El régimen encontró –seguramente la tenía preparada con bastante anticipación-, la chicana perfecta para deshacerse de los elementos más incómodos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero al mismo tiempo de los pocos individuos rescatables del sistema judicial boliviano, aquejado por el cáncer de la extrema politización y el contubernio, padres de la corrupción y la retardación.
Argumentando un error de procedimiento, la Cámara de Diputados, un simple órgano tramitador de quienes digitan las cosas en el Gobierno, suspendió de sus funciones a dos miembros de una de las salas del TCP para someterlos a juicios de responsabilidades, lo que obliga a reemplazarlos por suplentes que han dado sobradas señales de genuflexión con el oficialismo, pues una de ellas fue precisamente la que facilitó el dictamen que le ha permitido al binomio del MAS postularse por tercera vez a las elecciones generales.
El Gobierno acaba de darle un golpe certero al último resquicio de dignidad y de independencia no solo del TCP, sino de la justicia en general, puesto que hasta el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, que frecuentemente ha sido muy crítico con la manera de manipular la justicia, ha reaccionado de manera complaciente con la reciente movida, que despierta muchas sospechas.
Hay que recordar que los tribunos suspendidos pertenecen al grupo de los que cuestionaron el fallo de la tercera postulación presidencial y lo calificaron de contrario al orden constitucional; fueron quienes frenaron la aplicación de la Ley Marco de Autonomías para la defenestración de autoridades opositoras legalmente elegidas por el voto popular y también quienes declararon inconstitucional la figura del desacato que era usada profusamente por el régimen para perseguir a los disidentes.
Es natural que la ciudadanía pueda pensar que el régimen no solo quiere inaugurar un nuevo capítulo de persecución política, sino también allanar el camino para la reforma constitucional que incluya la figura de la reelección indefinida. Esta maniobra, muy similar a la “estrategia envolvente” (“engaño”, para el presidente Morales) a la que se refirió Álvaro García Linera, se ejecuta ahora que el oficialismo dispone de los dos tercios en el Congreso, pues más allá del 12 de octubre tal vez no sea viable una decisión de esta naturaleza.
Obviamente, este es un nuevo golpe a la división de poderes, a la independencia del Órgano Judicial y más que nada a la transparencia de la democracia, pues la principal función del TCP es ejercer el control de las decisiones que toma el gobierno; es la única manera de garantizar la legalidad de las políticas que adopta y principalmente evitar los abusos del poder. Con esta medida, el ciudadano queda totalmente desprotegido de cualquier exceso de los gobernantes y lo deja a merced de quienes buscan consolidar el absolutismo en Bolivia.
La población observa que crece la desinstitucionalización del país y que se agudiza la anomia, un estado de cosas en que las leyes son pasadas por alto, especialmente por quienes tienen el deber de respetarlas y hacerlas cumplir. Es la ley de la selva, donde el más fuerte prevalece.
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