miércoles, 27 de abril de 2011

Periodista asesinado

La muerte del periodista boliviano David Niño de Guzmán ha causado preocupación a nivel internacional, dada las características violentas de este hecho y sobre todo por los negros antecedentes que ha estado acumulando el país en los últimos años, relacionados a ataques contra la libertad de expresión. Resultan obvias las expresiones de suspicacia que han surgido estos días y los enérgicos pedidos para que las autoridades nacionales coadyuven al pronto esclarecimiento.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la organización Reporteros Sin Fronteras, entre otras instituciones, han pedido minuciosidad en las investigaciones policiales y naturalmente, exigen no descartar que el presunto asesinato de Niño de Guzmán responsa a algún tipo de represalia por sus investigaciones sobre los vínculos de la política con el narcotráfico. Demás está decir que el órgano de difusión para que el que trabajaba el comunicador fallecido, es uno de los pocos que conserva la independencia y la objetividad que le resulta incómoda al régimen gobernante, de ahí el fervor de todo el gremio periodístico nacional y de las agrupaciones de medios privados para que la Policía y la Fiscalía actúen conforme a derecho.

Lamentablemente existen muchas razones para desconfiar de las instituciones llamadas por ley para esclarecer este caso. En los últimos cinco años se ha producido la mayor ola de ataques y atentados contra periodistas y medios de comunicación de la que se tenga memoria y muy pocos hechos han sido aclarados. En todo caso, el oficialismo, que controla y manipula el accionar policial y judicial, ha sido parte coadyuvante para que casos como el del atentado a un canal de televisión en Yacuiba y el ataque a balazos contra dos reporteros en Santa Cruz queden impunes. Y estamos hablando sólo de dos de los hechos más graves, pues la lista es inmensa.

Recientemente la Fundación Unir difundió un informe sobre las agresiones a periodistas registradas durante la gestión 2010, que reporta un aumento del número de víctimas, lo que refleja “una persistente actitud de intolerancia con el trabajo informativo y que el periodismo continúa siendo una actividad de riesgo en Bolivia”.

Según el estudio, la Policía es la que más agrede a los comunicadores, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, constantemente incurren en ataques y obstaculización de la labor de los reporteros. De acuerdo a los archivos de Unir, desde el 2007, sólo dos casos de agresiones físicas contra periodistas han sido sancionados, lo que representa apenas el dos por ciento de los hechos denunciados.

En el manifiesto emitido por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en su asamblea semestral realizada a principios de este mes en San Diego, Estados Unidos, coloca por primera vez a Bolivia en una lista de países donde la libertad de expresión está severamente amenazada. Las advertencias se refieren a las agresiones, a la aprobación de leyes restrictivas del ejercicio periodístico y al acoso que ejerce el Gobierno a los medios de comunicación independientes. La SIP todavía hace una diferenciación de la situación boliviana con la de aquellos países como Cuba, México y Colombia, donde además de las fuertes limitaciones a la libertad informativa, frecuentemente se producen asesinatos a manos de grupos oficialistas, narcotraficantes y paramilitares. La muerte de David Niño de Guzmán puede ser la señal de que las cosas se están deteriorando aún más en Bolivia.