jueves, 31 de julio de 2014

Autos chutos: una dura prueba


Los propietarios de autos 'chutos' le han puesto una prueba muy dura al gobierno del MAS. En el campo suelen decir “pato o gallareta”, para determinar quién es quién. Los chuteros, en su mayoría habitantes del Chapare, por lo que ya conocen perfectamente hasta dónde puede llegar la permisividad del Estado, no solo han conformado un sindicato, sino que prometen derramar sangre para defender sus automóviles y exigir una ley de amnistía como la que permitió legalizar lo ilegal en el 2011 y beneficiar a más de 120 mil propietarios. El Presidente ha dicho que no dará su brazo a torcer, pero los chuteros no le creen y lo invitan a una negociación cara a cara para que les diga por qué no se puede; por qué no es posible “meterle nomás”, como se hace con la ropa usada, con los avasalladores de tierras, con los que toman minas, con los que pasan contrabando en varios puntos del país y con tantos otros para quienes la ley es solo aplicable a los enemigos. Las autoridades dirán que quieren apegarse a la ley y que no pueden permitir privilegios a nadie. Los chuteros pueden perfectamente poner de ejemplo la nueva maniobra en contra del Tribunal Constitucional que busca imponer la ilegalidad, el camino contrario a lo que buscan ellos.

En marcha el proceso de reelección indefinida


El régimen encontró –seguramente la tenía preparada con bastante anticipación-, la chicana perfecta para deshacerse de los elementos más incómodos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero al mismo tiempo de los pocos individuos rescatables del sistema judicial boliviano, aquejado por el cáncer de la extrema politización y el contubernio, padres de la corrupción y la retardación.

Argumentando un error de procedimiento, la Cámara de Diputados, un simple órgano tramitador de quienes digitan las cosas en el Gobierno, suspendió de sus funciones a dos miembros de una de las salas del TCP para someterlos a juicios de responsabilidades, lo que obliga a reemplazarlos por suplentes que han dado sobradas señales de genuflexión con el oficialismo, pues una de ellas fue precisamente la que facilitó el dictamen que le ha permitido al binomio del MAS postularse por tercera vez a las elecciones generales.

El Gobierno acaba de darle un golpe certero al último resquicio de dignidad y de independencia no solo del TCP, sino de la justicia en general, puesto que hasta el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, que frecuentemente ha sido muy crítico con la manera de manipular la justicia, ha reaccionado de manera complaciente con la reciente movida, que despierta muchas sospechas.

Hay que recordar que los tribunos suspendidos pertenecen al grupo de los que cuestionaron el fallo de la tercera postulación presidencial y lo calificaron de contrario al orden constitucional; fueron quienes frenaron la aplicación de la Ley Marco de Autonomías para la defenestración de autoridades opositoras legalmente elegidas por el voto popular y también quienes declararon inconstitucional la figura del desacato que era usada profusamente por el régimen para perseguir a los disidentes.

Es natural que la ciudadanía pueda pensar que el régimen no solo quiere inaugurar un nuevo capítulo de persecución política, sino también allanar el camino para la reforma constitucional que incluya la figura de la reelección indefinida. Esta maniobra, muy similar a la “estrategia envolvente” (“engaño”, para el presidente Morales) a la que se refirió Álvaro García Linera, se ejecuta ahora que el oficialismo dispone de los dos tercios en el Congreso, pues más allá del 12 de octubre tal vez no sea viable una decisión de esta naturaleza.

Obviamente, este es un nuevo golpe a la división de poderes, a la independencia del Órgano Judicial y más que nada a la transparencia de la democracia, pues la principal función del TCP es ejercer el control de las decisiones que toma el gobierno; es la única manera de garantizar la legalidad de las políticas que adopta y principalmente evitar los abusos del poder. Con esta medida, el ciudadano queda totalmente desprotegido de cualquier exceso de los gobernantes y lo deja a merced de quienes buscan consolidar el absolutismo en Bolivia.

La población observa que crece la desinstitucionalización del país y que se agudiza la anomia, un estado de cosas en que las leyes son pasadas por alto, especialmente por quienes tienen el deber de respetarlas y hacerlas cumplir. Es la ley de la selva, donde el más fuerte prevalece.

lunes, 28 de julio de 2014

Atractivos del "Paraíso Boliviano"


Pese a todas las miserias que se cuentan sobre las minas del altiplano, de los socavones que se han tragado los pulmones de millones de obreros, estas suelen ser promocionadas como atractivos turísticos. Los europeos no pueden creer lo que les cuentan y se van a Oruro, a Uyuni y otros lugares de Potosí para observar de cerca esas desdichadas experiencias y ver cómo los mineros pactan con “el tío”, el mismísimo diablo que domina el infierno de esos agujeros.

Los turistas tendrán ahora una razón más para visitar las minas bolivianas, un argumento más tenebroso, bizarro, único e irrepetible en el mundo: Niños de diez años trabajando como topos, con casco, botas, coca y con los rostros curtidos por el frío. Los visitantes no solo quedarán perplejos por ese cuadro surrealista, sino por el nuevo detalle, la cereza en la torta que acaba de ponerle el “proceso de cambio”, autor de una insólita norma que legaliza el trabajo infantil a partir de los diez años.

Esta no es una situación imaginaria y tampoco una propuesta apresurada. Recordemos que no hace mucho saltó a la luz el gran negocio que se había montado en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde promocionaban un circuito turístico para apreciar no solo una realidad cinematográfica del estilo “Expreso de medianoche”, sino también disfrutar de sesiones de degustación de la cocaína más pura que comercializan los internos de ese penal.

Y así como Bolivia se ha vuelto atractiva por el indigenismo, por su presidente tan popular, por el Dakar y otros detalles pintorescos como los edificios de El Alto, también ha comenzado a llamar la atención por ciertos acontecimientos que no se pueden ver en otros lugares. La creación del primer sindicato ilegal, la asociación de propietarios de vehículos indocumentados, que actúa a la luz pública, que propone negociar directamente con el gobierno y que hasta tiene una bancada de parlamentarios en el Congreso que acaba de presentar un nuevo proyecto de ley que intenta doblarle el brazo al presidente Morales, quien ha descartado una nueva amnistía para los denominados “chutos”.

Esta determinación no será nada fácil de mantener para el primer mandatario, pues como se sabe, la mayor parte de los autos chutos se encuentra en el Chapare, la región de mayor producción de coca y cocaína del país. Obviamente, los vehículos, muchos de ellos robados en los países vecinos, son la manera que usan los narcotraficantes de blanquear el dinero de la droga o son simplemente una forma de trueque que usan con las mafias brasileñas, chilenas o argentinas.

El Gobierno acaba de aprobar una resolución que amplía el cupo de comercialización de coca y en el Chapare ha prometido que en el 2015 va a legalizar las plantaciones que hoy están al margen de la ley y que según datos oficiales en más de un 90 por ciento se desvían al narcotráfico. En otras palabras, dentro de muy poco tiempo no solo habrá más coca y más cocaína en el país, sino también más autos chutos, más motocicletas robadas y por supuesto, más asesinatos y más linchamientos como los que están ocurriendo en el Chapare y Santa Cruz.
Los turistas y otros a los que el gobierno llama “emisarios” no tardarán en llegar luego de estas interesantes noticias que les ha dado el Gobierno y que la prensa internacional está reproduciendo con gran asombro, como no deja de hacerlo la revista Veja y la red Récord que acaba de mostrar la ruta de los autos y las motocicletas robados en Brasil que son canjeados por droga en nuestro país.

La trampa de la coca


Produjo cierto entusiasmo en el país el más reciente informe de la ONU –dado a conocer hace un mes-, que reportaba la reducción de los cultivos de coca en el país hasta colocarlos en el nivel más bajo de los últimos once años. El anuncio vino acompañado de un compromiso del Gobierno nacional de mantener el mismo ritmo de reducción de los cocales ilegales, con el objetivo de seguir bajando también la producción de droga.

Ese ánimo se desvanece hoy, después de que el vicepresidente García Linera entrega una resolución que amplía los cupos de comercialización de coca en Los Yungas y promete a los cocaleros del Chapare, que a partir del 2015 se legalizará el régimen del cato de coca en la zona, donde más del 90 por ciento de la producción se desvía a la producción de cocaína. Ambos anuncios realizados en plena época electoral no hacen más que estimular los sembradíos de “la hoja sagrada” y conspirar contra los planes de erradicación en los que está comprometida la cooperación internacional que busca cómo reducir el potencial de Bolivia como principal exportador de droga hacia los crecientes mercados de América del Sur, especialmente Brasil, Chile y Argentina.

Así como los brasileños, los bolivianos deberíamos estar muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico, la penetración de las mafias, la drogadicción y la violencia que todos los días la vemos en Santa Cruz, una ciudad que se ha convertido en el centro de las actividades delictivas resultantes del comercio de cocaína que se genera en el Chapare y las regiones circundantes del noroeste departamental.

Y así como vemos esos problemas tan duros, deberíamos contemplar también la trampa en la que estamos metidos todos los bolivianos por culpa de la coca. Es sobradamente conocido el problema de los autos indocumentados, que según los cálculos oficiales superan los 33 mil en todo el territorio, pero podrían ser muchos más, como ocurrió en el 2011, cuando en las oficinas aduaneras se presentó casi el doble de los vehículos que había previsto el Gobierno en el proceso de amnistía.

No hay duda que la internación ilegal de los llamados “autos chutos” es un negocio vinculado al circuito coca-cocaína, pues los vehículos son un medio de pago, una forma de blanquear negocios ilícitos y por supuesto, una manera que tienen los narcos de aprovisionarse de gasolina, un importante precursor de la fabricación de droga. 

La circulación de los autos ilegales, que está ligado a un auge del negocio de los automóviles provoca un daño grave a la economía boliviana, que cada vez tiene que invertir cantidades crecientes en el subsidio a los carburantes, con el objetivo de mantener los precios congelados. Se calcula que anualmente el Estado gasta casi nueve mil dólares para pagar el combustible de cada vehículo indocumentado, dinero que además podría estar financiando el narcotráfico por el detalle arriba indicado.

El incremento de los subsidios a los combustibles es abismal cada año y aleja la posibilidad de llegar a un punto de racionalidad que permita al país vencer la sequía de inversiones en el área de hidrocarburos, cuyas reservas se encuentran prácticamente estancadas.

Extractivismo: un solo paso


El Gobierno parece haber tomado en serio el debate del extractivismo. No lo hace por convencimiento o por una cuestión de conciencia, sino porque advierte la llegada de un periodo de “vacas flacas”, con caída de precios y de la demanda y de yapa, el inminente cese de pagos de Argentina que dejará al MAS con muchas deudas por cobrar y más promesas por cumplir.

Los líderes políticos abordan el tema con once años de retraso, sí, porque fue en el año 2003 cuando se impuso la necesidad de superar las viejas estructuras coloniales de nuestra economía y sustituirlas por la industrialización de los recursos naturales, con el objetivo de generar empleo y producción sostenibles capaces de darle estabilidad y mejores condiciones de superar la pobreza.

Con la llegada del MAS al poder en el 2005, con la nacionalización y la recuperación del control de la explotación de las principales fuentes de ingresos del país, el “proceso de cambio” tenía la oportunidad de dar por lo menos el primer paso hacia la reducción del extractivismo, pero lamentablemente eso no ha sucedido y por el contrario, la dependencia de los productos primarios se ha incrementado, aumentando al mismo tiempo la fragilidad de nuestra economía.

En lugar de avanzar, lamentablemente el régimen ha dado pasos hacia atrás y lo ha hecho conscientemente ya que un pueblo rentista, es decir, una población que siempre está con la mano extendida esperando su bono, su dádiva o cualquier cosa que caiga del “papá Estado” es la clave de la permanencia en el poder de un sistema como el que nos está gobernando. Por eso es que los fundamentalistas que conducen el país le hicieron la guerra a los mercados de los textiles, han estado combatiendo con toda su fuerza la agroindustria del oriente boliviano y con ese fin han evitado el despegue del proyecto siderúrgico del Mutún, entre otros muchos ejemplos de esa política destinada a la hiperconcentración económica que tiene su correlato en el monopolio del poder. Ambos son claves para el proyecto hegemónico y de perpetuación que tiene el oficialismo.

Al MAS le ha tocado gobernar en el mejor periodo de bonanza económica de la historia del país y en nueve años ha administrado más de 1.300 millones de dólares, dinero suficiente como para dar no solo el primer paso, sino avanzar en la diversificación y la competitividad, como lo han hecho Perú, Brasil y otros que hoy aspiran a convertirse en potencias económicas. Pero lamentablemente ese dinero ha sido criminalmente derrochado en las fantocherías del poder, en elefantes blancos y sobre todo en la maquinaria de reproducción del poder que se traga más de la mitad del presupuesto.

No es como dice el vicepresidente, quien plantea la dicotomía entre explotar o no los recursos naturales. Esa es más o menos como la pregunta que se hizo el presidente Morales cuando afirmó “¿de qué vamos a vivir?”. El debate está en qué hacer con los recursos resultantes y para ello hay muchas experiencias qué imitar, como la de Noruega, uno de los grandes explotadores de hidrocarburos del mundo y que hoy está a la cabeza en el ránking global Desarrollo Humano. El problema es que en lugar de imitar a chilenos (el cobre es la base de su economía), holandeses o suecos (productores de gas y petróleo), Bolivia sigue los pasos de Venezuela, de Nigeria o Libia y los resultados son similares. Necesitamos solo dar un paso, ojalá haya llegado la hora.

"Industria" de sicarios en Santa Cruz

El Ministerio de Gobierno informó con mucho orgullo y lujo de detalles sobre la captura de la ciudadana colombiana, Alicia Vargas, apodada “La Mona”, presunta jefa de una banda de sicarios a quienes se les atribuye varios crímenes, entre ellos el asesinato con 14 disparos de un peruano relacionado con el narcotráfico. La Mona, atrapada junto a cuatro de sus cómplices, tiene contactos con grupos de matones que trabajan a pedido de narcotraficantes. Justamente, el crimen del peruano Ángel Taype Rodríguez, ocurrido el 2 de abril de 2013 se produjo a solicitud de un narco que reclamaba una deuda de 300 mil dólares y el responsable de ejecutar el crimen fue un compatriota de La Mona. El más reciente hecho atribuido a la arrestada es el asesinato de Jaime Abaroma, hallado el 15 de julio en el Urubó con 10 balas en el cuerpo. Abaroma era también un sicario que llegó desde el Beni para un realizar un “encargo” pero dos muchachos al servicio de La Mona se le adelantaron a gestión del que debía ser el blanco del golpe. A pesar de todo este cuadro tal evidente, las autoridades dicen que en Bolivia el narcotráfico está controlado y que no actúan cárteles internacionales. Como dicen en los concursos: “siga participando”.

El «derecho» a soñar

El sueño del marido borrachín es tener una esposa muda, ciega y sorda que no le reclame cuando llega de madrugada con olor a perfume barato; el sueño del estudiante flojo es que su profesor se haga el tonto cuando copia; el sueño del que anda sin brevet y se pasa el semáforo en rojo es que el policía no lo vea o que lo deje tranquilo por 20 pesos; el sueño del trabajador mediocre es que no lo pillen durmiendo en la oficina, pero que no se atrasen con el pago del doble aguinaldo; el sueño del vendedor del mercado es seguir engañando con el peso; el sueño del narco es que pase su avioneta; el sueño del autero es que el Gobierno siga amagando con controlar, con fiscalizar y amenazar, con frenar el contrabando y la ilegalidad. Esa es la Bolivia que debía cambiar y que no cambia. Por eso es que no sorprende que haya políticos en nuestro país que sueñan con gobernar solos, sin parlamentarios de la oposición, sin debate, sin prensa, sin librepensadores.

lunes, 21 de julio de 2014

Lo poco espanta…


Y lo mucho amansa, dice el refrán. Ayer tildaban de “transfugio político” a los que hoy le llaman elegantemente “reciclaje de candidatos”, aunque es lo mismo: viejas figuras deterioradas que intentan reincidir en el aparato estatal ¿para qué? Eso tiene una respuesta obvia que ahora está en manos del “proceso de cambio”, que parece haber agotado el discurso, la imagen y especialmente los rostros que supuestamente deben representar la visión plurinacional que hace mucho es simplemente un eslogan.

En el pasado le llamaban cuoteo a lo que hoy se presenta como integración de los movimientos sociales, que no es otra cosa que el mismo corporativismo que mantiene secuestrada a la democracia desde su nacimiento, con grupos de encaramados que saben muy bien para qué sirve el clientelismo y la prebenda.

Hoy le dicen diálogo con las bases y con los sectores sociales a lo que antes era simple y llanamente la repartija de pegas y espacios de poder; a ese mecanismo espurio, oscuro y oculto del que surgen las listas de candidatos, mientras que el ciudadano mira sorprendido y se cuestiona ¿quién es este o aquel? ¿qué méritos tiene? ¿qué puede aportar al país? ¿cuáles son sus antecedentes?

Lamentablemente sólo en esos pequeños cuadriláteros en los que se reúnen a pujar quién da más, saben exactamente quiénes son los que se ponen la camiseta y de no ser porque todavía existen ciertos atisbos de dignidad no habría repartos en poner dos o tres individuos prontuariados por narcotráfico como serios aspirantes al Órgano Legislativo. Eso también tiene antecedentes que nos espantaron a todos en el pasado. Hoy es una simple anécdota que ni siquiera da para el escándalo mediático.

Buscar votos a como de lugar. La consigna indisimulada que ha sido usada desde siempre y por todos, hoy vuelve a sus cánones “normales”. Después de que haber desechado los ponchos, los chulos, los arcos y las flechas como instrumentos de marketing, la estrategia retorna a las ecuaciones “costo-beneficio”, “ganar-ganar”, “toma y daca”, las mismas que convirtieron a la política en sinónimo de saqueo.

Aunque no vamos a negar que la decencia apareció en ocasiones como lunares en un manto tenebroso, la política hace esto cada vez que necesita sobrevivir al tiempo y al deterioro, que en Bolivia no va más
allá de las dos décadas para cada uno de los eventos revolucionarios y refundacionales que ha habido desde 1825, cada uno con sus pobres, con sus banderas y una gran parafernalia simbólica, pero con muy poco de cambio para la gente.

En Bolivia –como en muchos lugares-, no hay otra forma de acceder al poder más que usando la vieja cantaleta de la defensa de los de abajo, los oprimidos, los descalzos y los desamparados. Pero desde Chaparina, pasando por toda una serie de conflictos, hasta llegar al lío de los suboficiales y recientemente la demanda de los policías rasos, el Gobierno no ha hecho más que confirmar que hoy sus prioridades están
más arriba. El fuerte viraje producido hacia las élites del oriente y la definición de las listas de candidatos no hacen más que confirmar esa tendencia. que también es una réplica de lo que sucedió con otros procesos políticos ya fallecidos.

¿Otra ley a pedido?


Los mineros cooperativistas han cobrado mayor peso del que uno puede imaginar en el país. Ellos invaden minas privadas y el Gobierno las nacionaliza. Si hasta parecen sabuesos que apuntan la presa para que las autoridades disparen. También son autores de la nueva Ley Minera que los convierte en los capitalistas privilegiados de este país, casi tanto como los cocaleros. Muy pronto veremos más cascos que chulos, ponchos y polleras dentro del Congreso y desde ese lugar diseñarán el país que siempre han soñado pero que para otros puede ser una pesadilla. En las minas de los cooperativistas trabajan muchos niños. Ellos son ideales para este trabajo, pues pueden escabullirse como topos en los estrechísimos socavones de donde sacan el mineral con las manos, pues esos hoyos ni siquiera permiten introducir las herramientas adecuadas. Los mineritos suelen permanecen dentro hasta 24 horas seguidas, pues no es sencillo entrar y salir para comer, ir al baño o refrescarse de los 45 grados de temperatura que hace ahí dentro. Ese trabajo no sólo debería ser declarado ilegal, sino inhumano, sin embargo tanto los cooperativistas como cualquier otro explotador en el país ya dispone de una ley que protege este acto criminal. Sólo hace falta haber cumplido los diez años de edad.

La gente, el dinero y la economía


Según las encuestas, la percepción de la gente es que la economía boliviana va muy bien. Y cuando le preguntan por qué, la respuesta es muy sencilla: “porque hay plata en la calle”. Obviamente esa idea es alentada desde el Gobierno, que no deja de machacar sobre las abultadas reservas internacionales, el crecimiento, los récords de las exportaciones, las inversiones públicas en carreteras, teleféricos, canchas de fútbol, aviones y palacios y los dobles aguinaldos.

Pero hay datos que no son promocionados con tanto empeño, como las medidas que se toman para frenar la circulación de dinero en las calles: muy pocos hablan de los bonos por más de mil millones de dólares que el Estado Plurinacional anticapitalista colocó nada menos que en Wall Street; del endeudamiento estéril en el que se incurre en un momento de bonanza histórica; de las operaciones que hace frecuentemente el Banco Central para retirar dinero del mercado; de la reciente intervención en la banca privada a través de un decreto para fomentar el ahorro a través del incremento de las tasas de interés y muchas otras formas de impedir que la gente gaste, consuma o compre, porque de esa manera genera inflación.

Hasta las obras faraónicas en las que derrochan las autoridades es una manera de buscarle un destino no inflacionario al dinero, pues si todo ese dinero se invirtiera en emprendimientos verdaderamente productivos o en el fomento de actividades privadas generadoras de empleo y con capacidad reproducir la riqueza más allá del consumo, inmediatamente se generaría una tendencia inflacionaria que haría falta controlar con más producción, con más competitividad y no simplemente con trucos estadísticos, con artilugios monetarios y prohibiciones a las exportaciones, que a la postre se convierten en un bumerang, pues inhiben la producción y la inversión.

Nos tratan de engañar diciendo que el boom de la construcción es un excelente síntoma de que la economía va por el camino correcto y si bien es cierto que nunca hay que despreciar este indicador, tampoco hay que amarrarse de él y en todo caso hay que observarlo con precaución. La construcción es el refugio de los inversores que no hallan las condiciones suficientes para arriesgar su dinero en actividades con poca seguridad jurídica, como la agropecuaria, la minería y tantos otros sectores legales, expuestos a los avasallamientos y al enorme acoso estatal y la hiper-fiscalización que tiene a todos los empresarios agobiados y con ganas de pasarse a la informalidad, donde no se paga impuestos, no hay multas ni letreros de “clausurado”.

Un poco por los malos antecedentes y también por la estructura económica, Bolivia al igual que otros países de la región tienen una fijación casi patológica en la inflación, cuando en realidad deberían enfocarse más en la producción y el desempleo, como hacen los países más desarrollados. En Europa y Estados Unidos se preocupan cuando aumenta la gente sin trabajo y cuando bajan los niveles de productividad, cosa que aquí no aflige, porque siempre se camufla el empleo con la informalidad y porque nadie pone atención a los altos
niveles de importación, que no sólo han crecido en volumen, sino que se han diversificado, puesto que ahora hasta la papa, el tomate y la cebolla vienen de Perú o Argentina.

Envidiable celo funcionario


La selección argentina no ganó el Mundial, pero una de las reparticiones públicas del vecino país metió un gol que vale el torneo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se tomó el trabajo de hacerle seguimiento a quienes se fueron de turistas a Brasil para disfrutar de las playas y el mejor fútbol. En su investigación descubrió que muchos contribuyentes denominados “monotributistas”, algo así como el Régimen Simplificado en Bolivia, pagaron sumas exorbitantes por paquetes de viajes, pese a que en sus declaraciones impositivas dicen tener ingresos anuales muy bajos, incluso menores a lo que pagaron por los pasajes y la estadía en Brasil. Gracias a ese celo funcionario, descubrieron a más de un centenar de evasores, entre ellos a dos populares figuras de la televisión. La operación de la AFIP es muy difícil de entender en un país como Bolivia, donde los funcionarios de impuestos sólo persiguen a los legales. Esta acción equivale a investigar las fastuosas entradas carnavaleras, las fiestas del Gran Poder y los bailes del 16 de julio, por citar algunos, y calcular el lujo que llevan encima las caseritas y caseritos excluidos de tributar porque son muy pobres. ¿Se atreverían?

El surrealismo de los autos chutos

El  genial comediante argentino Tato Bores  recreó un mundo surrealista y mágico cuando Carlos Menem llegó al poder en 1989 gracias a una alianza integrada por una colección de lo más variada y nada honorable de partidos políticos, agrupaciones, sindicatos, movimientos sociales, antiguos guerrilleros, paramilitares, etc, etc. En uno de sus programas de televisión, el inolvidable Mauricio Borensztein, fallecido en 1996, mostró un desfile imaginario de los aliados del gobierno en el que figuraban, entre otros, una asociación de ladrones de equipos de música de autos; un sindicato de trabajadores supernumerarios del Estado y una federación de sindicalistas que cobraban sueldo del gobierno. Ese desfile nunca se dio en la realidad, pero nadie olvidará que en los diez años de la administración menemista, el país vecino fue sumido en un pozo de corrupción, que puso varias veces al borde de la cárcel al líder riojano. Tato Bores nunca hubiera imaginado que su parodia se cumpliría, pero algunos miles de kilómetros al norte, en la zona del Chapare (Bolivia), donde acaba de conformarse la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados (APROVEI). El hecho de que ese nuevo sindicato haya sido conformado en la región cocalera de Ivirgarzama, no sólo tiene las mismas connotaciones delictivas y políticas que todos conocen, sino una razón muy práctica. En el Chapare se encuentra la cantidad más grande de autos chutos del país. La pregunta es ineludible: ¿Presentarán un día los muchachos de APROVEI un candidato a la presidencia?

jueves, 10 de julio de 2014

Por el retorno del diálogo


Uno de los peores legados que nos ha dejado el actual proceso político es el abandono total del diálogo, requisito indispensable para que funcione la democracia y para que cualquier gobierno se encamine por las rutas de la eficiencia y la racionalidad, virtudes inexistentes en el “proceso de cambio”.

Para que haya diálogo se requiere el concurso del otro, del opuesto en la búsqueda de soluciones a los problemas, pero en el caso del oficialismo, no necesita a nadie para tomar sus propias decisiones y lo que es peor, no reconoce la existencia de ningún inconveniente por resolver, ya que a entender de los conductores del país, Bolivia es poco menos que el país de las maravillas.

Para que haya diálogo se requiere que los interlocutores se reconozcan cuando menos como entes con cierta dignidad, pero lamentablemente, para el gobierno todo el que no apoye sus medidas no merece ser escuchado y menos puede tener autoridad para hacer aportes.

El poder hegemónico se ha encargado no solo de descalificar a todos los interlocutores posibles en el país con acusaciones infundadas de todo tipo, sino que también ha hecho campaña para sacar del escenario a todos aquellos actores sociales –Iglesia, instituciones de Derechos Humanos y organismos internacionales-, que en el pasado siempre tuvieron el rol de facilitadores del encuentro entre sectores en conflicto.

Los bolivianos cometimos el grave error de pensar que los pactos y acuerdos del pasado eran malos por definición y que Bolivia necesitaba un mando único para poder avanzar.   Ahora nos damos cuenta que esa manera de conducir el país, en base a un diálogo permanente, imperfecto, a tropezones y con muchas fallas, siempre será mejor que el modelo absolutista, autoritario y de voz única que se pretende imponer en el país.

En el pasado, las fuerzas políticas tenían que ponerse de acuerdo antes de tomar una decisión y entre ellas había una suerte de control y moderación, elementos inexistentes en la actualidad, dominada por la discrecionalidad y el abuso. El Gobierno no ha hecho más que criticar el modo en el que la democracia estaba progresando, por la lentitud de sus logros y la gran cantidad de tropiezos. Pero es mejor el consenso entre tres o cuatro para dirigir el país a que una sola persona imponga sus caprichos al mejor estilo de los monarcas de la antigüedad.

El escaso debate público que hay en estos días y los únicos atisbos de crítica se dan en los pocos medios de comunicación independientes que quedan, aunque el miedo y la autocensura va restando cada día más espacios. Las redes sociales hacen su aporte en la manifestación del malestar social, expresión que se ha podido ver muy claramente en la elección de jueces y magistrados. Ese fenómeno  demostró que la opinión pública tenía razón al rechazar la iniciativa gubernamental que no ha hecho más que empeorar las cosas en la justicia boliviana.

La falta de diálogo deja graves consecuencias en la administración del país. Se incentiva el derroche, aumenta la corrupción, se malgastan los recursos públicos, no se atacan las prioridades, se olvida el bien común y la ineficiencia se vuelve una plaga que impide cumplir los planes, distorsionando los principios y la misión de la política. De la población depende que retorne el diálogo al país a partir de las elecciones de octubre.

Planes para una vieja Bolivia


Si a algún candidato taiwanés se le hubiera ocurrido hace 30 años promover el progreso del país por medio de la fabricación de bicicletas, todos se habrían reído de él, pese a que esa industria fue la que catapultó como potencia al tigre asiático. Lo mismo hubiera pasado con las pelotas de fútbol en Pakistán, una de las actividades más fuertes de este país de casi 200 millones de habitantes, donde muy pocos juegan el deporte de Messi y Neymar, pues el juego más popular allí es el criquet.

Lo más probable, sin embargo, es que a ningún político se le hubiera pasado por la mente semejantes cosas. De hecho, ningún líder político coreano fue el artífice de lo que hoy es Samsung o de lo que fue Nokia en Finlandia; Apple no es el resultado de un iluminado plan de gobierno y en todo caso, la iniciativa, la innovación y la inventiva de los individuos crecen y se multiplican cuando el Estado deja de meterse en todos los asuntos de la economía y se dedica a crear condiciones para que la gente piense y trabaje sin trabas. China es el mejor ejemplo de aquello aunque lamentablemente los chinos todavía no pueden pensar en libertad política.

Estos hechos nos ayudan a reflexionar sobre la marcha del país y más puntualmente sobre los planes de gobierno que acaban de presentar los partidos y agrupaciones políticas que han confirmado su participación en las elecciones del 12 de octubre.

Todas hablan de una vieja Bolivia, del país estatista que controla y decide todo; con un Estado elefantiásico para construir y producir, pero muy ágil para reprimir y controlar, porque justamente ahí es donde pone la mayor cantidad de esfuerzos y recursos.

Ningún candidato le dice la verdad a la gente. Quieren seguir mintiendo con el cuento de que los bonos nos van a sacar de la extrema pobreza; que los recursos que brotan de la Pachamama son para repartirlos como en piñata y que “papá Estado” se ocupará de todo, del bienestar, de producir litio, urea, papel, cartón, azúcar, etc.

 Se habla de llevar a Bolivia a la era de la industrialización y como tal se concibe a las grandes factorías con mucho humo saliendo de sus techos, cuando todos sabemos que las naciones que más progresan están concentradas en alta tecnología, en las ventajas comparativas y en las cadenas productivas, como la castaña, la soya, la quinua y otros productos que no necesitan más que un Estado que no estorbe, que deje de prohibir y que no le tenga miedo a la apertura de mercados. 

Todos hablan de fomentar la educación, pero quieren seguir construyendo grandes escuelas –ladrillo y cemento-, y se olvidan que hay que conectarles internet y capacitar a profesores que están altamente ideologizados pero muy atrasados respectos de los estudiantes en el manejo de nuevas herramientas de aprendizaje. Y lo mismo pasa con la salud. No se trata de crear hospitales de cuarto y quinto nivel, sino de introducir el concepto de prevención y formación, cuyos instrumentos básicos son la higiene y la correcta nutrición. Obviamente ahí no hay mucho que licitar y tampoco grandes obras para entregar e inaugurar.

Ningún candidato le dice a la población que con las leyes que tenemos, con la constitución vigente y con el esquema de poder que se ha montado, Bolivia es inviable incluso para los que conducen el “proceso de cambio” puesto que anula la iniciativa, inhibe las inversiones y promueve el despilfarro de tiempo y de recursos.

Debate de políticos y debate público


La última vez que la denominada “clase política” accedió al debate fue en el 2002, cuando ya se anticipaba la decadencia de la dirigencia tradicional y el ascenso del candidato Evo Morales, que, en aquellos tiempos acudía a todos lados a debatir, incluso con deslucidos personajes, con tal de ganar popularidad.

El debate se produjo porque los políticos no sabían hacia dónde conducir el país y sobre todo porque no tenían con qué, pues todavía no se avizoraba la impresionante bonanza de precios y de ingresos, que más tarde alentó a los populistas a encaramarse en el poder, porque cuando hay plata de sobra, cualquiera puede gobernar y cualquier política resulta “exitosa”. 

Eran tiempos de intenso debate social sobre la base de tres puntos importantes: qué hacer con los hidrocarburos y los recursos provenientes de su explotación; cómo reconfigurar políticamente la nación ante el agotamiento del modelo centralista y presidencialista y el surgimiento de la propuesta autonómica y en tercer lugar, cómo transformar al Estado para darle un sentido de servicio a la población y rescatarlo de manos de grupos que secuestraron la democracia.

Un año más tarde se conoció el resultado de ese debate público y la gente votó porque el gas se industrialice y sea recuperado a favor de los bolivianos; para que la autonomía reemplace al centralismo secante y retrógrado y para que la política deje de ser el botín de los caudillos de turno, prebendalistas, derrochadores y corruptos.

Ninguno de esos compromisos se ha cumplido, pues ni una molécula de gas se vende con valor agregado y la energía fluye sin falta hacia los mercados externos, mientras que los bolivianos deben esperar los sobrantes que retacea YPFB; la autonomía es un completo engaño y el régimen incentiva el centralismo, mientras que los políticos se concentran en la reproducción del poder con intenciones de eternizarse en sus cargos y para ello ejecutan una estrategia insana de derroche y clientelismo nunca antes visto en Bolivia.

La dirigencia nacional nunca ha sido proclive al debate y por eso el país ha cambiado muy poco desde que fue colonia. Los mandamases no tienen para qué debatir en un contexto en el que reina el monopolio de los recursos y el poder; en un país monoproductor y con una concentración de las decisiones que impide el funcionamiento real de la democracia.

Y menos se puede dar la opción del debate ahora, cuando las autoridades tienen los bolsillos llenos y cuando el poder les sobra para tomar las decisiones sin consultar a nadie, haciendo alarde de la clásica soberbia del político criollo, siempre predispuesto a refundar, a inventar hasta lo más elemental y destruir todo lo que hizo el anterior.

Pero no porque los políticos no debatan entre ellos, quiere decir que la sociedad no esté hablando y comunicándose, a pesar de que ya son pocos los medios tradicionales al servicio de la gente para el debate público. La gente racional está discutiendo en las redes sociales, ya no aguanta la corrupción y la impunidad; está hastiada del narcotráfico y sus poderosos cómplices y está desilusionada por la falsedad del discurso ecologista e indigenista que tanto enarbolan los gobernantes. Todos hablan de eso, como lo hicieron en octubre del 2011 con la fallida elección de magistrados en la que el veredicto popular de rechazo fue contundente.

miércoles, 2 de julio de 2014

Elecciones ¿cuál será el debate?


En el 2005 y luego de un proceso violento que se inició en el 2001, confluyeron en el país varios puntos de consenso que dieron como resultado un histórico triunfo del MAS que se apropió de ese pacto nacional que permitió brindar esperanzas de cambio al país.

El acuerdo llegó cuando se había deteriorado la imagen de las élites políticas que condujeron al país desde el retorno de la democracia en 1982 y cuando la ciudadanía sintió que sus aspiraciones de bienestar (vivir bien) habían sido traicionadas por grupos que secuestraron el poder para alimentar sus propios intereses.

La gente reclamaba más democracia, exigía la pacificación del país, mayor inclusión y desde el punto de vista económico se planteó la recuperación de los recursos naturales con el fin de devolverlos a la población ya sea en forma de beneficios directos o través de una nueva estructura productiva traducida en el eje de la industrialización y el uso los ingresos para multiplicar y diversificar la economía, sumida en el extractivismo y el rentismo, dos vicios que mantienen a Bolivia en el atraso y el subdesarrollo, sin esperanzas de cambio.

Desde el oriente boliviano nació la otra gran propuesta de cambio (que se volvió un consenso nacional), a través del movimiento autonomista que exigía la profundización de la democracia y el final del modelo centralista y presidencialista que no hacen más que incentivar los viejos esquemas de organización y de dominación heredados de la colonia.

No hace falta mucho análisis para concluir que en los últimos nueve años todos esos males que pretendían derrumbar los bolivianos se han agudizado. La dependencia de los recursos naturales es mayor y se ha incrementado la fragilidad de nuestra economía; no se ha producido la industrialización; el caudillismo refuerza el centralismo y el monopolio del poder no hacen más que limitar las decisiones y el control de la economía en pocas manos. La descentralización y la autonomía son un engaño, mientras que la democracia y la participación son confundidas con una nueva hegemonía corporativa prebendaria que además de improductiva y corrupta, impone un sistema de abusos e injusticia que impide la paz social.

Lamentablemente esa visión profunda y preclara de cambio que surgió en el 2005 ha sido abandonada por los sectores de la oposición que fracturaron la democracia de pactos y que ahora parecen acomodarse a la hegemonía dominante, que ha buscado constantemente la ratificación en las diferentes contiendas electorales. Lo sucedido en los 32 años de democracia ha sido una demostración que el sufragio no ha sido capaz de cambiar la historia nacional y que las elecciones de octubre no prometen ningún viraje importante, mientras la sociedad civil y política no retorne a los planteos arriba indicados.

La campaña política que comienza a vivirse con intensidad pone en el tapete los mismos lugares comunes en los que cayó la clase dirigente en las décadas posteriores a la dictadura y la hecatombe económica ocurrida entre 1982 y 1985. Acuerdos, componendas, búsqueda de un nuevo caudillo, cómo gastar los recursos naturales, detalles menores en un país que todavía se siente traicionado y que espera lograr de nuevo el consenso que le permita aspirar a una vida mejor.

martes, 1 de julio de 2014

Distribuir la riqueza, no la plata


La oposición boliviana ha calificado como “intocables” los bonos que distribuye el Gobierno, no solo la Renta Dignidad (ex Bonosol) que ha sobrevivido tres regímenes, sino también el Juancito Pinto y el Juana Azurduy, que sin duda alguna son la respuesta al amplio caudal de votos conseguido por el MAS en las contiendas electorales posteriores al 2005. Seguramente el oficialismo responderá con una apuesta mayor y hasta podría ofrecer el pago doble, como hizo con el aguinaldo, no solo porque tiene la plata, sino porque le sobra demagogia. La pregunta es ¿cuánto le sirven los bonos a la gente beneficiada?

El auge de los bonos ha sido generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos y Bolivia no es el caso más exagerado, si lo comparamos con Argentina o Venezuela, donde se cuentan por decenas, sin mencionar los subsidios y otras formas de distribución, producto del histórico nivel de ingresos por los excepcionales precios de las materias primas de exportación.

¿Ha sido acertada esta receta? Siempre es mejor repartir plata entre los pobres a que se la guarden los grupos elitistas, como sucedió en los años 70 en la región, cuando producto del auge de los petrodólares y las dictaduras se encargaron de pagar muy bien la lealtad de sus allegados. Los resultados están a la vista: en los últimos 15 años, más de 100 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y desde el 2000 los indicadores de marginalidad han caído en un 30 por ciento, no solo por influencia de los bonos, sino también por otras medidas como el aumento del salario mínimo y otras políticas relacionadas con reformas impositivas.

No hay duda que los bonos y todas las formas de transferencia monetaria seguirán entregándose en la misma medida y tal vez más, solo si se mantiene el abultado nivel de ingresos que depende de factores exógenos. De hecho, los bonos no representan una carga significativa en el presupuesto de Bolivia, apenas un dos por ciento, lo que es una bicoca si lo comparamos a lo que se invierte en seguridad y defensa.

El debate consiste no solo en la dicotomía de mantener o no los bonos, sino en buscar otras formas más efectivas de la distribución de la riqueza, que aseguren sostenibilidad a las políticas sociales y mayor movilidad social a la ciudadanía. De acuerdo al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) del Banco Mundial, los bonos son importantes, pero no han conseguido disminuir ni un ápice la desigualdad en el continente. América Latina posee tasas de desigualdad similares a las de África Subsahariana y un 75 por ciento de la población en el continente considera que no existen los medios para superar la pobreza.

Unos pesos en el bolsillo pueden ayudarle a una familia a mitigar el hambre y a sobrevivir en mejores condiciones, pero la única forma de lograr que viva bien es con mayor acceso a la educación, a la salud y a las instancias de poder, que siguen manteniéndose en manos de unas élites que monopolizan las instituciones y no dejan espacio a la democratización. Lamentablemente esta característica se mantiene pese los supuestos  procesos revolucionarios que se han llevado adelante en la región.