Complicidad en los avasallamientos

A  finales de octubre, cuando existía la necesidad de darle credibilidad al Censo Agropecuario en Santa Cruz a través de una sensación de que las autoridades nacionales se preocupan por el campo y la producción, el Ministerio de Gobierno desalojó en tiempo récord un predio que había sido avasallado por bandas de criminales que reciben protección de altas esferas políticas. El régimen se encargó de publicitar muy bien ese evento y los propietarios de la hacienda publicaron por la prensa (¿obligados?) sendas cartas de agradecimiento, ponderando la labor de una repartición pública que viene recibiendo quejas desde años por cientos de haciendas que se mantienen invadidas y donde se cometen actos de vandalismo, robo y destrucción de la propiedad privada.

A los pocos días de aquel desalojo pacífico y sin contratiempos, grupos de vándalos armados con pistolas y escopetas irrumpieron en una propiedad de 900 hectáreas ubicada en la localidad de Limoncito, donde en realidad se ha producido un avasallamiento colectivo y estratégico, pues se trata de 15 haciendas tomadas con una superficie de 18 mil hectáreas, muchas de las cuales abastecen con maíz a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que busca cómo eliminar el fantasma de la escasez en el país.

Las armas, la gran cantidad de avasalladores, la excelente organización para ocupar todo un grupo de haciendas y la puesta en práctica de nuevas modalidades delictivas, fueron como una señal para el Gobierno y los productores de que este tipo de atentados no se detendrán, como ha sucedido en el Altiplano, donde hay más de un millar de minas tomadas. En Santa Cruz, los delincuentes disfrazados de campesinos pobres sin tierra, se han vuelto selectivos, pues llegan a las propiedades justo en el momento de la cosecha, roban todo y se van a otro lugar. Para evitar que los agricultores se les adelanten, destruyen sus máquinas colocando hierros en los campos, hecho que se ha convertido en un nuevo desincentivo, ya que las empresas que dan el servicio con sus tractores y cosechadoras se están replegando.

En San José de Chiquitos se ha dado tal vez el primer hito en esta lucha por defender la propiedad privada y el derecho al trabajo. Las instituciones civiles, políticas, los pobladores y agrupaciones ligadas a los productores agropecuarios decidieron organizar un cabildo para rechazar los avasallamientos y diseñar un plan de acción para contrarrestarlos ya que, según denuncian, el INRA y otras instituciones gubernamentales son cómplices de las tomas ilegales.

La gota que rebalsó el vaso en la Chiquitania fue la entrega de títulos de propiedad a los avasalladores, pese a que hay productores legales que vienen esperando sus papeles desde hace años, tras haber pasado por dos procesos de saneamiento. El alcalde de San José, Germaín Caballero fue uno de los más indignados pues había sido invitado al acto de entrega de aquellos títulos.

Las autoridades del INRA no han tenido más remedio que reconocer que existen redes de traficantes de tierras en el oriente boliviano, pero el justificativo de su actitud complaciente ha sido de lo más insólita, pues según afirman, no existen leyes para proteger la propiedad privada en el país. Otra vez, un asunto de derecho, de leyes y de garantías constitucionales depende de una decisión política.