domingo, 24 de noviembre de 2013

Chambones y copiones

Muchas de las medidas que ha estado lanzando el Gobierno boliviano en los últimos años han sido prácticamente calcadas de lo que hacía el ex presidente Hugo Chávez en Venezuela y lo curioso es que ahora también trate de imitar al torpe sucesor del comandante, Nicolás Maduro, quien busca cómo reinventar la felicidad en un país donde falta desde el papel higiénico y toda la cadena que le precede en la pirámide alimenticia. Bonos, derroche, obras faraónicas, nacionalización y ahora también la misma Navidad adelantada que ofreció Maduro, que ya tiene plenos poderes no sólo para mandar a saquear los negocios
sino para llevar el populismo a extremos que nadie quiere imaginar. “Nadie me para”, es la frase que ha usado en los últimos días. Y muchos se preguntarán, ¿si tanto imita Bolivia a Venezuela, no será que las consecuencias pueden ser las mismas? “Nooo”, afirman los incrédulos, puesto que ambas realidades son muy diferentes. Para
empezar, Bolivia tiene una mayor capacidad productiva, sobre todo de alimentos, basada en más del 70 por ciento en Santa Cruz. En segundo lugar, están convencidos que nuestros conductores son mucho más capaces que los ineptos chavistas. Si ambas premisas son ciertas, habría que preguntarles entonces por qué copian a esos chambones. Y una de las lecciones mejor aprendidas del chavismo es justamente la destrucción del aparato agropecuario.

Los expertos en economía

El Banco Central de Bolivia ha estado haciendo todo tipo de trucos para sacar dinero circulante de las calles y evitar la inflación. Sale a comprar divisas, emite bonos y los vende en Wall Street y aprueba cualquier compra del Ejecutivo con tal de que no genere incremento de precios de los productos básicos. De todas formas la inflación se disparó en los últimos meses y obviamente todo fue producto de una caída de la producción, sobre todo de alimentos, debido a los desastres naturales por el cambio climático y también por el cambio de mentalidad del campesino, que prefiere sembrar coca o dedicarse a procesarla que estar cultivando tomates y cebollas. Ni que fueran brutos. Pero como el Gobierno tiene respuesta para todo, la ministra de Planificación, Viviana Caro, dijo que la inflación es positiva para el país porque estimula la producción. Después de tanto esfuerzo del Banco Central, el Gobierno lanzará poco menos que una avalancha de plata al mercado con el doble aguinaldo. Según el vicepresidente, que se defiende de los “seudo economistas y de los torpes que manejaron antes la economía”, lanzar tanto dinero al mercado no causa inflación, porque según afirma, hay producción de sobra. Además, si la ministra Caro tuviera razón no habría nada por qué temer. Un poco de coherencia no vendría nada mal.

La rueda de la fortuna

Con el doble aguinaldo, el Gobierno no sólo ha lanzado a lo grande su campaña electoral, sino que ha fijado su “caballito de batalla”, la bonanza económica que atraviesa el país, fruto de una “maravillosa gestión” que le permite repartir dinero a manos llenas, inaugurar grandes obras, comprar aviones y lanzar un satélite al espacio. Para respaldarlo, ya cuenta con excelentes líderes de campaña, nada menos que el BID, el Banco Mundial y el FMI, que no dejan de elogiar las hermosas cifras macroeconómicas, las reservas del Banco Central, el bajo endeudamiento en relación al PIB, el déficit fiscal controlado y la estabilidad. La cereza en la torta es el crecimiento del 6,6 por ciento de este año, uno de los más altos de la región, algo que –como dicen los argentinos-, nos lleva a “tirar mantequilla al techo”. Los que tanto disfrutan con escuchar los elogios de aquellos organismos, deberían revisar lo que decían en el denominado “periodo neoliberal” en el que también hubo estabilidad y niveles de crecimiento muy parecidos a los últimos ocho años, pese a que los recursos del periodo 2006-2012 se han quintuplicado. En aquel tiempo, todos los mandatarios fueron elogiados por su excelente manejo de la economía, pero nunca explicaron por qué todo colapsó alrededor del año 2000, cuando retornó la inestabilidad política al país, como había sucedido en 1982, justo después del periodo de bonanza que le tocó administrar a Hugo Banzer.

viernes, 22 de noviembre de 2013

El otro camino del socialismo

El socialismo clásico no cuaja en Bolivia. Ni siquiera el más célebre de los socialistas, el emblemático “Che Guevara” pudo convencer a uno solo de los compatriotas con los que se topó en su traumático y fatal paso por nuestro país, donde encontró su tumba. Los bolivianos pueden ser pobres, miserables, marginados y todo lo que puedan imaginar los teóricos marxistas, pero son emprendedores y aspiran a ser propietarios, a producir, acumular riqueza, comprarse bienes, alquilar, expandir y por supuesto a crear renta, la expresión más característica del capitalismo.

Los centros mineros, los únicos proletarios del país, fueron durante décadas focos de propagación del marxismo más radical, pero ni siquiera fueron capaces de lograr la conversión de los campesinos de su vecindario, cuyo “comunitarismo” funciona sólo cuando hay que bloquear y elegir a sus dirigentes, pero que no interviene jamás en su propiedad.

Hace mucho que el vicepresidente García Linera abandonó sus postulados socialistas, sus teorías comunitarias y sus inventos de “capitalismo andino”, socialismo incaico y otras elucubraciones que inventaron para tratar de implantar algún modelo colectivista en Bolivia, pese a que el presidente Morales es precisamente el líder del gremio más capitalista que existe en el país, tan liberal que no admite controles estatales, no paga impuestos y que vive prácticamente bajo sus propias reglas.

Fue entonces que la administración del MAS decidió reincidir en la receta del estatismo, un modelo que jamás se ha apartado de la estructura político-económica de Bolivia, ya sea en democracia, en dictadura, con el neoliberalismo o con regímenes izquierdistas. La creación de empresas estatales no es una novedad en el país, la nacionalización y el intervencionismo tampoco y todos han sido experimentos fracasados, incapaces de crear una estructura productiva y menos ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente.

Pero los dogmáticos son tozudos, mucho más los que enarbolan teorías muertas y si bien el Gobierno del MAS no puede estrellarse contra millones de emprendedores, pequeños empresarios, informales, pobres y otros disfrazados de pobres, cuentapropistas y otros grandes exponentes de la iniciativa privada, enemigos del socialismo, sí puede hacerlo contra un puñado de empresas a las que ha satanizado hasta el cansancio y a las que tiene bajo amenaza de liquidarlas en un proceso lento y doloroso.

Estas empresas, sobre todo las del oriente boliviano, las más productivas, exitosas y con la mejor imagen a nivel nacional porque han sabido diversificar, generar industria, crear empleos, exportar y abrir mercados, son el testimonio más claro de que la libertad y la iniciativa son el mejor camino para generar riqueza, como muy bien lo sabe un cocalero, un pastor de llamas del Altiplano o el dueño de una pequeña parcela de quinua en Potosí.

La existencia de esas empresas no conviene a la ideología estatista y paralizante de los dogmáticos gubernamentales, que pretenden poner al país entero con la mano extendida, exigiendo dádivas, ventajas o cualquier privilegio que emane de la voluntad del caudillo. Eso genera algarabía en las masas, sobre todo cuando viene en forma de pago doble. Es como un bingo, una rifa, una piñata, que viene llena, pero de baratijas. El doble aguinaldo no es más que otro capítulo de la destrucción de la libertad en Bolivia y la construcción de un adefesio socialista muy difícil de sostener.

jueves, 21 de noviembre de 2013

El socialismo en el tacho

Hace poco el presidente venezolano Nicolás Maduro adelantó la Navidad para que la población pueda disfrutar doblemente una de las fiestas más consumistas del mundo, pues la idea no era mandar a los venezolanos a rezarle al Niño Dios, sino reclamarle sus regalos al gordo Papá Noel.  Días más tarde ordenó que los comercios dedicados a los electrodomésticos rebajen sus precios en un 50 por ciento y la gente asaltó los locales en busca de sus aparatos más preciados. En seguida, Maduro dijo que se encargará de que cada uno de los hogares de su país tenga un televisor plasma. Haciéndose eco de esa misma onda, el Gobierno boliviano acaba de lanzar el decreto que ordena el pago del doble aguinaldo, lo que viene a confirmar que el discurso socialista de la austeridad, la frugalidad, la vida pastoril y el vivir bien junto con las piedras y la naturaleza ha sido tirado al tacho. “Viva el consumismo”, parece ser ahora la consigna de los populistas latinoamericanos y para que haya consumismo lógicamente tiene que haber capitalismo, de otra forma no queda más que asaltar lo ajeno, consigna que suele durar muy poco. En realidad los regímenes socialistas se terminan cuando ya no hay qué repartir a las masas, y al ritmo tan acelerado que marcha la “piñata” se acabará más pronto de lo esperado.

Navidad adelantada

El Gobierno de Evo Morales ha sacado un formidable as bajo la manga que no hace más que confirmar lo que dicen algunas encuestas que ubican en una situación de debilidad al partido oficialista frente a las elecciones de diciembre de 2014. Al mejor estilo de los que pretenden adelantar la Navidad, el régimen ha lanzado el decreto 1802 que ordena a las empresas, públicas y privadas, el pago de doble aguinaldo a los trabajadores, una medida que no tendrá detractores, salvo claro, los que se verán en apuros para cumplir este compromiso inesperado que les llega como un balde de agua fría.

El justificativo para semejante decisión es un supuesto estado de bonanza económica que coloca a Bolivia con un crecimiento del 6,6 por ciento, uno de los más altos de la región. El decreto dice que el doble aguinaldo regirá cada vez que la variación del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5 por ciento, una meta que se encuentra muy lejos de los parámetros que debería buscar una administración que aspire a la competitividad y la superación de problemas estructurales que siguen aquejando a nuestra población, sobre todo la pobreza y la baja productividad.

Si fueran honestas nuestras autoridades tendrían que apuntar a crecimientos superiores al siete por ciento, a la diversificación económica, al aumento de empleo digno y a la industrialización, metas que todavía están muy lejos de nuestro alcance y fueron precisamente las que convirtieron a China, Corea, Singapur, India y Brasil en las potencias de hoy. ¿Está Bolivia en esas mismas condiciones como para celebrarlo con un pago doble?

Es obvio que al Gobierno no le importa lo que pudieran opinar las empresas  privadas, chicas y grandes legalmente establecidas, únicas localizables por el Ministerio de Trabajo para obligar a que cumplan con el doble aguinaldo. En los últimos años este sector ha sido severamente hostilizado por el aparato estatal con un sinnúmero de controles de toda índole y este no es más que un mecanismo adicional para apretar el torniquete.

La respuesta que el régimen tiene que dar a los bolivianos, sobre todo a los trabajadores, es cómo hará para que se cumpla el doble aguinaldo en el amplísimo sector informal de la economía, que alcanza casi el 80 por ciento y que no paga impuestos, no cumple con la seguridad  social con su personal y que obviamente hará caso omiso del nuevo decreto. Esto no es más que un incentivo para que más empresas migren hacia la informalidad, hecho que va en detrimento de la fuerza laboral y deteriora aún más la calidad del empleo en el país.

Las autoridades gubernamentales, ávidas por consolidar el peso político del MAS frente a las elecciones y evitar que la clase media siga manifestando sus expresiones de rechazo al “proceso de cambio”, no han medido el impacto económico que tendrá el decreto 1802 no solo en la estabilidad del aparato productivo, el empleo y la salud de las empresas que solventan al Estado con sus impuestos. Tampoco ha calculado la incidencia que tendrá el doble aguinaldo en la inflación, que durante los últimos meses ha estado causando problemas, sobre todo en el área de los alimentos y los productos básicos. El Gobierno sobredimensiona su capacidad financiera, lanza falsas expectativas sobre la salud de nuestra economía y no piensa en lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, donde 90 mil millones de dólares anuales de ingreso y las reservas de petróleo más grandes del mundo no han alcanzado para cubrir el gigantesco despilfarro que pone en serios apuros al país caribeño.

martes, 19 de noviembre de 2013

Complicidad en los avasallamientos

A  finales de octubre, cuando existía la necesidad de darle credibilidad al Censo Agropecuario en Santa Cruz a través de una sensación de que las autoridades nacionales se preocupan por el campo y la producción, el Ministerio de Gobierno desalojó en tiempo récord un predio que había sido avasallado por bandas de criminales que reciben protección de altas esferas políticas. El régimen se encargó de publicitar muy bien ese evento y los propietarios de la hacienda publicaron por la prensa (¿obligados?) sendas cartas de agradecimiento, ponderando la labor de una repartición pública que viene recibiendo quejas desde años por cientos de haciendas que se mantienen invadidas y donde se cometen actos de vandalismo, robo y destrucción de la propiedad privada.

A los pocos días de aquel desalojo pacífico y sin contratiempos, grupos de vándalos armados con pistolas y escopetas irrumpieron en una propiedad de 900 hectáreas ubicada en la localidad de Limoncito, donde en realidad se ha producido un avasallamiento colectivo y estratégico, pues se trata de 15 haciendas tomadas con una superficie de 18 mil hectáreas, muchas de las cuales abastecen con maíz a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que busca cómo eliminar el fantasma de la escasez en el país.

Las armas, la gran cantidad de avasalladores, la excelente organización para ocupar todo un grupo de haciendas y la puesta en práctica de nuevas modalidades delictivas, fueron como una señal para el Gobierno y los productores de que este tipo de atentados no se detendrán, como ha sucedido en el Altiplano, donde hay más de un millar de minas tomadas. En Santa Cruz, los delincuentes disfrazados de campesinos pobres sin tierra, se han vuelto selectivos, pues llegan a las propiedades justo en el momento de la cosecha, roban todo y se van a otro lugar. Para evitar que los agricultores se les adelanten, destruyen sus máquinas colocando hierros en los campos, hecho que se ha convertido en un nuevo desincentivo, ya que las empresas que dan el servicio con sus tractores y cosechadoras se están replegando.

En San José de Chiquitos se ha dado tal vez el primer hito en esta lucha por defender la propiedad privada y el derecho al trabajo. Las instituciones civiles, políticas, los pobladores y agrupaciones ligadas a los productores agropecuarios decidieron organizar un cabildo para rechazar los avasallamientos y diseñar un plan de acción para contrarrestarlos ya que, según denuncian, el INRA y otras instituciones gubernamentales son cómplices de las tomas ilegales.

La gota que rebalsó el vaso en la Chiquitania fue la entrega de títulos de propiedad a los avasalladores, pese a que hay productores legales que vienen esperando sus papeles desde hace años, tras haber pasado por dos procesos de saneamiento. El alcalde de San José, Germaín Caballero fue uno de los más indignados pues había sido invitado al acto de entrega de aquellos títulos.

Las autoridades del INRA no han tenido más remedio que reconocer que existen redes de traficantes de tierras en el oriente boliviano, pero el justificativo de su actitud complaciente ha sido de lo más insólita, pues según afirman, no existen leyes para proteger la propiedad privada en el país. Otra vez, un asunto de derecho, de leyes y de garantías constitucionales depende de una decisión política.

Clarito va a ser


En el 2005, cuando Evo Morales ganó la presidencia con el 54 por ciento de los votos, el Gobierno chileno decidió arremeter con una política agresiva para liquidar para siempre el tema marítimo. La premisa era que por fin había llegado a Bolivia un líder con la legitimidad suficiente como para entablar una negociación que llegue a un acuerdo, aunque obviamente, la soberanía sobre el Pacífico nunca estuvo en discusión. Se supo, por boca del propio Evo Morales, que Michelle Bachelet le estaba por hacer un ofrecimiento que iba a ser muy bien camuflado y vendido como si se tratara de un retorno al mar. La infidencia sonó muy mal en Chile y para cuando Sebastián Piñera había tomado el poder, todo aquello, lo del diálogo y la agenda de 13 puntos, fue calificado como un engaño por la diplomacia boliviana. Luego retornaron los reclamos y el planteamiento de una demanda ante la Corte de La Haya. Resulta que Bachelet está de vuelta y retorna con una legitimidad aún mayor al poder. Acaba de ganar con casi un 47 por ciento y la segunda vuelta es un mero trámite burocrático. ¿No es el momento de que Bolivia aproveche a su favor el gran peso de la izquierdista Bachelet? Pero el objetivo chileno es otro y es que el Gobierno retorne al silencio y la complacencia. Clarito va a ser.

lunes, 18 de noviembre de 2013

El chileno José Miguel Insulza


El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, es chileno como Condorito y todos hicimos “Plop” cuando se comidió a venir a Bolivia y opinar de dos temas, que supuestamente no tienen nada que ver con sus competencias (así lo dijo). Insulza en realidad vino a rociarle de su “agua bendita” a dos temas muy candentes, el tema de la coca, que ha dejado más dudas que certezas desde que se presentó el dichoso estudio sobre el consumo y también a la segunda postulación a la presidencia de Evo Morales, que ha sido motivo de una denuncia ante la OEA porque en principio, la re-reelección en Bolivia viola la Carta Democrática de la Organización interamericana. Pero como decíamos, Insulza es chileno y es de la misma línea política de Michelle Bachelet, quien prácticamente tiene asegurada la victoria en su país. La futura presidenta tiene todo el viento a favor no sólo para hacer una buena gestión interna, sino también para terminar de posicionar a Chile a nivel internacional como país modelo de democracia y de respeto a las leyes. El único que le puede embromar el pastel es Bolivia, con su reclamo marítimo, que durante los años de la derecha en el vecino país, volvió a subir de tono. En otras palabras, Insulza vino a pedirle a Evo que vuelva a bajar la voz.

El puente de Facebook

Un insólito paso peatonal, que pudo haber quedado como el monumento al absurdo (en una ciudad que tenía su carretón en el aire, un avión en el piso y la cárcel en la calle Libertad), fue quitado por la Alcaldía Municipal, que en ningún momento dejó de justificar aquella burrada y menos aún identificar al genio que la planificó. El ¿puente? Ubicado en la avenida 16 de Julio, entre la Villa Primero de Mayo y el Plan Tres Mil, fue objeto de una avalancha de burlas en las redes sociales, que han vuelto a demostrar su peso a la hora de determinar decisiones públicas. La estructura violaba todas las leyes de la forma y la función que debe cumplir un puente, puesto que sólo era útil en tiempo seco y en lugar de facilitar el paso a través de un canal de drenaje, lo hacía más complicado. De todas formas, el responsable del Municipio de la colocación de ese adefesio y de su retiro, jamás reconoció el error y dijo que lo quitó del lugar simplemente para “evitar las susceptibilidades”. Tradicionalmente la opinión pública formada a través de los medios masivos tradicionales se ha portado indulgente con gobernantes y administrativos de este tipo. Las redes sociales son más despiadadas y suelen indignar a la gente mucho más rápido. Ejemplos de éstos suman y siguen en el mundo.

Ser o no ser, el dilema boliviano

El Gobierno del MAS enfrenta duras contradicciones porque todo lo que hace es político. Las leyes, la economía, el medio ambiente, la salud, la educación no tienen importancia mientras no cumplan primero una función política, es decir si no es que le sirven para acumular poder, única prioridad que vale para los que toman las decisiones.

Uno de los principales dilemas gubernamentales es cómo ser un país cocalero sin convertirse en un “estado narco”. El Gobierno hace todos los esfuerzos para defender la coca, posicionarla a nivel internacional como un elemento cultural, medicinal e incluso alimenticio, pero nadie puede terminar de entender que aquello, que ha disparado en los últimos años los cultivos de la “hoja sagrada” deje de ser un elemento coadyuvante del crecimiento del narcotráfico y de la instalación en el país de peligrosas mafias internacionales que incrementan la violencia.

De tomar una decisión definitiva a favor de la ley, del sentido común y de la protección del país de este peligroso flagelo que amenaza al Estado y la democracia, el Gobierno pondría en riesgo un importante caudal político y a juzgar por las declaraciones de un dirigente cocalero, también un soporte económico. Hasta ahora a la administración Morales le ha resultado relativamente cómodo mantenerse en la nebulosa. No se sabe cuánto tiempo más podría durar esta situación.

El otro aspecto contradictorio del régimen es la producción. Cómo se puede conseguir el pleno abastecimiento, la soberanía alimentaria y el combate a la desnutrición (según la FAO es del 20 por ciento en los niños) si no hay la suficiente seguridad jurídica para los productores, sobre todo para quienes cultivan el 75 por ciento de los alimentos que consume el país. Se lanza el desafío de sembrar más, aumentar la inversión y ampliar la frontera agropecuaria, pero aumentan las restricciones y nadie mueve un dedo para frenar los avasallamientos de tierras y en todo caso, existe la presunción con suficientes evidencias de respaldo, que desde el Gobierno hay mucho más que tolerancia hacia las tomas ilegales. ¿Qué hacer? Nuevamente el oficialismo se arriesga políticamente en caso de inclinarse por la producción, pero al mismo tiempo, lleva al país al peligro de la escalada inflacionaria, como está ocurriendo últimamente, con un 25 por ciento en el rubro alimenticio.

¿Economía o política? Otra vez la encrucijada y la respuesta sigue siendo la misma. El problema es que mantenerse en campaña durante ocho años le ha costado al país más de 90 mil millones de dólares, cifra que recientemente admitió el ministro de Economía. Hace unos años se calculó que Bolivia necesitaba la mitad de ese dinero para superar las Metas del Milenio de la ONU sobre la pobreza, sin embargo apenas nos ufanamos de haber alcanzado unos puntos en la extrema pobreza. ¿Qué se hizo todo ese dinero? Se ha desaprovechado la mejor y tal vez la única oportunidad que tenía el país de alcanzar unos niveles de desarrollo dignos, que nos acerquen por lo menos a los logros de Chile o Perú, por citar dos ejemplos  cercanos.

Por último ¿ley o política? En un país donde más del 70% de la economía se mueve en la informalidad y el Gobierno ha hecho todo lo posible por hacer alianzas políticas con todos los sectores que no pagan impuestos, que se benefician de la debilidad del Estado y que negocian las normas y los principios de autoridad, es prácticamente imposible consolidar el aparato estatal que pretende conformar el MAS. En realidad todas estas contradicciones apuntan a su destrucción.