jueves, 31 de octubre de 2013

Por qué nos va mal en los negocios

Ranking del Banco Mundial sobre el ambiente
para hacer negocios 2013 en 189 países del mundo

Es curioso que algunos se molesten cuando se hacen comparaciones entre Bolivia y Afganistán, pero a la hora de medir el ambiente para hacer negocios, ambos países comparten casi las mismas características, según lo indica el más reciente ranking del Banco Mundial “Haciendo negocios 2013”.


La buena noticia es que nuestro país está en el puesto 162 de un total de 189 economías medidas por el organismo internacional y los afganos están en el lugar 164. La mala es que Bolivia está empeorando y en un solo año ha bajado seis puestos.

Es difícil explicar por qué Bolivia está casi en las mismas condiciones que países que sufren guerras, que enfrentan crisis humanitarias desde hace años y tal vez décadas y que han tenido que enfrentar devastadores terremotos y otras catástrofes. Ese es el caso de Haití, de Siria, Níger, Sudán, Libia y paradójicamente Venezuela, que está en el puesto 181.

Un dato aún más llamativo es que países con largos episodios de violencia y convulsiones políticas como Colombia, México, El Salvador están mucho mejor que Bolivia, donde acaba de producirse el récord histórico de continuidad presidencial que acabó no solo con el triste promedio de 2,3 años por mandato, sino también con golpes, asonadas y revueltas, tanto en dictadura como en democracia.

Para llegar a las conclusiones del informe de alrededor de 40 páginas, son consultados por lo menos 10 mil expertos de todas las áreas en los países auscultados y todos ellos coinciden en las palabras como “estabilidad”, “confiabilidad”, “seguridad jurídica”, “protección a la propiedad privada” y “regulación previsible”.

Qué seguridad podemos esperar en un país donde los avasalladores de tierras y de propiedades mineras tienen mejor protección jurídica y política que quienes están facultados por ley para realizar determinada explotación productiva. Después de siete años de peregrinaje y de haber invertido grandes sumas de dinero, los primeros agropecuarios del oriente están recuperando sus tierras, pero no lo hacen porque se haya impuesto la justicia, sino por una razón netamente electoral, lo que hace prever que los avasallamientos pueden seguir y empeorar después de las elecciones del 2014.

Cómo vamos a mejorar en los negocios, si el presidente amenaza con expropiar sin pagar ni un solo centavo.  Qué se puede esperar en un país donde las leyes se aplican con todo el rigor al sector privado y a las empresas estatales se les permite incluso evadir impuestos. Cómo progresar en un ambiente de incertidumbre, con leyes y marcos regulatorios frenados por años y sectores que se mantienen con decretos y resoluciones que amplían las ventajas sin alejarlos de las arenas movedizas.

Por último, qué capitales estables, inversiones productivas y proyecciones de largo plazo se pueden hacer cuando las mayores ventajas las tienen los sectores de la economía formal e ilegal, mientras que cualquier elemento vinculado a las palabras “empresa” o “emprendedor” es sinónimo de delito.

Mientras Bolivia no cambie esas condiciones y establezca normas y regulaciones inspiradas en el desarrollo sostenible, en la productividad y competitividad, no se puede esperar un cambio significativo, algo que lamentablemente repercute en el campo social, porque negocios es sinónimo de trabajo.

'La Quinta' y el Tipnis

Es raro que en la Alcaldía le hayan puesto de nombre “La Quinta” al predio donde pretende construirse una suerte de parque administrativo municipal. Menos mal que no le pusieron “El Canchón”, aunque las connotaciones son prácticamente las mismas. El peor defecto de este conflicto no es que se corten algunos árboles o se violen algunas normas para imponer el capricho de alguna autoridad, sino que este incidente le da el derecho a algunos analistas de comparar “La Quinta”, con el “Tipnis”. Es obvio que hay mucha distancia entre ambos, pero lamentablemente, quienes defendieron a los indígenas y a los territorios avasallados por el Gobierno, pierden el valor moral para seguir hablando y quienes traicionaron por completo sus presuntas virtudes ambientalistas, haciéndose los tontos con la destrucción narcococalera de los parques y reservas forestales, parecen recuperar el discurso y se vuelven a disfrazar de defensores de los árboles y las flores. Conclusión: oficialistas y opositores parecen asumir las mismas posturas, los mismos procedimientos y sus ambigüedades son muy parecidas. En eso el “proceso de cambio” nos cambia a todos.

miércoles, 30 de octubre de 2013

Bolivia y Afganistán

No debería molestar solo el hecho de que comparen a Bolivia con Afganistán, algo que en reiteradas ocasiones han hecho analistas nacionales, que incluso han advertido del peligro de que nuestro país termine como Somalia, nación africana donde desapareció casi todo vestigio de Estado, de ley, de sociedad y que hoy está en manos de piratas y ladrones, tan inescrupulosos y ruines como los narcotraficantes.

Lo que debería llamarnos la atención también es que el mundo esté volcando su mirada al lado oscuro de Bolivia, un país que, como dice el presidente Morales “antes no existía” en el contexto internacional, pero que de pronto despertó curiosidad por los cambios que anunció la llegada al poder del “indigenismo”, una causa que siempre genera interés en las plateas. La diferencia es que así como muchos bolivianos han caído en cuenta aquello fue nada más que un disfraz, los grandes reflectores mundiales están ahora pendientes de lo negativo del “proceso de cambio”. Y citar a Afganistán no es un mero detalle, pues detrás de esas alusiones imperialistas suena la propuesta de la “intervención”.

Dejemos de lado los intereses que pueda tener una visión como la del Wall Street Journal y las rabietas que pueden surgir en el Gobierno del MAS, donde algún desubicado seguramente propondrá meter juicio y tratar de forzar una retractación, tal como se ha pretendido con la revista Veja.

Ni el régimen talibán ni los revolucionarios bolivianos tienen en mente llegar a un estado de desintegración social y estatal como el que ocurre en el país asiático o en Somalia. Al menos habrá que creer que no lo han planificado de esa manera, porque de lo contrario habría que salir escapando cuanto antes y proteger a las futuras generaciones de lo que les espera.

Tanto los talibanes, fieles creyentes del Corán y nacionalistas al extremo, como los gestores del proceso de cambio tienen buenas intenciones, loables utopías y excelentes visiones sobre el destino que quisieran para el país y su gente. Pero los países no se construyen con teorías y lamentablemente sí se pueden destruir por la necesidad enfermiza de adaptar la realidad a esos supuestos ideológicos mesiánicos que terminan imponiéndose a la fuerza.

Y lamentablemente la “talibanización” de Bolivia no solo supone la construcción de un complicado y manipulado sistema de creencias, sino lo que es peor, un retorno al pasado, con la aplicación de metodologías y procedimientos deshumanizantes que corren el riesgo de llevarnos a un aislamiento.

El otro factor común es la permisividad con el delito. Curiosamente, los talibanes, supuestamente portadores de la más cultivada ética religiosa que manda lapidar a las mujeres adúlteras y a las que se niegan a usar el velo islámico (en el Chapare linchan y entierran vivos a los presuntos ladronzuelos) se han convertido en aliados de los traficantes de opio, economía que ha sido puesta por encima de la productividad del país y del que debería ser su principal fuente de ingresos –el gas-, con una de las reservas más grandes del mundo.

Insistimos. No es que los talibanes –antiimperialistas, antioccidentales y fundamentalistas-, se hayan propuesto destruir su país y conducirlo a la anomia, a la desintegración institucional y legal y que se hayan empecinado en construir un sistema de cosas anacrónico, violento y connivente con el delito. Esas fueron consecuencias del propósito de fundar una nación antidemocrática que le permita a una élite de “iluminados” eternizarse en el poder.

lunes, 28 de octubre de 2013

La impunidad de todos los días

No es que nos falten leyes. Acaba de aprobarse en marzo de este año la Ley 348 que incrementa las penas contra quienes ejerzan violencia hacia las mujeres. No es que haga falta sagacidad legislativa, pues en el artículo de esa norma, se limita el acceso a los cargos públicos a aquellos individuos que incurran en violencia intrafamiliar. La figura fue precisamente impulsada para combatir aquellos casos en los que los poderosos no solo le tiran palo a sus enemigos políticos, sino también a sus hijos y a sus parejas, tal como ha sucedido con varios funcionarios, diputados, asambleístas y senadores. Tampoco es necesario más discursos, los dirigentes del gobierno se llenan la boca con el país pacifista, con los derechos de las mujeres, con las reivindicaciones de género y unos conceptos de lo más estimulantes. Acaba de producirse un nuevo hecho que involucra al senador del MAS, Adolfo Mendoza, quien le habría dado una zurra a su esposa que le dejó cuatro días de impedimento. Las denuncias de la mujer indican que no es la primera vez que la golpea. La presidente de la Cámara de Diputados y rabiosa feminista, Betty Tejada, ha dicho que no puede opinar al respecto porque ese es un asunto personal. Personales, igual que los moretones de la pobre dama.

No toda la coca es sagrada

De acuerdo a los cálculos de la ONU, la coca excedentaria en el país es más del doble de lo permitido por la Ley 1.008, que establece 12.000 hectáreas, y según monitoreo existen más de 25 mil. Todos sabemos que hablar de números en Bolivia es como tratar de alambrar el cielo y ni siquiera somos capaces de saber qué cantidad de habitantes tiene el territorio. Pero hay ciertas cifras que merecen atención. Por ejemplo, ¿dónde está la coca? Según el mismo informe que tanto alaba los esfuerzos del Gobierno por erradicar los cocales ilegales, el 67 por ciento se encuentra en los Yungas, el 32 por ciento en el Chapare y solo un uno (1) por ciento de la coca está localizada en las provincias del norte de La Paz y de esa fracción una pequeñísima parte está en la zona de Apolo. En otras palabras, el Gobierno ha ido en busca de la aguja, teniendo un pajar inmenso donde localizar la coca que dizque, “ahora ha pasado de moda”. Si hacemos cuentas y si es que fuera cierto aquello de las 25 mil hectáreas, el oficialismo estaría muy cerca de alcanzar las 20 mil hectáreas que pretende fijar como nuevo tope legal. Así se entiende también que la erradicación esté concentrada en las ramas, pues el objetivo central es no afectar el tronco; es decir, la coca legal de los Yungas (la única que se puede masticar) y, por supuesto, toda la coca del Chapare que pasaría a ser legal. Así se entiende lo de "sagrado".

La joya del oriente

Las elecciones del 2014 no solo serán cruciales, sino que serán muy disputadas. Habrá varios candidatos en la arena y casi todos se disputarán el mismo espacio. El MAS, a la cabeza de Evo Morales, tiene su caudal asegurado, pero también existe un terreno por conquistar luego de haber perdido de manera definitiva la preferencia de la clase media de La Paz, donde un 80 por ciento de votación siempre lo pusieron fuera de riesgo. Pero eso ha cambiado y ahora es Juan del Granado el que tiene en cautiverio electoral a la sede de Gobierno, donde el empresario Samuel Doria Medina podría acechar, pero sin muchas aspiraciones. Otro que tiene prácticamente su bastión asegurado es Rubén Costas, que también tiene fuerte incidencia en el Beni y otras partes del oriente boliviano. Esta parte del país se ha convertido en el terreno más disputado del país. Todos lo están buscando de manera casi desesperada, con el riesgo de que el voto se pueda fraccionar al extremo. Todos quieren jugar en Santa Cruz y quieren conquistarlo. Eso puede explicar por qué algunos intenten polarizar las cosas y bajo esa óptica también se entienden ciertos insultos como “separatista” y “autócrata” que en otras circunstancias hubieran ameritado un juicio por desacato.

La conversión política del MAS

Ante los que manifiestan su sorpresa por el inusitado interés del Gobierno de sacar toda su artillería en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la coca excedentaria, algunos jerarcas del MAS con cierto manejo de discurso oficial, como es el caso del senador René Martínez, ha ensayado una respuesta de lo más interesante. Ha dicho que se trata de una “conversión política” destinada a diversificar la matriz productiva del campo y por supuesto, ampliar el abanico electoral del “proceso de cambio” con miras a las elecciones del 2014.

Esa conversión es una apuesta muy fuerte que hace el Gobierno, al extremo de que el presidente Morales, nada menos que el máximo líder de los cocaleros del país, ha dicho que el grito “Viva la coca” ha pasado de moda.

Las posibilidades de ganancia de este giro político y discursivo son enormes. En primer lugar, el presidente Morales busca recuperar su prestigio internacional, venido a menos porque cada vez suena con mayor insistencia la cantaleta del “narco-estado” y la supuesta complicidad de su régimen con las grandes multinacionales de la cocaína.  En segundo lugar, el MAS está urgido de conseguir el voto de la clase media que se le escapó con el Tipnis y otros casos de abuso y la manera de conseguirlo es a través de una prueba moral fehaciente de que el proceso de cambio no protege la economía ilegal, como insistentemente se ha mencionado estos años.

Por último, la estrategia que se ha puesto en marcha en Apolo, es una demostración de que el Estado y la autoridad siguen existiendo, que no solo se dedica a perseguir a los opositores y a los enemigos del régimen y que está del lado de “los buenos” ya que en los últimos años, la línea que dividía a los “policías” y “ladrones” comenzaba a borrarse, lo que hacía pensar que Estado era algo innecesario. Los numerosos casos de extorsión descubiertos, dieron la impresión de que el control político se había banalizado hasta convertirse en un mero asunto de lucro.

Obviamente no se puede descartar de este cuadro de análisis, el asunto del mercado. Atacar a los cocaleros del norte de La Paz, de Los Yungas y seguramente de otros sitios muy bien estudiados, es la manera que tiene el régimen de proteger a la élite privilegiada de este país que estaría próxima a dar paso a su legalización, a través de la fijación de la meta (seguramente virtual) de 20 mil hectáreas, una cifra que les asegura un statu quo a la nueva burguesía nacional. La coca se estaba convirtiendo en un producto demasiado extendido en el país, lo que amenazaba con quitarle el rango de exclusividad que no deja de tener secuelas económicas, no solo porque baja el precio de la “hoja sagrada” sino porque sustituye a los productos de la canasta familiar cuya escasez pone a Bolivia bajo amenaza de seguridad alimentaria.

La reacción de los cocaleros (o narcotraficantes) de Apolo, que se cargaron cuatro vidas en el primer ataque, no deja lugar a dudas de que ellos también van en serio. El riego de esta conversión política es desatar un grave conflicto que entraña el peligro de un foco guerrillero. Además, para “convertir” a miles de cocaleros de Apolo, de Los Yungas y de tantos otros lugares que han incursionado en el negocio, el Gobierno necesita poner en marcha un gigantesco plan de erradicación forzosa de coca, interdicción y desarrollo alternativo, algo que el presidente siempre ha evadido porque es sinónimo de intervención y que huele a imperialismo.

viernes, 18 de octubre de 2013

El aparato represivo

El exsenador disidente del MAS, Filemón Escóbar, no deja de insistir que estamos viviendo en un régimen que pretende emular los años del estalinismo en la Unión Soviética.

Por lo general, los gobiernos autocráticos siempre han sido autoritarios, pero el estalinismo fue particularmente minucioso a la hora de ejercer el control político, tratando de eliminar cualquier atisbo de disidencia o pluralismo.

Cuando alguien se refiere a que ni siquiera dentro del partido puede existir la libertad de pensamiento es porque está guiado por el concepto estalinista de “visión única”, de “centralismo ideológico” y de comunión absoluta con los postulados de la “revolución”.

El estalinismo requiere la aplicación de un esquema de vigilancia muy estricto y de un aparato gigantesco compuesto por sujetos incondicionales, capaces de cualquier cosa, pues no solo existe la posibilidad de la convicción –que es clave-, sino el temor de ser señalado como un enemigo por no aplicar a rajatabla la “tecnología revolucionaria”.

Al cabo de un tiempo este aparato parece cobrar vida propia y comienza a actuar de manera espontánea con el miedo, la zozobra y el control como estímulos constantes. Así ocurrió en las naciones de Europa del Este, en la Alemania nazi, en Cuba, donde se confeccionaron listas inmensas de individuos a los que había que vigilar; se elaboraron códigos interminables de nuevos “delitos” que había que aplicar y perseguir y por supuesto se destinaron nóminas abultadísimas de agentes y funcionarios dedicados a tiempo completo a este trabajo de purga ininterrumpida.

Cuando el ciudadano observa, por ejemplo lo que ocurrió con el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, no tiene por qué pensar que detrás de cada uno de los 76 procesos, de cada uno de los jueces, fiscales, forenses, policías, actuarios que intervinieron en siete años, siempre estuvo presente la llamada de un ministro o la maquinación de algún jerarca político, que seguramente se encargó de dar la sentencia inicial, pero a continuación la maquinaria represiva se movió sola.

Es el mismo conjunto de engranajes que se movió para darle su merecido al profesor Vallejos de Sucre con el asunto del mural; es la maquinaria que no deja en paz y que no descansará hasta verla presa y humillada a la presentadora Milena Fernández, que no le pierde pisada a los indígenas del Tipnis, a los acusados del caso Terrorismo y a tantos otros, cuya condena ha sido decretada desde un principio, contra los enemigos y contra cualquiera que no sea capaz de cumplir las órdenes de destrucción.

El estalinismo no es más que eso y en su tiempo, la persecución, las listas, las purgas y los confinamientos llegaron a tal extremo, que hasta los más fieles servidores del régimen comenzaron a caer bajo la sombra de la sospecha, los vigilantes desconfiaban de sus propios colegas y por supuesto, surgió el espionaje, el contraespionaje y todo lo que la historia no termina de reportar de aquellos años oscuros. El caso Chaparina es un ejemplo de ello y seguramente habrá muchos más, donde comenzará a fallar el clásico “Yo no fui” y donde los engranajes comenzarán a saltar y señalar las fallas del temible aparato.

El hambre y los precios

Los gobiernos pueden mentir en muchos aspectos, pero es difícil hacerlo en lo que come la gente. Una de las primeras medidas que tomó el “proceso de cambio” fue cambiar la manera de medir el índice de precios al consumidor, con el objetivo de disimular el porcentaje de inflación de los alimentos, la más sensible para la gente pobre, que suele meter al plato hasta el 80 por ciento de sus ingresos. Se mezclaron papas con televisores plasma y cebollas con computadoras para que de esa rara combinación resulte un número más bajo del real.

Gracias a esa insólita receta, muy usada por los gobiernos populistas que dicen defender la economía de los más necesitados, la inflación apenas ha superado el 50 por ciento entre 2006 y el 2013, sin embargo, al hacer cálculos más realistas y ahora que vuelve a apretar el bolsillo por una nueva escalada inflacionaria, economistas serios de distintas organizaciones no dudan en afirmar que en realidad, la inflación alimentaria ha sido casi el doble.

De hecho, la Fundación Jubileo ha realizado un seguimiento pormenorizado de los diferentes productos de la canasta familiar, sin mezclar electrodomésticos inaccesibles para la gran mayoría de los bolivianos y ha concluido que en los últimos ocho años el precio de los alimentos subió un 101 por ciento y que en la presente gestión, el índice superará el 11 por ciento, pese a que el Gobierno anticipa nomás del cinco por ciento.

Además de haber apelado a estas trampas el Gobierno también ha ordenado al Banco Central retirar dinero en efectivo de la circulación con el objetivo de que sea la plata la que escasee y no los alimentos. Pero como es natural, el hambre no se puede esconder por mucho tiempo y aunque las autoridades nacionales traten de meterla debajo de la alfombra con confusas estadísticas sobre erradicación de la pobreza extrema, terminan surgiendo en otros indicadores.

El  Instituto estadounidense, Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri), y las ONG Concern Worldwide y Welthungerhilfe, presentaron en Berlín el informe anual sobre el Índice Global del Hambre  que coloca a Bolivia en una lista de 37 países –la mayoría africanos-, con una carencia alimentaria “grave”. Este dato ha sido corroborado por la FAO, que en un tono muy diplomático le ha sugerido a Bolivia que deje de lado los trucos y se dedique a erradicar el hambre a través de la producción de alimentos.

Pero en el Gobierno insisten en relativizar las cosas con datos que luego caen en la sospecha. Mientras que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, afirma que no hay escasez de alimentos y que nuestro país solo importa trigo y harina, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) responde con datos y sostiene que hay una lista de 208 artículos alimenticios cuya producción no alcanza para satisfacer las necesidades internas, entre ellos la harina de yuca, carne de distintos tipos, papa, pescado y arroz. Según este informe, hasta agosto de este año, se había importado 300 productos alimenticios con un gasto de 163 millones de dólares.

Según los analistas económicos, incluso los que pertenecen a la FAO, gran parte de la culpa la tienen las políticas restrictivas a la producción y a las exportaciones que frenan las inversiones en el agro. Pero el Gobierno se niega a admitirlo y prefiere seguir, no solo con sus trucos estadísticos sino con sus amenazas a los productores. Acaba de hacerlo de nuevo con los azucareros.

Puras teorías nomás

El senador boliviano Róger Pinto ha vuelto a ser noticia en Brasil luego de su polémica salida de la embajada brasileña en La Paz, donde se mantuvo refugiado durante más de un año por la negativa del régimen boliviano de otorgarle un salvoconducto. El operativo de traslado del legislador a Brasilia provocó serios inconvenientes entre los gobiernos de ambos países y en teoría, la presidente Dilma Rousseff no se había enterado de aquella aventura encabezada por Eduardo Saboia. En teoría también, la presidente brasileña estaba furiosa y comenzaría los trámites para sacar a Pinto de su país; en teoría se deshizo en disculpas con las autoridades bolivianas y teóricamente le aplicaría un castigo ejemplar a Saboia por haberse burlado de esa manera de todos. Pero la realidad es que el parlamentario pandino no solo parece muy bien afianzado en su calidad de refugiado político en el país vecino, sino que también goza del apoyo de numerosos de sus colegas del Congreso de Brasil, con quienes mantuvo una reunión que estaba pendiente desde su llegada. Allí habría hablado de las mismas denuncias sobre los supuestos vínculos de altos jerarcas gubernamentales con el narcotráfico que provocaron tanta ira en nuestro país. Mientras eso ocurre, el embajador boliviano en Brasil, Jerjes Justiniano, sigue preparando el juicio contra la revista Veja.

miércoles, 16 de octubre de 2013

Lecciones de la 'sucia' política

Platón, uno de los padres del concepto de “política” decía que el Estado debía estar a cargo de los mejores, de los más capacitados, los más virtuosos, valientes e inteligentes. Cuesta creer que 24 siglos después de lanzada esa gran verdad sigamos en manos de “mañudos”, mentirosos y vengativos.

Los políticos saben realmente quiénes son y conocen perfectamente que sin hacerle caso a Platón no se puede avanzar en la administración del Estado. Por eso es que de vez en cuando recurren a personas como José María Bakovic para que se hagan cargo de asuntos que requieren trabajo eficiente y transparente.

Bakovic no era militante de ningún partido político y había acumulado prestigio y experiencia como funcionario de organismos internacionales. Recurrieron a él para darle credibilidad al proceso de institucionalización de las entidades públicas, labor que demoró demasiado y que no alcanzó a rendir los frutos deseados, pues como se ha visto, la democracia cayó en descrédito por culpa de la corrupción y para cuando se quiso reaccionar, ya se habían encaramado los que ahora reclaman su propio “turno”.

Corruptos ha habido por docenas y los sigue habiendo, cada vez más osados y sinvergüenzas pero el “proceso de cambio” eligió a José María Bakovic para dar el peor escarmiento que ha podido aplicársele a un ser humano en un periodo “democrático” (más comillas). Por lo menos en las dictaduras había la posibilidad de salir exiliado y los opresores no se hacían problema en distribuir los respectivos salvoconductos.

Hoy se respira un pesado aire de venganza, de odio y de resentimiento, unas ganas de ensañarse contra las personas y de provocarles el mayor daño posible. Se lo vio en este caso y ocurre todos los días con muchos otros en los que se ve actuar a un verdadero aparato que involucra a policías, funcionarios ministeriales, asesores, fiscales, jueces y también médicos forenses, que fueron claves para el linchamiento de Bakovic.

Pese a tanto ensañamiento en su contra Bakovic enfrentó con mucha dignidad el acoso del que fue víctima. Salió airoso en 30 de los 76 procesos judiciales, civiles y administrativos a los que lo sometieron el Gobierno y sus esbirros, llevándolo por todo el país en una peregrinación inhumana que le robó la salud, el patrimonio y por último la vida. Si le hubieran dado más tiempo lo habría invertido en demostrar su inocencia (así ocurre en este “reino del revés”) en el resto de los casos, pero eso habrá que dejárselo a la historia, la mejor jueza que ha existido.

Nadie puede sorprenderse de la persecución política, de su formar de operar y de la carencia de escrúpulos, sin embargo, nadie se explica cómo es que puede haber una voluntad tan sañuda contra una persona que no tenía la menor posibilidad de hacerle sombra a los mandamases de turno, siempre dispuestos a tumbar cualquier cabeza que pretenda levantarse para defender la libertad y protestar contra la impostura.

Tampoco se entiende que en estos años, la gente, los líderes “demócratas”, las organizaciones y todos los que dicen luchar por un cambio verdadero, hayan abandonado a su suerte a José María Bakovic, como sucede con los que hoy son blanco de la persecución. Esto hace que el ideal de Platón se encuentre cada vez más lejos. Lo más grave no es la acción de los “malos”, sino la indiferencia de los “buenos”, para quienes seguramente va dirigida esta lección de la “sucia” política.

Mis muertos, los tuyos y nos nuestros

La democracia boliviana acaba de cumplir 31 años y el MAS llegará muy pronto a los ocho años, lo que equivale a casi un tercio de ese tiempo en el que han gobernado más de media docena de mandatarios. Pese a ello, el régimen ocupa gran parte de su tiempo en hablar de lo mal que lo hicieron los “gobiernos neoliberales” y que la culpa de todo lo malo que sigue ocurriendo la tienen los del pasado. El asunto sería interesante si el debate girara en torno, por ejemplo, a quién exportó más, quién generó más industrias, quién erradicó más la corrupción o en qué periodo se construyeron más escuelas, más hospitales y cuándo se combatió con mayor fuerza el narcotráfico y la drogadicción. Haciendo un balance de las últimas tres décadas el expresidente Jaime Paz Zamora destacó que su gobierno ha sido el único de todos en los que no ha producido ni un solo muerto, promesa que justamente fue la que hizo el actual jefe de Estado, Evo Morales, quien no ha querido quedarse atrás. El pasado lunes, el líder cocalero afirmó que su colega mirista no puede lavarse las manos tan fácilmente, pues los 67 fallecidos la Guerra del Gas también le corresponden a él, por haber sido aliado político de Gonzalo Sánchez de Lozada.

lunes, 14 de octubre de 2013

Fronteras abiertas

De no haber sido por los gendarmes argentinos que lo interceptaron a tiempo, el pistolero Hardy Gómez, autor confeso de la muerte del Álvaro Escalante ahora estaría muy lejos de nuestras fronteras, fuera del alcance de las autoridades nacionales que ahora brotan pecho por la captura “en tiempo récord” de este sujeto que ha conmocionado al país por el crimen que cometió el pasado sábado.

Argentina tiene una fuerza especializada en el cuidado de sus límites fronterizos y justamente fueron ellos los que impidieron el paso de Gómez, quien pretendía huir con 24 mil dólares en su bolsillo y sin la portación de los documentos respectivos. Los uniformados, que además de tener un puesto de control en la frontera propiamente dicha, despliegan brigadas móviles al interior del territorio, le pidieron explicaciones del origen del dinero y se lo incautaron cuando el implicado no tuvo cómo respaldarse e inmediatamente tuvo que volverse sobre sus pasos.

Antes que eso ocurra, Hardy Gómez había atravesado –ida y vuelta- tres departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija) a bordo de su camioneta; pasó varios puestos de control vial, pernoctó en una ciudad importante como Villamontes e hizo arreglos para que un amigo viaje hasta ese lugar mientras la novia del sospechoso retornaba a nuestra capital, sin que nadie les exija ningún tipo de documento.

Hay que poner mucha atención a los detalles de este suceso para darse cuenta de lo desprotegidas que se encuentran nuestras fronteras; de la facilidad que pueden tener los delincuentes para desplazarse en el territorio nacional y de la falta de profesionalismo, de medios y de capacitación del personal que supuestamente debería trabajar para resguardar la soberanía nacional, un asunto del que mucho se habla últimamente.

Cuando se produjo la salida del senador Róger Pinto, se puso mucho énfasis en los aspectos políticos, pero hasta ahora nadie explica cómo es que se pudo poner en marcha ese operativo de traslado que tomó más de 22 horas de periplo por tres departamentos.

No salimos del asombro todavía del caso de la avioneta que atravesó el espacio aéreo nacional para regar más de un millón de dólares en la Chiquitania. El narcotráfico opera con mucha facilidad en el país y la prueba es que las mafias de Paraguay y de Perú utilizan nuestro suelo como base de operaciones por las ventajas con las que cuentan, eso sin mencionar las acciones desplegadas por los cárteles mexicanos y colombianos.

¿Y el Chapare? Ese centro de irradiación del narcotráfico a gran escala se ha vuelto una tierra de nadie, donde ahora es el linchamiento la manera cómo los habitantes envían el mensaje cifrado a quienes pretendan cometer la osadía de penetrar un campo minado.

Como es costumbre, el Gobierno buscar declarar nuevamente “caso cerrado” en esta ocasión y cantar victoria con la captura de Hardy Gómez. Pero este hecho es apenas la punta del iceberg del grave problema que hay que enfrentar, sobre todo en materia de lucha contra el narcotráfico, la raíz de mucho de lo que hoy acontece en materia de inseguridad. La marcha del viernes puede ser el punto de partida para iniciar el gran debate que necesita Santa Cruz y el país en busca de una solución de fondo.

A sangre fría

No habíamos salido del asombro causado por el asesinato a sangre fría del estudiante universitario Álvaro Escalante y ocurre otro hecho cometido con saña, premeditación y alevosía. Se trata del crimen contra el ex director del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, una de las primeras víctimas de la persecución ejecutada por el Gobierno contra miles de personas en el país. El exfuncionario, de 75 años de edad, sufrió un infarto en La Paz, donde fue obligado a trasladarse para asistir a la audiencia de uno de los más de 70 procesos judiciales que le seguía el régimen por supuestos actos de corrupción. Bakovic contaba con la certificación de un médico de Cochabamba que sugería no llevarlo a la sede de Gobierno por riesgo de muerte, pero algunos esbirros del Poder Judicial se las ingeniaron para conseguir otro dictamen médico que indicaba todo lo contrario y al final se produjo el viaje. El ataque cardíaco ocurrió en el aeropuerto de El Alto, donde lo obligaron a permanecer por varias horas antes de llevarlo a una clínica, donde falleció.  Mucha gente honorable se ha pronunciado sobre el valor ético y la probidad de José María Bakovic y todos ellos se preguntan dónde puede radicar la raíz de tanto odio y ensañamiento.

viernes, 11 de octubre de 2013

Más gas por un doctorado

Hay un país todavía más negligente que Bolivia a la hora de promover las inversiones en exploración de hidrocarburos. Se trata de Argentina, donde viven una crisis energética que, afortunadamente para ellos, ha sido paliada por el incremento de la producción de gas en nuestro país, no por el descubrimiento de nuevos campos, sino porque literalmente estamos “exprimiendo” los viejos pozos perforados durante la vilipendiada época de la Capitalización. Hace poco justamente y gracias a una inversión que hizo Repsol, el campo Margarita aumentó su producción de 11 millones a 15 millones de metros cúbicos y el presidente Morales prometió que ese excedente sería destinado al mercado interno, el último en la lista de prioridades del proceso de cambio. En Argentina ya olieron ese riesgo y la primera en reaccionar ha sido la Universidad Nacional de Lanús, donde han anunciado la entrega de un nuevo título honoris causa al mandatario boliviano. Como se sabe, las casas de estudio argentinas le han concedido casi una docena de distinciones a nuestro presidente y de esa manera han conseguido aumentar de tres millones a 16 millones la provisión de gas para su país. Es la energía del ego lo que importa.

jueves, 10 de octubre de 2013

Gobierno "miti-miti"

Ante la ola de críticas que ha surgido a raíz del pedido presidencial a los ministros, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios del Gobierno de ir “miti-miti” entre la gestión y la campaña electoral, han surgido diversas interpretaciones que dan como resultado una confusión aún mayor que la de antes. Según indica la presidente de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, desde que empezó el “proceso de cambio”, se instauró una nueva rutina de trabajo que empieza a las cinco de la mañana, que incluye por supuesto los sábados y domingos. Dice que esa disciplina da como resultado más de las ocho horas laborables que contemplan las leyes del trabajo por lo que, a partir de la nueva instrucción, van a dedicar la mitad de ese tiempo a hacer campaña y el resto a la gestión. Vamos a creerle que todos los funcionarios del Gobierno han trabajado. Es más, vamos a convencernos de que lo han hecho todos los días, de lunes a domingo, por más de ocho horas cada jornada; también quedaremos en que lo han hecho de mil maravillas y que si el país no está como Suiza es porque nosotros los ciudadanos somos unos ciegos malagradecidos. Pucha, habrá que pensar hasta dónde vamos a retroceder si es que deciden reducir a la mitad semejante sacrificio apostólico.

Nuestros jóvenes

Cada vez que se producen circunstancias tan conmovedoras como ha sido el asesinato de tres jóvenes en la ciudad de Santa Cruz, surge la preocupación del “mundo adulto” por el rumbo que va tomando la juventud en “estos tiempos difíciles”, como si fueran novedad, o mejor dicho una gran sorpresa la violencia, los excesos y la inseguridad.

Hay quienes inmediatamente sacan a relucir su vena drástica y se ponen a repensar los métodos de crianza de los niños y los más determinados proponen retomar los “viejos procedimientos”. Cualquiera sea la forma de intervenir con los niños y los adolescentes, los bolivianos en general, debemos repensar el rumbo de la familia, una institución absolutamente desvalorizada en todos los estratos sociales.

Bolivia tiene escuelas deficientes, un sistema educativo formal que no va a mejorar en el mediano plazo y lo que corresponde es que la familia asuma un papel preponderante en la formación de las nuevas generaciones. Pero antes que nada la familia debe se rescatada.

La familia boliviana ha sido azotada en los últimos años por el fenómeno de la migración. Habría que ver cuántos cientos de miles o tal vez millones de niños se han criado sin sus padres en las últimas dos décadas, desde que se intensificó el éxodo hacia Europa y ahora hacia Chile y Brasil, mientras que nuestros gobernantes se frotan las manos por el incremento de las remesas y se hace muy poco por brindarle a esos expulsados mejores condiciones de vida para ellos y sus hijos.

Qué familia va a haber en Bolivia, si primero que nada está el sindicato, la comparsa, la fraternidad, el comité, el grupo, la célula, la movida y todo lo que esta sociedad –medieval todavía-, inventa para suplir la ausencia de leyes, de instituciones modernas y de referentes que les sirvan como modelo a las nuevas generaciones. En las civilizaciones sólidas es el núcleo familiar el centro de la socialización de los niños; es el lugar insustituible en el que se inculcan los valores, del trabajo, la honestidad la disciplina, que luego le darán sostén a la colectividad. ¿O es que alguien cree que se puede aprender esas cosas en otro lugar?

Para que haya familia debe haber modelos. Tanto dentro como fuera del hogar. Primero los padres, por supuesto. ¿Por qué nos apresuramos a juzgar la conducta de los jóvenes, las borracheras, la violencia, el desenfreno, la fantochería y la vanidad, si los adultos hacen exactamente lo mismo? ¿Acaso los chicos aprenden eso en otro lado que no sea su casa y con el ejemplo? Antes de tomar la vara, los padres deben examinar qué están haciendo ellos mientras sus hijos deambulan por las calles.

¿Y afuera cómo estamos? Solo observe. El crecimiento de la economía ilegal, los negocios turbios que florecen como hongos, los funcionarios implicados en el narcotráfico surgen por decenas, el chantaje, la extorsión, la corrupción, el derroche, el engaño, la apología del circo como sinónimo de política y la promoción de la transgresión como señal revolucionaria.

Es obvio que los jóvenes están viendo todo lo que ocurre. Ven que el enriquecimiento ilícito es ahora la manera más fácil de prosperar y que la violencia es el patrón de la conducta aceptada. Peor aún, ve que los líderes que antes enarbolaban la libertad, la democracia y la legalidad, ahora se rinden ante los pies de la montonera que trata de aprovechar al máximo su cuarto de hora. Antes de marchar por la paz o de juzgar a los jóvenes habría que pensar en todos esos elementos y apelar a la responsabilidad.

martes, 8 de octubre de 2013

Ganar elecciones en Bolivia

El presidente Morales se ha propuesto como meta ganar las elecciones del 2014 con un 74 por ciento y para ello ha instruido a los alcaldes y gobernadores del MAS dedicar el 50 por ciento del tiempo a realizar “gestión”, es decir, a atender las necesidades de la gente y la otra mitad a trabajar en la campaña proselitista. De esta afirmación pueden desprenderse varias interpretaciones. Tomando en cuenta los antecedentes del MAS, no se sabe si lo que pide el presidente es hacer menos campaña que antes y más gestión, pues lo que todo el mundo ve es casi un 100 por ciento del esfuerzo de los funcionarios y los recursos del Estado dedicados a las tarimas, los viajes, las banderitas y toda la parafernalia politiquera. ¿O es que en el algún momento en estos últimos siete años la campaña oficialista se ha detenido? Por otro lado, también se puede entender que la buena gestión “no vende” y que mejor es hacer campaña, entregar coliseos, canchitas y aparecer en televisión todo el tiempo. ¿O sea que todo ese cuento de construir escuelas, hospitales y carreteras para ganar elecciones no funciona? Lamentablemente, 2.100 años después, los romanos siguen teniendo razón, al menos en esta parte del mundo que alguien prometió convertir en la “nueva Suiza”: “Pan y circo”, con eso es suficiente.

Chicos fisicudos

En el año 2002, los integrantes de una tristemente célebre comparsa de fisicudos sembró el terror en el tercer día del Carnaval cruceño y desde aquella vez la celebración más popular de la ciudad nunca volvió a ser la misma.  Aquellos pistoleros se enfrentaron a tiros con un grupo rival en plena calle Ballivián y una bala perdida acabó con la vida de la enfermera tarijeña Zulma Cavero. La población se conmocionó con ese hecho de sangre y hubo gestos de repudio hacia la mencionada agrupación de facinerosos, quienes tal como se pudo comprobar posteriormente, eran unos conocidos instructores de gimnasia, agentes de cobranza y lo que es peor, prestadores de  “servicios políticos” que actuaban contratados por partidos políticos, por algunas autoridades que recurrían a ellos como “grupos de choque” y por candidatos de la universidad pública que los usaban en actividades “de campaña”. Sus fechorías se hicieron famosas y en reiteradas ocasiones hicieron noticia, gracias a la impunidad de la que gozaban.  La opinión pública otra vez está conmocionada por la actuación de otro fisicudo que acaba de cometer un crimen. Todo indica que el individuo en cuestión tiene algunas semejanzas con sus famosos antecesores.

Sociedad Cambalache

Tanto el joven asesinado en la localidad de Las Cruces, como el pistolero que lo mató a sangre fría el pasado sábado, eran personas muy bien relacionadas en Santa Cruz, integrantes de clubes, gimnasios y otros círculos perfectamente identificados y sin ningún tipo de antecedente negativo, aunque el sujeto que disparó había estado implicado en hechos ilícitos.

Ambos pertenecían a grupos de motoqueros que cada fin de semana se entregan al ruido, la velocidad y lamentablemente al exceso de alcohol, que combinados con el poder de aquellos bólidos dan como resultado un coctel de adrenalina que desencadena violencia y mucha prepotencia.

A nombre de la diversión y  la aventura nadie observa los peligros que deambulan por aquellos sinuosos caminos, donde muchos acuden a buscar al sano esparcimiento y otros, a esparcir el hedonismo, la frivolidad y la vanidad, “valores” que siempre ocasionan problemas en nuestro medio, sobre todo ahora que otra vez vuelve a campear el auge del narcotráfico y sus consecuencias, la impunidad y el poderío del dinero mal habido que fácilmente compra conciencias y se apodera de los círculos sociales, como ocurrió en los años 80 en nuestro país.

No hay diferencia con ese periodo, aunque nadie puede dejar de advertir el grado superlativo que ha alcanzado el problema en la actualidad. El narcotráfico goza de buena salud gracias a la permisividad que brindan de las altas esferas políticas que se encargan de laxar las leyes y los sistemas de control, fenómeno que también se traslada a la sociedad, donde la gente termina archivando sus principios y se entrega a la orgía del billete verde, que ahora cae de las nubes como si fuera maná.

Lo ocurrido con ese desdichado estudiante universitario es nada más que una señal de advertencia de un fenómeno que está permeando nuestra estructura social, siempre dispuesta a doblegarse ante los destellos que emiten las marquesinas del poder que se transforma en buenos negocios. Es una señal que deben percibir quienes no ven problema en que un muchacho ande armado con una poderosa pistola pese a los antecedentes delictivos que carga encima; para los que consideran que no hay riesgo en codearse con personas que no tienen oficio conocido y que hacen gala de sus posesiones y sus lujos; o para los que a nombre de la prosperidad económica son capaces de liarse con cualquiera, mientras “yo no mate a nadie, ni fabrique nada raro”.

Todos sabemos que la permisividad surge de arriba hacia abajo, que ahora ya no importa el currículum, sino el prontuario para ejercer como autoridad y que la inseguridad que genera esta situación, con asesinatos, ajustes de cuenta y secuestros, es apenas un daño colateral que a la postre se convierte en un elemento funcional de la estrategia de mantener en zozobra a la población, sobre todo a los líderes cuya misión es precisamente denunciar este contubernio delictivo y no plegarse a él como se ha hecho.

En ese caso y como ocurrió también en los años 80, debe ser la sociedad civil la que retome sus canales de debate para actuar frente a este resquebrajamiento de los valores que te lleva a relacionarte con cualquiera y a aceptarlo, sin importar el origen de su fortuna o los antecedentes delictivos que pueda tener.

viernes, 4 de octubre de 2013

Plurinacionales y transnacionales

Cada vez que se produce un acontecimiento importante en materia energética, el país entero se entusiasma con la vieja promesa –constitucional además- de “darle gas a los bolivianos”, aunque los que terminan festejando son nuestros vecinos de Brasil, de Argentina y ahora también los paraguayos.

Hace poco se inauguró con un retraso de cuatro años la planta separadora líquidos de Río Grande y entre los primeros beneficiados con el incremento de la producción de GLP estuvo precisamente el mercado de Paraguay, pese a que en Bolivia, según lo indica un estudio del CEDLA, un tercio de la población sigue usando leña para cocinar y que en algunos sitios alejados del territorio, una garrafa de gas puede llegar a los 80 o 90 bolivianos.

La más reciente noticia relacionada con el gas se produjo en el campo Margarita, uno de los más grandes del país y el que originó la “Guerra del Gas”, con Evo Morales a la cabeza exigiendo que ese gas se quede en el país y que no sea exportado ni a Chile o a Estados Unidos como pretendía el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

En ese sitio, el mismo personaje convertido en Presidente de Bolivia y líder de la revolución que prometió “Devolver el gas a los bolivianos” ha inaugurado una moderna planta de procesamiento de gas que permitirá incrementar la producción en ese campo de 11 a 15 millones de metros cúbicos por día. Los más entusiasmados con la noticia fueron los residentes de Puerto Suárez, porque el mandatario expresó ese día la supuesta voluntad del Gobierno de destinar por fin una parte de la producción nacional de gas a proyectos nacionales como el Mutún y dos fábricas de cemento que esperan hace años la confirmación de YPFB para el abastecimiento del energético.

Junto con el presidente Morales estaba Antonio Brufau, máxima autoridad de la petrolera española Repsol, compañía que ha invertido 640 millones de dólares, con el objetivo de incrementar la producción que había caído en riesgo de declinación por la falta de perforación de nuevos pozos.

Nadie tiene por qué dudar del deseo del presidente Morales de incrementar la cuota del gas para el mercado interno, pero lamentablemente los datos son lapidarios. De los 56 millones de metros cúbicos de gas que actualmente produce el país, 31 millones se van a Brasil, 17 millones a la Argentina y apenas ocho millones se quedan para cumplir con el consumo domiciliario, el gas vehicular, la generación de energía eléctrica y el consumo industrial. El afán por la exportación es tal que tras el anuncio del incremento generado en Margarita, en lo primero que pensó el jefe de estado fue en vender electricidad al exterior.

Para el Gobierno que encabeza Evo Morales la lógica es muy simple. La venta de gas al exterior le significarán este año un ingreso de dinero constante y sonante de cinco mil millones de dólares, con lo que alcanza y sobra para comprar helicópteros, aviones y satélites. Dejar que ese gas se quede en el país, además de generar empleos, industrias y trabajo para los bolivianos, impediría contar con un flujo de caja, del que apenas una pequeña parte se destina a la inversión social y el resto se destina a apuntalar la gran prioridad del “proceso de cambio” de quedarse en el poder para siempre.

Por el lado de Repsol tampoco hay esperanzas de que ese gas se quede en el país. Semejante inversión realizada no es un acto patriótico ni de buena voluntad, es simplemente un buen negocio destinado a apuntalar los grandes intereses que tiene la empresa en Brasil y Argentina. En eso, tanto el Gobierno revolucionario como la transnacional siguen en la misma sintonía.

Contacto libanés

Hay algunos que se apresuran a afirmar que el Gobierno boliviano está ligado directamente con el narcotráfico, sobre todo cuando aparecen noticias como la del ciudadano libanés George Chabic, a quien se le secuestró un cargamento de 400 kilos de cocaína que estaba por embarcarse a África. Pero siempre hay que remitirse a los hechos. El supuesto narco fue hallado en poder de pases de circulación con el nombre de los diputados del MAS, Samuel Pamuri y Donato Callisaya, quienes han reconocido ante la Fiscalía que ellos entregaron esos documentos. Pamuri también admitió haber sugerido a Chabic para ejercer el cargo de cónsul honorario en Líbano por los antecedentes del extranjero como militante del MAS desde el 2005. El parlamentario ha dicho que su propuesta surgió cuando el presidente Morales les pidió a los militantes del partido sugerir nombres de personas que hablen idiomas extranjeros para sumarlos al servicio exterior. Otro dato que debe tomarse en cuenta es que, el contenedor en el que iba la droga del libanés, fue precintado y autorizado a salir del país por la Aduana Nacional sin haber pasado antes por el control respectivo en la Ciudad de El Alto. Simplemente hechos.