martes, 12 de abril de 2011

“Las cosas andan mal en Bolivia”


Tercio Albuquerque, un abogado brasileño con 32 años de ejercicio confesó que nunca le había tocado vivir una experiencia como la que tuvo que soportar el pasado lunes en Cochabamba, donde fue amedrentado por agentes del Ministerio de Gobierno, cuando intentaba presenciar la primera sesión de la audiencia conclusiva del juicio por supuesto terrorismo y separatismo contra 39 personas.

Albuquerque, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados de Brasil, fue invitado por sus colegas bolivianos y algunas organizaciones de derechos humanos para actuar como veedor del proceso judicial que tuvo su origen en la matanza del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, ordenada por el Gobierno contra los miembros de una presunta célula terrorista, acusada de varios delitos, entre ellos planificar el asesinato del presidente Morales y buscar el separatismo en Bolivia. El jurista extranjero y otros dos acompañantes, no sólo fueron desalojados del juzgado, sino que agentes de seguridad les quitaron sus pasaportes y les pidieron que abandonen el país porque no tenían una visa especial para presenciar el juicio. Junto con ellos también fueron retirados de la audiencia varios abogados defensores de los acusados, periodistas y legisladores de la oposición.

 El profesional brasileño, cuya conclusión fue que “las cosas no están bien en Bolivia”, no podía creer que el juez de la causa sea el primero en incumplir la ley que establece que las audiencias judiciales son públicas y que nadie tiene el derecho a establecer restricciones y menos el Ministerio de Gobierno que actuaba como el dueño de casa en la Corte Superior de Cochabamba, donde fue trasladado este proceso, pese a que originalmente el caso debía ventilarse en Santa Cruz y que, gracias a un decreto del Órgano Ejecutivo, fue llevado a La Paz, donde el fiscal Marcelo Soza condujo la investigación más insólita y seguramente la más contaminada y vergonzosa de toda la historia de la justicia boliviana. Lo que hizo este juez cochabambino es la mejor prueba de la manipulación de la justicia que ejerce el régimen del MAS, que ha asumido la potestad de nombrar a los miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público y por lo tanto, conducir a su antojo las investigaciones judiciales en todo el territorio nacional.

La conclusión del caso “terrorismo” viene a cerrar un círculo de oprobio y abuso de poder, cuyas características y antecedentes han sido debidamente observadas por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, organismos de la Unión Europea y por naciones como Hungría e Irlanda, que reclaman justicia para los ciudadanos de aquellos países que fueron ejecutados en Santa Cruz, por una orden que, de acuerdo a confesiones del propio presidente Morales, fue él quien la dio.

El abogado Albuquerque ha dicho que denunciará ante las autoridades brasileñas lo ocurrido en Bolivia, donde según afirma, suceden cosas que sólo se dan en las dictaduras. Con este tipo de apreciaciones, al Gobierno boliviano le costará mucho convencer al mundo de lo contrario, aunque hace mucho que organizaciones internacionales se lo vienen remarcando. Es por eso también que se multiplican los casos de refugiados bolivianos en países vecinos donde ya no tienen dudas que en Bolivia se practica la persecución política. Tal como lo refleja la actitud expresada por el régimen el pasado lunes, ya no le importa qué tipo de imagen está proyectando al mundo.