El cáncer de la justicia

Juana Quispe Apaza, concejal del municipio de Orkojahuira fue asesinada

en el 2012 por investigar a sus colegas. Su caso no ha sido esclarecido.

Como si se hubieran puesto de acuerdo (claro que lo han hecho) varios sectores del oficialismo han reaccionado a la orden del vicepresidente y están atacando con artillería pesada a una parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como si se tratara de la peor sarna de la justicia, cuando en realidad son lo único rescatable de todo el Órgano Judicial. La estrategia ya está definida y el objetivo es claro. Mientras tanto, ¿cuál es el verdadero problema de la justicia boliviana? Veamos solo uno de los tantos ejemplos que el Gobierno no ve, porque no le interesa o porque justamente el oficialismo es parte de la complicación. De acuerdo a un reciente informe de la Coordinadora de la Mujer, en 14 años de vigencia de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres se registraron cuatro mil denuncias y tan sólo una (sí, una) recibió la atención debida y llegó hasta la sanción correspondiente. En todo este tiempo se han producido asesinatos de dirigentes mujeres, violaciones y todo tipo de hostigamiento para hacerlas renunciar o para que tomen decisiones contrarias a su conciencia. Las autoridades se jactan del espacio que le dan a las damas en las listas de candidatos, pero solo es una pantalla, porque la mayoría terminan siendo depuradas y son reemplazadas por varones. Las pocas que quedan son víctimas de acoso de sus propias organizaciones que las obligan a renunciar.