De no haber sido por los gendarmes argentinos que lo interceptaron a tiempo, el pistolero Hardy Gómez, autor confeso de la muerte del Álvaro Escalante ahora estaría muy lejos de nuestras fronteras, fuera del alcance de las autoridades nacionales que ahora brotan pecho por la captura “en tiempo récord” de este sujeto que ha conmocionado al país por el crimen que cometió el pasado sábado.
Argentina tiene una fuerza especializada en el cuidado de sus límites fronterizos y justamente fueron ellos los que impidieron el paso de Gómez, quien pretendía huir con 24 mil dólares en su bolsillo y sin la portación de los documentos respectivos. Los uniformados, que además de tener un puesto de control en la frontera propiamente dicha, despliegan brigadas móviles al interior del territorio, le pidieron explicaciones del origen del dinero y se lo incautaron cuando el implicado no tuvo cómo respaldarse e inmediatamente tuvo que volverse sobre sus pasos.
Antes que eso ocurra, Hardy Gómez había atravesado –ida y vuelta- tres departamentos (Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija) a bordo de su camioneta; pasó varios puestos de control vial, pernoctó en una ciudad importante como Villamontes e hizo arreglos para que un amigo viaje hasta ese lugar mientras la novia del sospechoso retornaba a nuestra capital, sin que nadie les exija ningún tipo de documento.
Hay que poner mucha atención a los detalles de este suceso para darse cuenta de lo desprotegidas que se encuentran nuestras fronteras; de la facilidad que pueden tener los delincuentes para desplazarse en el territorio nacional y de la falta de profesionalismo, de medios y de capacitación del personal que supuestamente debería trabajar para resguardar la soberanía nacional, un asunto del que mucho se habla últimamente.
Cuando se produjo la salida del senador Róger Pinto, se puso mucho énfasis en los aspectos políticos, pero hasta ahora nadie explica cómo es que se pudo poner en marcha ese operativo de traslado que tomó más de 22 horas de periplo por tres departamentos.
No salimos del asombro todavía del caso de la avioneta que atravesó el espacio aéreo nacional para regar más de un millón de dólares en la Chiquitania. El narcotráfico opera con mucha facilidad en el país y la prueba es que las mafias de Paraguay y de Perú utilizan nuestro suelo como base de operaciones por las ventajas con las que cuentan, eso sin mencionar las acciones desplegadas por los cárteles mexicanos y colombianos.
¿Y el Chapare? Ese centro de irradiación del narcotráfico a gran escala se ha vuelto una tierra de nadie, donde ahora es el linchamiento la manera cómo los habitantes envían el mensaje cifrado a quienes pretendan cometer la osadía de penetrar un campo minado.
Como es costumbre, el Gobierno buscar declarar nuevamente “caso cerrado” en esta ocasión y cantar victoria con la captura de Hardy Gómez. Pero este hecho es apenas la punta del iceberg del grave problema que hay que enfrentar, sobre todo en materia de lucha contra el narcotráfico, la raíz de mucho de lo que hoy acontece en materia de inseguridad. La marcha del viernes puede ser el punto de partida para iniciar el gran debate que necesita Santa Cruz y el país en busca de una solución de fondo.
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