y estamos hablando sólo de dos de los hechos más graves, pues la lista es inmensa.

Recientemente la Fundación Unir difundió un informe sobre las agresiones a periodistas registradas durante la gestión 2010, que reporta un aumento del número de víctimas, lo que refleja “una persistente actitud de intolerancia con el trabajo informativo y que el periodismo continúa siendo una actividad de riesgo en Bolivia”.

Según el estudio, la Policía es la que más agrede a los comunicadores, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, constantemente incurren en ataques y obstaculización de la labor de los reporteros. De acuerdo a los archivos de Unir, desde el 2007, sólo dos casos de agresiones físicas contra periodistas han sido sancionados, lo que representa apenas el dos por ciento de los hechos denunciados.

En el manifiesto emitido por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en su asamblea semestral realizada a principios de este mes en San Diego, Estados Unidos, coloca por primera vez a Bolivia en una lista de países donde la libertad de expresión está severamente amenazada. Las advertencias se refieren a las agresiones, a la aprobación de leyes restrictivas del ejercicio periodístico y al acoso que ejerce el Gobierno a los medios de comunicación independientes. La SIP todavía hace una diferenciación de la situación boliviana con la de aquellos países como Cuba, México y Colombia, donde además de las fuertes limitaciones a la libertad informativa, frecuentemente se producen asesinatos a manos de grupos oficialistas, narcotraficantes y paramilitares. La muerte de David Niño de Guzmán puede ser la señal de que las cosas se están deteriorando aún más en Bolivia.

martes, 26 de abril de 2011

Viejos discursos


El Presidente ha vuelto a sus viejos discursos indigenistas. Las encuestas ratifican una y otra vez que ya nadie le cree, sobre todo en los centros urbanos y para remediarlo, nada mejor que volver a las comunidades alejadas para machacar con sus viejas historias trilladas y otras recién inventadas. El pasado domingo visitó la localidad potosina de San Pedro de Buena Vista, donde repitió su ya clásico cuento de los indígenas mancos y ciegos. En ese lugar estrenó una nueva teoría sobre los imperios, que viene a sumarse a aquella de que los aymaras lucharon contra los romanos. Esta vez le tocó el turno al imperio inglés, que según el jefazo, intentó eliminar de la faz de la tierra a sus hermanos quechuas, guaraníes y aymaras. También renegó de los nombres españoles de las comunidades y provincias del país y dijo que el sindicalismo también es un invento imperial para acabar con el sistema de organización ancestral de ayllus y marcas. Parece que va en serio la pelea del presidente con las organizaciones sindicales obreras, a las que hoy considera un instrumento de la derecha que pretende derrocarlo.

El museo de las irracionalidades


 El Gobierno del MAS no ha sido el primero en nacionalizar los sectores estratégicos de la economía boliviana. El estatismo es una vieja fórmula en la que han incurrido regímenes de todo color e ideología en el país. Tampoco fue el primero en aplicar ideas socialistas y tratar de adaptar la realidad a las teorías marxistas, a través del control de los medios de producción, la fijación de precios y establecimiento de prohibiciones y cupos de exportación. En lo político, los masistas no inventaron la persecución y tampoco son los iniciadores del proceso de copamiento del Poder Judicial. La corrupción es un viejo cáncer boliviano que también afecta al “proceso de cambio” y en cuanto a (in)capacidad de gestión, posiblemente se encuentren algunos casos peores en la historia boliviana.

Resumiendo, las fórmulas políticas y económicas aplicadas por el MAS son reediciones de viejas recetas fracasadas que explican acabadamente el estancamiento del país en todas sus facetas.  Las taras de este régimen son las mismas que nacieron con la república en 1825 y que se han mantenido porque en Bolivia se han hecho todas las revoluciones, menos una que involucre a los valores.  Y es precisamente en este aspecto en el que podría estar el déficit más grande del Gobierno de Evo Morales. No hay duda que la falta de escrúpulos y la irracionalidad serán las herencias más nefastas que dejará este régimen a las futuras generaciones, las que tendrán por delante un arduo trabajo por recuperar al país de este proceso involutivo.

La colección de irracionalidades cometidas por este Gobierno son dignas de un museo. No por nada el presidente pretende inmortalizarlas a través de una costosa exposición que habría que alentar, así los bolivianos de mañana sabrán que todos esos disparates no forman parte de la mitología, como sucede con los dichos y hechos del legendario Mariano Melgarejo.

De aquí a 50 años costará creer que Bolivia fue descuartizada en 36 naciones diferentes, una de las cuales, la “nación” Pacahurara, está conformada por una sola mujer, Bose Yacu, que deambula por las selvas amazónicas de Pando. Quién va a creer que un gobierno “revolucionario” que surgió para “devolverle” el gas a los bolivianos, fue justamente el que destruyó la industria más importante del país, de la misma forma que lo hizo con la producción de alimentos. Será increíble en el futuro constatar que un régimen supuestamente nacionalista impulsó de manera criminal las importaciones  especialmente de carburantes y de comida, comprometiendo severamente la soberanía en dos aspectos tan importantes. Cómo concebir una guerra tan despiadada y suicida contra empresarios privados nacionales, los únicos que siguen invirtiendo en el territorio nacional, pese a la inseguridad jurídica que hizo escapar hace mucho a los capitales extranjeros.

Sin la ayuda de un museo, será imposible imaginarse a un sujeto como el fiscal Marcelo Soza, un legislador como Isaac Ávalos, un tipo como Juan Ramón Quintana o un ministro como Luis Arce Catacora, que para tapar su torpeza le inventa virtudes a la inflación. Cómo digerir un avión de 38 millones de dólares y un satélite de 300 millones de dólares en un país que figura con números rojos en el mapa del hambre.

Quién va a explicar semejante explosión del narcotráfico. Cómo entender que Bolivia atraviese por serios problemas económicos en un periodo de bonanza inédito en su historia.

lunes, 25 de abril de 2011

Piezas de museo


Es curioso que el presidente Morales se ponga a hablar de hacerle un museo a su Gobierno, cuando le faltan cuatro años para terminar su segundo mandato, que no sería el último, de acuerdo a sus intenciones, aunque a juzgar por las encuestas, eso está más difícil que hacer gárgaras boca abajo. El hecho es que el jefazo ya lo anunció y para ello se destinarán nada menos que tres millones de dólares. El Presidente tiene que aceptar que visitar museos suele ser aburrido, así que lo mejor es pensar en cosas originales, novedosas y en lo posible con efectos especiales, para atraer a la juventud internauta. Por ejemplo, uno de los rincones debe estar destinado al famoso rodillazo a los cojones que le dio a un jugador rival, con videos, repetición y trucos de sonido. Serviría para ejemplificar el modelo político y judicial de su régimen. Más allá podría estar una sala audiovisual con su famoso discurso de los pollos, matizado con ejemplos y demostraciones científicas de lo que le ocurre a un hombre cuando come mucho pollo hormoneado. Alguno de sus colaboradores podría resumir esta lección. Finalmente, nadie debe descuidar el salón del “cambio”, que con el paso del tiempo terminará llamándose metamorfosis. Naturalmente ese sector tiene que resumir el paso de la nacionalización al gasolinazo.

domingo, 24 de abril de 2011

¿Y después del 21060 qué?

 
La pregunta parece ociosa ya que, según el Gobierno, del famoso decreto 21060 ya no queda ni la cáscara y lo único que harán el próximo primero de mayo será organizarle un entierro digno en el que, seguramente, nadie se atreverá a pronunciar un discurso de agradecimiento por los servicios prestados al país.

También es absurdo preguntarse por lo que se viene después de las exequias del 21060. Sólo hay que mirar lo que ha estado sucediendo los últimos cinco años para darnos cuenta qué nos espera a los bolivianos.

Curiosamente, los que más pidieron la derogatoria del famoso decreto neoliberal fueron los mismos dirigentes mineros pertenecientes a la COB que ahora se oponen a la nacionalización de las cuatro minas que había anunciado el Gobierno en pleno conflicto. Esos trabajadores hacen bien, pues primero que nada está su fuente de trabajo, amenazada de muerte si es que el Estado Plurinacional decide ponerle la mano encima a esas empresas que explotan metales, cuyos precios están batiendo récords todos los días en el mercado internacional.

¿Qué va a reemplazar al decreto 21060? ¿Cuál será la gran alternativa? ¿Adefesios como Emapa?  ¿El control de precios y la prohibición de exportaciones que han ocasionado escasez de alimentos en un país donde siempre se habían producido excedentes para vender en el exterior?

¿Qué van a inventarse los grandes genios del Gobierno? ¿Convertirán en un paradigma lo que acaba de afirmar el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien asegura que la inflación es buena para combatir el contrabando? Una vez un dictador inventó la fórmula para acabar con la pobreza. Brigadas de la muerte salían todas las noches a exterminar mendigos. Habría que probar señor ministro, todo es cuestión de creatividad.

El decreto 21060 surgió como una medida de emergencia ante circunstancias muy difíciles que vivía el país. Cuba lo está haciendo en este momento con el despido de miles de empleados públicos y la liberalización de numerosas actividades económicas que ahora van a ser atendidas por privados. Tenía razón Fidel, el viejo modelo ya no les sirve ni a ellos y menos a Bolivia, donde al finalizar el año pasado se dieron cuenta del desastre al que han estado conduciendo al país e intentaron cambiar el rumbo. De nada sirvió, el iceberg ya se les había venido encima y ahora van a tener que pagar las consecuencias. Hasta eso, todo el Gabinete ya había cambiado el discurso. Comenzaron a hablar de precios internacionales y de la necesidad de respetarlos para generar inversiones. Neoliberalismo puro.

En teoría, lo que debería hacer el Gobierno a partir del 2 de mayo es eliminar el mercado, sustentado de manera elemental en el decreto 21060. Pese a que ya hemos tenido suficientes muestras de lo que es capaz de hacer este dizque socialismo a la boliviana que practica el MAS, lo que falta del 2011 podría convertirse en un excelente laboratorio para poner a prueba las medidas que se aplicarán para reemplazar al decreto 21060, que sacó al país de la mayor hiperinflación nunca vista en Bolivia. ¿Servirán al menos para conseguir la soberanía alimentaria y evitar que la inflación se dispare otra vez? Los hechos ya demostraron que no y hasta el Presidente lo ha reconocido. ¿No sería mejor organizar dos entierros o al menos cambiar de muerto?.

sábado, 23 de abril de 2011

‘Justicia’ desquiciada


La condecoración otorgada por el Ministerio de Gobierno a los policías que perpetraron una carnicería humana el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, fue un mensaje muy claro emitido por el régimen al juez cochabambino Rolando Sarmiento, que anda poniéndose algo tozudo con el fiscal Marcelo Soza, quien se niega a presentar las pruebas contra 39 personas acusadas nada menos que de terrorismo, alzamiento armado, intento de magnicidio y separatismo. Y por si el recado no le quedó suficientemente claro, el Vicepresidente le ha dicho al mismo magistrado que espera la mayor de las sanciones contra los imputados, la gran mayoría dirigentes del oriente boliviano que impulsaron el proceso autonómico.

El fiscal Soza hizo el ridículo la semana pasada cuando afirmó ante el juzgado noveno de Cochabamba  que no podía presentar las armas y los explosivos que supuestamente les fueron incautados a los acusados, porque habían sido destruidos a pedido del Cuerpo de Bomberos. Ante una nueva exhortación del juez, que necesita de un respaldo para basar su dictamen en la audiencia conclusiva, García Linera le dijo en otras palabras que se deje de tanta burocracia, que en realidad la sentencia ha sido dictada ya por el Órgano Ejecutivo y que la justicia sólo tiene que acatarla.

Consultado sobre la insólita conducta del fiscal Soza, su jefe, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, trató de evadirse en un principio, argumentando que el caso es muy delicado y que él simplemente se limita a seguirlo por los medios de comunicación. Ante tanta insistencia, reconoció que la destrucción de pruebas de la que habla el acusador es una aberración ya que no figura en el Código de Procedimiento Penal y que en última instancia lo que debió hacer es comunicar a las partes y por supuesto al juez que lleva adelante el proceso.

¿Servirá de algo esto para detener semejante abuso e irracionalidad contra personas que llevan detenidas y perseguidas desde hace dos años? Es probable que no y lamentablemente los antecedentes no ayudan a visualizar un desenlace conforme a derecho. Este caso fue llevado a La Paz mediante un decreto que pasó por encima de leyes y procedimientos jurídicos elementales.

La tipificación del delito ha sido cambiada en varias ocasiones, por un simple capricho del Gobierno, cada vez que se le fueron derrumbando sus propios

argumentos, fabricados para destruir a la oposición regional, cuya base más sólida estaba en Santa Cruz. Se han cometido abusos, hechos de tortura, se han ignorado evidencias que implicaban a agentes del Gobierno y se ha producido tal manipulación de las pruebas que sería imposible a estas alturas, fundamentar una acusación que soporte una simple auditoría jurídica.

El mensaje del Ministerio de Gobierno y las sugerencias con tono de amenaza que lanza el Vicepresidente contra el juez, además de todos los antecedentes, por supuesto, convierten a este juicio en un caso de hecho y no de derecho.
Las leyes y los procedimientos importan poco y  nada y menos las pruebas, así se tenga que dar una explicación tan grotesca como la del fiscal Soza. Se trata del mayor derroche de irracionalidad de este régimen, que convierten a Bolivia en un Estado forajido y por lo tanto proscrito de las normas internacionales y de la democracia.

21060 a la cubana

El secretario de Hacienda del Gobierno departamental de Santa Cruz, José Luis Parada, comentaba hace unos días en una entrevista radial sobre la inminente derogación del Decreto 21060, que equivale literalmente a eliminar el mercado en Bolivia. Decía que es curioso cómo Bolivia está tomando una medida exactamente inversa a lo que están haciendo en Cuba, donde, poco a poco están creando su propio 21060, sin Goni y sin Víctor Paz Estenssoro, pero con las mismas premisas, porque desde hace mucho, los cubanos se están muriendo de hambre. Parada enumeraba las decisiones que ha adoptado el régimen “comunista” de La Habana, es decir el despido de decenas de miles de funcionarios gubernamentales (relocalización), a quienes les ha dado la opción de trabajar en un abanico muy grande de actividades por cuenta propia (flexibilización laboral y liberalización de la economía). Desde hace tiempo, el turismo, la industria estratégica de Cuba es manejada por consorcios canadienses y españoles (privatización), lo que le ha permitido a esta actividad crecer de manera sostenida en la última década. En Bolivia tal vez tengamos que esperar cincuenta años para decir como Fidel Castro: “este modelo no nos sirve ni a nosotros”.

Ser narco en la era plurinacional

Ser narco en tiempos plurinacionales tiene sus ventajas. Cómo hubieran querido los Roberto Suárez, los “Meco” Domínguez y los “Oso” Chavarría de aquel entonces, gozar del privilegio de convertirse en los yatiris oficiales del régimen y tener la prerrogativa de coronar al líder espiritual de los pueblos de Bolivia. Cómo no desear tener parientes que entran al Palacio Quemado como si nada, a los que además se les otorgó la responsabilidad de redactar la Constitución. Por lo menos
alcaldes de algún pequeño municipio hubieran querido ser, con la ventaja de retomar su cargo después de haber sido hallados con las manos en la “merca”. O en el peor de los casos asesor del Senado, como ese Freddy Terceros Cortez, pillado con 3,4 kilos de cocaína y con una carta de recomendación del mandamás de entonces, Santos Ramírez. Se sabe que el narcoasesor apenas pasó seis meses preso  y fue liberado gracias al pago de una “michi” fianza. La Policía de Chile ahora lo busca. El tipo se convirtió en un pez gordo.

jueves, 21 de abril de 2011

El gran consenso

Luego de superados los conflictos hasta nuevo aviso, el vicepresidente García Linera hizo pública una larguísima lista de los sectores que supuestamente intentaron derrocar al Gobierno de Evo Morales. En el 2008 se inventaron aquello del “golpe cívico prefectural” que dejó atónitos a los miembros de la ONU cuando el presidente lo denunció en Nueva York. Esta vez, ha dado a entender que se trataba de algo así como un “golpe multitudinario y plurisectorial”, que incluía a la COB, a los mineros y a los empresarios de las minas, a los trotskistas y a los de la derecha, a los revolucionarios y a los reestructuradores, a la Gobernación de Santa Cruz, a los parlamentarios de la oposición, a los maestros, a los trabajadores de salud, a Manfred Reyes Villa y a Mario Cossío. Los únicos que se salvaron, según dijo, fueron los campesinos, gremiales, artesanos, mineros de Corocoro y Huanuni y los transportistas. Si el Vicepresidente tuviera algo de razón, ni él mismo va a negar que se trataría del consenso más grande jamás alcanzado en la historia de Bolivia. ¿No era que iban a gobernar obedeciendo al pueblo?

La perversa lógica de los conflictos

Los egipcios construyeron pirámides con sus excedentes económicos, los romanos, el coliseo y los norteamericanos destinan millonadas para divertirse con Disneyworld. Los bolivianos bloquean caminos, gastan en dinamita y petardos e invierten su tiempo de reuniones de 36 horas que no llegan a nada.

Una suerte de auditoría de los conflictos de los últimos 40 años realizado por el Observatorio de Análisis de Conflictos Sociales (CERES) revela que en Bolivia ha habido por lo menos un bloqueo, una manifestación, un paro o una movilización cada día en estas cuatro décadas, lo que arroja la friolera de 14.600 “eventos” en total.

Alguien debería calcular cuántas horas-hombre consumieron todos estos actos de protesta, cuánta gente se perjudicó, cuántos negocios se perdieron, cuántas inversiones se esfumaron, cuántos turistas le echaron cruces al país, cuántas toneladas de valiosa carga no llegaron a su destino. ¿Y si monetizamos la incidencia de esta negra historia conflictiva? ¿Alguien se atrevería a calcular cuántas carreteras, hospitales y escuelas se hubieran podido construir con el dinero que se tiró a las calles?

Acaba de decretarse un cuarto intermedio en un conflicto que paralizó la sede de Gobierno durante casi dos semanas, con bloqueos y paros que se multiplicaron en todo el país. Los dirigentes han decidido interrumpir las protestas para no arruinar los feriados de Semana Santa y prometen retomar las manifestaciones en los próximos meses, porque consideran insatisfactoria la respuesta del Gobierno. Será apenas una pausa aparente en el conflicto eterno en el que vive Bolivia, cuyo presidente es, precisamente, el hombre que ha causado mayor inestabilidad social en los últimos 20 años, labor que no ha ayudado a superar ninguno de los problemas estructurales del país, salvo claro, la de permitir el ascenso social de una nueva élite que alimenta la economía ilegal y que goza de una “soberana impunidad”. En otras palabras, 40 años de conflictos apenas han servido para beneficiar a un sector (el que comanda el bloqueo), mientras que la población, por la que supuestamente se marcha y se bloquea, se mantiene en las mismas condiciones de pobreza, desnutrición, mortalidad, bajos ingresos, falta de salud y educación.

Para hablar más claro todavía, los conflictos supuestamente sirven para luchar a favor de los más pobres, pero el resultado es totalmente inverso. Eso genera un círculo vicioso que lógicamente no se acabará con un Gobierno presuntamente popular como el de Evo Morales, sino que tiende a acentuarse, sobre todo por la gran inflación de expectativas que no tienen miras de ser satisfechas. La renta proveniente de los recursos naturales tiende a achicarse después de un periodo de bonanza que fue desperdiciado y los comensales, especialmente los que promueven las protestas, son cada vez más numerosos.

Los más desilusionados con el Gobierno de Evo Morales no son los que bloquean, pues ellos están conformes con un régimen que les permite seguir cultivando su experiencia sindical y mantener una vigencia política que resulta vital en esta falsa “democracia participativa”, de “tensiones creativas”, como la denomina el Vicepresidente para disimular la ineptitud del Estado. Los más decepcionados son los que pensaron que dándole su apoyo al mayor líder de los bloqueos del país, al menos se produciría cierta holgura para trabajar, invertir y producir con tranquilidad.

miércoles, 20 de abril de 2011

La Iglesia en la Bolivia de hoy

Los obispos de Bolivia han empezado con una cita bíblica la última carta pastoral dirigida al país con la que tratan de expresar el compromiso que siempre ha mantenido la Iglesia Católica, sin importar las circunstancias difíciles que les ha tocado vivir a sus miembros como consecuencia de aquello. “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos”, dice el documento presentado la semana pasada, que bajo el título de “Los Católicos en la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y compromiso”, insiste en llamar la atención del Gobierno sobre el peligroso avance del narcotráfico, la crisis alimentaria, las oscuras señales de injusticia, el deterioro de la estructura económica y las deficiencias en la gestión gubernamental.

Pese a que el documento de los obispos no ha tenido la repercusión pública que se merece, debido a los graves problemas sociales, los más memoriosos consideran que los alcances y sobre todo, la fuerza del mensaje expresado en la actual coyuntura política, es comparable al que brindaron los obispos en la paradigmática carta pastoral “Dignidad y Libertad”, lanzada a principio de los años 80, durante la breve pero cruenta dictadura de Luis García Meza.

Entre 1980 y 1982, las plantaciones de coca alcanzaron las 60 mil
hectáreas y permitieron que Bolivia se convierta en un “narco-estado”. Decenas de personas fueron encarceladas, perseguidas y otras asesinadas por motivos políticos. En ese periodo se produjo un brutal acecho contra los medios de comunicación y la libertad de expresión. El disenso era reprimido sin piedad y desde el Ministerio del Interior recomendaban “andar con el testamento bajo el brazo” a aquellos que intenten levantar cabeza. En ese contexto, los obispos condenaron los atropellos que se cometían contra el pueblo y en todo momento la Iglesia se ofreció para impulsar el diálogo y evitar los enfrentamientos. En su carta pastoral, la Conferencia Episcopal dijo que “no se puede aprobar la violencia empleada para interrumpir un proceso constitucional” y más adelante, advirtió que pese a las amenazas, la Iglesia no cesaría en denunciar a la dictadura.

De la misma manera que lo habían hecho durante dictaduras anteriores, los templos católicos  y los conventos dieron refugio a hombres y mujeres perseguidos por motivos ideológicos y políticos. Numerosos sacerdotes fueron fichados y apresados porque se atrevieron a leer y comentar la carta pastoral. Otros terminaron torturados y muertos, como sucedió con el cura jesuita Luis Espinal, cuya figura, paradójicamente, es destacada por los miembros del actual proceso político que hoy comete los mismos excesos.

Pasada la dictadura, la Iglesia ha sido persistente en denunciar los desajustes económicos y sociales que la democracia no alcanzó a atender. Fue una de las primeras en denunciar el grave problema que se escondía detrás de la tenencia de la tierra, ha llamado la atención sobre los conflictos que se avecinan si no se soluciona el acceso al agua potable y por supuesto, ha sido incansable en reclamar una verdadera política de lucha contra la pobreza y la inequidad.

La última carta pastoral abarca todas las dimensiones de la realidad sobre las cuales reflexiona y también hace advertencias, a la luz de valores y principios éticos y humanos, a la espera de que puedan ser tomadas en cuenta. En reiteradas ocasiones, el régimen del MAS les ha dicho a los obispos que se callen y que se limiten a repartir hostias y a rezar el rosario. Resulta obvio que no lo van a hacer y menos en las actuales circunstancias.

El calendario boliviano

El Gobierno y la COB han llegado a un arreglo a las apuradas que anticipa un rebrote de los conflictos para nuevo aviso. El acuerdo tenía que producirse sí o sí antes de la Semana Santa ya que la población boliviana, fiestera por excelencia, no le perdonaría ni a los dirigentes obreros y menos a las autoridades, que le arruinen el jolgorio. Así es en este país, donde el “calendario conflictivo” es equivalente con el de las fiestas de guardar y aquellas en las que se baila y se empina el codo, que para el caso vienen a ser casi lo mismo, porque en Bolivia se practican las tres “B”: se Baila, se Bebe o se Bloquea. El Gobierno intentó romper con las tradiciones con aquel gasolinazo navideño y ya ven cómo le fue. Tuvo que decretar el “reculazo” una hora antes del Año Nuevo porque de lo contrario, fregar dos fiestas le hubiera costado mucho más caro aún. La pregunta del millón es para cuándo los remezones del conflicto. El primero de mayo está muy cerca y luego vendrán las cosechas. Tal vez para agosto o septiembre, dos meses que suelen ser muy agitados, tanto para el buri, como para las protestas. Así es Bolivia.

martes, 19 de abril de 2011

Más coca y más cocaleros

Al presidente Morales no le ha debido caer tan mal la propuesta de sus compañeros del trópico cochabambino, aunque de boca para afuera, él dice estar preocupado por el aumento de los sembradíos de coca ilegales, cuya producción se destina al narcotráfico. Los cocaleros de la zona de San Gabriel le han pedido dos catos en vez de uno y que también se incremente el número de afiliados a las federaciones que agrupan a los cultivadores del Chapare. Seguramente el jefazo se relame por decirles que sí, especialmente cuando se trata del reclutamiento de más compañeros, sobre todo después de que sus aliados trabajadores y de otros sectores sociales le están resultando muy protestones y bloqueadores. Amalaya todos sean cocaleros en el país.

No protestan, no se quejan, no bloquean. Todos tranquilitos. Les está yendo demasiado bien y eso no deja de quitarle el sueño al presidente, quien les ha pedido respetar nomás el cato, de una extensión de 40 metros por 40. Además de que le hacen mala fama, el narcotráfico está generando demasiado circulante en el país y eso genera inflación.

Tanta plata y tan poco en qué invertir, obliga al Gobierno a hacer compras estrafalarias como un satélite y gastar en viajes. Así la inflación se va a la China.

El fantasma de la inflación

El Gobierno ha estado cruzando los dedos para que la zafra cañera resulte mejor de lo esperado y hasta se adelantó a anunciar que este año habrá suficiente azúcar para abastecer el mercado interno. Desde los ingenios acaban de informar que la molienda se retrasará casi un mes porque la sequía ha afectado severamente a los cañaverales y es casi seguro que se repita la historia de escasez, largas filas e importación de azúcar vía aérea. Inmediatamente, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, anunció que durante el 2011 se mantendrá el veto a las exportaciones, pese a que el presidente Morales había prometido lo contrario.

Con el maíz, un producto clave del que dependen los precios de muchos comestibles como el pollo y la carne de res, la situación podría resultar peor todavía. De acuerdo a los cálculos, el déficit en la producción de maíz podría superar las 250 mil toneladas, cifra que si bien es inferior a la que se registró el año pasado, no alcanzará para frenar la escalada inflacionaria de esta cadena alimenticia, cuyo indicador más claro es el quintal de maíz que no baja de los cien bolivianos y que ha colocado el kilo de pollo a 18, más del doble de lo que se pagaba hace un año.

Cientos de funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), están recorriendo los campos de cultivo de Santa Cruz para hacer compras masivas de todo lo que puedan acopiar. Prometen precios superiores a los del mercado aunque los productores desconfían, pues el pago es a largo plazo y los descuentos les dejan la sensación de que todo es un “cuento del tío”. Más o menos como la promesa de convertir a Emapa en una institución promotora de la expansión agrícola o como aquellos créditos con cero intereses de los que habló el presidente Morales.

El Gobierno tal vez pensó que con algunas arengas y más promesas incumplidas se iba a cambiar la historia de la producción de alimentos en el país, atacada sin piedad durante los cinco últimos años por una política suicida. Los resultados de semejante acto de barbarie económica, se han registrado en febrero de 2011, con la mayor caída de las exportaciones no tradicionales (soya y derivados principalmente) de los últimos cuatro años, lo que equivale a 60 millones de dólares menos que el 2010 y 92 millones por debajo del 2008.

Lo que ocurre ahora con el gran temor del Gobierno a incrementar los salarios más allá del 10 por ciento, responde al hecho de haberle visto la cara al monstruo que él mismo engendró. Los precios de los alimentos en Bolivia han subido un 18,5 por ciento en los últimos doce meses y obviamente, las consecuencias podrían ser aún más nefastas con un aumento salarial que naturalmente producirá un incremento de la demanda. Lo más triste de todo es que ni siquiera hay suficiente comida en el país para abastecer los requerimientos actuales.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acaba de afirmar que la inflación es buena para frenar el contrabando, insólita declaración que deja bien claro cuál es el fantasma al que le teme el Gobierno. No se trata de las manifestaciones de la COB ni los bloqueos, pues de eso sabe mucho este régimen, que ha demostrado suficiente talento para reprimir y abalanzarse contra las barricadas de los trabajadores.

Ojalá que las virtudes de la inflación de las que habla el ministro tengan eco en la población, de lo contrario, la gente comenzará a preocuparse por lo que ya vaticinó el vicepresidente García Linera, es decir el fantasmagórico periodo de la UDP.

lunes, 18 de abril de 2011

Héroes de una matanza


La Policía no debería prestarse al juego del Gobierno en el caso Rózsa, pues podría tratarse de una trampa. El Ministerio que conduce Sacha Llorentty acaba de condecorar como héroes a los miembros de la UTARC, la unidad que participó en la masacre del hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, en la que murieron ejecutados tres ciudadanos europeos. El régimen de Evo Morales busca cómo sumar actores a este show perpetrado por los servicios de inteligencia gubernamentales, que hasta ahora no ha hecho más que sembrar dudas y sumar sospechosos dentro del mismo Estado Plurinacional, comenzando por el presidente Morales, quien admitió públicamente que fue él quien dio la orden de tirar a matar aquella fatídica madrugada. El juicio que se ventila en Cochabamba no es más que una pantomima en la que el bufón número uno, el fiscal Marcel Soza, está haciendo el ridículo con pruebas inventadas un sinfín de evidencias ignoradas a propósito, para tratar de esconder el papel que cumplieron sujetos como Clavijo y Nuñez del Prado, funcionarios del Ministerio de Gobierno. El verdadero proceso judicial en torno a este caso se llevará a cabo algún día pero será en estrados judiciales internacionales. A la Policía le conviene aclarar las cosas antes de aceptar presentes griegos como el que le acaban de otorgar.

domingo, 17 de abril de 2011

El 21060 ha muerto…

Habría que preguntarse quién vive ahora después de que se produzcan las exequias del famoso decreto 21060 anunciadas para el primero de mayo. ¿El socialismo del Siglo XXI? Sonaría poco creíble que el Gobierno se atreva a seguir enarbolando las banderas socialistas, después de haber defendido los precios internacionales para justificar el “gasolinazo”.

Nadie le va a creer luego de hablar de “déficit fiscal”, “exigencias irresponsables de la COB” y otros tópicos que formaban parte del léxico obligado de un tal Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Vivir bien? Tal vez ésta podría ser la premisa que reemplace a los preceptos ultraneoliberales que están detrás del 21060, aunque habría que hacerle algunos retoques y cambiarlo por “La buena vida”, que hace referencia a una parte del país que goza de los beneficios de la economía ilegal que tanto ha promovido “el cambio”. Ah, y ya que mencionan esta palabrita, había que archivarla, pues últimamente es usada por los marchistas, acompañada de un “apellido” nada honorable que comienzan con la letra “m”. De cualquier forma, que a nadie se le ocurra sugerir la cremación del 21060. No vaya a ser que muy pronto alguien quiera resucitarlo. Esa historia ya se dio en 1985.

¡Se jodió todo Presidente!

El presidente Morales cree que todavía es el caudillo que se coronó como “líder espiritual” de Bolivia en Tiahuanacu, el 22 de enero de 2010. Quiere jugar fútbol cada vez que se le antoja, intenta asistir a los desfiles y trata de ningunear a los bolivianos como lo hizo con los autonomistas, con los pandinos, con los indígenas del oriente, los agropecuarios, los cochabambinos y hasta los propios campesinos del altiplano, a los que alguna vez les pidió que ya no lo molesten porque  le hacían perder el tiempo.

Evo Morales todavía cree que lo quieren tumbar desde afuera. Los medios de comunicación oficialistas siguen hablando de un complot de la Embajada y de Usaid, de las supuestas maniobras de la derecha y los neoliberales. Es tanta la alucinación que le dejaron esos cinco años de borrachera, que ve ultraderechistas en la COB y entre los maestros trotskistas que son gasificados sin piedad en las calles paceñas.

Las encuestas lo ubican en niveles parecidos a los que tenía Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y él todavía está convencido –como lo estaba Goni aquella vez-, que la soberbia es la mejor actitud con la que puede enfrentar los conflictos. Pese a que, a punto estuvo de tener su octubre en pleno abril, el Presidente intentó pasarles el capote a los dirigentes de la COB y éstos le recordaron que Evo Morales se ha vuelto tan “tumbable” como sus antecesores. Aun así, el Primer Mandatario insiste en creer que su Gobierno no tiene fecha de vencimiento y decide irse a Tarija de fiesta, donde las dinamitas y los gases lo hicieron huir, como le sucedió no hace mucho en Oruro, su tierra natal.

Está claro que los remezones del “gasolinazo” no lo han hecho recuperar la conciencia. Ni siquiera el informe de las reservas de gas, que constituyen el sello indiscutible del fracaso de la nacionalización y que nos puede conducir a la quiebra energética, motiva al Gobierno a la reflexión. Como los fuegos de artificio marítimos no surtieron efecto para frenar la caída libre de la popularidad presidencial (lo único que le ha interesado en éstos cinco años), el régimen ha vuelto a hablar de nacionalización, esta vez dirigida a las minas, lo que terminará por sepultar a Bolivia como un verdadero paria en el contexto internacional. El Presidente cree que un nuevo atentado a las inversiones y la propiedad privada puede sacarlo del pozo en el que se encuentra. Es posible que consiga superar apenas un bache mediático, pero podría tratarse de la última medida de esta naturaleza que adopta su régimen, cuyo lamentable legado será la destrucción del aparato productivo del país.

sábado, 16 de abril de 2011

Otro "yucazo" de Luchito

El “Superman” de los ministros, el nunca bien ponderado Luis Arce Catacora, acaba de hallarle un gran beneficio a la inflación. Además claro, de que hace enflaquecer como la mejor de las dietas, el ministro de las yucas, afirma que la escalada de los precios de los alimentos es muy útil para reducir el contrabando. Dice que al haber subido el azúcar de cuatro a ocho bolivianos, el maíz de 70 a 130 el quintal y el pollo de siete a 18 bolivianos, a los contrabandistas ya no les conviene acarrear estos productos a Perú o Argentina, lo que obviamente, evita las colas  y la escasez. Ahí está la gran solución para que desaparezca la Aduana, la policía aduanera y los regimientos militares que se dedican a controlar las fronteras y que tanta platita nos cuestan. Que suban los precios de todo, así no tenemos que preocuparnos por los benditos contrabandistas, responsables del gasolinazo, culpables de que se haya dictado esa dichosa Ley de Fronteras que le regala un inmenso territorio a Juan Camión. Qué neoliberales ni que ocho cuartos. Ellos nunca descubrieron el gran valor que tiene la oferta y la demanda y menos todas las virtudes que envuelve esa tan denostada y calumniada “inflación”.
 

jueves, 14 de abril de 2011

Señor fiscal, sus pruebas

El Fiscal Marcelo Soza está haciendo todos los esfuerzos para que su
nombre figure en el catálogro “Créase o no” de Ripley, no sólo por la
colección de absurdos que componen su investigación del llamado “caso
terrorismo”, sino porque podría convertirse en el primer “defensor de
la sociedad y del Estado” que destruye pruebas que supuestamente
deberían servir para incriminar a los acusados. El juez cochabambino
que lleva adelante el proceso contra los involucrados en el caso
Rózsa, le ha pedido al fiscal que muestre las armas y los explosivos
que forman parte del “gran arsenal” que debía ser usado para iniciar
una guerra separatista en Bolivia. Con seguridad, a Soza se le activó
el único gramo de vergüenza que le queda y afirmó que algunas de esas
evidencias han sido destruidas por cuestiones de seguridad. Obviamente
siente pudor por entregar un montón de matracas y fierros viejos que
no asustarían ni a una patrulla de niños exploradores y prefiere
presentar una excusa ridícula que seguramente será aceptada por el
juez, que ha demostrado ser un buen cuate del régimen.

¿Cerrar la Caja Nacional de Salud?

Cerrar la Caja Nacional de Salud (CNS) es una advertencia demasiado
temeraria para un Gobierno que arruina casi todo lo que toca. La
amenaza la hizo el presidente Evo Morales, cuyo régimen impulsa la
creación de un sistema único, que supone la desaparición de las
diferentes cajas sectoriales, entre las que se encuentra la más grande
de todas y seguramente, la que tiene el mayor número de dificultades
para atender a sus afiliados, en un país donde la salud es un artículo
de lujo para la gran mayoría de los bolivianos.
El Gobierno no opuso demasiada resistencia a las movilizaciones de los
universitarios, que terminaron doblándole el brazo en defensa de su
propio seguro de salud. Pusieron por delante el respeto a la autonomía
y sobre todo, la gran capacidad de convocatoria de los estudiantes.
Era mucho para un régimen que se debilita a pasos acelerados. Sin
embargo, con la CNS ha manifestado una evidente tozudez que se explica
en la inmensa cantidad de recursos que maneja esta entidad, muy
importantes para una administración que comienza a desesperase por los
números rojos de sus finanzas. Luego de hablar durante años de una
supuesta situación boyante, de bonanza, ingresos multimillonarios y
reservas desbordantes, el Gobierno comienza a pronunciar
insistentemente la palabra “déficit”. Echar mano a los fondos de la
CNS sería de un gran alivio.
La Caja Nacional es ineficiente, corrupta y está manejada
políticamente. Siempre se han mencionado estos problemas y el MAS no
tuvo reparos para tomar la institución cuando asumió el poder, de la
misma forma que lo ha hecho con la Caja Petrolera y otras entidades
del sector, cuyos niveles de calidad han decaído por esta burda
manipulación gubernamental. Pese a que el Estado tiene la mayor
cantidad de afiliados a la CNS, la administración masista no ha hecho
el más mínimo esfuerzo por saldar una deuda de más de 600 millones de
bolivianos que la mantiene al borde de la quiebra.
La ciudadanía conoce muy bien las dificultades de la CNS. Muchos
bolivianos tratan de buscar alternativas cuando necesitan atención
médica pronta y ágil, a través de seguros privados. Pero saben muy
bien que cuando los problemas van más allá de un malestar estomacal o
un dolor de cabeza o cuando los sistemas empresariales les ponen
limitaciones, siempre está “la Caja” para hacerse cargo de
enfermedades crónicas, medicamentos costosos  y largos tratamientos
que requieren equipamiento de última generación. Es verdad que se
necesita mejorar, superar las falencias y adecuar los servicios a las
necesidades de todos los afiliados, pero sin duda alguna, la fórmula
que propone el Gobierno no es el mejor camino para conseguir la
eficiencia. Los afiliados a la CNS corren el riesgo de perder lo único
que tienen y ejemplos hay muchos. Sólo hay que ver lo que ha ocurrido
con las empresas nacionalizadas y otras compañías que han sido creadas
por el Estado Plurinacional para anticipar un futuro catastrófico.
El Gobierno está en la obligación de buscar la universalización de los
servicios de salud, mejorarlos y establecer estándares de calidad que
ayuden a superar las negras estadísticas bolivianas. Pero eso no pasa
por apelar a experimentos que pueden resultar costosos e inciertos
para los trabajadores afiliados a la CNS.

miércoles, 13 de abril de 2011

Ya ni eso…

Una de las tantas explicaciones que justificaba los sucesivos triunfos
del MAS, nada menos que en cinco contiendas electorales en cinco años,
estaba relacionada con la tranquilidad que tal vez podría traer al
país el hecho de que el campeón de los bloqueos estuviera en el bando
correcto y que por lo tanto, las protestas, los dinamitazos, las
piedras y los “hasta las últimas consecuencias” cesarían un poco y el
ciudadano de a pie podría, al menos, tomar un micro sin miedo a que de
aquí dos cuadras algún sindicato, asociación, movimiento, junta o
fraternidad esté bloqueando y quemando llantas. Pero ocurre que ya ni
eso, pues los mismos compañeros de antiguas barricadas, le están
haciendo probar de su propia medicina al presidente Morales, quien
está soportando el mayor número protestas y malestar social de los
últimos 41 años. Así lo asegura un informe del Centro de Estudios de
la Relidad Económica y Social (CERES), entidad que ha registrado 240
conflictos el primer trimestre de 2011, unos 30 más que en el mismo
periodo del 2010. Para suavizarlo un poco (así nomás es él), el
vicepresidente ha bautizado a los conflictos como “tensiones
dialécticas creativas”. Pero sabe señor vice, mucho ya se están
pasando de creativos ustedes. La verdad es que del lado contrario
hacían menos daño al país.

Ya ni eso…

Una de las tantas explicaciones que justificaba los sucesivos triunfos
del MAS, nada menos que en cinco contiendas electorales en cinco años,
estaba relacionada con la tranquilidad que tal vez podría traer al
país el hecho de que el campeón de los bloqueos estuviera en el bando
correcto y que por lo tanto, las protestas, los dinamitazos, las
piedras y los “hasta las últimas consecuencias” cesarían un poco y el
ciudadano de a pie podría, al menos, tomar un micro sin miedo a que de
aquí dos cuadras algún sindicato, asociación, movimiento, junta o
fraternidad esté bloqueando y quemando llantas. Pero ocurre que ya ni
eso, pues los mismos compañeros de antiguas barricadas, le están
haciendo probar de su propia medicina al presidente Morales, quien
está soportando el mayor número protestas y malestar social de los
últimos 41 años. Así lo asegura un informe del Centro de Estudios de
la Relidad Económica y Social (CERES), entidad que ha registrado 240
conflictos el primer trimestre de 2011, unos 30 más que en el mismo
periodo del 2010. Para suavizarlo un poco (así nomás es él), el
vicepresidente ha bautizado a los conflictos como “tensiones
dialécticas creativas”. Pero sabe señor vice, mucho ya se están
pasando de creativos ustedes. La verdad es que del lado contrario
hacían menos daño al país.

“Ojalá que esta experiencia sirva”

¿Qué es lo no se ha prometido en materia de lucha contra inseguridad? ¿Cuántos planes han diseñado para enfrentar este problema? ¿Qué es lo que todavía no ha ocurrido en esta ciudad abierta de par en par al crimen? Obviamente, nunca antes una autoridad de la jerarquía del gobernador Rubén Costas había sido blanco de la delincuencia y esel mismo mandatario el que paradójicamente exclama desde la cama de una clínica, después de haber salvado su vida por un milagro: “Ojalá que esta experiencia sirva”.
Rubén Costas habla como un ciudadano común, como todos aquellos que diariamente son víctimas de atracos, de robos y de ataques violentos, hechos que no consiguen sacar las autoridades de la pasividad frente un problema que se lleva vidas humanas, destruye familias y el patrimonio de personas que trabajan y producen para lograr su bienestar. Gracias a Dios el Gobernador se recupera y puede hablar y protestar por todos. Seguramente ahora también tendrá todo el ánimo para comenzar a cambiar la historia de Santa Cruz, una capital cuyas estadísticas de criminalidad han comenzado a llamar la atención de la prensa extranjera, que reporta azorada el florecimiento de carteles internacionales de la droga que cometen asesinatos y ajustes de cuentas en plena vía pública.
El grito del Gobernador puede servir por supuesto, para que se acaben esas jugarretas llamadas planes de seguridad que nacen y mueren en una sola noche y que son promovidos desde el Ministerio de Gobierno simplemente como una estrategia mediática. Lo sucedido con Rubén Costas debe provocar vergüenza en la Policía, politizada, abocada casi exclusivamente a los afanes de persecución política del régimen, corrompida por el narcotráfico y absolutamente desentendida del sufrimiento de la población que se las ingenia como puede para protegerse de los criminales. Ojalá se acabe esta actitud infantil del Gobierno central que se niega a coordinar y cooperar con las regiones porque en el fondo parece disfrutar de lo que ocurre, no sólo porque tiene la oportunidad de debilitar a las autoridades locales de la oposición, sino porque la inseguridad termina convirtiéndose en funcional al sistema autocrático violento y represor.
Todo en la vida tiene un propósito y habrá que aprovechar el grave incidente del Gobernador cruceño para actuar de una vez por todas contra ese tumor llamado cárcel de Palmasola, paraíso de la injusticia, un verdadero infierno donde los criminales “perfeccionan” sus habilidades y donde reclusos y policías han establecido sus propias reglas que determinan en gran parte la situación de intranquilidad en la que viven los vecinos de todos los barrios. ¿Hasta cuándo vamos a soportar ese oprobio que nos amenaza, nos mata y nos mantiene en un miedo constante? ¿Tiene que morir alguien? ¿Quién?
La inseguridad es todavía un problema manejable en Santa Cruz, pero atacarlo con firmeza depende de una reacción que involucre al conjunto de la sociedad. Depende de los políticos, de la Policía, de las empresas y los ciudadanos. Se trata de decidir si vamos a soportar para siempre una Policía corrupta e ineficiente, unas autoridades complacientes con el crimen y sin interés por el bienestar de la gente. El asunto es optar por una ciudad encaminada a la insostenibilidad por la vía de las mafias y el crimen organizado o por una comunidad donde se puede vivir, trabajar y salir por las calles en paz.