En busca de un modelo político

Convengamos que durante el periodo de la “democracia pactada”, 1982-2005 se cometieron muchos errores. El sistema democrático falló en muchos sentidos y no pudo colmar las expectativas de la población, sobre todo en la lucha contra la pobreza y el combate a problemas estructurales como la corrupción y la falta de justicia. El sector público pasó a ser un botín político de ciertos grupos que literalmente se convirtieron en “club de forajidos”, término utilizado por un famoso analista colombiano, quien indicó que el fracaso latinoamericano de las décadas pasadas había sido culpa total y absoluta de las élites.

Eso es precisamente lo que había que cambiar y afortunadamente en el vecindario han hecho un excelente trabajo. La prueba es Chile, Perú, Brasil, Costa Rica y Uruguay, naciones que han dado pasos gigantescos en materia de crecimiento, productividad, lucha contra la corrupción, modernización, justicia, institucionalidad y otros aspectos que han permitido lógicamente, darle mayor bienestar a la población.

El proceso de cambio en Bolivia se propuso, en el mismo sentido, modificar todas las estructuras del pasado que habían condenado al país al atraso y la exclusión. En los últimos años hemos presenciado una suerte de revancha con los primeros 23 años de democracia, con el objetivo de reescribir la historia nacional. El Gobierno de Evo Morales ha descalificado a todos los presidentes y administraciones de ese periodo, ha sometido a juicio a todos los que se encuentran vivos y tiene intenciones de encarcelar a todo aquel que hubiera incurrido en hechos de corrupción y daño económico al Estado.

Con ese mismo afán ha dirigido su artillería hacia toda la oposición, para destruir cualquier alternativa y propuesta que ejerza alguna resistencia al “proceso de cambio”, considerado por los mismos ejecutores como el destino histórico de Bolivia, el más acabado y que debe perpetuarse para siempre. Muchos de los políticos y dirigentes, nuevos, tradicionales, de la vieja guardia, autonomistas, izquierdistas y de la derecha, neoliberales y conservadores, han tenido que huir del país, están presos o con el escritorio llenos de procesos judiciales. La ONU está horrorizada con el nivel de= persecución que se ha impuesto en el país.

Por el mismo camino de la ignominia han tenido que marcharse también autoridades que habían hecho la excepción durante el periodo democrático. Ese es el caso del alcalde potosino René Joaquino, de su colega de La Guardia, Jorge Morales, y muchos otros que han sido derrocados por el autoritarismo de una ley inconstitucional, destinada a cebar los insaciables apetitos de poder del oficialismo.

Recientemente ha sido derrocado y enviado a la cárcel de Palmasola el alcalde de San Juan de Yapacaní,  Katsumi Bani, acusado de haber comprado un bus de medio uso para el traslado de estudiantes del municipio. Sobre todo, la autoridad ha sido víctima de un proceso judicial que ha favorecido a un sujeto acusado de avasallador de tierras y que tiene excelentes contactos con el partido que controla el país.

Ante esta lamentable situación surge la pregunta ¿Cuál es el modelo que quiere imponer el MAS en el país? ¿El de ese avasallador? ¿El modelo Lucio Vedia? ¿El modelo del nuevo alcalde de La Guardia, acusado de violación de una menor? ¿El modelo del atropello a las leyes? No cabe duda que por esa ruta, el cambio solo nos conducirá a una situación peor a la del pasado que tanto se ha condenado.