Los propietarios de autos 'chutos' le han puesto una prueba muy dura al gobierno del MAS. En el campo suelen decir “pato o gallareta”, para determinar quién es quién. Los chuteros, en su mayoría habitantes del Chapare, por lo que ya conocen perfectamente hasta dónde puede llegar la permisividad del Estado, no solo han conformado un sindicato, sino que prometen derramar sangre para defender sus automóviles y exigir una ley de amnistía como la que permitió legalizar lo ilegal en el 2011 y beneficiar a más de 120 mil propietarios. El Presidente ha dicho que no dará su brazo a torcer, pero los chuteros no le creen y lo invitan a una negociación cara a cara para que les diga por qué no se puede; por qué no es posible “meterle nomás”, como se hace con la ropa usada, con los avasalladores de tierras, con los que toman minas, con los que pasan contrabando en varios puntos del país y con tantos otros para quienes la ley es solo aplicable a los enemigos. Las autoridades dirán que quieren apegarse a la ley y que no pueden permitir privilegios a nadie. Los chuteros pueden perfectamente poner de ejemplo la nueva maniobra en contra del Tribunal Constitucional que busca imponer la ilegalidad, el camino contrario a lo que buscan ellos.
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