domingo, 30 de septiembre de 2012

¿Puede cambiar Bolivia?

Los mineros cooperativistas acaban de anotarse una nueva victoria en su acelerada carrera depredadora de los recursos no renovables del país: se han adueñado de gran parte de la mina Colquiri, una de las más grandes y ricas del país. Sin embargo, esos obreros que estuvieron bloqueando las carreteras y que se enfrentaron a dinamitazos contra sus hermanos –los asalariados-, son hijos y nietos de mineros, tan pobres como ellos y seguramente sus descendientes también lo serán. Eso no es pesimismo, es la realidad de Bolivia desde mucho antes de que llegaran los conquistadores a estas tierras.

¿Qué diferencia existe entre dejar Huanuni o Colquiri en manos de las “diabólicas transnacionales” y entregárselas a los mineros, de cualquiera de los bandos mencionados? Prácticamente ninguna, pues dentro de unos años, los socavones quedarán vacíos como los del Cerro Rico y los mineros que supuestamente han sido los artífices de esa “recuperación patrimonial” seguirán tan miserables como siempre y dispuestos a bloquear, lanzar dinamitas y amenazar con tumbar al Gobierno de turno. Por su parte, el Estado seguirá con los “quintos” medidos para atender las interminables necesidades sociales y obviamente seguiremos en la cola de todas las estadísticas mundiales.

Lo que ocurre es que son muy pocos los que se benefician del modelo productivo boliviano, monoproductor y extractivista y en todo caso, jamás podremos cambiar las estructuras sociales, la cultura política, la situación de pobreza y atraso si no comenzamos a decirle la verdad a la gente.

La nacionalización y la industrialización de los recursos naturales han sido medidas que pudieron salvar a Bolivia de la postergación histórica en la que ha vivido durante 187 años. En realidad, jamás ha existido una ocasión más propicia para hacerlo. Teníamos a un Gobierno con una legalidad y legitimidad inéditas y una coyuntura económica generada desde el exterior que jamás se había dado y que ha posibilitado generar ingresos públicos, cinco veces superiores a los obtenidos en los periodos anteriores. Pero cualquiera puede darse cuenta que la situación de los bolivianos no es cinco veces mejor y apenas nos jactamos de unos escasos avances en la eliminación de la pobreza extrema.

Bolivia puede cambiar si la nacionalización no hubiera sido interpretada como un “chivoneo” de los recursos y si las empresas estatales no se hubieran convertido en agencias de empleo, refugio de los malvivientes de siempre que lucran con los contratos y las licitaciones.

Bolivia puede cambiar si los gobernantes se preocuparan por usar los recursos naturales y las ventajas de la nacionalización para invertirlas en la generación de fuentes productivas, en la creación de empleo digno en la diversificación de la economía, para que los hijos de esos mineros tengan mañana nuevas oportunidades y obviamente la posibilidad de salir de la pobreza.

Bolivia puede cambiar si los gobernantes estuvieran preocupados en el futuro del país y no en el porvenir político de ellos mismos, guiado por las angurrias de la perpetuación, que los lleva a construir una inmensa coraza de seguridad en la que se va más de la mitad del presupuesto.

En Alemania con mi nana

El verbo “aclarar” tendrá graves problemas en un reciente caso que involucra a la hija de la ministra anticorrupción de Bolivia, Nardi Suxo. Según la denuncia que hace una ciudadana alemana, Naira Rivero Suxo mantuvo trabajando como empleada doméstica a una señora boliviana de nombre Antonia Ramos Posco, a quien llevó a Berlín con la promesa de pagarle 900 euros al mes, además de todos los beneficios legales. De acuerdo a la información proporcionada por Babette Röhner, que se ha conocido por todos los medios de comunicación, Ramos dejó la casa de Rivero después de un año porque no le pagan horas extras, no respetaban sus horas de descanso y tampoco cumplieron con el arreglo económico y los beneficios prometidos. La ministra Suxo ha reconocido que su hija llevó a la señora a Alemania, donde cumple funciones en la embajada boliviana. La dignataria dice que eso no es nepotismo y aclaró también que el traslado de Antonia Ramos fue un gesto de amor de su familia y que la mujer, quien según la ministra permaneció apenas unos meses en el trabajo, dejó la casa de su hija por un mal asesoramiento de personas extrañas. Las versiones más duras de esta noticia hablan de maltrato y algunas de “condiciones de esclavitud”. Todo indica que se trata de la vieja costumbre boliviana de llevarse la nana a todos lados.

viernes, 28 de septiembre de 2012

Los nuevos inventores

Cuando piense en un nuevo invento, ya habrá un chino, un gringo o hindú que lo haya desarrollado y esté disfrutando de sus millones con la innovación. Las nuevas tecnologías están llenas de inventores. Uno no termina de pagar el celular que hace furor en el mercado y aparece uno con más aplicaciones y “tuticuantis” que vuelven locos a los “tecno-maniacos”. Hasta los temibles hackers, otrora delincuentes informáticos, han sido asimilados por las multinacionales para diseñar sistemas y procedimientos de seguridad.
Pero justamente gracias a las tecnologías, las redes sociales y la sociedad de la información ha surgido un nuevo tipo de inventores. Se trata de los “innovadores sociales”, personas jóvenes, progresistas, muy idealistas y con ganas de cambiar el mundo (como todos) y que ahora tienen las herramientas necesarias para atacar problemas que el mercado ni los estados jamás han atendido por cuestiones de costos.
Los innovadores sociales son los dueños de las ideas más creativas para cuidar el medio ambiente, están creando nuevas alternativas para la educación de las minorías, tienen propuestas revolucionaras para luchar contra el hambre, reúnen millones de dólares para causas nobles, establecen nuevos modelos para el uso de los medios de comunicación y se ocupan con mucha más apertura del arte y la cultura. ¿Cómo lo hacen? Aprovechan las grandes ventajas que ofrece Internet para investigar, compartir y producir información. Reúnen ideas, se agrupan, crear comunidades de aprendizaje y hacen juntos cosas que antes demandaba la iluminación de un gran experto o los millones de algún patrocinador que, por supuesto, evaluaba primero la rentabilidad de los proyectos. Esta noticia es para todos los que dicen que todo tiempo pasado fue mejor.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Bolivia te espera

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“Bolivia te espera”, así se llama la nueva Ley General del Turismo promulgada ayer por el Gobierno. La norma tiene base comunitaria y establece que el Estado es el principal protagonista, pues se encargará de las inversiones y la generación de políticas para el desarrollo del sector. El objetivo es integrar la iniciativa privada con la pública, generar empleos, generar producción y revitalizar los pueblos de las provincias. En realidad argumentos sobran para hablar bien del turismo y de la necesidad de promoverlo. Se calcula que podría generar más de 220 empleos directos, sobre todo para las mujeres y superar ampliamente los 800 millones de dólares en negocios. Lo paradójico de esta nueva ley (surrealista dijeron algunos) es que ha sido lanzada cuando siete departamentos están totalmente bloqueados por los mineros cooperativistas y sus colegas asalariados amenazan con paralizar el país por 24 horas. Esas condiciones “normales” en Bolivia suelen perjudicar a los turistas, muchos de los cuales juran nunca más volver a Bolivia. Algunos creen que si la “cultura del bloqueo” va a ser el principal aporte estatal al turismo, estamos fritos.

El caos como norma


Los medios de comunicación no sabían si eran cinco, seis o siete los departamentos aislados como consecuencia de los bloqueos de los cooperativistas mineros que exigen que el Estado les entregue la mina Colquiri, como si se tratara de un mercado, donde los comerciantes hacen de las suyas y apenas pagan unas moneditas de “sentaje” o “sitiaje”, esas formas que inventamos los bolivianos para ponerle parches a la miseria con el objetivo de que nada cambie.

El Gobierno no quiere dar el brazo a torcer pese a que pone en riesgo el voto de decenas de miles de cooperativistas, rabiosos y despiadados capitalistas que han sido sus aliados durante los últimos siete años. Las autoridades ya saben que la alternativa es hacer en Colquiri lo mismo que se hizo en Huanuni, la mina más grande de Bolivia, la que podría ser la más rentable, pero que gracias a las “soluciones salomónicas”, ahora tiene más de cuatro mil supernumerarios que la ponen en números rojos cada vez que baja unos puntos el precio del estaño.

Cuando el presidente les dijo a los indígenas del oriente que se oponían a la explotación petrolera “¿De qué vamos a vivir?”, obviamente no se estaba refiriendo al conjunto de los bolivianos, sino al Estado, más concretamente a quienes lo manejan, amenazados como nunca por las peleas entre mineros, el sector que ha protagonizado los más grandes cambios políticos en los últimos 100 años de historia boliviana. Por primera vez –y precisamente cuando los precios de minerales alcanzan niveles históricos-, los obreros de las minas están viendo la posibilidad de quedarse con la soga y con la cabra. El Gobierno sabe que al ceder en este caso, se vendrán más tomas de minas y en esas condiciones será difícil que el Estado siga funcionando.

Algunos opositores criticaron que, en medio de semejante crisis, el país haya quedado sin sus dos principales cabezas. Habría que responderles que los bloqueos son casi una señal de normalidad en el país y que ya no asustan a nadie y menos a quienes han sido los principales promotores de esa manera de hacer política. No estar en el momento preciso, dejar que los sectores sociales arreglen solos sus problemas aunque sea a dinamitazos, lavarse las manos y decir “yo no fui” cada vez que surja algo grave, parece ser la manera más práctica de administrar un país tan complicado, pero  nadie debe negar que este sea el mejor camino hacia la destrucción y el menos indicado para cambiar.

Ayer se leía un comentario sobre la “maldición de los recursos naturales” un fenómeno que no es exclusivo de Bolivia y que ha ocurrido en  países del primer mundo como Holanda, donde aprendieron la lección cuando la clase política hizo los cambios internos. Ese no parece ser el caso nuestro, donde el sistema clientelar tiende a perpetuarse y con él, también el rentismo y el extractivismo, el tercer componente de esta triada maldita. Desde este punto de vista queda aún más justificada la ausencia de los conductores, pues mientras más zafarrancho se arme, más profundas serán las huellas de esta condenación que cuadra perfectamente con casi todos los Gobiernos que ha tenido Bolivia.

TIPNIS: guerra de argumentos

Los habitantes del TIPNIS han rechazado el ingreso de las brigadas del censo que se movilizarán el próximo 21 de noviembre y anuncian que las van a sacar “tostando” de su territorio, de la misma forma que lo han hecho con los brigadistas que trataban de realizar la consulta sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. Los indígenas del Parque Isiboro-Sécure ven “Caballos de Troya” en todas las iniciativas del Gobierno y para no arriesgarse han optado por decirle “No” a todo. La respuesta gubernamental ha sido bastante
polémica, pues la ministra de Propaganda, Amanda Dávila, ha dicho que si no hay censo en el TIPNIS es como si las comunidades y su gente no existieran y entonces no van a recibir los beneficios del “progreso” y los grandes servicios que ofrece el Estado Plurinacional. Los indígenas le han respondido que si “progreso” le llaman a la carretera que va a destruir su hábitat y sus medios de vida, prefieren no existir. En todo caso, lamentan que el “mundo moderno” se acuerde de ellos en estas circunstancias, es decir para construirles la lápida y escribirles el epitafio y que si es así, es mejor nomás esperar otros 500 años. Todavía estamos aguardando el próximo argumento
gubernamental.

lunes, 24 de septiembre de 2012

El primer paso

El departamento de Santa Cruz sigue aportando casi un tercio del Producto Bruto Interno de Bolivia pese a todas las restricciones que le ha impuesto el Gobierno central y pese también al gran “estímulo emocional” de ser tildados de flojos cuando en realidad la región produce más del 70 por ciento los alimentos que consume el resto del país. Es verdad que el aporte cruceño ha disminuido, pero casi nada en comparación con el asedio centralista que le prohíbe incluso exportar soya, pese a que el mercado interno absorbe menos del 40 por ciento del volumen total producido. Así es que no hace falta que animen a invertir más a los cruceños, porque nunca han dejado de hacerlo, ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Hasta un ciego lo puede ver, sobre todo cuando se visita la Expocruz, la vitrina que refleja mejor que nada la audacia de los que habitan esta región. Menos mal que Santa Cruz es un lugar al que se le puede pedir más, porque es capaz de dar más. Sin embargo, hay que dar el primer paso. Es cuestión que el Estado Plurinacional le quite el freno de mano que le ha puesto al departamento. ¿Se animará?

Tiempo al tiempo

Nadie quiere que a Bolivia le vaya mal. Todos lamentan que el país sea un “mendigo sentado sobre un sillón de oro”, que Potosí no salga de la miseria, pese a que un día fue tan importante como París o que el rentismo, el populismo y la demagogia estén tirando al tacho de la basura el periodo de bonanza económica más importante de la historia del país.

Lo lamentable es que haya personas, líderes, gobernantes  y sectores que traten de frenar el progreso de Santa Cruz, una región que estuvo aislada e ignorada durante más de 400 años y que prácticamente se hizo sola, después de que el centralismo secante le dio apenas una oportunidad de surgir, que en realidad fue una manera de salvar la viabilidad de Bolivia que se estaba yendo por el despeñadero del extractivismo occidental, modelo que los enemigos del oriente boliviano buscan perpetuar porque les sirve a sus intereses, que no han cambiado desde que llegaron los conquistadores españoles.

Resulta obvio que se busca aplastar a Santa Cruz porque existe el temor de que una nueva estructura económica nacional surgida a partir de esta región termine modificando las relaciones de poder en el país, como ocurrió en 1899, cuando el estaño sustituyó a la plata como medio de soporte del Estado colonial que continúa intacto pese a toda la cháchara del cambio que surge cada que alguien se entusiasma con los aleteos del andinocentrismo, un esquema que hace mucho está condenado a muerte y que no hace más que retrasar las posibilidades de surgimiento del país en su conjunto.

Pedirle a Santa Cruz que sea más audaz, que se anime a invertir en medio de la inseguridad y que doble la apuesta cuando se sabe que el árbitro juega en su contra, es una forma extraña de admitir el rol determinante que cumple esta región para el presente y futuro de Bolivia, precisamente cuando nada menos que en las calles del centro de la La Paz, dos sectores que representan los más patéticos engendros del Estado fallido boliviano (mineros cooperativistas y asalariados) se empeñan en “joder a Bolivia”, por usar un término que acaba de utilizar el gestor del Movimiento Al Socialismo (MAS) e ideólogo del presidente Morales, Filemón Escóbar, uno de los primeros en advertir el mismo papel destructivo que asumieron los cocaleros después de haberse encaramado en el poder.

El “proceso de cambio” está acumulando un saldo aún más nefasto para el futuro de Bolivia. Y para cuando el país termine de “cambiar” hará falta mucho trabajo de recuperación. Para entonces –y si es que Santa Cruz no se ha dejado asimilar por la onda expansiva de la destrucción-, las exigencias planteadas a esta región serán mucho mayores y tal vez todos terminen de aceptar que el futuro del país pasa por este lado del mapa y debe surgir desde aquí.

La llegada del tiempo de Santa Cruz no solo depende de que las élites andinas terminen de darse cuenta de que su propio tiempo ha terminado y que, al menos, tienen que cambiar de domicilio, sino también del surgimiento de líderes locales genuinos, con los principios y la valentía necesarios para construir y salvar a Bolivia desde esta parte del territorio. Mientras nuestros dirigentes no hagan más que medrar con las migajas que les deja el centralismo, sólo conseguirán prolongar la agonía, la propia y la del viejo Estado fallido.

domingo, 23 de septiembre de 2012

El tiro de gracia a la autonomía

Si hay algo que ha quedado claro en los siete años de “proceso de cambio” es que la autonomía fue el principal enemigo a derrotar y es bueno reconocer que lo ha conseguido. En todo este tiempo la autonomía fue perseguida, encarcelada, enjuiciada y exiliada como si se tratara del peor crimen que se pudiera cometer, para consolidar el régimen más centralista que haya tenido Bolivia en su historia. Sólo hay que echarle una ojeada a la distribución de recursos y se comprobará que más de un 85 por ciento está en manos del Gobierno central, mientras que 337 municipios, nueve gobernaciones y nueve universidades administran el restante 15 por ciento. Es tan acaparador el modelo instaurado a partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que incluso obliga a las alcaldías y gobiernos departamentales a poner plata extra para salud, educación y seguridad ciudadana, sin que por ello dejen su papel de mirones de esta orgía centralista, que, por supuesto, también decide quién vive y quien muere desde el punto de vista político. Por eso es que cuando desde la Gobernación cruceña se anuncia la adecuación de los estatutos autonómicos a la CPE, esto sólo puede entenderse como un gesto de capitulación como el que manifestó el otro día el alcalde Percy Fernández. Cada uno lo expresa a su modo. Pero jamás se puede concebir ese anuncio como un avance en la autonomía. En realidad es el tiro de gracia.

Rigoberta Men...trucha

La mezquindad y el sectarismo son defectos que se pueden esperar en
cualquiera de los dirigentes políticos truchos que abundan en Bolivia,
pero no se esperaba esas mismas actitudes en la laureada Rigoberta
Menchú, indígena guatemalteca que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en
1992 y que estuvo de visita en Bolivia con motivo de la boda del
vicepresidente García Linera. El pasado jueves, Menchú estuvo en la
Cámara de Diputados, donde recibió una condecoración. Allí, algunos
parlamentarios le solicitaron su apoyo para la postulación al Premio
Nobel de la marcha de los indígenas del TIPNIS que fue reprimida de
forma salvaje hace un año en Chaparina. La dirigente no sólo rechazó
el pedido, sino que en otras palabras, dijo que ella no es nadie para
andar “muñequeando” por uno y otro postulante. La actitud de Menchú
cambio radicalmente cuando los periodistas le preguntaron por la
postulación del presidente Morales al Nobel. Dijo que estaría
encantada en patrocinarlo y en todo caso, sugirió enviarle cuanto
antes los papeles para que ella pueda interponer sus buenos oficios,
para lo cual, cuenta con el respaldo de otro de los premiados, Adolfo
Pérez Esquivel, quien igualmente estuvo en Tiahuanaco para el
casamiento.

Invitaciones de mala fe

Quedó claro que hubo algo de mala fe en las “cordiales” invitaciones
que hizo el presidente interino del Concejo Municipal, Saúl Ávalos a
las autoridades locales, a quienes visitó personalmente para
persuadirlas de que asistan a la sesión de honor por el 24 de
septiembre. En todo caso hubo falsa humildad, porque todo el mundo
tiene el derecho a negarse y no por eso Ávalos ahora puede responder
con graves alusiones a supuestos actos de discriminación en su contra
o dirigidas hacia los dirigentes de los movimientos sociales que
estarán en el órgano deliberante. “No tienen sarna”, ha dicho de
manera muy descomedida el dirigente masista, quien se metió por la
ventana del Concejo, luego de que su partido pusiera en marcha una
serie de trucos y maniobras para meterse en el Municipio y quebrantar
el Estado de Derecho, como ha sucedido en decenas de otras alcaldías.
Es precisamente por estas razones, que tanto el presidente del Comité
Cívico como otras autoridades, han decidido apartarse de las
celebraciones por la efemérides. Apelar a la demagogia  sensiblera con
acusaciones indirectas de racismo y discriminación es una razón más
para mirar con desconfianza el accionar de los nuevos socios del
alcalde Percy Fernández.

Los otros “racismos”

Cualquier pleito acaba en la Ley contra el racismo. Hasta quienes se
oponían a esa norma tan polémica, suelen ponerla por delante en todos
los conflictos, tratando de estigmatizar y generar aún más
enfrentamientos y división de los que se han generado como
consecuencia de una falsa guerra racial en Bolivia. Los que ven
racismo por todos lados y pretenden usarlo como un “coco” en el país,
olvidan las otras maneras que se usan todos los días para provocar
pelea y muerte entre los bolivianos. ¿Quién enjuicia a los que han
causado la guerra entre mineros asalariados y cooperativistas y que ha
provocado ya decenas de muertos? ¿Dónde están los culpables de los que
han provocado la división de los indígenas del oriente boliviano entre
los que defienden su supervivencia y los que están dispuestos a rifar
su destino por una pega? El país todavía espera por los responsables
de las masacres producidas en Cochabamba, en Sucre, en El Porvenir, en
Huanuni y en otros lugares, donde nada tuvo que ver el racismo, pero
sí una forma perversa de gobernar sembrando la cizaña entre
bolivianos. Dentro de unos días se cumplirá un año de la represión a
la marcha indígena en la localidad de Chaparina. ¿Qué ley es capaz de
juzgar semejante impunidad?

miércoles, 19 de septiembre de 2012

A dinamitazo limpio

Como si se tratara de “globazos” (vejigazos) durante el Carnaval, los mineros se lanzaban ayer cachorros de dinamita en las calles paceñas, convertidas en el escenario de una batalla campal que amenaza con reeditar la masacre de Huanuni de 2006 que causó 16 muertos y decenas de heridos. En el enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas se ha producido la primera baja. Se trata del trabajador sindicalizado Héctor Choque, quien resultó con graves heridas como consecuencia de una explosión. El conflicto por la mina Colquiri mantiene bajo zozobra a los ciudadanos paceños que viven días de verdadero terror por un problema que no encuentra solución después de varios meses. Mientras que los cooperativistas reclaman su derecho a explotar la mina bajo los criterios del más salvaje de los capitalismos, los asalariados exigen que Colquiri se mantenga al amparo del más cruel de los estatismos, un modelo autodestructivo como la dinamita que ha provocado una muerte y varios lesionados de gravedad. Para este miércoles el Gobierno ha convocado al diálogo entre las partes, sin embargo, parece tarde para las conversaciones mientras que los bandos refuerzan con más ahínco sus posturas, por supuesto, a dinamitazos.

Drogas: mitos y realidad

En materia de coca y cocaína –como en la mayoría de las cosas-, todo depende del cristal con que se mire, aunque no por ello debemos perder la perspectiva del problema, que es una realidad y muy grande, especialmente para Bolivia, cuyo futuro está mucho más comprometido que el de Estados Unidos o la ONU como consecuencia del auge del narcotráfico.

Está demostrado que ha perdido totalmente su incidencia en el país el informe sobre la situación del narcotráfico que anualmente elabora el Gobierno norteamericano y que por cuarto año consecutivo coloca a Bolivia en una “lista negra” de naciones que no hacen lo suficiente para combatir el flagelo de las drogas. Además de provocar los refunfuños de siempre, nadie mueve un dedo en la administración gubernamental como resultado del diagnóstico.

Este año y como si estuviera todo calculado, la oficina de la ONU en Bolivia para el combate al narcotráfico (ONUDC) emitió su informe sobre los cultivos de coca, un día después de que Estados Unidos confirmara su descertificación al país. Los vítores no se dejaron esperar en el Palacio Quemado, como si lo reflejado por el organismo multilateral fuera el súmmum de la verdad sobre lo que está aconteciendo en materia de tráfico de drogas.

Hay que mencionar que el informe de la ONU, es el resultado de un sinnúmero de tropiezos, retrasos (debió estar listo para junio), falta de presupuesto y que al final fue la Embajada de Dinamarca, un país lleno de inocencia en este campo, la que salvó las papas. En realidad, así como se fue la DEA, la NAS y otras agencias relacionadas con el control de las drogas en Bolivia, de la misma manera se encuentra en retirada la ONUDC, organismo que tiene planeado instalar una megaoficina en Brasil, donde hay un genuino y creciente interés de luchar contra las mafias de la droga.

No es para menos, Brasil se ha convertido en el segundo consumidor de cocaína del mundo, tiene más de un millón de consumidores consuetudinarios de esta droga, en su mayor parte proveniente de Bolivia y desde hace años, los brasileños batallan para combatir las mafias instaladas en las favelas, donde abunda no solo la mercancía boliviana, sino también armamento que pasa por las fronteras con nuestro país.

Si hay una opinión en materia de drogas que le debe interesar y preocupar al Gobierno boliviano es precisamente la de Brasil, donde prácticamente existe el convencimiento de que en nuestro territorio los cárteles reciben un fuerte apoyo político. No solo porque lo dice una revista o lo menciona con mucha claridad un candidato a presidente, sino porque en la actualidad las fronteras están atestadas de militares brasileños tratando de frenar la invasión de cocaína.

Días antes de que Estados Unidos emita su informe y que la ONU haga brincar de felicidad a las autoridades nacionales, estuvo en La Paz el ministro de Justicia y zar antidrogas de Brasil, José Eduardo Cardozo, quien vino a acelerar la puesta en marcha del convenio antidrogas que nuestro país ha firmado con el gobierno de Dilma Rousseff. El dignatario entregó donaciones, haciendo ver que ahora es Brasil el actor principal de los esfuerzos antinarcóticos que deben realizar los bolivianos. Y por si fuera poco, ha insistido en que debe ser la Policía Federal brasileña la que supervise la erradicación de coca, algo que causa muchísimo malestar en la administración del presidente Morales.

lunes, 17 de septiembre de 2012

La era de las zanjas


Cuando la pesadilla haya concluido, recordaremos este período de la historia como “La Era de las zanjas”. Justamente hace cuatro años en El Porvenir (Pando) fue una zanja la triste protagonista de una guerra fratricida inventada por el régimen para derrocar al prefecto Leopoldo Fernández, con un saldo de casi 20 muertos. Hace un año, en la localidad de Chaparina también construyeron una zanja para impedir el paso de los indígenas de tierras bajas que marchaban hacia La Paz para pedir el respeto a su territorio. Los constructores de esa zanja eran cocaleros que buscan sacar a los indígenas de sus tierras para convertir el lugar en un segundo Chapare, de la misma forma que Pando se transformó en una plataforma de exportación de mercaderías ilegales. Además de zanjas también ha habido alambres de púa, como los que colocaron en San Ignacio de Moxos, donde se prohibió a los nativos benianos ingresar a la plaza principal. Fue como volver 400 años en la historia. La última zanja cavada está ubicada en Colquiri, donde los mineros asalariados están tratando de impedir el ingreso de los cooperativistas, quienes ya tienen el aval del Gobierno para arremeter en el lugar. No hay recuerdo de un período en el que se hayan construido tantas zanjas. No hay memoria de una etapa con tantas señales de división en Bolivia.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Juan Seguro en el Chapare

El año pasado, cuando arrestaron al general de la Policía y responsable de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, René Sanabria, la comunidad internacional le demostró a Bolivia que no confía en sus autoridades, ni siquiera en las de más alto nivel. El arresto se produjo en el más absoluto secreto, pese a que fue el resultado de varios meses de seguimiento entre las policías de Chile, Panamá y Estados Unidos, adónde fue a parar esposado el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico boliviano. Aquella vez, seguramente por una cuestión de pudor, nadie se atrevió a responderle al presidente por qué no le habían avisado. En fin, la desconfianza se mantiene y esta vez es Brasil el que expresa sus dudas públicamente. Como se sabe, el convenio antidrogas firmado con Bolivia, establece el control de los sembradíos de coca del Chapare, pero el Gobierno de Dilma Rousseff insiste en que si se va a erradicar coca, debe ser la Policía Federal brasileña la que aplique este plan, para que no siga la famosa trampita boliviana de que erradican una hectárea y siembran tres. El Gobierno boliviano ha estado rechazando esta propuesta, que según el ministro brasileño de justicia ya se aplica en Perú.

El MAS en Santa Cruz

El alcalde cruceño Percy Fernández admitió su sociedad política con el MAS en medio de una ola de amenazas de juicios en su contra. Fue una forma de comunicarles a sus detractores, los periodistas y medios de comunicación, el tamaño del aliado que tiene a su favor, nada menos que el principal hostigador de la prensa independiente y quien tiene la sartén por el mango en materia de justicia.

Percy Fernández ha hecho su confesión a pocos días de celebrarse el 24 de septiembre y podría decirse que “el sofocón” ha pasado satisfactoriamente. El flamante presidente del Concejo, el masista Saúl Ávalos, ha salido (de oficio) a hacer algunas aclaraciones sobre una alianza que se había constituido en un secreto a voces y que no ha recibido ningún tipo de crítica en Santa Cruz, salvo la del presidente del Comité Cívico, que viene a representar algo así como la voz de la ingenuidad, frente al estrecho vínculo que vienen manteniendo desde hace mucho las élites cruceñas con el Gobierno central.

Saúl Ávalos les ha hecho saber a todos lo que pretendan mantenerse en esa ingenuidad, que desde ya, la fisonomía de la celebración del 24 de septiembre va a cambiar radicalmente y que en primera fila de los actos oficiales estarán todas las autoridades nacionales, los ministros y líderes de los movimientos sociales afines al Gobierno.

Es posible que todas estas señales formen parte de la promesa que hizo el presidente Morales, quien hace algunos años dijo que después del “palo” vendrían los arrumacos. Últimamente se ha producido un notorio acercamiento entre los dirigentes del sector agropecuario y las autoridades nacionales relacionadas con el agro, aunque en los hechos, las prohibiciones y las restricciones se mantienen casi intactas. Razones sobran para permanecer desconfiados como lo hace el líder cívico Herland Vaca Díez.

La otra señal que puede generar entusiasmo es la resolución del Tribunal  Constitucional que paraliza la aplicación de los artículos la Ley Marco de Autonomías en relación al procesamiento de las autoridades y que le han servido al Gobierno para derrocar decenas de alcaldes y gobernadores. El dictamen llegó como el sonido de la campana para el gobernador Rubén Costas, quien peleaba el último round antes de ser destituido. Puede que el oficialismo esté esperando la devolución del favor y tal vez en los próximos días se produzca en la avenida Omar Chávez la misma confesión que hizo el alcalde Fernández.

Que Percy Fernández y Rubén Costas terminen de abrirle las puertas de Santa Cruz al MAS sería una gran ventaja para el oficialismo, que en siete años no ha podido conseguir el liderazgo regional. Se trata de dos figuras con una imagen blindada electoralmente, mientras que el masismo no consigue estructurar una dirigencia más o menos decente en la región. En los últimos años se ha mantenido con personajes prestados, algunos rostros llenos de sombras y la mayoría de ellos, con serias complicaciones morales que rayan en lo delictivo.

Pese a todo, al MAS todavía le falta mucho para conseguir imponerse en Santa Cruz. Más que nada, tiene que deshacerse de su imagen de pendenciero, avasallador y atropellador de las leyes y de la propiedad. En realidad, el mejor consejo que le han dado al MAS en los últimos tiempos se lo dio el cardenal Julio Terrazas, uno de los líderes más queridos, respetados e íntegros de Santa Cruz y que ha sido también uno de los más agredidos por el Gobierno. Mons. Terrazas sugirió perdón,  indulto y amnistía para buscar la reconciliación.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Adivina buen adivinador

Un importante sector del país ha pedido una ley corta para frenar los avasallamientos a la propiedad privada en el país, ante una ola de invasiones en urbanizaciones de El Alto y otras áreas del Altiplano. Al pedido se ha sumado un senador, quien afirmó que es necesario crear una norma para detener las tomas de tierras en diversas regiones del territorio nacional.  “Se tiene que respetar, si es necesario hay que hacer una norma específica hay que hacerlo, tiene que haber respeto, estamos en un país democrático por lo tanto no puede haber avasallamientos. Una cosa es pedir dotación de tierras, de tierras fiscales, y otra cosa es avasallar las propiedades privadas el cual se tiene que respetar, eso es un daño a las familias, a los propietarios eso se tiene que aclarar”, dijo el parlamentario. Pero el sector del que hablamos al principio es mucho más radical. Exige que el avasallamiento, especialmente de los predios mineros, sea considerado una traición a la patria, con la sanción de cárcel para los culpables. Ese sector no pertenece a la derecha ni al empresariado y tampoco es del oriente boliviano. Es un pedido del máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo. Y el senador que pronunció esas palabras tan vehementes es Julio Salazar, del MAS.

viernes, 14 de septiembre de 2012

El pacto de Percy

El alcalde cruceño Percy Fernández tuvo que admitir que mantiene una alianza política con el MAS, luego de la posesión de Saúl Ávalos en la presidencia del Concejo, con el apoyo de la agrupación oficialista “Santa Cruz Para Todos” que desplazó a sus propios concejales para darle cabida al masismo. Ese pacto era un secreto a voces dentro del Municipio, donde también tiene mucho peso el MNR, ya que Fernández fue un férreo aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada, ante quien supuestamente se arrodilló, tal como lo denunció ayer el concejal disidente y exaliado del alcalde, Óscar Vargas. Por eso es que para el jefe comunal no ha sido problema tener que admitir su nueva sociedad política, pues es un líder que se ha mantenido vigente gracias a su habilidad para pactar. Los que no están muy contentos son los masistas. Inmediatamente después de la confesión, Ávalos salió a aclarar que no existe ninguna alianza y menos cuoteo político. Dijo que simplemente están coordinando acciones por el bien de la ciudad y de los vecinos. Los analistas creen que los pactos fortalecen a los políticos como Percy, pero al MAS lo debilitan, sobre todo después de haber pactado en Tarija y de estar pensando seriamente recomponer las relaciones con el Movimiento Sin Miedo en La Paz.

En busca de un modelo político

Convengamos que durante el periodo de la “democracia pactada”, 1982-2005 se cometieron muchos errores. El sistema democrático falló en muchos sentidos y no pudo colmar las expectativas de la población, sobre todo en la lucha contra la pobreza y el combate a problemas estructurales como la corrupción y la falta de justicia. El sector público pasó a ser un botín político de ciertos grupos que literalmente se convirtieron en “club de forajidos”, término utilizado por un famoso analista colombiano, quien indicó que el fracaso latinoamericano de las décadas pasadas había sido culpa total y absoluta de las élites.

Eso es precisamente lo que había que cambiar y afortunadamente en el vecindario han hecho un excelente trabajo. La prueba es Chile, Perú, Brasil, Costa Rica y Uruguay, naciones que han dado pasos gigantescos en materia de crecimiento, productividad, lucha contra la corrupción, modernización, justicia, institucionalidad y otros aspectos que han permitido lógicamente, darle mayor bienestar a la población.

El proceso de cambio en Bolivia se propuso, en el mismo sentido, modificar todas las estructuras del pasado que habían condenado al país al atraso y la exclusión. En los últimos años hemos presenciado una suerte de revancha con los primeros 23 años de democracia, con el objetivo de reescribir la historia nacional. El Gobierno de Evo Morales ha descalificado a todos los presidentes y administraciones de ese periodo, ha sometido a juicio a todos los que se encuentran vivos y tiene intenciones de encarcelar a todo aquel que hubiera incurrido en hechos de corrupción y daño económico al Estado.

Con ese mismo afán ha dirigido su artillería hacia toda la oposición, para destruir cualquier alternativa y propuesta que ejerza alguna resistencia al “proceso de cambio”, considerado por los mismos ejecutores como el destino histórico de Bolivia, el más acabado y que debe perpetuarse para siempre. Muchos de los políticos y dirigentes, nuevos, tradicionales, de la vieja guardia, autonomistas, izquierdistas y de la derecha, neoliberales y conservadores, han tenido que huir del país, están presos o con el escritorio llenos de procesos judiciales. La ONU está horrorizada con el nivel de= persecución que se ha impuesto en el país.

Por el mismo camino de la ignominia han tenido que marcharse también autoridades que habían hecho la excepción durante el periodo democrático. Ese es el caso del alcalde potosino René Joaquino, de su colega de La Guardia, Jorge Morales, y muchos otros que han sido derrocados por el autoritarismo de una ley inconstitucional, destinada a cebar los insaciables apetitos de poder del oficialismo.

Recientemente ha sido derrocado y enviado a la cárcel de Palmasola el alcalde de San Juan de Yapacaní,  Katsumi Bani, acusado de haber comprado un bus de medio uso para el traslado de estudiantes del municipio. Sobre todo, la autoridad ha sido víctima de un proceso judicial que ha favorecido a un sujeto acusado de avasallador de tierras y que tiene excelentes contactos con el partido que controla el país.

Ante esta lamentable situación surge la pregunta ¿Cuál es el modelo que quiere imponer el MAS en el país? ¿El de ese avasallador? ¿El modelo Lucio Vedia? ¿El modelo del nuevo alcalde de La Guardia, acusado de violación de una menor? ¿El modelo del atropello a las leyes? No cabe duda que por esa ruta, el cambio solo nos conducirá a una situación peor a la del pasado que tanto se ha condenado.

jueves, 13 de septiembre de 2012

Buenas intenciones


El mundo todavía no sale del asombro por lo que ocurrió en el pequeño pueblo español de Borja, donde una anciana de muy buenas intenciones, convirtió en un mamarracho el famoso mural Ecce Homo que se propuso restaurar. La mujer reunía todos los requisitos para hacerse cargo del trabajo de retocar la imagen de Jesús: era una gran devota religiosa, supuestamente tenía conocimientos de arte y la gente aprobó su propuesta; es más, durante meses la observaron trabajando y nadie se detuvo a observar su desempeño.
Ahora la gente se ríe de lo que ocurrió, porque si bien el mural en cuestión era famoso, no tenía una gran jerarquía en el mundo artístico y su valor era relativo. En realidad su fama ha crecido con la reciente transformación hasta el punto de que se está preparando –siempre en el plano de la burla-, una exposición en Barcelona con las distintas interpretaciones que ha suscitado el Ecce Homo restaurado.
Lo ocurrido en Borja me recuerda a muchos funcionarios, dirigentes y grandes exponentes del “proceso de cambio”. Todos tienen muy buenas intenciones, dicen ser revolucionarios, amigos de los excluidos y enemigos de los grandes males que han causado tanto daño a este país pobre y postergado. Sin embargo, pocas veces se ha visto también tantas chambonadas (y no hablo de conductores ebrios) en un mismo Gobierno. Cómo puede ser, por ejemplo, que “recuperar el gas para los bolivianos” se transforme en un cuadro de dependencia tan grande de la importación de carburantes. Cómo se entiende que un plan de transformación agraria termine en un cuadro tan negro para la seguridad alimentaria. Y estoy citando solo dos casos. Por desgracia, lo que quede de Bolivia después de esta “restauración” no será nada gracioso.

...En un carro colorado

El escándalo del asambleísta Lucio Vedia va más allá de los tragos y el test de alcoholemia. El representante fue sorprendido el pasado fin de semana a bordo de una camioneta cuya procedencia se hace cada vez más dudosa. Algunas investigaciones sugieren que se trata de un vehículo incautado a narcotraficantes en la zona de San Matías. La pregunta en este caso es ¿qué hacía Vedia con un bien que debería estar bajo custodia de autoridades señaladas por ley para estos casos? ¿Será Vedia el único líder oficialista que incurre en semejantes privilegios y/o abusos? La situación da para múltiples sospechas. La otra versión involucra a la Policía de Diprove, pues la camioneta en cuestión tenía una placa de una vagoneta que fue robada hace un mes y que, según comenta el analista Carlos Valverde, es de propiedad de Jorge Francisco Calvo Rojas. En cualquier caso, hay responsables del Estado que le deben muchas explicaciones a la ciudadanía, que en este momento está confundida y con muchas sospechas por la manera tan irracional y poco transparente cómo se manejan los bienes del Estado. Lo que más sorprende es la forma de proceder de las personas que han sido elegidas para cumplir y hacer cumplir las leyes.

El Estado se nos muere

El camino más directo para retornar al periodo de caos e hiperinflación previo a 1985 ha sido trazado en los últimos días con el conflicto entre los mineros asalariados y cooperativistas, que se pelean por los despojos del Estado que no ha podido edificar el “proceso de cambio”.

Cooperativistas y asalariados buscan consolidar su propio modelo de Estado en el que no tiene perspectivas de progreso ninguno de los sistemas que ha ensayado Bolivia en sus 187 años de historia. La visión que tienen ambos sectores no cuadra ni con el socialismo, el liberalismo, el estado republicano o el esquema plurinacional. Ni siquiera son compatibles con el anarquismo, porque ambos conducen a la desaparición de todo vestigio de institucionalidad, sin el cual, es imposible pensar en el Estado.

Los asalariados, que son marxistas, proponen el estatismo al extremo. Ellos están convencidos de que el Estado es aquella loba que idearon los romanos y que es capaz de dar de mamar de manera indefinida y sin ningún tipo de límite a todo el que aparezca. 

Con ese criterio, por ejemplo, convirtieron a la mina estatal de Huanuni en una agencia de empleos que ha pasado de 700 a 4.700 trabajadores sin aumentar ni un solo gramo de mineral a su producción, situación que la pone en riesgo de quiebra, pese a la histórica bonanza de precios de los últimos diez años.

Esa misma lógica quieren aplicar en Colquiri y en otros emprendimientos mineros que podrían llevar al país a un estado de quiebra como la que se produjo entre 1982 y 1985 y que obligó al Gobierno de Víctor Paz Estenssoro a clausurar las minas para no tener que disolver Bolivia.

Los cooperativistas son la otra cara de la moneda, pero no son menos destructivos del Estado. Ellos son los sobrevivientes del estatismo que condujo a las minas a la muerte por inanición. Estos mineros son profundamente individualistas, capitalistas a ultranza y mercantilistas al extremo. Su trabajo es apoderarse de las vetas por las buenas o por las malas, aprovechar lo mejor que se pueda la riqueza que se pueda extraer, sin contemplar ningún tipo de límite ambiental, laboral o social. 

Les dicen “juqueros”, término que significa “ladrón de minerales”. Por su gran número y consiguientemente, por su inmensa capacidad de movilización, constituyen el sector más afín al Gobierno, que además de empoderarlos para que protagonicen la masacre de Huanuni de 2006, les ha concedido la liberación de impuestos, dos medidas que han terminado por volcársele en contra al oficialismo, ya que ahora no hay manera de frenar su apetito.

En este momento, ambos grupos de mineros están haciendo lo que todos los sectores sociales han hecho en la última década: desafiar la autoridad, imponer el principio del caos, violentar las leyes y seguir minando las posibilidades de construir un Estado en Bolivia. La única diferencia es que en esta ocasión ha sido el propio Estado Plurinacional el impulsor de su propia desaparición.

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Duelo de titanes

La ciudad de La Paz vuelve a ser la “pagapato” del conflicto entre dos sectores mineros que pelean por la mina Colquiri. Se trata de los mineros asalariados y los cooperativistas, que representan dos mundos, dos paradigmas, dos visiones muy distintas, pero que confluyen en un mismo “proceso de cambio” muy ambiguo y lleno de contradicciones. Los mineros dependientes de las minas estatales son marxistas hasta los huesos, son la base de la COB, una estructura sindical que lucha por la supervivencia. Los cooperativistas son profundamente  liberales y ultracapitalistas, aunque en el discurso digan lo contrario. Ellos se meten en las minas por las buenas o por las malas, venden el mineral al mejor postor y no tienen restricciones ni siquiera para sacarlo de contrabando. Los mineros asalariados son la esencia del estatismo nacional y son tan dogmáticos en este paradigma que no les importa llevar a la quiebra a la Comibol y al país, con tal de mantener sus privilegios. Esas ventajas incluyen, por ejemplo, haber llevado a Huanuni de 700 a 4.700 trabajadores sin producir ni un gramo más de mineral y al peligro de la quiebra en pleno auge de precios. Los cooperativistas son tan individualistas, que ni siquiera pagan impuestos. Estos son los dos grandes exponentes de la nueva revolución boliviana.

Ante la duda...periodismo

El acoso contra los medios de comunicación en Bolivia se intensifica. El sacerdote y periodista, Eduardo Pérez, decía hace muy poco en un diálogo con una responsable de la Fundación UNIR, que en sus 40 años de ejercicio profesional nunca había visto un hostigamiento tan fuerte, ni siquiera en los periodos dictatoriales. 

A su turno, la interlocutora del radialista, Vania Sandoval, decía que el mayor interés de los grupos dominantes en el país es legitimar de alguna manera la construcción de un gigantesco aparato de propaganda que gasta millonadas. El ataque a los órganos de prensa independientes, a quienes se señala como la gran amenaza del proceso de cambio, es simplemente una excusa para consolidar una estructura tendiente a imponer una “voz única” y hegemónica en el país, en un momento en el que el periodismo se ha vuelto el único espacio de debate público que le queda a Bolivia.

Recientemente la ONU ha indicado que en el país se vuelve intolerable el ambiente de persecución judicial contra la oposición y el relator especial contra el racismo y la discriminación de las Naciones Unidas, Mutuma Ruteere, se fue de Bolivia con un mal sabor por lo que pudo notar en materia de libertad de expresión, un derecho que ha sido severamente limitado a nombre de lucha antirracista.

En estas circunstancias y mientras se van generalizando las señales contrarias al periodismo independiente, hacia el que se disparan insultos, amenazas y toda clase de descalificativos, conviene que los medios, los periodistas, los intelectuales y académicos, observen con detenimiento el fenómeno para que no se dejen llevar por el ruido y los aspavientos que hacen algunos exponentes del poder, cuya animadversión hacia la prensa no es nueva, pero que siempre ha gozado de la condescendencia mediática que seguramente hoy están extrañando.

Está bien defender los derechos de los periodistas, sin distinción, esa es una función que deben cumplir los gremios, pero cuidado con meterse en berenjenales jurídicos, mientras los políticos, a los que la prensa tiene el deber y la obligación de supervigilar, fiscalizar y denunciar, hacen de las suyas con sus juergas, sus corruptelas y sus abusos. Tampoco es sana la sugerencia de ignorar a los personajes incómodos y hostiles, porque justamente eso es lo que pretenden, que el periodismo vuelque la mirada hacia otro lado, que se dedique a asuntos anodinos e intrascendentes y que deje a los poderosos con las manos libres para actuar sin control.

La  democracia boliviana debe ser recuperada para el bien de la ciudadanía. Las élites políticas deben encaminarse hacia el bien común, una manera de construir autoridad y consolidar el Estado de Derecho. La prensa, por su parte, un actor fundamental del contrato social, cuyo papel es servir de articulador entre los poderes públicos constituidos y la opinión pública tiene que conservarse en la misma línea de mantener informada a la población sobre todas las acciones, políticas y actitudes de quienes han recibido el mandato y han jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Otro camino no existe para los periodistas que buscan conservar la credibilidad y la voluntad de servicio a sus seguidores.