La prepotencia de cada día

Por más insignificante que le pueda parecer a alguien la comunidad orureña de Salinas de García Mendoza o por más buena que sea la idea de cambiarle el nombre y rebautizarla como “Salinas de Tunupa”, la decisión no puede ser tomada al calor de un arrebato chauvinista o por el simple hecho de quedar bien con los turistas del rally Dakar. Eso es prepotencia contra los habitantes de esa aldea, así sean veinte, cien o cien mil, únicos con la potestad de semejante determinación.

Las críticas al Himno Cruceño pueden ser legítimas y de hecho, surgieron mucho antes de que Evo Morales sea presidente y se sienta tentado a reinventar la historia boliviana, pero es un abuso descomunal prohibirlo justo en el cumpleaños de Santa Cruz y precisamente cuando se pretende ganarse unos votos en la región que más desconfianza le tiene el régimen del MAS.

El país no puede seguir manejándose desde las plazas y a punta de “balconazos”. Eso de andar amenazando con nacionalizar dos empresas telefónicas raya en el despotismo y mantiene al país en el sendero de la inseguridad, como un forajido frente a las inversiones privadas, únicas capaces de mantener a largo plazo un aparato productivo en funcionamiento. Las dos compañías amedrentadas pertenecen a consorcios internacionales que se rigen por normas universales de inviolabilidad de las comunicaciones, las mismas que no pueden ser sobrepasadas con la facilidad que quisieran las autoridades policiales. En ese sentido conviene actuar con prudencia, incluso cuando se trata de la telefónica que maneja el Estado, que no puede ser sometida a las estrategias políticas, muy proclives al espionaje, la infiltración y otros golpes bajos.

El autoritarismo ya ni siquiera se disimula y más bien se lo estruja públicamente cuando se admite sin reservas que el Defensor del Pueblo fue designado prácticamente a dedo para que cumpla un papel connivente con las violaciones a los derechos humanos y se amenaza con procesarlo y sacarlo del cargo, cuando el funcionario en cuestión comete de la osadía de pedir que uno de los “señoritos de la corte real” rinda cuentas ante las leyes, algo que parece aplicar solo en caso de los “enemigos”. El mismo destino que Villena podría tener el magistrado Gualberto Cusi, quien ha admitido ante todo el país que la doble reelección presidencial se decidió en el marco de los abusos y las presiones.

El Gobierno está yendo demasiado lejos en aquello de manejar los asuntos públicos a su antojo, a decretar “caso cerrado” cuando no le conviene, así sea un cruel asesinato, la investigación de una banda de policías extorsionadores o el salvaje linchamiento ocurrido en el Chapare, donde todo parece estar permitido para los “bendecidos” del régimen.

Esta conducta política, que parece haber amansado a los cruceños, es la que tiene hoy en plan de lucha a seis regiones del país. Ya quedan menos de aquellos dispuestos a tolerar las imposiciones de un censo tramposo y sus bien calculadas consecuencias políticas. La ciudad de La Paz, que ayer era el bastión indiscutido del MAS se ha vuelto un terreno complicado, que obliga al oficialismo a buscar alianzas en otros lados y con cuadros políticos a los que en pasado se insultó hasta el cansancio. Con estas estrategias, el camino hacia las elecciones del 2014 se le va a hacer demasiado largo al “proceso de cambio”.