Navidad adelantada

El Gobierno de Evo Morales ha sacado un formidable as bajo la manga que no hace más que confirmar lo que dicen algunas encuestas que ubican en una situación de debilidad al partido oficialista frente a las elecciones de diciembre de 2014. Al mejor estilo de los que pretenden adelantar la Navidad, el régimen ha lanzado el decreto 1802 que ordena a las empresas, públicas y privadas, el pago de doble aguinaldo a los trabajadores, una medida que no tendrá detractores, salvo claro, los que se verán en apuros para cumplir este compromiso inesperado que les llega como un balde de agua fría.

El justificativo para semejante decisión es un supuesto estado de bonanza económica que coloca a Bolivia con un crecimiento del 6,6 por ciento, uno de los más altos de la región. El decreto dice que el doble aguinaldo regirá cada vez que la variación del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5 por ciento, una meta que se encuentra muy lejos de los parámetros que debería buscar una administración que aspire a la competitividad y la superación de problemas estructurales que siguen aquejando a nuestra población, sobre todo la pobreza y la baja productividad.

Si fueran honestas nuestras autoridades tendrían que apuntar a crecimientos superiores al siete por ciento, a la diversificación económica, al aumento de empleo digno y a la industrialización, metas que todavía están muy lejos de nuestro alcance y fueron precisamente las que convirtieron a China, Corea, Singapur, India y Brasil en las potencias de hoy. ¿Está Bolivia en esas mismas condiciones como para celebrarlo con un pago doble?

Es obvio que al Gobierno no le importa lo que pudieran opinar las empresas  privadas, chicas y grandes legalmente establecidas, únicas localizables por el Ministerio de Trabajo para obligar a que cumplan con el doble aguinaldo. En los últimos años este sector ha sido severamente hostilizado por el aparato estatal con un sinnúmero de controles de toda índole y este no es más que un mecanismo adicional para apretar el torniquete.

La respuesta que el régimen tiene que dar a los bolivianos, sobre todo a los trabajadores, es cómo hará para que se cumpla el doble aguinaldo en el amplísimo sector informal de la economía, que alcanza casi el 80 por ciento y que no paga impuestos, no cumple con la seguridad  social con su personal y que obviamente hará caso omiso del nuevo decreto. Esto no es más que un incentivo para que más empresas migren hacia la informalidad, hecho que va en detrimento de la fuerza laboral y deteriora aún más la calidad del empleo en el país.

Las autoridades gubernamentales, ávidas por consolidar el peso político del MAS frente a las elecciones y evitar que la clase media siga manifestando sus expresiones de rechazo al “proceso de cambio”, no han medido el impacto económico que tendrá el decreto 1802 no solo en la estabilidad del aparato productivo, el empleo y la salud de las empresas que solventan al Estado con sus impuestos. Tampoco ha calculado la incidencia que tendrá el doble aguinaldo en la inflación, que durante los últimos meses ha estado causando problemas, sobre todo en el área de los alimentos y los productos básicos. El Gobierno sobredimensiona su capacidad financiera, lanza falsas expectativas sobre la salud de nuestra economía y no piensa en lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, donde 90 mil millones de dólares anuales de ingreso y las reservas de petróleo más grandes del mundo no han alcanzado para cubrir el gigantesco despilfarro que pone en serios apuros al país caribeño.