Bolivia y sus golpes

El Gobierno trata de victimizarse con el cuento del golpe.

nadie le creyó y tuvo que salir la ministra de Comunicación a

hablar del sufrimiento y la tortura que sufre el presidente.

Bolivia se hizo famoso en el mundo por los golpes militares, cosa que no ocurre desde finales de 1980, aunque el Gobierno insista en afirmar que desde el 2006 se han producido tres intentos de derrocamiento, en los que, según afirma, Estados Unidos tuvo mucho que ver. Si se observa el mapa latinoamericano, los cambios bruscos de Gobierno no han desaparecido, pese a que las dictaduras militares pasaron al olvido. Recordemos lo que pasó en Ecuador en tres ocasiones, con Argentina y el “pasará-pasará” que hubo después de la caída de Fernando de la Rúa; también está lo Honduras, Venezuela y el caso más reciente ha sido el de Paraguay. Bolivia no se queda atrás con aquello de los golpes, y la gente del oficialismo sabe muy bien de esto porque ellos fueron los grandes artífices de la agitación que llevó a cambiar de presidente en dos ocasiones entre el 2003 y el 2005. Ellos saben mejor que nadie que cuando el golpe llega es muy difícil de detenerlo, porque normalmente viene acompañado del respaldo militar. Desde el 2006 se ha hablado de golpe “cívico-prefectural”, también se atribuyó a un grupo de “encalzoncillados” el supuesto intento de secesión y magnicidio y por último, se dijo algo parecido de los indígenas y los policías. Insistimos, Bolivia tiene mucha experiencia en golpes. No habría que agitar tanto a los fantasmas.

Telenovela municipal

Los concejales y otros actores del municipio podrían vender muy bien el libreto de su telenovela a alguna cadena de televisión mexicana, para reeditar alguno de esos viejos éxitos al estilo “Chucho el roto” o “Cuna de Lobos”. Cada día se cierra un capítulo de esta serie -que podría llamarse “Las desventuras de Percy, el general y los rebeldes”-, con enigmáticas preguntas como: “¿Podrán al fin reunirse los concejales que desafían al alcalde?”, “¿Dónde se realizará la sesión? ¿En Normandía o en Palmasola?”, “¿Qué dirá el juez sobre el junte de Óscar Vargas y Mamén Saavedra a quienes se los vio saboreando un caldo de nervios en la Busch?”, “¿Quién presentará una nueva denuncia ante la justicia? ¿Los concejales o el alcalde?” “¿Se suspenderá la audiencia?” “¿En qué anda el general Soruco? ¿Podrá conseguir quórum con solo tres concejales?” “¿Estará tramando el senador Ávalos algún golpe al estilo La Guardia para Santa Cruz?”, “¿Quién caerá primero, el alcalde o el gobernador?”. A este libreto no le falta nada. Están los galanes, los bufones, el villano (que es invisible, pero dicen que viste de azul), el uniformado que es infaltable y por supuesto, las damas dispuestas a todo para conseguir los favores de la gran estrella.

No más juegos

Seis años son más que suficientes para darse cuenta que un país no se maneja en base a jueguitos, técnicas envolventes, teorías conspirativas y otros artilugios que se han convertido en la razón de ser de este régimen, guiado por mentes afiebradas por teorías que no se ajustan a la realidad y que fracasaron hace mucho. Bolivia no es un laboratorio y si lo han entendido así los actuales conductores, se están arriesgando a empeorar las cosas.

La mejor prueba de que todas esas estrategias han fracasado es precisamente la presencia de los marchistas del Tipnis en La Paz, ocho meses después de una manifestación similar que también fue sometida al hostigamiento, intentos de división, violencia física y una costosa campaña de desprestigio que no consiguió frenar a los representantes de los pueblos de tierras bajas, autores del mejor testimonio de racionalidad, dignidad y valentía que ha sido brindado en este país, que nuevamente aclama la epopeya de los indígenas.

La llegada de los marchistas, donde todos los sectores han dejado bien clara su posición, es el fracaso de todas las mañas de las que se valió el Gobierno para deslegitimar la demanda de los pueblos del Tipnis, que si bien esta vez no han sido reprimidos con el salvajismo del 25 de septiembre de 2011, han sido víctimas de la peor humillación auspiciada durante más de sesenta días por agentes gubernamentales, que no tuvieron reparos en rodearlos con alambres de púa, como si fueran animales salvajes o negarles el agua en algunos pueblos controlados por el oficialismo. Por último y en medio de la algarabía del pueblo paceño, que volvió a reeditar su espíritu de grandeza, los promotores del odio no tuvieron mejor idea que organizar una contramarcha de último momento cuya finalidad era desatar el caos y justificar de esa manera un desenlace violento, como ha ocurrido lamentablemente en otras ocasiones, lo que también prueba en profundo desprecio por la vida y el aventurerismo de algunos gobernantes.

Los indígenas han demostrado que son mucho más inteligencias, racionales y que tienen madurez de sobra para no caer en los juegos siniestros y todas las trampas que les han sembrado a su paso, incluido ese sospechoso motín policial que ha puesto en evidencia nuevamente, que las instituciones estatales pueden estar al servicio de cualquier ocurrencia descabellada.

Es obvio que ha fallado también todo el enredo legal montado por el Gobierno para tratar de disfrazar las oscuras intenciones que lo llevan a disponer del Parque Isiboro Sécure. La orden suprema manda hoy a buscar el consenso con los indígenas y solo un ciego o alguien obnubilado por la soberbia es capaz de negar la decisión que han tomado los indígenas en relación a su territorio.

Los indígenas son pacientes pero no son tontos. Ya no confiarán en otra de las tramoyas del Gobierno y se quedarán en La Paz hasta conseguir la seguridad de que su demanda, amparada en la Constitución, será cumplida por las autoridades.

A pocas horas de la llegada de los marchistas, los voceros gubernamentales han ofrecido diálogo, pero al mismo tiempo, han mantenido firme su campaña de desprestigio hacia los indígenas. Resulta suicida para un Gobierno que tanto le teme al golpe de Estado, seguir con los mismos juegos de siempre. Tal vez exista oportunidad para madurar.

Cinco días sin "pacos"

El motín policial ha sido una excelente oportunidad para que los ciudadanos de este país podamos mirarnos al espejo y ver más allá de la imagen superficial, tratando de llegar a la esencia de nuestro problema: nuestra mentalidad. 

Con mucha razón, la Policía es una de las instituciones más desprestigiadas de la sociedad boliviana. Todos la critican, sobre todo por los altos índices de corrupción. Cinco días sin los señores verde olivo era como para que la ciudadanía demuestre que es mejor que los satanizados “pacos”. 

Lunes 8:30 am. El tráfico es un caos en todas las rotondas, pese a que los semáforos deberían ser suficiente garantía de orden y respeto a las normas de tránsito. Todos quieren pasar primero, se cruzan y luego quieren solucionarlo a bocinazos. “Cómo extraño a los policías de Tránsito”, habrán dicho muchos agobiados conductores.

La supuesta falta de eficiencia policial ha provocado el florecimiento de la “industria” de la seguridad privada, cuyos propietarios son precisamente los mismos policías que tienen sus propios mecanismos para alimentar el sector. Pese al inmenso ejército de guardias privados que funciona en todas las ciudades de Bolivia, los bancos decidieron interrumpir sus actividades por el temor a los asaltos y corrió el rumor de que los surtidores harían lo mismo, lo que ocasionó un verdadero “motín” en las gasolineras.

Toda sociedad tiene la Policía que se merece y lo hemos comprobado con mucha pena estos días. Mientras que en Bélgica (Europa) estuvieron más de un año sin Gobierno y sin presidente y no pasó nada, en Bolivia los ciudadanos hemos demostrado que somos nosotros mismos los completos responsables de todo lo que nos ocurre. Echarle la culpa de todo a un triste “paco” también forma parte de nuestra paupérrima mentalidad.

El plan golpista de los indígenas

Los “golpistas”, mejor dicho, los indígenas del Tipnis, supuestamente han puesto en marcha lo que el Gobierno define como la segunda fase de su golpe de Estado, una vez se hubo suspendido el motín policial con apenas cien bolivianos (qué conspiradores más baratos). Los “desestabilizadores” tienen un plan que nadie entiende. En primer lugar, por poco se congelan de frío durante más de dos días en la zona de Urujara, esperando a que los policías arreglen su pleito con el Gobierno, de tal forma de no juntar dos conflictos en la plaza Murillo y desatar algo que nadie quiere ahora imaginar. Una vez solucionado lo del motín, que al final dejó muchas dudas y sospechas, ingresaron a La Paz en medio de una apoteósica bienvenida de la ciudadanía que nuevamente ha aclamado el sacrificio de los pueblos de las tierras bajas. Los integrantes de la columna, cuya presunta finalidad era desatar el caos y precipitar un golpe, tuvieron que hacer varios desvíos en su caminata para tratar de esquivar una manifestación promovida por el oficialismo, que a punta de chicotazos contra la ciudadanía avanzó para generar provocación y desatar un enfrentamiento. Los indígenas no se dejaron engañar por quienes han tratado insistentemente de hacerlos caer en la trampa.

El desvergonzado contrabando

La directora nacional de la Aduana, Marlene Ardaya, les ha llamado la atención a los directivos de la Cámara de Exportadores (CADEX) por no haberle avisado a tiempo sobre las grandes cantidades de derivados de soya que pasan todos los días de contrabando hacia el Perú a través de la localidad de Desaguadero, en el departamento de La Paz.

Un reportaje de El Día ha mostrado cómo la harina de soya y otros derivados como el aceite pasan la frontera a plena luz del día y a la vista de todos. No se trata de cargamentos pequeños, sino de grandes volúmenes de la mercadería envasada en bolsas de un quintal, que además tiene que atravesar todo el camino desde Santa Cruz para llegar hasta el punto donde se consuma el acto ilegal. Los contrabandistas están organizados de acuerdo a un código muy estricto con una estructura muy parecida a la de los sindicatos que combaten la competencia y se encargan de la vigilancia. Si las autoridades no ven lo que está ocurriendo es porque algo anda muy mal.

Como se sabe, la exportación legal de soya y sus derivados tiene fuertes restricciones en el país por decisión del Gobierno, pese a que con menos del 20 por ciento de la producción se abastece el Mercado interno. En el Perú, donde hay una gran demanda insatisfecha, la tonelada de soya tiene un precio de 161 dólares por encima del que se paga en Bolivia. Demás está decir que el Estado pierde una gran cantidad de recursos por este comercio irregular y sobre todo, atenta contra la producción, la generación de empleos y la consolidación de mercados importantes para el país.

De consolidarse y prosperar este tipo de informalidad, se estaría poniendo en peligro una inmensa cadena productiva que ha tomado más de tres décadas para construir y se ponen en riesgo importantes mercados, ingresos cuantiosos en impuestos y sobre todo, decenas de miles de empleos que dependen directa e indirectamente del cultivo y la industrialización de la soya.

Llama la atención y más que nada, lleva a la sospecha, la actitud de la Aduana, no solo por el supuesto desconocimiento de este fenómeno, sino porque se trata de un problema antiguo que no es atacado con la suficiente energía. No se trata de contrabando “en mamaderas” como alguna vez se denunció y tampoco de grupos que se amparen en las penumbras, sino de grandes organizaciones que gozan de la permisividad oficial que perjudica en un ciento por ciento a los productores de Santa Cruz que nuevamente tienen al frente otra acción abiertamente conspirativa que los pone bajo una espada de Damocles.

La directora de la Aduana ha tenido algunas intervenciones atinadas en relación al combate al contrabando, por lo que llama la atención que haya reaccionado de esta manera frente a la denuncia realizada por la prensa. Se espera que una vez se haya dado por notificada, hará todo lo que sea necesario para frenar esta acción tan ilegal como nociva para el Estado y la economía nacional. La guerra hacia el comercio ilegal no es solo un problema arancelario, pues compromete a importantes sectores del quehacer nacional.

Combatirlo es defender la industria, es proteger el empleo y proyectar una sociedad con mejores armas para luchar contra la pobreza y la inequidad. La informalidad que algunos tratan de promover solo nos conducirá a la reproducción de la miseria o cuando mucho, a disfrazarla.

Llevando se aprende

Hace exactamente tres años fue depuesto el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, a través de mecanismos tan legítimos como polémicos, tal como ha sucedido en Paraguay. Aquella vez, más de uno se apresuró a tomar partido y condenar el brusco cambio presidencial, de la misma manera que ha ocurrido recientemente con la nación guaraní. Los países integrantes del ALBA, de Unasur y otros bloques alzaron el grito al cielo, pese a que la decisión de sacar a Zelaya gozaba del respaldo popular, había sostenimiento legal y sobre todo, se hizo después de alcanzar un gran consenso institucional. Igualito que en Paraguay. Esa vez, hubo algunos ilustres comedidos, como Brasil y la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no dudaron en intervenir en el asunto. Brasil le concedió asilo durante más de cuatro meses a Zelaya en su embajada en Tegucigalpa y el organismo internacional decidió expulsar a Honduras. Ambos no solo se equivocaron sino que resultaron seriamente dañados en su credibilidad, pues estaban estrellándose contra una decisión originada en la soberanía del pueblo. Pese a que la OEA decidió llamar a una reunión extraordinaria para tocar el tema de Paraguay, esta vez ha adelantado que no va a intervenir. En el caso de Brasil, sus autoridades han pedido por favor no adelantar ningún juicio ni postura oficial. Menos mal que aprendieron.

La gran oportunidad

Ni siquiera en el gasolinazo se lo vio tan presionado al Gobierno. Es tal la fuerza que se le viene encima, que ni atendiendo todas las demandas de los policías amotinados –que sin duda alguna han exagerado-, las autoridades quedarán libres de la crisis social que parece haber comenzado. Si los uniformados lograran la atención de sus peticiones, hay varios sectores que se pondrán en la fila para conseguir su propia tajada, entre ellos los militares que no se quedarán tranquilos sabiendo que sus más acérrimos enemigos andan igual de  forrados” que ellos (“que estudian más”, según el Gobierno). Antes de repartir tanta sospecha de golpismo que no hace más que exacerbar los ánimos y enviar una serie de mensajes de provocación, los voceros gubernamentales deberían aprovechar para deshacerse de la presión. Solucionar el problema del Tipnis, por ejemplo, sería la mejor opción que se pudiera adoptar en estos momentos tan álgidos. La llegada de los marchistas a La Paz en estas circunstancias sería una bomba de tiempo y tanto los cocaleros, que son los más interesados en la carretera, como los indígenas que no tienen intenciones de tumbar a nadie, estarán de acuerdo en hacerle el gran favor al oficialismo. Es la gran oportunidad de ceder.

El quiebre de Paraguay

La democracia se conduce en torno a pactos más o menos estables, de acuerdo a la tradición política de cada país. Mientras que algunas naciones llevan siglos recurriendo al mismo pacto para renovar sus autoridades, en América Latina todavía no se logra una forma perdurable de acomodamiento de las relaciones políticas, lo que explica que aún se produzcan hechos como el de Paraguay, que no es de ninguna manera un hecho aislado en la región, pese a que, en sus aspectos y modalidades tradicionales, las dictaduras y los golpes de Estado hubieran desaparecido el mapa continental.

Solo hay que recordar lo que ocurrió en Venezuela en el 2002, en Honduras el 2009 y en Ecuador, el 2010, para darse cuenta que la estabilidad política es todavía una quimera en América Latina, porque lamentablemente, la democracia está lejos de consolidarse, salvando ejemplos puntuales como Chile, Uruguay y Brasil, entre otros.

En Paraguay muy pocos salieron a las calles a defender al presidente Fernando Lugo, a pesar de que sus partidarios calificaron su destitución como un derrocamiento ilegal. La deposición del mandatario comenzó a formar parte del debate político desde hace tres años y ni bien se produjo el pacto que hacía falta, el juicio político y la cesantía fue un simple trámite que se hizo en tiempo récord. Es inútil que organismos internacionales como la Unasur, el ALBA o algunos gobiernos de la región busquen la forma de revertir la decisión tomada por el Congreso paraguayo y que seguramente será ratificada por la Corte Suprema, como ocurrió en Honduras, por encima de los pronunciamientos y determinaciones adoptadas por la OEA y las agresivas maniobras ejecutadas por Venezuela y Brasil.

Fernando Lugo llegó al poder en el 2008 luego de 61 años de hegemonía del Partido Colorado. Las promesas de cambio, una hiperinflación de expectativas y –de nuevo-, un histórico pacto político lo hicieron presidente. Sin embargo, el exobispo se subió al carro del patológico presidencialismo que ha impulsado la ola populista en la región y olvidó que él y su gobierno se debían a una coalición que debía mantenerse viva. El Parlamento, los partidos políticos y demás instituciones republicanas de Paraguay se han encargado de recordarle a Lugo cuál es la lógica democrática en esta parte del mundo, de la misma forma que numerosos grupos sociales están reclamando hoy en Bolivia el cumplimiento del pacto que Evo Morales hizo con ellos y que se plasmó en una constitución que el propio Gobierno pisotea todos los días.

Con todos estos antecedentes, no cabe duda que lo sucedido en Paraguay forma parte del mismo fenómeno que se repite en todos los países que optaron la ruta del populismo caudillista y que enfrenta una profunda crisis, que se agrava además, por el debilitamiento de la figura de su principal impulsor, el presidente venezolano Hugo Chávez. ¿Puede extenderse hacia otras naciones? Todo depende de la fortaleza de los pactos políticos que se han formado en cada país. En Bolivia, por ejemplo, las alianzas parecen resquebrajarse todos los días pero el oficialismo aún mantiene invariable su fortaleza, no solo porque tiene en sus manos el control de todos los poderes del Estado, sino porque aún no ha surgido la alternativa política que sea capaz de formar un nuevo compromiso con la sociedad.
 

La primera vez

Por primera vez en más de seis años y después de numerosas denuncias por supuesto intento de desestabilización, alguien habla concretamente de “bajar” al Gobierno de Evo Morales. Lo han hecho los representantes de los policías que mantenían este domingo su tercer día de amotinamiento. “Como lo hemos subido, así lo vamos a bajar’ al presidente Evo, dijo con furia un suboficial boliviano, vestido de civil y con el rostro cubierto”, dice una información de la agencia francesa AFP tomada por medios internacionales. “Estamos muy indignados, subraya el policía, sin identificarse porque teme que la cúpula de la institución pueda tomar represalias en su contra”, señala el reporte. Autoridades nacionales no han dudado en sospechar que detrás de la protesta policial puede haber un intento de golpe de Estado, pero a diferencia de lo que hicieron en Porvenir (2008), en el hotel Las Américas (2009) y con los indígenas del Tipnis en Chaparina (2011) nadie ha movido un dedo para tratar de sofocar lapresunta conspiración. No solo se ha instalado el diálogo para la búsqueda de una solución al problema, sino que el Primer Mandatario anunció por adelantado, que atenderá las demandas de los uniformados, promesa que no consiguió, sin embargo, levantar el motín de manera inmediata, como se pensaba.

Comedidos abstenerse

Varios analistas han coincidido en interpretar la reciente visita del presidente iraní a Bolivia como un gesto de apoyo de la potencia petrolera hacia los países que ya comienzan a sentir la ausencia de Hugo Chávez, cuyos petrodólares apuntalaron el florecimiento del populismo en la región. La grave enfermedad del líder venezolano ha puesto a más de uno a buscar padrinos de repuesto (Cuba fue el primero) y lógicamente nunca falta un comedido como Mahmud Ahmadineyad que merodea el vecindario en busca de aliados para respaldar su carrera nuclear. La visita del autócrata persa no fue bien vista en Chile, donde atribuyeron a su presencia en Bolivia los alaridos sobre la muerte del Tratado de 1904, una forma de responderle a los chilenos que afirmaron que su país tiene cómo hacer respetar los pactos internacionales. Donde peor ha caído la reciente gira del presidente iraní ha sido en Brasil, país que siempre ha defendido su derecho a ser el mandamás continental. Y la presidente Dilma Rousseff no tuvo reparos en hacerle saber su descontento, cuando rechazó la petición de un encuentro oficial solicitado por su colega de Irán, quien llegó a Brasil para participar en la Conferencia Río+20 sobre Medio Ambiente.

Un país amotinado

Como en febrero de 2003, el año que marcó el fin de estabilidad democrática en el país, otra vez la Policía está amotinada. De la misma forma que aquella vez, el motín policial no ha llegado solo y los hechos demuestran que la situación podría deteriorarse, tal como ocurrió hace nueve años, cuando ocho meses después, Gonzalo Sánchez de Lozada se veía obligado a dejar el país en medio de un cuadro de violencia y descontento generalizado.

La protesta policial, que ha llegado a límites nunca vistos, con uniformados atacando sus propias guarniciones y sacando a patadas a sus superiores, no es un hecho aislado. Se produce cuando está por llegar a la sede de Gobierno la marcha de los pueblos indígenas que tratan de proteger el Tipnis de las ambiciones desmedidas de las nuevas élites nacionales; surge cuando un senador se mantiene cautivo de los caprichos de las autoridades, que se niegan a aceptar el asilo político que Brasil le ha concedido; estalla cuando hay tres parlamentarios haciendo una vigilia en una oficina de la ONU, cuando hay varios presos políticos que hacen huelga en la cárcel de San Pedro, cuando hay cocaleros bloqueando caminos, cuando grupos de mineros se atacan a dinamitazos, cuando acaban de asesinar a otra concejal en el Beni, cuando hay fuertes denuncias de sobreprecio en la empresa Papelbol que se suma a otros hechos de corrupción, cuando el presidente Morales confirma sus intenciones de lanzarse a una relección ilegal. El motín policial llega en el momento de mayor hastío de la población frente a los abusos cometidos por un régimen que ha desilusionado por completo a las grandes mayorías que le dieron su apoyo para cambiar el país, pero de otra forma.

Para colmo de males, el amotinamiento de los policías bolivianos se inicia casi al mismo tiempo que el proceso de destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, lo que no deja de ser un mal presagio para la estabilidad democrática continental, especialmente para los líderes populistas, cuya imagen y discurso se han desgastado de manera abrumadora.

El descontento de los policías de base se ha estrellado contra uno de los fenómenos más claros y perversos del proceso de cambio, es decir, contra el desbarajuste que ha perpetrado en las instituciones claves del Estado, como es la Policía en este caso y que de igual manera se ha producido en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y todo el sistema normativo, donde se ha impuesto el manoseo y la manipulación de los grupos que manejan el poder con intenciones de consolidar un cuerpo monolítico, sin control y con ambiciones de perpetuación.

Aunque la reacción de los policías parece coyuntural y “salarialista”, como lo fue en el 2003, surge como el grito más desesperado ante la conmoción moral que invade el país por el avance del narcotráfico y toda una serie de actividades ilegales que son promovidas por los grandes actores del régimen que no parecen darse cuenta de que están conduciendo al país a la destrucción espiritual y material.

Este gigantesco motín es la mejor expresión de la profunda vocación democrática de la población boliviana, que ha sido nuevamente burlada. Es sencillamente una demostración que le hacen al Gobierno de que todo tiene un límite.

Cuestión de protocolo

Dicen las malas lenguas que ha comenzado a cundir el pánico en las embajadas instaladas en la ciudad de La Paz, después del golpe que dio el senador Róger Pinto en la representación diplomática brasileña, cuya repercusión fue aún mayor, gracias a las chambonadas de la diplomacia nacional. El martes pasado, tres legisladores de la oposición, Carmen Eva González, María Elena Méndez y Adrián Oliva, instalaron una vigilia en la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en La Paz en demanda de acciones de los organismos internacionales en contra de la persecución política que ejecuta el Gobierno en el país. La primera reacción no ha sido muy auspiciosa, pues el representante de la ONU, Denis Racicot se negó a recibir a los parlamentarios y posteriormente, los familiares de estos denunciaron que los encargados de la oficina no les permitían ingresar con alimentos y equipos de comunicación. En reiteradas ocasiones, Racicot ha sido denunciado por una presunta actitud complaciente con el régimen boliviano. La ACNUDH señala que el procedimiento empleado por los parlamentarios "no es el adecuado para canalizar sus preocupaciones" y "hace un llamado a todos los involucrados a actuar con responsabilidad y respeto por las normas y protocolos" de la Organización.

Pum, pum

Otra concejal ha sido asesinada en Bolivia. Nuevamente se trata de una mujer y coincidentemente es opositora y por si fuera poco es la corrupción la principal sospechosa del crimen. En marzo fue Juana Quispe Apaza, del municipio de Ancoraimes, a quien el oficialismo envolvente le hizo la vida imposible para sacarla del Concejo hasta un día apareció estrangulada a orillas de un río. Esta vez ha sido en Guayaramerín, alcaldía fronteriza del departamento del Beni, donde el martes pasado la concejal Daguimar Rivera Ortíz recibió dos tiros en la cabeza disparados por sicarios, aparentemente contratados por gente que se sentía incómoda por las denuncias de corrupción que venía realizando la representante de la agrupación Primero El Beni. La hija de la concejal fallecida ha levantado sospechas contra una dirigente masista a quien su madre denunció por supuestos actos de nepotismo y malversación de fondos. El miércoles, cientos de habitantes de la localidad salieron a las calles a exigir justicia, mientras las autoridades del Ministerio Público prometían esclarecer cuánto antes el hecho. Por las dudas, el caso de Juana Quispe sigue durmiendo en los pasillos de la Fiscalía. No vaya a ser que este método se convierta en la nueva modalidad de hacer política en el país.

Estimado señor Google:

La empresa Google ha reportado que el Gobierno de Bolivia le ha pedido
eliminar contenidos de la red internet, aunque no se han dado a
conocer qué datos han sido retirados. La noticia fue proporcionada por
la oficina de Transparencia de Google, que especificó que las
autoridades nacionales le hicieron diez solicitudes entre julio y
diciembre de 2011, las cuales fueron atendidas. Se supo que la
solicitud entregada a Google tiene que ver con “contenido que alega
algún tipo de difamación, material que infringe la legislación en
contra de la promoción del odio y de la pornografía” y que los pedidos
apuntan a información de blogs y videos del sitio YouTube. Esta no
deja de ser una buena noticia aunque habría que ver si no se les hace
costumbre, como ha ocurrido con China, donde Google terminó haciendo
la vista gorda con la censura. Y ya que andamos de limpieza, tal vez
habría que hacer lo mismo con algunos de los contenidos que difunde
copiosamente Canal 7, Bolivia TV, sobre todo aquellos dirigidos a
estigmatizar a ciertas regiones del país. Tal vez querrán borrar la
última intervención presidencial en los Países Bajos, donde dijo que
el camino por el TIPNIS significa “liberar al Beni, que es patio
trasero de Santa Cruz de los gamonales de Santa Cruz, que a espaldas
de Beni se enriquecen”. Si eso no es odio…

Los mil y un consejos

Mi hija se acaba de ir a un campamento de trabajo. Pasará nueve días macheteando, cocinando, arreglando muebles, limpiando baños y acomodando todo lo que haga falta en una comunidad muy pobre cercana a Santiago de Chiquitos.

Es la forma que tienen los religiosos del colegio Marista de hacerles pisar tierra a los chicos de la promoción, que normalmente prefieren irse a Punta Cana o Cancún como viaje de despedida de la secundaria. Las recomendaciones son muy estrictas: serán nueve días sin celular, sin Facebook, sin hamburguesas, sin mamá ni papá. Y aunque usted no lo crea, sin ositos de peluche, porque a los 17 años muchas chicas todavía se comportan como bebés de pecho.

En la casa se estaban volviendo insoportables las letanías dirigidas hacia la chica. Que cuidado, que ojo, que precaución, que si las víboras, el agua, la comida, el frío, los pies, la lluvia, la noche, el día. Los abuelos rezando e implorando para que no le pase nada malo a la nena. La mamá ahogada en pena porque se imagina una aventura al estilo Indiana Jones para su pequeña, a la que considera incapaz de untarse un pan con mantequilla.

En medio de todo surgen algunas reflexiones sesudas sobre los adolescentes y su aburguesado estilo de ver la vida, convencidos de que lo merecen todo y que sus padres son algo así como sus esclavos que tienen la obligación de darles todo sin exigir nada a cambio, ni siquiera buenas notas.

Obviamente yo también me sumé a toda esa andanada de consejos y reflexiones que terminaron por aturdir a la chica. Antes de que suba al bus que la llevaría a su destino, mi hija me puso cara de hastío cuando le dije que le daría un último y único consejo que superaría a todos los anteriores: “usá tu cabeza”.

Ametex, otra víctima del "cambio"

Una empresa ícono de industria textil de Bolivia podría cerrar sus puertas y dejar en la calle a por lo menos cinco mil personas que dependen de forma directa e indirecta. Las razones que han llevado a la crisis a esta compañía son también muy emblemáticas en estos tiempos de cambio.

Decimos que Ametex es un símbolo, no sólo porque es la más grande del país, sino porque, instalada en El Alto, llegó a producir su  propia materia prima, crear una escuela y su propio esquema de producción de prendas de vestir y de esa forma conquistar altos estándares de calidad que le permitieron posicionarse en exigentes mercados internacionales como el de Estados Unidos, elaborando piezas de la marca Polo y otras.

Antes de que se suspendan las preferencias arancelarias contempladas en la ley ATPDEA, Ametex exportaba hasta un millón de prendas de vestir a Estados Unidos. La falta de cooperación de Bolivia hacia la lucha contra el narcotráfico, cuya expresión más fuerte se materializó en la expulsión de la DEA y del embajador norteamericano, motivó la suspensión de esas ventajas y por ende, la extinción del principal mercado para los textiles y muchas otras manufacturas que habían conseguido excelente aceptación en la plaza más difícil del mundo.

El Gobierno boliviano minimizó el impacto de la suspensión de las preferencias arancelarias norteamericanas y anunció inmediatamente la puesta en marcha de convenios con Venezuela, Argentina y Brasil para reemplazar el espacio perdido. Al cabo de cuatro años ninguno de los ensayos que hicieron las autoridades dieron frutos y según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, entre los tres países no alcanzan ni siquiera al diez por ciento de los textiles bolivianos que importaba Estados Unidos. El proteccionismo, la burocracia y la falta de voluntad han sido mucho más fuertes que el compadrerío político que siempre termina perjudicando a Bolivia.

Con la crisis de Ametex, el buque insignia del rubro, toda la industria textil boliviana, compuesta sobre todo por pequeños y medianos productores, podría verse afectada. Fiel a sus fórmulas equivocadas, el Gobierno ha ofrecido hacerse cargo del bulto, aprovechando la capacidad instalada y los recursos humanos para poner en marcha el proyecto Enatex, que viene a ser como el Papelbol de los textiles. En el mejor de los casos se podría llegar a repetir la historia de Huanuni, es decir, absorber una gran cantidad de supernumerarios con la misma producción, pero el principal problema sigue siendo la ausencia de los mercados, que no han sido creados ni estimulados y más bien han sido ahuyentados por las políticas públicas.

Para colmo de males, la industria textil boliviana es una de las más afectadas por la debilidad estatal que no se atreve a aplicar un decreto que prohíbe la importación y el comercio de la ropa usada y por otro lado, no tiene la autoridad para conseguir mejores resultados en la lucha contra los contrabandistas, que gozan de la protección de las comunidades y organizaciones que configuran el cuadro del poder dominante.

El Gobierno se entusiasma con la quinua porque los productores han logrado exportar 34 millones de dólares, pero pierde de vista que una sola empresa, la misma que hoy está en la cuerda floja, vendió el triple de esa cantidad, con la ventaja de que se trata de un producto con mayor valor agregado. Hace poco el Gobierno sacó la conclusión de que los privados no saben hacer empresa y que el Estado es la única salida. ¿Lo dirá de nuevo?

40 años hablando de medio ambiente

La primera gran cumbre por la Tierra se hizo en Estocolmo, Suecia, en 1972. En aquella ocasión ya se insistía en la necesidad de buscar el desarrollo sustentable en el planeta, ante las serias amenazas que estaba generando la explotación irracional de los recursos naturales.

La reunión de 1992 de Río de Janeiro se hizo más famosa porque esa vez fueron lanzadas todas las advertencias y recomendaciones necesarias para que la humanidad no llegue a las circunstancias actuales, es decir, el peligro de su desaparición porque la “madre tierra” ya no es capaz de soportar el ritmo de destrucción a la que ha sido sometida.

En Río 1992, 178 países discutieron sobre nuevos patrones de producción y la necesidad de eliminar componentes tóxicos y residuos contaminantes; se habló de fuentes alternativas de energía para reducir la dependencia de combustibles fósiles vinculados al cambio climático global; se comprometió apoyo al uso del transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión en las ciudades y los problemas de salud causados por la polución. En especial, en Río se lanzó una fuerte advertencia sobre la emisión de gases y la creciente escasez de agua.

El principal logro de la Conferencia de Río fue un acuerdo sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que más tarde llevaría a poner en vigencia el Protocolo de Kyoto, mediante el cual, en 1997, los países industrializados se comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los gobiernos signatarios pactaron en el 2005 reducir en al menos un 5% en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012. Estos acuerdos no se han cumplido.

Hay una buena noticia. Desde 1972 a la fecha, la humanidad ha producido todo el conocimiento y la tecnología que podrían solucionar los problemas ambientales y eliminar la amenaza de extinción a la que estamos enfrentados. Casi todo está inventado en relación a energías alternativas que puedan sacarnos de la adicción a los combustibles fósiles, especialmente el petróleo. El problema está en el mercado, en la falta de conciencia y sobre todo, en la ausencia de voluntad de ciertos grupos que ven en el cambio de paradigma una amenaza muy fuerte a sus intereses.

Los que se oponen a dar el paso dicen que los ambientalistas exageran y que su único objetivo es frenar el desarrollo. Esa es la posición que normalmente esgrimen líderes del tercer mundo que llegaron tarde a la revolución industrial o que jamás la verán pasar pero que gozan con la venta de productos extractivos a los países que sí pudieron alcanzar la industrialización. A estos últimos, como es el caso de China, por ejemplo, parece importarles un bledo el tema ambiental y solo tratan de aprovechar el “cuarto de hora”.

Los más duros de roer son aquellos países dominados por la industria petrolera, con el poder y el dinero suficientes para controlar a todos los demás y por supuesto, llevar la batuta del discurso destinado a mantener intacto el esquema de desarrollo. Es por eso que lo que hable Evo Morales o lo que diga Estados Unidos en la Cumbre de Río+20 forman parte del mismo proyecto y en el fondo están defendiendo lo mismo, sin posibilidades de generar buenas expectativas sobre los resultados de la reunión que se lleva adelante en Brasil.

Hijos y entenados

Han pasado 60 años desde que Bolivia nacionalizó las minas. Varias revoluciones (algunas reales y otras imaginarias), dictaduras, gobiernos izquierdistas y “neoliberales” (otra imaginación). Lo que no ha sido invento es la sangre derramada en todas esas luchas por conquistar el metal del diablo y todos los pulmones que han dejado niños, hombres y mujeres en los socavones. Toda una tradición de lucha para sacar a los temibles barones del estaño que reinaron en este país durante tanto tiempo. Y es que “la historia de la minería es la historia misma de Bolivia”, dice un reciente comentario de Ernesto Murillo en un diario de La Paz, quien afirma que poco y nada ha cambiado pese a tantos vaivenes políticos y promesas. El reportaje dice que en la actualidad solo tres empresas transnacionales controlan más del 50 por ciento de la producción y exportación de minerales. Lo más llamativo es el aporte que realiza esta actividad al país. El año pasado, las exportaciones mineras alcanzaron 3.400 millones de dólares, cifra por la que apenas pagaron 437 millones al erario público y por concepto de regalías, es decir un 13 por ciento. En este rubro, no se cumple la premisa socialista de tener “socios y no patrones”. Habría que cambiar este eslogan por el de “hijos y entenados”. Concuerda mejor con la manera de administrar el país.

El suicidio del Estado

¿De qué vamos a vivir? La pregunta surgió desde lo más alto del poder cuando los grupos sociales, especialmente los indígenas del oriente, comenzaron a exigir su derecho a decidir sobre los recursos naturales, medio de vida y de subsistencia del Estado epulón y centralista de Bolivia que maneja el 85 por ciento de los recursos del país y que siempre ha tratado como patio trasero a todo lo que no se encuentre alrededor de la plaza Murillo. Que digan los yungueños, los alteños y los habitantes de Achacachi si es que también son pobres por culpa de los gamonales de Santa Cruz, como maliciosamente se dice de los benianos.

Todo el pueblo boliviano es dependiente a ultranza de los recursos naturales, especialmente de las riquezas que se explotan y se consumen sin que nadie haya sembrado nada. Pero el Estado lo es mucho más, ya que la informalidad, que no paga impuestos pero que da de comer al 70 por ciento de los bolivianos, no deja de ser la salida que ha encontrado el ciudadano común para paliar precisamente la ausencia de Estado. La industrialización de las materias primas es una quimera, puesto que, o se invierte o se gobierna, lo que en Bolivia significa alimentar profusamente el círculo clientelar del poder, que incluye –haya o no gastos reservados-, Fuerzas Armadas, sindicatos y cualquier grupo con capacidad de llevar gente a las calles y a las carreteras.

El Estado boliviano siempre ha estado en la encrucijada de manejar él mismo los recursos naturales para disponer con mayor holgura del dinerito o entregárselos a ciertos grupos muy poderosos que al final terminal manejando el Estado a su antojo, poniendo y sacando presidentes, nombrando ministros o empujando al país a la guerra, como sucedió en la contienda del Chaco. Para el Estado –que en Bolivia no es otra cosa que una casta burocrática-, esta alternativa siempre ha sido la mejor ya que la estatización siempre genera más bocas que alimentar y menos torta que repartir. En el primer caso se produce una cierta regularidad en los ingresos a través impuestos, rentas y regalías para sostener una institucionalidad rudimentaria que, con el avance de la democracia estaba comenzando a fortalecerse.

El Gobierno actual parece estar ensayando una tercera alternativa, nunca antes experimentada en Bolivia, pero sí en otros países, especialmente en algunas naciones africanas como Sierra Leona y Liberia, que se hicieron famosas por los “Diamantes de Sangre”. La ecuación es muy sencilla y está comenzando a funcionar a través de los cooperativistas mineros, que tienen mucha afinidad con el Gobierno porque se parecen mucho a los cocaleros y a los “chuteros”, a quienes se ha pedido oficialmente cooperación para la campaña electoral. Operan casi como mafias organizadas, mantienen una estrecha relación con el poder y tienen asegurado el mercado internacional, que no suele fijarse el origen de sus compras.

La decisión ha sido muy bien meditada y no parece tener marcha atrás, a pesar de que afuera del país se insiste que Bolivia es muy seguro para invertir y que se respetarán las concesiones mineras. Días después de que turbas de cooperativistas invadieron a dinamitazos la inmensa mina de Colquiri, provocando una guerra campal con los mineros asalariados, el Gobierno no ha dudado en sacar la cara por los primeros, definidos recientemente por un intelectual potosino como “una farsa, un engaño y una impostura, cuyo fin es el enriquecimiento de algunos en desmedro de muchos”. Para el régimen, los cooperativistas serán una parte fundamental de la economía nacional.  La pregunta “¿de qué vamos a vivir?” está resuelta en el contexto de un Estado que tiende a desaparecer, como sucedió en otro país africano: Somalia.

Y de yapa...Irán

Se esperaba que la maltrecha política exterior boliviana recupere algunos puntos con la organización de la 42 Asamblea de la OEA, pero el tiro salió por la culata. La Cancillería confundió las cosas y se olvidó de lo esencial. Pensó que estaba organizando un ampliado sindical donde abundan las silbatinas, los puños levantados y los “vivas” al caudillo y descuidó que el objetivo era consolidar las posturas nacionales en el contexto internacional, sobre todo en el tema marítimo, la democracia, los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Los chilenos hicieron bien su trabajo y volvieron a anotarse una victoria sobre Bolivia, que ha desatado un fuerte cruce de palabras entre ambos países y el deterioro de las relaciones. En medio de todo se metió el caso del senador Pinto que está a punto de desatar un roce diplomático con Brasil, blanco de varias acusaciones de altos funcionarios nacionales. En el vecindario están algo molestos con Bolivia por su reticencia a cooperar en la lucha contra el narcotráfico. La ministra de relaciones exteriores de Colombia fue insultada por un ministro cuando ésta ofreció su ayuda para atrapar a los jefes de los cárteles que operan en el territorio. Y por si faltara algo, para hoy está anunciado el arribo del despótico presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad al país. Los argentinos han sido los primeros en fruncir el ceño por esta presencia.

El fracaso moral

No es novedad que Bolivia fracase en los campos político y económico. La democracia boliviana es demasiado joven como para aspirar a los grandes logros que han conseguido países que tuvieron que superar muchos traumas hasta llegar a la conclusión de que el pluralismo, la libertad y las normas son el único camino hacia la convivencia pacífica. De hecho, en Bolivia estamos atravesando por un nuevo experimento autocrático que parece desconocer todo el reguero de errores que se han cometido en el pasado.

En este sentido, nadie puede hablar de involución, pero sí de un estancamiento que nos lleva a repetir viejos vicios de la política como el populismo, la demagogia, la injusticia, el abuso, la corrupción, la ineficiencia y un largo etcétera que presenciamos todos los días con tintes abrumadores.

Lo que preocupa, porque se trata de un fenómeno que se agrava y que puede condenarnos a la ruina total, es el fracaso moral al que nos está conduciendo el relativismo y la pérdida de valores sociales fundamentales, que nos aleja de las reglas básicas que rigen la conducta de cada uno de los bolivianos.

Poner en duda la educación como base del progreso de los pueblos, hacer apología del soborno y poner todo un Estado al servicio de intereses oscuros, sin importar la destrucción de los medios que garantizan la supervivencia de pueblos enteros, es renunciar a la posibilidad de construir un país basado en principios que nos pueden asegurar la paz y la equidad. Por último, reivindicar el papel de grupos con procedimientos mafiosos que se dedican a explotar ilegalmente la minería es renunciar casi definitivamente a una visión ética de la sociedad.

Queríamos resultados inmediatos en la lucha contra la corrupción, pero nos hemos olvidado del proceso y de los mecanismos que hay que poner en marcha para asegurar la limpieza de la administración pública. Cómo vamos a avanzar, si el compadrerío y el aval político soy hoy más que nunca las claves para asegurarse un puesto de responsabilidad en las instituciones del Estado, donde no se toman en cuenta los méritos, donde se puede llegar a ministro de Salud sin importar que haya tardado 27 años en graduarse y obtenido el título de forma muy dudosa.

Aceptemos que un imprudente magistrado del Tribunal Constitucional diga que la coca es lo mejor para impartir justicia, pero lo que hiere la moral es que la Asamblea Legislativa en pleno, salga a respaldar sus afirmaciones y diga que ese método tiene asidero constitucional.

Todas las instituciones estatales  han perdido el rumbo y se encuentran sumergidas en el fango espurio de la inmoralidad, que las convierte en capaces de hacer y permitir cualquier cosa. Observemos los fallos judiciales, las determinaciones que toman los fiscales, convertidos en los sicarios del control político. Veamos lo que pasa en la Policía, donde se ha perdido todo vestigio de institucionalidad, al igual que  las Fuerzas Armadas, marionetas al servicio de los caprichos del poder político.

En la Aduana Nacional están convencidos que un bolígrafo-grabadora es la gran respuesta para derrotar al contrabando. Ese es el tamaño del simplismo con el que se abordan los asuntos centrales de este país. Nadie ataca lo estructural, lo básico.  Hablamos de revolución, pero nadie se ha planteado que la verdadera revolución es moral y no solamente política.

El peligro de la tardanza

La Cancillería de Brasil pudo haberse equivocado al otorgarle refugio al senador boliviano, Róger Pinto. Nadie es infalible y así lo demostró la “sabia” Itamaraty cuando hizo un mal cálculo al refugiar al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, quien permaneció durante cinco meses en la Embajada brasileña en Tegucigalpa, tras ingresar clandestinamente al país centroamericano con intenciones de recuperar su cargo, con la ayuda de varios mandatarios sudamericanos, entre ellos Lula da Silva y Hugo Chávez. Pero ni siquiera en aquella ocasión los brasileños dieron marcha atrás e insistieron hasta el último momento en sacar pecho por Zelaya y su decisión, que terminó en un bochorno de grandes proporciones. El Gobierno no debería insistir en que Brasil revise su decisión porque no lo van a conseguir. Lo único que lograrán es echarle leña al fuego, irritar a Brasil (que está “a poquingo”) y conseguir que el caso Pinto se vuelva un escándalo internacional que, entre otras consecuencias, podría ocasionar una avalancha de refugiados políticos en Bolivia, lo cual terminará obligando al régimen no solo a retirar todas las acusaciones de desacato, sino a declarar una amnistía para una inmensa cantidad de líderes opositores perseguidos.

Todas las manos

Un día después de que sus colegas diputados, que interpelaron al polémico magistrado Gualberto, dijeran que leer la coca tiene respaldo constitucional, el parlamentario oficialista Raúl Altamirano ha dicho que el “exceso de democracia le hace mal al país”, por lo que sugiere una dosis mayor de “mano dura”, aunque no ha llegado al extremo de recomendar la horca para los opositores, como lo hizo el gobernador paceño, César Cocarico. Altamirano dice que “como Gobierno no se puede permitir que esa gente (indígenas del Tipnis) sigan marchando”, declaración que complementó con una cereza: “no porque nosotros hemos hecho marchas todo el mundo va a marchar”. El diputado dice que el presidente Morales “ha entrado para poner orden”, premisa que seguramente fue la que se impuso aquel fatídico 25 de septiembre en Chaparina, tras lo cual, ninguna autoridad del Gobierno quiso admitir la autoría de la orden que dio paso a la salvaje represión de los indígenas. Si Altamirano quiere meter palo, que él mismo dé la orden, para saber después quién debe asumir la responsabilidad. De lo contrario, tal vez pueda convencer a sus jefes de no esconder la mano tras arrojar la piedra. Lo mejor, sin embargo, es que prueben con otros métodos o al menos combinar “mano dura” con “mano limpia” y sobre todo con “mano eficiente”.

Democracia fantasma

La democracia se ha convertido en un fantasma en Santa Cruz, aunque algunos creen que es un alma en pena o tal vez un zombi, que deambula de un lado para otro, como esos concejales que no encuentran dónde reunirse, que huyen de las turbas, de los jueces y los fiscales que no hallan cómo acorralarlos. ¿Dónde están los que gobiernan? ¿Dónde toman sus decisiones? ¿Quiénes nos están gobernando realmente? 

La ciudadanía comienza a hacerse esas preguntas ante una crisis política que se prolonga en el tiempo y frente al tremendo vacío que han dejado los líderes que ayer vociferaban y juraban que morirían de pie defendiendo a la región. Ahora debemos admitir que Santa Cruz se está volviendo una tierra de nadie, como Colquiri, Mallku Khuta o el Tipnis, solo que en esos alejados parajes por lo menos queda un puñado de valientes con dignidad y principios que no se dejan amilanar por el poder, por más grande y amenazante que este pueda ser. 

Se puede entender que nuestros líderes estén amedrentados por la persecución política que se ejecuta desde los tribunales judiciales, pero lo que no se puede admitir es que haya claros signos de que quienes ayer luchaban por la autonomía, por la justicia y los valores democráticos hoy estén buscando la manera de cómo sumarse al pillaje político del régimen, tratando de medrar con la confusión.

Santa Cruz se ha vuelto terreno fértil para la actuación de los sicarios judiciales sin el menor atisbo de dignidad, que operan fuera de la ley y cometen abusos indecibles, como aquella decisión de suspender por 45 días a un grupo de concejales y además prohibirles que se reúnan o que pisen las instalaciones del Concejo. Eso que parece absurdo, incluso para la ministra de Autonomías, que ha sido blanco de críticas de una facción de su partido (por parcializarse con las normas y el sentido común), está sucediendo todos los días en nuestra capital, de la misma manera que se posesionan autoridades acusadas de delitos graves como violación de menores. En este momento se busca la manera de dar un “golpe de estado” en el Concejo y para ello se ha recurrido al Órgano Electoral, que ya anticipó que no tiene nada que ver en el asunto, cosa que no se puede asegurar porque, de acuerdo al caos y el entreguismo que impera en Santa Cruz, todo puede suceder. 

Nos llama la atención lo que ocurre en el Municipio, donde hay por lo menos cuatro facciones que se disputan el poder, incluyendo dos bandos internos del MAS, pero la situación fantasmagórica es generalizada. Salvo las esporádicas intervenciones de algunos líderes cívicos, las tímidas protestas de otros y por supuesto, el liderazgo inconfundible que ejerce la Iglesia católica a través de sus pastores, nadie intenta siquiera exigir respeto por Santa Cruz. ¿Qué ocurre en los gremios empresariales que tienen mucho por decir en la defensa de la propiedad privada y los intereses económicos de la región y de sus propios afiliados? ¿Qué dicen los profesionales, los parlamentarios y los intelectuales? Qué función está cumpliendo la Asamblea Departamental, cuyas voces parece estar embargadas y sus actividades paralizadas, pese a que los sueldos de los representantes se pagan sin falta ni demora. ¿Se acabó “lo cruceño”? ¿Se perdió la moral de la región? ¿Se terminaron los ideales?.

Negocios en Bolivia

Los grandes empresarios mineros y petroleros saben que no es fácil hacer negocios en el mundo. En algunos países de África por ejemplo, los ejecutivos y el personal extranjero vive dentro de instalaciones impenetrables para los guerrilleros y bandoleros que lucran con la industria del secuestro. Los Estados, casi tan débiles como el boliviano, tienen muchas dificultades para imponer el orden en medio del caos y la inseguridad, sin embargo, ninguno tiene que lidiar con la toma e invasión de campos de producción, respetados como verdaderos santuarios, porque tanto el Estado como los “sectores sociales” de aquellos países viven de lo mismo. La nacionalización también ha sido descartada en esas naciones, porque todos saben muy bien el destino que tienen aquellas empresas que pasan a depender del sector público: se quedan sin la soga y sin la cabra. Es por eso que algunos líderes africanos rechazaron de forma categórica las recientes recomendaciones enviadas desde Bolivia. Es por eso también que ninguna de las potencias petroleras africanas como Nigeria, Libia o Argelia, donde campea la violencia y existen problemas aún más graves que en el país, figura entre los peores sitios para hacer negocios como ocurre con Bolivia, donde es cada vez más incierta la respuesta a la pregunta que alguna vez se hizo el presidente: ¿de qué vamos a vivir?

Al estilo James Bond

Nos dijeron que se venía el cambio. Nos convencieron de que ellos eran la reserva moral de Bolivia. Nos hicieron creer que el “Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella” iba a revolucionar el país y que la corrupción sería erradicada de cuajo y que los ladrones serían eliminados del Gobierno. Elaboraron cientos de leyes, inventaron nuevos delitos, aumentaron los castigos, pusieron patas para arriba el sistema jurídico con el objetivo de castigar a los de hoy, a los de antes y a los posibles corruptos. Metieron al Ejército en el asunto. Para ellos, la historia de Bolivia se estaba comenzando a escribir. Todos honestos, todos limpios, todos sin mancha, a diferencia de todos los de antes, metidos en la misma bolsa espuria y corroída. Solo Dios sabe lo que está pasando en el Estado Plurinacional, donde las licitaciones han sido eliminadas casi por completo. Todos los días se conoce un sobreprecio, algunos tan abultados, que sus salpicaduras llegan hasta lo más alto del poder. Cómo será el asunto, que la confianza parece haber desaparecido entre ellos mismos. Cómo será de grave que la Aduana está obligando a todos sus funcionarios a grabar con un bolígrafo todo lo que hacen y dicen y evitar así el contrabando. Será como “El Gran Hermano” de la corrupción, al estilo James Bond.

Buenos alumnos

Hace unos días, Gary Rodríguez me puso la pelota en el punto del penal con un brillante artículo sobre la educación, a la que él considera “la clave del éxito”. El querido amigo Gary le hizo homenaje a un brillante maestro que le ayudó mucho en su carrera profesional, apuntando de esa forma a la gran necesidad que hay en Bolivia de contar con educadores bien preparados y con una enorme vocación de servicio.

Yo creo que, apartando a los profesores que se dejan comprar por un cordero para hacer pasar de curso a sus estudiantes, que deben ser muy pocos, los maestros buenos sobran en Bolivia. Y la vocación sobreabunda, no solo porque los docentes ganan moneditas, sino porque las condiciones de trabajo son realmente lamentables, amén del terrible estigma de revoltosos que deben cargar, por culpa de gobernantes que siempre se han beneficiado de la falta de educación del pueblo. Lo lamentable es que ahora se enorgullecen de la ignorancia y lo dicen a voz en cuello.

Yo creo que más que maestros, necesitamos estudiantes y, sobre todo, chicos, jóvenes y padres que estén convencidos de que la educación es el único medio para salir de la pobreza. Mientras que mi padre, y seguramente el de Gary, me decía una y otra vez que para que yo estudie él era capaz de robar o quedarse sin comer, en el campo por ejemplo y en muchas familias bolivianas, los chicos suelen sacrificar la educación ante cualquier adversidad. En estos tiempos, aprender se ha vuelto muy fácil y accesible. El desafío, como decía Piaget, es despertar el apetito por el conocimiento y meterles el chip a los jóvenes de que esa es la única manera de progresar y no pidiendo bonos y bloqueando caminos. Cuando hay alumno, el profesor aparece de donde sea.

El drama de los weenhayeks

Hace años que los indígenas weenhayeks, en el Chaco tarijeño, vienen reclamando por la contaminación del río Pilcomayo, del que se abastecen de pescado para su subsistencia. Ante los oídos sordos del Gobierno boliviano, decidieron trasladar su reclamo a la Argentina, donde las autoridades fueron más receptivas, pero no tuvieron más remedio que decirles que el problema se origina en la explotación de las minas de Oruro y Potosí, que arrojan sus desechos a las nacientes de este caudaloso río que recorre más de 800 kilómetros en territorio nacional. Como se sabe, la producción minera es intocable en Bolivia, tanto que hasta se le perdona impuestos, a pesar de que deja unas migajas para el erario nacional en comparación con otras actividades productivas. Por segundo año consecutivo, los weenhayeks se han quedado prácticamente sin pescado y temen morirse de hambre en los áridos parajes que habitan. Nadie ha movido un dedo por ellos en el Estado Plurinacional. Es tanta la indiferencia que sufren que los dirigentes de esta nación reconocida por la Constitución Política del Estado, están pensando abandonar su territorio e irse a cortar caña y cosechar tabaco a la Argentina. Lo harían por primera vez en más de 500 años.

La quinua y las alasitas

A los bolivianos, a unos más que otros, nos gustan las alasitas. Todo en pequeñito. Parece que nos asusta pensar en grande y cada vez que alguien quiere ponerse los pantalones largos, se lo empuja hacia abajo para empequeñecerlo.

De pronto ha surgido la obnubilación con la quinua. Perfecto. Ya era hora que alguien haga loas por la producción, que hable de mercados y que tome las banderas del cultivo de alimentos, después de años de no hacer otra cosa más que aplicar restricciones a los que producen, exportan, generan riquezas y empleo en el país. Ojalá que a nadie se le ocurra frenar el impulso de la quinua, cuyos cultivos han crecido en un 40 por ciento gracias al estímulo de los buenos precios internacionales que han aumentado en un 160 por ciento en los últimos cinco años.

El presidente Morales ha aceptado de buen gusto ser embajador de la quinua, un producto que se contrabandea y se exporta en más de un 80 por ciento en Bolivia, sobre todo a Estados Unidos, que absorbe el 52 por ciento de la producción boliviana y que genera recursos por un valor de 34 millones de dólares por año.

Si las cosas van bien, Bolivia podría hasta triplicar esos valores, dependiendo de que los campesinos del altiplano no terminen matándose por las escasas tierras de cultivo aptas para este valioso cereal andino.

Es bueno que el primer mandatario quiera sacar pecho por la quinua, pero pudo haber hecho lo mismo con la soya, con el girasol, el azúcar, la carne y otros productos, a los que su Gobierno les ha declarado una guerra sin cuartel, provocando una estrepitosa caída del volumen de las exportaciones no tradicionales en más de un 40 por ciento, algo más de 545 mil toneladas. Pese a todo, las ventas en total en este rubro representan más de 1.200 millones de dólares anuales, sin contar, por supuesto la enorme producción que se queda dentro del país en estos y otros cultivos como el arroz y el maíz, que sufrieron bajones de hasta el 50 por ciento por culpa de las despiadadas políticas restrictivas y la inseguridad jurídica.

A nombre del autoabastecimiento (argumento que se cae con lo de la quinua) Bolivia encerró su economía y perdió un tiempo valioso para avanzar en el desarrollo agropecuario, ha dejado pasar las ventajas de los excelentes precios internacionales y, por si fuera poco, puso en peligro la seguridad alimentaria, obligando al Estado a batir récords en importación de productos básicos, además claro, de la profundización de la dependencia boliviana de los productos extractivos que representan más del 80 por ciento de las exportaciones.

Si hablamos del potencial, el país tiene posibilidades de llegar a una frontera agrícola superior a las diez millones de hectáreas en diversos rubros. La soya tiene un mercado insaciable en el mundo y todavía queda mucho por hacer para desarrollar cadenas productivas en todos los cultivos, entre ellos la madera, la castaña, etc. Bolivia es un país chico porque la mente de los bolivianos lo ve así. Solo hace falta mirar a Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, países que han comenzado a mirar las cosas de manera diferente y ahora están superando, a diferentes ritmos, problemas estructurales que en Bolivia están muy lejos de resolverse.

Por un puñado de dólares

Medina denunció que los indígenas reciben plata por marchar.
No presentó pruebas y se tuvo que tragar sus palabras.

Los indígenas que marchan en defensa del Tipnis están molestos con el diputado oficialista Jorge Medina, quien denunció que los marchistas reciben 150 bolivianos diarios para participar en la caminata que comenzó a finales de abril en Trinidad y que tiene previsto llegar a La Paz este 26 de junio, para exigirle al Gobierno que desista de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo costo será la destrucción de una de las reservas naturales más importantes del país, con el objetivo de facilitarle tierras de cultivo a los cocaleros del Chapare. El Gobierno ha contribuido a despertar sospechas sobre los indígenas, no solo por la gigantesca campaña de desprestigio que mantiene desde hace meses en contra de los dirigentes de las tierras bajas, sino por los vanos intentos de soborno a través de regalitos, con los que trató de evitar el inicio de la marcha. Uno de los saldos más nefastos de este “proceso de cambio” es la situación de “sospechosos” en la que hemos caído todos los habitantes del país y el convencimiento de que ya nadie tiene dignidad en Bolivia. “El ladrón cree que todos son de su condición”.