Pese a todas las miserias que se cuentan sobre las minas del altiplano, de los socavones que se han tragado los pulmones de millones de obreros, estas suelen ser promocionadas como atractivos turísticos. Los europeos no pueden creer lo que les cuentan y se van a Oruro, a Uyuni y otros lugares de Potosí para observar de cerca esas desdichadas experiencias y ver cómo los mineros pactan con “el tío”, el mismísimo diablo que domina el infierno de esos agujeros.
Los turistas tendrán ahora una razón más para visitar las minas bolivianas, un argumento más tenebroso, bizarro, único e irrepetible en el mundo: Niños de diez años trabajando como topos, con casco, botas, coca y con los rostros curtidos por el frío. Los visitantes no solo quedarán perplejos por ese cuadro surrealista, sino por el nuevo detalle, la cereza en la torta que acaba de ponerle el “proceso de cambio”, autor de una insólita norma que legaliza el trabajo infantil a partir de los diez años.
Esta no es una situación imaginaria y tampoco una propuesta apresurada. Recordemos que no hace mucho saltó a la luz el gran negocio que se había montado en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde promocionaban un circuito turístico para apreciar no solo una realidad cinematográfica del estilo “Expreso de medianoche”, sino también disfrutar de sesiones de degustación de la cocaína más pura que comercializan los internos de ese penal.
Y así como Bolivia se ha vuelto atractiva por el indigenismo, por su presidente tan popular, por el Dakar y otros detalles pintorescos como los edificios de El Alto, también ha comenzado a llamar la atención por ciertos acontecimientos que no se pueden ver en otros lugares. La creación del primer sindicato ilegal, la asociación de propietarios de vehículos indocumentados, que actúa a la luz pública, que propone negociar directamente con el gobierno y que hasta tiene una bancada de parlamentarios en el Congreso que acaba de presentar un nuevo proyecto de ley que intenta doblarle el brazo al presidente Morales, quien ha descartado una nueva amnistía para los denominados “chutos”.
Esta determinación no será nada fácil de mantener para el primer mandatario, pues como se sabe, la mayor parte de los autos chutos se encuentra en el Chapare, la región de mayor producción de coca y cocaína del país. Obviamente, los vehículos, muchos de ellos robados en los países vecinos, son la manera que usan los narcotraficantes de blanquear el dinero de la droga o son simplemente una forma de trueque que usan con las mafias brasileñas, chilenas o argentinas.
El Gobierno acaba de aprobar una resolución que amplía el cupo de comercialización de coca y en el Chapare ha prometido que en el 2015 va a legalizar las plantaciones que hoy están al margen de la ley y que según datos oficiales en más de un 90 por ciento se desvían al narcotráfico. En otras palabras, dentro de muy poco tiempo no solo habrá más coca y más cocaína en el país, sino también más autos chutos, más motocicletas robadas y por supuesto, más asesinatos y más linchamientos como los que están ocurriendo en el Chapare y Santa Cruz.
Los turistas y otros a los que el gobierno llama “emisarios” no tardarán en llegar luego de estas interesantes noticias que les ha dado el Gobierno y que la prensa internacional está reproduciendo con gran asombro, como no deja de hacerlo la revista Veja y la red Récord que acaba de mostrar la ruta de los autos y las motocicletas robados en Brasil que son canjeados por droga en nuestro país.
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