Uno de los principales dilemas gubernamentales es cómo ser un país cocalero sin convertirse en un “estado narco”. El Gobierno hace todos los esfuerzos para defender la coca, posicionarla a nivel internacional como un elemento cultural, medicinal e incluso alimenticio, pero nadie puede terminar de entender que aquello, que ha disparado en los últimos años los cultivos de la “hoja sagrada” deje de ser un elemento coadyuvante del crecimiento del narcotráfico y de la instalación en el país de peligrosas mafias internacionales que incrementan la violencia.
De tomar una decisión definitiva a favor de la ley, del sentido común y de la protección del país de este peligroso flagelo que amenaza al Estado y la democracia, el Gobierno pondría en riesgo un importante caudal político y a juzgar por las declaraciones de un dirigente cocalero, también un soporte económico. Hasta ahora a la administración Morales le ha resultado relativamente cómodo mantenerse en la nebulosa. No se sabe cuánto tiempo más podría durar esta situación.
El otro aspecto contradictorio del régimen es la producción. Cómo se puede conseguir el pleno abastecimiento, la soberanía alimentaria y el combate a la desnutrición (según la FAO es del 20 por ciento en los niños) si no hay la suficiente seguridad jurídica para los productores, sobre todo para quienes cultivan el 75 por ciento de los alimentos que consume el país. Se lanza el desafío de sembrar más, aumentar la inversión y ampliar la frontera agropecuaria, pero aumentan las restricciones y nadie mueve un dedo para frenar los avasallamientos de tierras y en todo caso, existe la presunción con suficientes evidencias de respaldo, que desde el Gobierno hay mucho más que tolerancia hacia las tomas ilegales. ¿Qué hacer? Nuevamente el oficialismo se arriesga políticamente en caso de inclinarse por la producción, pero al mismo tiempo, lleva al país al peligro de la escalada inflacionaria, como está ocurriendo últimamente, con un 25 por ciento en el rubro alimenticio.
¿Economía o política? Otra vez la encrucijada y la respuesta sigue siendo la misma. El problema es que mantenerse en campaña durante ocho años le ha costado al país más de 90 mil millones de dólares, cifra que recientemente admitió el ministro de Economía. Hace unos años se calculó que Bolivia necesitaba la mitad de ese dinero para superar las Metas del Milenio de la ONU sobre la pobreza, sin embargo apenas nos ufanamos de haber alcanzado unos puntos en la extrema pobreza. ¿Qué se hizo todo ese dinero? Se ha desaprovechado la mejor y tal vez la única oportunidad que tenía el país de alcanzar unos niveles de desarrollo dignos, que nos acerquen por lo menos a los logros de Chile o Perú, por citar dos ejemplos cercanos.
Por último ¿ley o política? En un país donde más del 70% de la economía se mueve en la informalidad y el Gobierno ha hecho todo lo posible por hacer alianzas políticas con todos los sectores que no pagan impuestos, que se benefician de la debilidad del Estado y que negocian las normas y los principios de autoridad, es prácticamente imposible consolidar el aparato estatal que pretende conformar el MAS. En realidad todas estas contradicciones apuntan a su destrucción.
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