sábado, 23 de abril de 2011

‘Justicia’ desquiciada


La condecoración otorgada por el Ministerio de Gobierno a los policías que perpetraron una carnicería humana el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, fue un mensaje muy claro emitido por el régimen al juez cochabambino Rolando Sarmiento, que anda poniéndose algo tozudo con el fiscal Marcelo Soza, quien se niega a presentar las pruebas contra 39 personas acusadas nada menos que de terrorismo, alzamiento armado, intento de magnicidio y separatismo. Y por si el recado no le quedó suficientemente claro, el Vicepresidente le ha dicho al mismo magistrado que espera la mayor de las sanciones contra los imputados, la gran mayoría dirigentes del oriente boliviano que impulsaron el proceso autonómico.

El fiscal Soza hizo el ridículo la semana pasada cuando afirmó ante el juzgado noveno de Cochabamba  que no podía presentar las armas y los explosivos que supuestamente les fueron incautados a los acusados, porque habían sido destruidos a pedido del Cuerpo de Bomberos. Ante una nueva exhortación del juez, que necesita de un respaldo para basar su dictamen en la audiencia conclusiva, García Linera le dijo en otras palabras que se deje de tanta burocracia, que en realidad la sentencia ha sido dictada ya por el Órgano Ejecutivo y que la justicia sólo tiene que acatarla.

Consultado sobre la insólita conducta del fiscal Soza, su jefe, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, trató de evadirse en un principio, argumentando que el caso es muy delicado y que él simplemente se limita a seguirlo por los medios de comunicación. Ante tanta insistencia, reconoció que la destrucción de pruebas de la que habla el acusador es una aberración ya que no figura en el Código de Procedimiento Penal y que en última instancia lo que debió hacer es comunicar a las partes y por supuesto al juez que lleva adelante el proceso.

¿Servirá de algo esto para detener semejante abuso e irracionalidad contra personas que llevan detenidas y perseguidas desde hace dos años? Es probable que no y lamentablemente los antecedentes no ayudan a visualizar un desenlace conforme a derecho. Este caso fue llevado a La Paz mediante un decreto que pasó por encima de leyes y procedimientos jurídicos elementales.

La tipificación del delito ha sido cambiada en varias ocasiones, por un simple capricho del Gobierno, cada vez que se le fueron derrumbando sus propios

argumentos, fabricados para destruir a la oposición regional, cuya base más sólida estaba en Santa Cruz. Se han cometido abusos, hechos de tortura, se han ignorado evidencias que implicaban a agentes del Gobierno y se ha producido tal manipulación de las pruebas que sería imposible a estas alturas, fundamentar una acusación que soporte una simple auditoría jurídica.

El mensaje del Ministerio de Gobierno y las sugerencias con tono de amenaza que lanza el Vicepresidente contra el juez, además de todos los antecedentes, por supuesto, convierten a este juicio en un caso de hecho y no de derecho.
Las leyes y los procedimientos importan poco y  nada y menos las pruebas, así se tenga que dar una explicación tan grotesca como la del fiscal Soza. Se trata del mayor derroche de irracionalidad de este régimen, que convierten a Bolivia en un Estado forajido y por lo tanto proscrito de las normas internacionales y de la democracia.