viernes, 29 de agosto de 2014

Candidatos idénticos

Una de las notas más sobresalientes de la campaña electoral es el descaro con el que se producen los actos de transfugio político. Dirigentes que habían sido echados de forma ignominiosa del oficialismo vuelven como héroes y son recibidos con aplausos en actos públicos donde se ensalzan sus virtudes.
Este parece ser el fin de las convicciones, de las ideologías y de los principios y el inicio del pragmatismo y de la conveniencia. Lo peor del caso es que a los candidatos se los escucha repetir que no importa si es de izquierda o de derecha, que lo importante es resolver problemas concretos, como la seguridad, la falta de carreteras o la carencia de hospitales.
No existe un candidato en la historia que no haya propuesto semejante cosa, todos hacen promesas similares, pero el asunto de fondo es precisamente cómo lo van a hacer, qué tipo de estrategia van a usar para resolver tal o cual problema. Y es ahí justamente donde comienzan los problemas de discurso, especialmente para los opositores.
Sacando del análisis a Juan del Granado y al dirigente indígena Fernando Vargas, antiguos aliados del MAS y por ende, izquierdistas confesos, en teoría los otros dos postulantes son de la derecha, son liberales o para no herir susceptibilidades, no son ni socialistas, ni comunistas, ni anticapitalistas, como dice ser la gente del oficialismo, que no precisamente es un ejemplo de coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Insistimos, pese a que se hacen llamar opositores y a que aseguran ser diferentes, ninguno cuestiona el estatismo, nadie habla del fracaso de la nacionalización, que tarde o temprano nos llevará a la situación que hoy sufre Venezuela; no se ataca a las políticas socialistas que están destruyendo la producción; no se defiende la propiedad privada, tampoco la libre iniciativa, no se critican los cupos de exportación y tampoco la libertad como base fundamental de una sociedad sin el autoritarismo que no está conduciendo a la dictadura.
Los aspirantes a la presidencia y sus seguidores dicen que van a respetar casi todo lo que ha hecho el MAS y el colmo de las cosas es que mientras el Gobierno habla de los subsidios como un “cáncer” al mejor estilo neoliberal, los otros afirman que van a mantener los precios congelados de los carburantes, nudo gordiano de la falta de inversiones en el área hidrocarburos, que junto con la inapropiada forma de distribuir la renta petrolera, nos conducirán indefectiblemente al pozo del desabastecimiento.
Es verdad que el Gobierno juega sucio, que tiene un inmenso aparato de propaganda que puede convertir lo falso en verdad y que ha convertido en tabú algunos temas. Pero alguna vez tiene que surgir alguien con la capacidad de decirle la verdad a la gente, que no le tenga miedo a lo políticamente correcto, que no se espante con las ideologías que no asocie el pragmatismo con la necesidad de malcriar al pueblo, cuando eso es precisamente lo que hay que revertir y destruir, especialmente la demagogia barata que mantiene a Bolivia en los últimos lugares del mundo.

La plata de los ricos

Un viejo dicho que parece incoherente cobra mucha vigencia en países como Venezuela o Bolivia: “Son tan pobres que lo único que tienen es plata”. Pese a que los venezolanos tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo y a que exportan tres millones de barriles de petróleo por día, algo así como 300 millones de dólares diarios, el gobierno no sabe qué inventar para frenar la escasez de alimentos. El más novedoso ha sido pasar de la libreta de racionamiento que usan los cubanos, a un método muy innovador que detecta las huellas digitales en los supermercados, para evitar que una persona compre más de un tarro de leche o que se pase de un kilo de arroz. En Bolivia estamos muy lejos de llegar a esos extremos, pero no deberíamos estar tan seguros de librarnos, puesto que vamos por el mismo camino. Nuestro país recibe casi siete mil millones de dólares por el gas que le vende a brasileños y argentinos, pero es cada vez mayor el monto de ese dinero dedicado a comprar diésel, gasolina, lubricantes, además de alimentos y muchos otros artículos que hemos dejado de producir por imitar a Venezuela, es decir, confiarnos enteramente en la renta petrolera, que para ellos ha quedado chica. Muy pocos se dan cuenta del problema, pero el gobierno sí, cuando da a entender que es necesario un nuevo “gasolinazo” y cuando anuncia un déficit fiscal para este año.

Mutún, un cerro de incógnitas

El proyecto del Mutún, que en realidad está esperando la voluntad política hace un siglo, estaba llamado a ser el emblema del "proceso de cambio", que por el contrario, optó por convertir a YPFB en su buque insignia, poniendo a explotación del gas como un fin en sí mismo, cuando lo prometido y lo correcto era usarlo para la industrialización.
Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno del MAS en 2006 fue precisamente expulsar a la empresa brasileña que había iniciado un prometedor proyecto de explotación y lo hizo con argumentos nacionalistas y ecologistas, dos visiones que se han derrumbado por completo, junto con la industrialización, el fracaso más grande que ha tenido este proceso político.
A la compañía EBX la expulsaron con el pretexto del uso del carbón vegetal para la producción de arrabio y lo curioso es que este recurso sigue explotándose en la frontera para que la misma empresa produzca, genere empleos, exporte e industrialice los recursos naturales a pocos kilómetros de allí, pero del lado brasileño, donde el socialista Lula y la exguerrillera Dilma Rousseff no son tan dogmáticos ni tan demagogos como nuestros políticos.
El gobierno del MAS tuvo la suficiente plata, la autonomía política y el apoyo para elaborar su propio proyecto y así como optó por la Jindal, hubiera sido posible traer una compañía venezolana, cubana o de cualquier lado para llevar adelante el emprendimiento más ambicioso de la historia nacional, capaz de transformar al país desde todo punto de vista, pues además avanzar en la industria pesada, el Mutún tiene un componente geopolítico y estratégico muy importante. Además, como el centralismo siempre le ha tenido miedo al desarrollo del oriente, era el momento de evitar que las fuerzas locales se apoderen del negocio y por el contrario, entregárselo a la Comibol, para que siga alimentando la voracidad de la inoperante hegemonía tradicional del occidente.
Desde el punto de vista energético, también era el momento preciso, gracias al auge de la producción gasífera, con un gasoducto pasando a pocos kilómetros del Mutún. No parecía ser un problema para el gobierno, destinar una pequeña fracción del inmenso volumen de gas que se exporta a Brasil y Argentina, pero nadie se explica por qué fue que ni siquiera YPFB pudo destinar tres millones de metros cúbicos diarios que solicitaba la Jindal.
Pese a todo lo que se pueda decir de la ineficiencia y a todo lo inexplicable que sucedió, hay que admitir que la Jindal no fue la mejor opción y de eso nos dimos cuenta todos desde el principio. Aun así, ha habido años para cambiar de rumbo, elegir otro socio y buscar la manera de hacer que el Mutún sea una realidad. Sin embargo, las autoridades optaron por llevarlo todo al terreno de la política, de la propaganda y la persecución judicial, chicanerías que solo funcionan para el entorno criollo en el que nos movemos, pero que no tienen cabida en tribunales internacionales, uno los cuales acaba de darle la razón a la empresa hindú, que además de los 22,5 millones de dólares, pretende llevarse otros 100 millones.
En resumen, en todo este nuevo capítulo del Mutún, pinta de cuerpo entero a un Gobierno que dice mucho, habla por todos lados, que repite y machaca, que miente y convence a raudales, pero que a la hora de la verdad y de hacer balances serios...

Universidades ¿para qué?


Hace menos de un mes se publicó el ranking de las mejores universidades del mundo que anualmente difunde una consultora privada con base en Arabia Saudita. En la lista de las mil mejores casas de estudio hay 229 norteamericanas, mientras que China tiene 84 y Japón 74.
Entre los 20 primeros lugares hay 17 centros educativos estadounidenses, dos ingleses y uno suizo y para decirlo más sencillo, entre Europa y Estados Unidos copan más del 60 por ciento de los mejores puestos, mientras que en todo el continente africano hay solo cuatro universidades dignas de consideración y en Sudamérica solo 12, la mayoría en Brasil. En México hay 20 universidades que han sido valoradas y en Centroamérica ninguna.
La mejor universidad del mundo es la norteamericana Harvard, fundada en 1636, muy antigua, pero no más que la mayoría de las universidades sudamericanas, entre ellas la San Francisco Xavier de Sucre, una de las pioneras en la educación en el continente. Todos se preguntan por qué tantas diferencias, pese a que Estados Unidos no nació con la riqueza actual, fue una colonia al igual que Bolivia o Venezuela y a que los factores étnico y cultural son relativos. Hace menos de 50 años los coreanos o los habitantes de Singapur eran tan subdesarrollados como cualquier país sudamericano y seguramente tenían que soportar estigmas y prejuicios de todo tipo, igual que los españoles, por ejemplo, donde hay una treintena de universidades de estatura mundial que han permitido alcanzar al país niveles de desarrollo importantes.
Estamos en plena campaña electoral y no se ha escuchado a ningún candidato hablar de propuestas sobre ciencia y tecnología, de mejorar las universidades y crear institutos de investigación. El debate parece ser la discusión de los hijos que se pelean por una herencia que no han construido ellos mismos, en buscar quién debe explotar el gas, cuánto se les tiene que pagar a las petroleras extranjeras, si habrá suficiente dinero para importar lo que no producimos y si alcanzará para continuar con la repartija y la jarana en la que se encuentra gran parte de la población gracias a la bonanza de precios que nos llega desde los países desarrollados, los que inventan, crean y producen porque tienen universidades que constantemente están innovando y apuntalando el progreso.
Lamentablemente, en Bolivia todavía nos sabemos para qué sirven las universidades. Es más, el país está diseñado para el extractivismo con una altísima presencia de capital y tecnología extranjeros, donde apenas aportamos con fuerza bruta y es irrelevante la contribución de cerebros nacionales. Está comprobado que para integrarse al incipiente aparato productivo boliviano no se necesitan muchos profesionales y que para la gran masa de bolivianos que se dedican a la economía informal e ilegal, son suficientes saber leer y escribir y aprender las cuatro operaciones aritméticas, algo que suena discriminatorio, pero que es una triste realidad cuando se observa la precaria atención que le brinda el estado a la educación y sobre todo a su forma de encararla, como un simple proceso de adoctrinamiento de la gente, carente de visión de desarrollo e innovación.

martes, 26 de agosto de 2014

Malas noticias

Los voceros del Gobierno suelen molestarse con la difusión de malas noticias para el país, porque piensan que hay algunos que se alegran por ello, simplemente por cuestiones políticas. La novedad más reciente sobre la Jindal y un proceso de arbitraje que acaba de ganarle a Bolivia en París podría derivar en una reflexión de ese tipo, pese a que seremos todos los bolivianos los obligados a pagar 22 millones de dólares a cambio de nada, pues el Mutún sigue intacto, como un gigante dormido que no hace intentos por despertar. La Jindal es la empresa hindú que fue corrida del país por el Gobierno para que deje de exigir gas para echar a andar el proyecto más ambicioso de la historia de Bolivia. La compañía fue achicando sus exigencias, pues al principio pedía diez millones de metros cúbicos y al final dijo que por lo menos tres millones eran suficientes para comenzar. Pero YPFB nunca cumplió sus promesas puesto que sus prioridades mandan enviar el gas a Brasil y Argentina, pese a que la Constitución dice todo lo contrario. Lo peor de todo es que con este triunfo, la Jindal abre la posibilidad para ganar otros procesos que le podrían costar más de 150 millones de dólares a…los bolivianos. La pregunta es ¿quién debería molestarse y con quién?

Democracia chacota

Al pronunciamiento que hizo la Iglesia católica hace unos días demandando mayor transparencia, respeto a las leyes y también menos derroche en la campaña electoral, ahora se suma el pedido de la representante de la ONU en Bolivia , Katherine Grigsby, quien ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación de garantizar la limpieza de los comicios del 12 de octubre.
No se sabe qué le van a responder a la diplomática, pero en lo que respecta a la Iglesia, la reacción gubernamental ha sido furibunda, con acusaciones e insultos subidos de tono, como si los obispos hubieran manifestado alguna opinión tendenciosa, fuera de lugar o alejada de las leyes y el sentido común.
Algunos observadores que han estado presentes en procesos electorales en Venezuela, Ecuador, en algunas naciones centroamericanas e incluso africanas, aseguran que la manipulación que se está produciendo en Bolivia no tiene parangones, con instituciones, recursos, maniobras y todo el aparato estatal volcado a favor de un candidato que pretende arrasar, al mejor estilo de las repúblicas bananeras del pasado y de las que figuran solo en las novelas del realismo mágico.
No hace falta apelar a esos testimonios para comprobarlo, especialmente cuando se observa que el Gobierno no solo desobedece los procedimientos establecidos, sino que se burla de ellos con la complicidad del TSE. A dos días de lanzada una prohibición expresa que ha permitido anular y silenciar por completo a los candidatos de la oposición en los medios masivos, el presidente-candidato aprovecha la inauguración de una obra pública para presentar a los postulantes del MAS, algo que a todas luces fue premeditado, pues inmediatamente prometió pagar la multa correspondiente.
El supuesto desliz del partido oficialista fue transmitido por cuatro canales de televisión, los mismos que podrían convertirse en los “pagapatos”, pues sucede los señores del TSE se olvidaron de notificar a los verdaderos infractores y por lo tanto, la sanción no solo quedará demorada sino que podría quedar en nada, en medio de un marco de impunidad que se presta a nuevas transgresiones.
El Gobierno y las autoridades electorales no deberían tomar tan a la ligera lo que está ocurriendo. Ellos miran con demasiada liviandad, el modo carnavalesco con el que están llevando adelante las elecciones en un país donde la esencia de la democracia  se resume prácticamente al acto de votar ya que la inmadurez de nuestros pueblos todavía no ha llegado a otros niveles, como la interpelación a los gobernantes y el respeto a las formas, que en democracia es fundamental.
El irrespeto al sufragio, por ejemplo, fue lo que sepultó el proceso revolucionario nacido en 1952 en Bolivia y fue el que llevó al descrédito y a la peor crisis política al chavismo en Venezuela, donde Nicolás Maduro no atendió los requerimientos para buscar mayor transparencia y ocasionó una conmoción social que todavía persiste y que fragiliza cada vez más al régimen gobernante. El fraude fue la sepultura del régimen de Ahmadinejad en Irán y en Bolivia no debería confiarse tanto en la fortaleza de los candidatos, en la cooptación política de las Fuerzas Armadas y la Policía para asegurar que todo quedará en nada. La indignación de la gente suele volverse incontenible cuando se supera todo límite de racionalidad.

lunes, 25 de agosto de 2014

Crisis en plena bonanza


En 1985 Bolivia sufrió una crisis minera que obligó a cerrar numerosos establecimientos que estaban en manos del Estado y a mandar a la calle a miles de obreros, que en gran parte se fueron al Chapare a sembrar coca. Lo curioso del caso es que pese la caída de los precios, no se produjo el mismo fenómeno en el sector privado y tampoco ocurrió en Chile o en Perú, países de gran vocación minera como Bolivia. Es verdad que quebraron muchas empresas, pero en ningún caso hubo un acontecimiento de grandes proporciones como sucedió en nuestro país. Treinta años después y con precios cinco veces superiores a los de 1985, la minería estatal boliviana enfrenta una nueva crisis y eso se puede ver claramente en Huanuni, donde los costos han subido y la producción ha caído en casi un 70 por ciento. Son más de cinco mil obreros que están viviendo del Estado, alimentados por recursos del Tesoro General de la Nación. Con la bonanza gasífera las cosas no van mal, pero hay señales preocupantes. El Gobierno ha vuelto a mostrarse desesperado por la subvención a los carburantes y por el contrabando de combustibles. Los optimistas dicen que Bolivia no es Venezuela y que nosotros estamos blindados contra las debacles. Eso decían muchos antes de 1982.

Empresarios enanos

El presidente Morales ha dicho que los empresarios bolivianos son unos “enanos” y en otras palabras les ha pedido que crezcan y que sean como los extranjeros que son los que ganan las licitaciones de los grandes proyectos de desarrollo. A lo mejor pretende que se hagan como Samuel Doria Medina por ejemplo, quien tiene algunas quejas del gobierno, entre ellas la expropiación de la parte que tenía en la fábrica de cemento Fancesa y la falta de provisión de gas a otros proyectos cementeros que están paralizados por falta de energía, debido a que el régimen nacionalista prefiere vendérsela a los empresarios de Argentina y Brasil. Hay empresarios bolivianos que están perseguidos por cuestiones políticas, muchos otros que deben encarar prohibiciones para exportar, controles de precios, cupos y avasallamientos de sus tierras y de sus minas y por supuesto, están los que se están volviendo gigantes gracias a las prebendas que les otorga el Estado, contratos sin licitación y muchas otras ventajas obtenidas por parentesco y otros privilegios. Por último, exigir empresarios grandes parece ser un punto de vista capitalista y hasta ahora todos sabíamos que este régimen es enemigo de esa visión. Por eso es que nadie quiere asomar la cabeza por temor a que se la corten.

viernes, 22 de agosto de 2014

Talibanes y degolladores


Es seguro que Ciro Zabala será senador por Cochabamba y que nadie se sorprenda cuando un día llegue a ser presidente del Senado y ocupe el cargo de primer mandatario del Estado Plurinacional, aunque sea por unas horas, como sucedió con Eugenio Rojas Apaza, quien se hizo famoso y ganó su preciado espacio político gracias al deleznable acto de degollamiento de perros que protagonizó en su tierra natal, Achacachi.
Están de moda los degolladores y también han vuelto a cobrar fuerza los talibanes, unos fanáticos que desprecian a las mujeres y las obligan a tapar todo su cuerpo y a ver el mundo a través de un velo, supuestamente por motivos religiosos, pero que en realidad es cinismo y abuso de poder.

Ciro Zabala les sigue los pasos a esos talibanes cuando sugiere que la culpa de las violaciones es de las mujeres que incitan con su conducta y su manera de vestir a los depravados, entre los que se cuentan a numerosos exponentes del “Proceso de Cambio”, un alcalde, un asambleísta y un diputado que recibió protección incluso de colegas parlamentarias mujeres que ahora proponen pena de muerte. Hay algunos que se ríen de las palabras de Ciro Zabala, como carcajean con los comentarios y chistes despectivos hacia las mujeres que hace frecuentemente el presidente Morales. Nada es chistoso cuando es una política de Estado jugarse por talibanes y degolladores.

jueves, 21 de agosto de 2014

Niños mineros

A pocas semanas de la promulgación de la ley que autoriza el trabajo infantil a partir de los diez años, ya se observan algunos resultados. El Defensor del Pueblo acaba de presentar un informe que indica que alrededor de 150 niños trabajan en los socavones del cerro de Potosí, donde perciben sueldos que van de los 1.800 a los 3.400 bolivianos al mes. Ninguno de ellos asiste a la escuela y desarrolla sus actividades laborales en situación de riesgo y en condiciones de explotación. La mayoría de los “mineritos” tiene entre 15 y 17 años, pero hay casos de chicos de ocho años que operan en los sectores externos de las minas. Durante la investigación muchos de los niños no quisieron dar sus datos por lo que la cifra es mayor y otros alteraron su edad por temor a perder su empleo. El estudio identificó también a alrededor de 280 niños y adolescentes que viven junto a sus madres en las bocaminas, en viviendas precarias sin servicios básicos y en el lugar no hay presencia del Estado para atender las necesidades. El fenómeno de los niños mineros, que no es nuevo, tiende a aumentar por el auge de los precios de los minerales y las cooperativas, que han cobrado mucho poder en el “proceso de cambio”. Por si no haya quedado claro para qué se aprobó esa ley.

Violencia y responsabilidad compartida

El asesinato de Sophia Calvo muestra mejor que ningún otro de los tantos hechos violentos que ocurren a diario en Santa Cruz, que el tema de la seguridad no solo es un discurso, sino una farsa de las autoridades que se llenan la boca con planes, equipamiento, sistemas de vigilancia, compras fastuosas, vehículos y toda una parafernalia que seguramente demanda muchos recursos, pero que es absolutamente ineficaz porque no se ataca al fondo del problema.
Por más camionetas, motocicletas y cámaras de video que tenga la Policía, mientras siga siendo corrupta, politizada y con bajísimos niveles de profesionalismo, es muy poco lo que se puede conseguir. Los planes de seguridad que se ponen en marcha periódicamente son simples pretextos para la exacción de la ciudadanía. Hemos perdido la cuenta de las veces que el Gobierno ha prometido hacer una limpieza interna de la institución y lo único que ha conseguido es ensuciarla más con la instrumentación de la Policía como brazo ejecutor de la persecución política que no le deja ni tiempo, ni esfuerzo y menos vocación a los uniformados para combatir el crimen.
El crimen de Sophia es tenebroso, pero mucho más macabra es la actuación de la Policía que tuvo en sus manos al criminal y lo dejó libre con el pago de una coima, pese a que estaba borracho, sin licencia de conducir y a bordo de un vehículo que no era suyo. Si lo atraparon después fue por simple casualidad, por el olfato de un guardia que no estaba como cientos de sus colegas, en los semáforos, dando la sensación de seguridad, en un afán netamente propagandístico.
El caso de Sophia, sin embargo, es paradigmático y por lo tanto es difícil que haya un sector de la sociedad que deje de sentirse responsable por lo ocurrido. En ese sentido, los medios y especialmente la televisión, juegan un papel importante. Hace unos días un experto comentaba sobre el exceso de cobertura que se les da a los hechos criminales en los noticieros. Decía que de un total de 12 noticias, siete eran de crónica roja, muchos de ellos intrascendentes, pero contados con mucha estridencia, música y otros efectos destinados a manipular al televidente.
Por ese efecto mediático vivimos atemorizados, como si estuviéramos en una ciudad mucho más violenta de lo que es y la Policía alimenta esa sensación con el fin de fomentar el negocio redondo de las empresas de seguridad que les pertenece a los oficiales de la misma institución y a los militares. Por ese mismo miedo estamos construyendo una ciudad amurallada llena de garitas y guardias privados que nos brindan un simple consuelo, porque en realidad nadie controla quiénes son, qué antecedentes tienen y qué hábitos suelen mantener mientras hacen su trabajo.
Por último, sociedad hedonista como la nuestra, donde el culto al cuerpo, la vanidad, la juerga, el boliche y el junte sin límites ni horario suelen ser los valores supremos y donde nadie le dice “basta” al consumo del alcohol, no puede pretender que todo sea una taza de leche. El narcotráfico y los valores invertidos que privilegian un materialismo sin principios están promoviendo un caldo de cultivo que puede llevar a nuestra ciudad a situaciones irreversibles.
Nuestras élites deberían dejar de organizar marchas y hacer llamados a la conciencia de un gobierno que las usa. El liderazgo debe ejercerse con soluciones concretas a un problema que no puede esperar más.

Gas: época de sembrar

El Gobierno ha gastado millonadas en difamar al candidato Samuel Doria Medina, por la supuesta sugerencia de cambiar las reglas del juego en la explotación petrolera con el objetivo de estimular las inversiones en el área hidrocarburos, que siguen estando en la cornisa, es decir, los suficientes como para cumplir con los contratos de exportación con Brasil y Argentina, pero totalmente insuficientes para satisfacer el mercado interno que debería ser una prioridad como manda la Constitución.
Ha quedado establecido que la bonanza que vivimos por los récords de exportación de gas es una abundante cosecha fruto de la siembra que se produjo luego del vilipendiado proceso de Capitalización, un mecanismo de atracción de inversiones que seguramente no se hubiera dado de no haber sido por las jugosas ventajas que ofreció el gobierno de entonces. Bolivia siempre ha tenido muy mala fama de nacionalizador y su viejo truco consiste en expropiar cuando las cosas van bien y privatizar en épocas de vacas flacas. Y cualquiera sabe que nadie saca buen precio por una gallina muerta.
Según los expertos en el área de hidrocarburos, la cosecha del gobierno actual podría estar al borde del agotamiento y es posible que los campos descubiertos y desarrollados antes del 2006 estén llegando a su pico máximo que comenzará declinar a partir del 2016. Los antiguos sembradores aseguran haber dejado una herencia de 30 trillones de pies cúbicos de gas al “Proceso de Cambio” y cuando menos se sabe que esta cifra alcanzaba los 18 a 20 trillones. Hoy estamos bordeando los 10 trillones y las autoridades de YPFB se ufanan por el aumento del medio por ciento en las reservas, logradas gracias a los interesantes incentivos que en los últimos años se les otorgó a algunas petroleras, especialmente a Repsol, que gracias a sus inversiones en el campo Margarita le salvó las papas a Bolivia.
Los entendidos aseguran que todas estas ventajas, precios favorables, descuentos impositivos y otros trucos contables han dejado muy lejos a la ecuación 87-13 que tanto promociona el gobierno en sus anuncios y lo peor de todo es que ninguna de las gangas ha conseguido atraer inversiones petroleras para seguir explorando, descubriendo campos y aumentando las reservas. Los mismos expertos dicen que las petroleras, que manejan mejor que cualquiera el factor “largo plazo” y la paciencia que hay que tener en este negocio, no van a venir ni rogadas, mientras las autoridades nacionales no les den las garantías legales necesarias y sobre todo  las ofertas que se pueden conseguir en un momento de desesperación.
El Gobierno quiere mostrarse tranquilo y anuncia inversiones millonarias en exploración tal como lo ha venido haciendo en los últimos nueve años, con resultados menos que irrisorios. El problema es que de acuerdo a algunos cálculos, Bolivia necesita cuanto antes duplicar sus reservas hasta alcanzar los 18 o 20 trillones de pies cúbicos si quiere lograr una renovación del contrato de exportación a Brasil en buenas condiciones, algo que sucedió precisamente cuando se firmó este convenio en los años '90, cuando la siembra estaba empezando a dar sus primeros resultados.
Algo va a tener que hacer el Gobierno para conseguir que las petroleras transnacionales levanten la tranca que le han puesto a nuestro país y muchos creen que están esperando precisamente que se modifique mediante una ley esa ecuación tan leonina que se impuso con la nacionalización. Tal vez estén esperando que el grado de desesperación aumente al punto que la propuesta que dizque hizo Samuel Doria Medina de 50-50 quedará corta.

lunes, 18 de agosto de 2014

Sepultando el debate

Luego de un ingrato incidente durante un debate que tuvo lugar en la Universidad Gabriel René Moreno, los candidatos del MAS en Santa Cruz han decidido no asistir a otras invitaciones posteriores. Todo se originó en el insulto del aspirante a primer senador y exministro de Gobierno, Carlos Romero, hacia un estudiante que lo cuestionaba. El postulante perdió los estribos y llamó de manera vulgar al joven, tras lo cual se produjeron intentos de pelea entre los seguidores del oficialismo y quienes apoyaban a los opositores. Romero asistió a ese debate muy complacido luego de que días antes había gozado de amplias preferencias en otra cita similar, donde ni siquiera cumplió el requisito de llegar a tiempo para la confrontación de ideas. Ser tratado como uno más de los candidatos ha enfurecido al exministro, quien ahora reacciona como el chico mimado dueño de la pelota, que ante el menor problema en la cancha, toma lo que es suyo y se marcha. Este episodio da una idea de por qué el debate es una mala palabra en el oficialismo, sobre todo cuando se lo escucha al mismo Romero hablando de “sepultar” a sus adversarios, un comentario que lamentablemente tiene trae muy malos recuerdos al país.

Por "respeto a la la familia"

Ni bien recibieron los primeros informes acerca del asesinato de Sophia Calvo Aponte, la plana mayor de la seguridad nacional, a la cabeza del ministro de Gobierno, Jorge Pérez y el comandante nacional de la Policía, Wálter Villarpando se trasladaron hasta Santa Cruz con intenciones de acaparar las cámaras y hacerse cargo de la difusión del operativo que permitió la captura de guardia de seguridad que apuñaló y luego estranguló a la infortunada bioquímica, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de su propio auto durante un control de rutina en la localidad de Puerto Pailas. Durante toda la noche, Ronald Iván Fernández Chambi recorrió la ciudad con su víctima, estuvo bebiendo, visitó un prostíbulo y hasta fue detenido por policías de Tránsito que lo llevaron a una comisaría de la Villa Primero de Mayo, donde según algunas versiones periodísticas tuvo que pagar una “multa” por conducir borracho y sin licencia de conducir. Pese a todo lo dejaron ir y luego en Pailas lo arrestaron porque a los guardias les pareció sospechoso que un humilde vigilante circule en un vehículo último modelo. El ministro Pérez tenía la intensión de rociarle flores al plan de seguridad que inició su predecesor en el cargo y ahora candidato a senador Carlos Romero. Sin embargo, con este panorama eran más las dudas y las preguntas por responder y los afanes propagandísticos se le volverían en contra.  Se suspendió la conferencia de prensa dizqué “por respeto a la familia”.

jueves, 14 de agosto de 2014

Soberanía nacional

Todos los militares del país (menos los suboficiales que siguen siendo víctimas de las represalias del Gobierno) coinciden que nunca habían estado tan bien. Equipamiento, armas, aviones, beneficios, prebendas, cuarteles, instalaciones y muchos desfiles, como les gusta a todos, sobre todo a los dueños del poder que usan a las Fuerzas Armadas para intimidar a la población, pues en Bolivia no existe posibilidad de conflicto a no ser el interno. Esa es la función principal esencial de nuestros queridos uniformados.

El presidente Morales ha anunciado más ventajas para los militares. Dice que destinará un fondo especial de los recursos del gas para construir más cuarteles y seguramente equipar mejor a las diferentes fuerzas, cuya misión es resguardar la soberanía nacional. ¿Resguardarla de quién? ¿De qué?

Los militares deberían sentirse orgullosos de semejante honor que le concede el régimen, pues ni siquiera la salud o la educación, por citar dos funciones elementales del Estado han merecido esta prioridad que los pone en el primer lugar en la escala presupuestaria de la nación. Todo sea por la soberanía.

Mientras el jefe de Estado llenaba de júbilo los corazones y los bolsillos de los militares con su nueva promesa, luego del gran desfile celebrado en la ciudad de La Paz, el presidente de la Asociación de Autos Indocumentados, Félix Mamani, amenazaba desde un lugar en el Chapare que van a linchar a cualquier policía que intente decomisar los vehículos ilegales que tienen en su poder, muchos de los cuales son robados en países vecinos y/o intercambiados por cocaína. El trópico cochabambino se ha convertido en la zona con mayor cantidad de linchamientos del país y de a poco se convierte en tierra de nadie, donde las fuerzas del orden no tienen pisada.

Lamentablemente hay muchos antecedentes que dejan muy claro que lo de Mamani no es una simple bravuconería. Hace unos años asesinaron a varios policías en un ayllu potosino cercano a Uncía que se había declarado “zona de protección de chuteros y narcos” y hasta ahora ese crimen no ha sido esclarecido. Producto de esa impunidad, proliferaron las narcocomunidades en todo el país, donde no son pocas las veces que han corrido a tiros a la policía y a los militares que se plegaron a la lucha contra el contrabando, que hasta ahora no han podido hacer nada contra la salida irregular de combustibles que le ocasiona un grave daño económico al país.

Pese a que hay quienes dicen que el gobierno actual ha hecho el mayor esfuerzo por la organización del Estado en la historia de Bolivia, nadie puede negar que el territorio nacional está perforado por la economía ilegal y sería imposible pensar que los militares –mejor equipados que nunca-, no están enterados de todo lo que está ocurriendo. Brasil ha mandado a custodiar con decenas de miles de uniformados su frontera con nuestro país ante la avalancha de droga, armas y otras mercancías ilegales; han tenido que invertir en aviones robot para controlar el espacio aéreo de las incursiones de “bandadas” de avionetas cargadas con droga. Llaman “emisarios” a los miembros de los cárteles internacionales que operan en el país ¿Los militares piensan los mismo? ¿No creen que la soberanía nacional está en riesgo? ¿No consideran que hay algo malo en todo esto?

El "gobierno social"

¿Qué es un gobierno social? Nadie puede dudar que una administración con estas características es la que enfatiza en salud, educación, vivienda, servicios básicos y de hecho, en la Constitución Política del Estado estos aspectos están marcados como prioridades. Bolivia ha cobrado fama en el mundo por reconocer derechos de última generación como el “Derecho al agua”. En los papeles todo está perfecto, pero a la hora de revisar los presupuestos, Bolivia parece más un Estado en guerra, pero no preparado para atacar a la pobreza ni a los problemas de salud. En el 2001, por ejemplo, el gobierno de entonces destinaba 4.237 millones de bolivianos a Seguridad y Defensa, mientras que Salud y Educación se llevaban 1.898 millones, menos de la mitad. Esa relación se mantuvo más o menos igual hasta en el 2007 la cosa se puso peor, es decir, el presupuesto para Seguridad y Defensa llegó a ser el triple que para Salud y Educación; entre los años 2009 y 2011 se superó esa barrera y en el 2012 casi llegó a cuadruplicar el dinero gastado en fierros, versus las pizarras, pupitres y medicamentos. En el presupuesto 2014 precisamente, la relación es de cuatro a uno y si bien se ha incrementado la asignación al componente social, la diferencia es abismal con lo que se destina a los ministerios de Defensa y de Gobierno.

Juicio al ciudadano

El 12 de octubre la ciudadanía boliviana está convocada a votar y elegir a los candidatos a ocuparse de los asuntos públicos, de acciones que el individuo delega a sus líderes a través de un mandato legal. La elección es un acto de confianza en sujetos que supuestamente son los mejores, los más capacitados para administrar bienes y responsabilidades y en ese afán, los candidatos hacen un triste y patético papel que consiste en acicalarse, sonreír, bailar y hasta convertirse en payasos si es posible, con tal de ganarse el boleto que se convertirá en poder, con todas las ventajas y posibilidades de excesos que ello implica.
El voto es también una manera que usa el ciudadano para juzgar a sus líderes; es la forma de determinar el tipo de dirigente que quiere para su país, para su ciudad, su barrio o distrito. Los postulantes saben muy bien que el elector suele ser indolente a la hora de emitir el sufragio, pues es capaz de tachar a unos y levantar a otros con un simple trazo en una papeleta.
El votante se comporta muy exquisito con los candidatos y estos no hacen reparos a la hora de prometer hasta lo más estrambótico para satisfacer la glotonería ciudadana, no siempre racional y consciente, pues en el caso boliviano se asocia a la política y a los políticos con las ventajas particulares que estos pueden otorgar a determinados sectores. Es una forma de clientelismo, pues muy pocos electores tienen presente el bien común, ya que para conseguirlo siempre es necesario hacer sacrificios, como pagar impuestos por ejemplo, algo que en Bolivia parece ser un sacrilegio para una gran parte de la población. Lamentablemente, está en boga la premisa demagógica de “gobernar obedeciendo al pueblo” y en ese sentido, la corriente se dirige hacia la transgresión instalada fuertemente en la mentalidad del boliviano común.
Queremos  buenos políticos, pero desafortunadamente estamos muy mal en ciudadanía. Queremos que los líderes sean perfectos, que solucionen todos los problemas como si fueran dioses (y así se creen) y el boliviano de a pie no se siente responsable por lo que ocurre y menos aún concibe la obligación de hacer aportes públicos. Obviamente, los gobernantes están hechos a imagen y semejanza de esa actitud y simplemente se dedican a satisfacer los caprichos de los sectores que han tomado conciencia del poder que tienen para agruparse y movilizarse en la búsqueda de ventajas, mientras que el resto, es decir, quienes trabajan todos los días, los que cumplen horario, pagan sus tributos, respetan las leyes y no tienen un sindicato con altos contactos en el gobierno se encuentran aislados, insatisfechos y traicionados.
En democracia, la política es un contrato entre gobernantes y gobernados y el papel de estos últimos no termina con la emisión del voto. La ciudadanía es un ejercicio constante de derechos, pero son muy importantes las obligaciones que los bolivianos solemos olvidar con suma facilidad.

Miente, miente

Miente, miente que algo queda”, decía el gurú de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, quien ayudó a construir una de las estrategias más poderosas de dominación planetaria, pero que nunca imaginó el final desastroso que tendría ese plan maquiavélico.

En Bolivia, los estrategas del “proceso de cambio” han ayudado a consolidar no solo la idea de que estamos cambiando, hecho que de por sí es una gran mentira, sino que todo lo pasado fue malo y que es necesario destruirlo.

En ese conjunto de mentiras se encuentra el gran emblema de la “revolución” (otra mentira) que es la Nacionalización. Se pretende mandar a la hoguera a todo aquel que tenga la osadía de cuestionarla y la verdad es que a la hora del balance son más los perjuicios que los beneficios. Desde el mismo momento en que, por un afán de protagonismo y por enfatizar en la parafernalia, se recurrió a la criminalización de las empresas petroleras, el Gobierno sumió al país en una sequía de inversiones que amenaza con la sostenibilidad de la actividad hidrocaburífera nacional.

La demagogia del congelamiento de precios de los combustibles y de una distribución de la renta petrolera que deja muy poco margen a las empresas hizo la otra parte del trabajo y si bien algunas compañías siguen invirtiendo en Bolivia, lo hacen porque tienen compromisos qué cumplir con Argentina y Brasil, donde la necesidad de gas es mucho más grande que las dificultades que ofrece nuestro país a los inversionistas. Esa ecuación ya está fallando con Buenos Aires por el default y enfrentará duros desafíos en el 2019, cuando se busque renovar el contrato de exportación a San Pablo. Del mercado local ni hablemos, pues la nacionalización se tradujo en desabastecimiento de gas para los bolivianos, escasez de combustibles líquidos y el aplazamiento de grandes proyectos como el Mutún y la construcción de por lo menos tres fábricas de cemento, entre muchas otras postergaciones. La mayor parte de la población sigue comprando el gas en garrafa y el 30 por ciento de los bolivianos usan leña para cocinar sus alimentos.

Se ha mentido sobre los beneficios de nacionalización para la actividad misma del sector hidrocarburos, que todavía cosecha lo que se sembró en el “sucio periodo neoliberal” y también se miente sobre las ventajas que ha traído para los bolivianos. Bolivia exporta el 80 por ciento del gas que sale del subsuelo y esas ventas vuelven en forma de “plata dulce” que el gobierno derrocha sin ton ni son, a la manera de un nuevo rico, haciéndole creer a la gente que los bonos son una gran hazaña, cuando apenas representan menos del dos por ciento del presupuesto nacional. El resto se va en aviones, en “juguetes” para los militares, en empresas improductivas, canchitas y ese barril sin fondo denominado campaña proselitista permanente en la que se mantiene el gobierno hace nueve años, en un ir y venir de helicópteros, aviones y autos blindados.

Por último y tal vez lo más grave. La nacionalización nos ha hecho más rentistas que nunca. La economía boliviana, que estaba desafiada a volcarse hacia la industrialización y la diversificación, se ha hecho más primaria, más dependiente de las materias primas y amenaza con convertirse en una maldición, pues hay muchos que no quieren ni producir alimentos y cada vez importamos más, incluyendo papa y cebolla. Estamos a un paso de volvernos como Venezuela, con todas las consecuencias que ello implica.

El derecho a la política

El máximo líder de los agropecuarios del oriente boliviano dijo hace unos días que lamentaba que los empresarios del sector hayan incursionado en política y dijo que ahora están mejor, en una relación netamente institucional con las organizaciones estatales con las que mantienen excelentes contactos.
Las declaraciones van en consonancia con la advertencia que el vicepresidente les hizo a los empresarios de Santa Cruz luego de los conflictos del 2008, a quienes prácticamente les prohibió hacer política, porque esta actividad estaba supuestamente reservada a quienes buscaban el interés colectivo y no los apetitos personales o sectarios. En esa reflexión obviamente él se ponía como ejemplo del ejercicio público libre de pretensiones materialistas y guiado simplemente por razones altruistas, aunque la realidad actual demuestre todo lo contrario.
La política está proscrita para todos los bolivianos excepto para quienes hoy detentan el poder y que buscan extenderlo en todas las instancias de la vida nacional y expandirlo de manera indefinida. La declaración del dirigente agropecuario es, en ese sentido, una confesión más que una genuina y cándida reflexión, como pretende hacerla ver. En el mejor de los casos, podría tratarse de un acto de genuflexión producto del chantaje, a no ser que nos deje perfectamente claro él y toda el empresariado cruceño que existe una comunión ideológica, programática  y de procedimientos con el “proceso de cambio”.
En cualquier caso y tomando literalmente la declaración del dirigente en cuestión, su afirmación es “anticultura”, pues la política, es decir, la necesidad de asumir el liderazgo y buscar una manera de organizar la sociedad, nació con la agricultura, cuando el ser humano dejó de ser nómada y se asentó para cultivar la tierra y producir alimentos necesarios para su familia y su comunidad. El líder, el político, el organizador, nacieron para repeler los ataques de otros grupos que buscaban apropiarse de sus cosechas y del trabajo digno. Esto no es ninguna alusión a lo que sucede hoy en día, pero cuánta vigencia tiene la necesidad de que los sectores productivos asuman el papel que les corresponde en la historia, pues más que nunca están amenazados y con ellos toda la sociedad que depende de la labranza y del trabajo de agricultores, ganaderos y toda la gente que hace producir el campo.
Y no estamos hablando aquí de que los gremios suplanten a los partidos políticos ni que conduzcan estrategias concretas de búsqueda del poder, pero de ninguna manera su actitud debe ser la pasividad, la contemplación y el ejercicio puramente técnico y económico, cuando los avasallamientos, las restricciones, prohibiciones y toda una serie de políticas agresivas hacia el agro, están llevando a un ahogamiento de la actividad, la más importante de la región, la de mayor sostenibilidad y presencia en la generación de empleo.
En todo caso, nadie debe permitir que en la política se instaure el monopolio. La historia de la humanidad nos ha demostrado que el absolutismo es malo para quienes producen y especialmente para la gente que depende de las actividades económicas. Y la peor de las tragedias de un país es justamente que la política quede en manos de individuos improductivos, pues inmediatamente se convertirán en saqueadores.

Una dura lección

Tito Gómez y la peor experiencia que tienen que vivir sus estudiantes.

Ha causado desazón la noticia del cierre del colegio Las Américas, una prestigiosa institución educativa con 36 años de impecable trayectoria. Su director, Tito Gómez, ha lamentado la situación económica insostenible en la que ha caído la entidad producto de las restricciones estatales que obligan a elevar los salarios de los profesores en un diez por ciento y a pagar el doble aguinaldo, pero les prohíben elevar las pensiones más allá del 5,9 por ciento. Además de estas políticas, los colegios privados y los que están administrados por comunidades religiosas tienen que soportar el acoso estatal a través de la hiperfiscalización, con auditorías, inspecciones, multas y toda una serie de controles  a los que están sometidas todas las empresas privadas legales de este país. Esta será una experiencia muy dura para los 656 estudiantes del colegio Las Américas que deberán buscar dónde irse y seguramente muchos optarán por una escuela pública, donde la calidad de la educación deja mucho que desear. Lo peor de todo es la lección que reciben esos chicos, quienes seguramente pensarán que en Bolivia es mejor ser chutero, ropavejero, informal, cocalero o contrabandista. Ellos tienen todos los derechos garantizados, incluyendo el no pago de impuestos.

martes, 5 de agosto de 2014

Duras comparaciones en Brasil

El reconocido analista brasileño Leandro Mazzini, una de las voces más influyentes de Brasilia, ha advertido a través de una de sus columnas,que la petrolera brasileña Petrobras corre peligro en Argentina y podría pasarle lo mismo que le ocurrió en mayo del 2006 en Bolivia,cuando Evo Morales no solo metió militares a las instalaciones de la empresa, sino que la acusó de estafar al país. Mazzini dice que luego del default, la dirigencia argentina necesita dar un golpe para recobrar la popularidad y podría recurrir a la nacionalización como lo hizo hace dos años con la petrolera española Repsol. Al parecer, los recuerdos de la humillación a Petrobras están muy frescos en el país vecino, pues Mazzini afirma que Evo Morales está acostumbrado a violar las leyes y de esa forma está camino a imitar la ruta del exdictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien desobedeció reiteradamente la constitución de su país hasta conseguir una permanencia de 35 años en el poder. “Aquella era una dictadura”, dice el analista, pero indica que si Evo Morales insiste en perpetuarse, no habrá diferencia.

Un fardo muy pesado para Santa Cruz

Las élites cruceñas que se han subido al carro del “proceso de cambio” porque “ahí va Clemente, a la bulla de la gente”, deberían estar conscientes que el amor siempre llega en paquete cerrado y por lo tanto, al avalar un proyecto político están asumiendo todas sus implicancias: el control de la economía, los avasallamientos de tierras, las extorsiones, las persecución, el hotel Las Américas y un fenómeno que nos está tocando muy de cerca y de manera extremadamente sensible a todos los ciudadanos: la violencia, los ajustes de cuentas, los secuestros y los asesinatos que recrudecen por culpa del narcotráfico, una actividad que sigue proliferando y que ha localizado como su epicentro a Santa Cruz de la Sierra.

Y así como ocurrió a finales de los años '70 y principio de los '80, el narcotráfico goza de la permisividad de las cúpulas políticas que no solo se niegan a reconocer el gran problema en el que estamos metidos, sino que se rehúsan a actuar con mayor fuerza. Solo falta demostrar que el régimen es un actor fundamental de este fenómeno, tal como sucedió en el pasado y como lo han demostrado algunos indicios, como el caso del general Sanabria y otros que salpicaron a lo más alto del poder gubernamental. En aquella ocasión la institucionalidad local en alianza con la ciudadanía llegaron a la conclusión que las drogas estaban destruyéndolo todo y decidieron actuar con un enérgico rechazo. Hoy no vemos una determinación similar y en todo caso se observan signos de la misma degradación de los valores que produjo previo al asesinato del célebre científico Noel Kempff Mercado.

Desde hace mucho se sabe que detrás de la criminalidad está la droga, ya sea por el factor del tráfico o por el aumento del consumo. La mayoría de los hechos violentos en el país son cometidos por personas bajo los efectos de la droga y frecuentemente esos crímenes son más violentos. Un reciente informe ha revelado que la drogadicción no solo ha aumentado, sino que se ha expandido hasta tocar todos los estratos sociales, incluso los más altos, que ahora se vuelcan hacia las drogas pesadas, con el riesgo de generar un mercado como ocurrió en Colombia y en México, donde existen bandas dedicadas a traficar heroína, LSD y opio, entre otros productos.

Esto no tiene por qué sorprendernos, ya que en el 2013, la propia Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico había advertido que el microtráfico de drogas había aumentado en todo el país y en el caso específico de Santa Cruz, Trinidad y Oruro, los puntos de ventas de cocaína, de marihuana y pasta base al menudeo, se habían triplicado. El caso de los vendedores de droga en los colegios y de los estudiantes que son reclutados como “dealers” se han convertido en un drama para nuestra educación, para los maestros y directores que no hallan cómo poner atajo y menos conseguir la reacción de los poderes públicos llamados a actuar, que ni siquiera llevan adelante una campaña seria en contra de la drogadicción.

No hace falta ser experto para decirlo, pero de todas formas ya lo han advertido especialistas como el director de la fundación InSight Crime, Jeremy McDermott, con una larga trayectoria estudiando el movimiento del crimen organizado en el mundo. El experto dijo que al ritmo que va, Santa Cruz se convertirá en el nuevo Medellín o Ciudad Juárez de Sudamérica y también afirmó que en el departamento operan mucho más los emisarios de los cárteles a los que se refiere el gobierno. ¿Aceptaremos esto sin chistar? ¿Ya está aceptado?

lunes, 4 de agosto de 2014

El cáncer de la justicia


Juana Quispe Apaza, concejal del municipio de Orkojahuira fue asesinada

en el 2012 por investigar a sus colegas. Su caso no ha sido esclarecido.

Como si se hubieran puesto de acuerdo (claro que lo han hecho) varios sectores del oficialismo han reaccionado a la orden del vicepresidente y están atacando con artillería pesada a una parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como si se tratara de la peor sarna de la justicia, cuando en realidad son lo único rescatable de todo el Órgano Judicial. La estrategia ya está definida y el objetivo es claro. Mientras tanto, ¿cuál es el verdadero problema de la justicia boliviana? Veamos solo uno de los tantos ejemplos que el Gobierno no ve, porque no le interesa o porque justamente el oficialismo es parte de la complicación. De acuerdo a un reciente informe de la Coordinadora de la Mujer, en 14 años de vigencia de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres se registraron cuatro mil denuncias y tan sólo una (sí, una) recibió la atención debida y llegó hasta la sanción correspondiente. En todo este tiempo se han producido asesinatos de dirigentes mujeres, violaciones y todo tipo de hostigamiento para hacerlas renunciar o para que tomen decisiones contrarias a su conciencia. Las autoridades se jactan del espacio que le dan a las damas en las listas de candidatos, pero solo es una pantalla, porque la mayoría terminan siendo depuradas y son reemplazadas por varones. Las pocas que quedan son víctimas de acoso de sus propias organizaciones que las obligan a renunciar.

Bolivia frente a un conflicto mundial


La decisión del Gobierno de obligar a los ciudadanos israelitas a solicitar visa antes de visitar Bolivia puede parecer insignificante, pero es una abierta toma de partido en un conflicto que no solo se limita al ir y venir de bombas entre Palestina e Israel, sino que tiene que ver con lo que muchos llaman la “Guerra de Civilizaciones” en la que interviene una suerte de alianza entre Rusia, China y el mundo islámico en contra del imperio de occidente representado por Estados Unidos y Europa principalmente.

Los regímenes populistas de América Latina se suben raudos a la tarima para cobrar notoriedad, asumir el bando correspondiente y por supuesto, ganar pantalla en aquello que siempre ha dado mucha prensa: despotricar contra el imperialismo yanqui, provocar y asumir poses beligerantes, como lo acaba de hacer el presidente Morales.

Es curioso que el presidente boliviano acuse de terrorismo a los israelitas, cuando su gobierno mantiene estrechas relaciones con Irán y recibe como visitante ilustre nada menos que al exministro de defensa iraní, Ahmad Vahidi, cuya presencia en Bolivia en 2011 encendió todas las alarmas, pues aquel sujeto es buscado en Argentina por su vinculación al atentado a la sede de la Amia de Buenos Aires, en 1994, con un saldo de 85 muertos.

Todos tienen derecho a soñar con un mundo mejor, especialmente quienes no han resultado favorecidos con la manera de “repartir las cosas” en el mundo. Y seguramente los que hoy se suben al carro del nuevo imperialismo que propone el tirano Vladimir Putin, creen que el futuro que se avecina será mejor que el sistema occidental, heredero de la cultura que abrevó de los griegos, de los romanos y la visión judeo-cristiana, padres del derecho, de la democracia, el humanismo católico y también del socialismo, una antítesis del capitalismo, que si bien fue un fracaso como construcción de un nuevo orden, ayudó a frenar los excesos del mercantilismo y la revolución industrial.

Lamentablemente, las cartas de presentación del “Nuevo Orden” que comienza a mostrarse en Europa del Este (más precisamente en Ucrania) y en el Medio Oriente, con el fanatismo islamista, no son nada edificantes ni prometedoras para un país como Bolivia, donde supuestamente está en marcha una revolución cultural humanista, democrática y pacífica.

Muchos se estrellan contra Israel en este momento, porque está asumiendo el papel de malo que ha dejado de encarnar Estados Unidos, cuyo repliegue de Irak, de Afganistán y de otros enclaves en la zona más conflictiva del mundo, ha provocado el recrudecimiento del terrorismo, las guerras fratricidas entre facciones rivales, la persecución de algunas etnias que han sido condenadas al exterminio y por último, la persecución religiosa, en la que cristianos se llevan la peor parte.

Quienes impulsan la descolonización, lamentablemente están apoyando el peor tipo de colonialismo que existe; el mismo que ejerció la hegemonía moscovita que ahora busca reproducir una combinación de zarismo con las viejas estrategias del comunismo estalinista. Los que quieren cambio, buscan restablecer ideas y proyectos fracasados como el socialismo o en su caso, visiones retrógradas y deshumanizantes. ¿Eso queremos para Bolivia? ¿Acaso no estábamos buscando la soberanía?

El populismo y sus métodos


El Gobierno argentino ha querido mostrar como si fuera un triunfo el fracaso de las negociaciones con los “fondos buitre” que obliga al país vecino a ingresar en un cese de pagos selectivo de sus deudas, en el que Bolivia corre el riesgo de quedar al fondo de la fila de los acreedores. Así ha sido siempre en la larga historia de mal pagador que tienen los rioplatenses, que esta vez están en manos de unos pésimos administradores, que han convertido la mejor época de bonanza económica en una tragedia solo concebible en periodo de “vacas flacas”. El régimen Kirchnerista se dedicó a “nadar pa’ dentro”, como dice una zamba de Horacio Guarany, es decir, a hacer política, a derrochar y acumular fortunas personales que ahora se preparan a disfrutar porque ya les toca entregar la posta a nuevo gobierno en el 2015. Eso explica en parte la inoperancia que han demostrado en buscarle una solución apropiada a este problema, que quedará como un terrible legado para quien se haga cargo de la próxima gestión, seguramente un opositor al kirchnerismo, que ha resuelto inyectarle a la crisis una sobredosis de su propia medicina: más subsidios y más despilfarro. Es el populismo que aspira a volver cuando los malos recuerdos se hayan ido.