A su turno, la interlocutora del radialista, Vania Sandoval, decía que el mayor interés de los grupos dominantes en el país es legitimar de alguna manera la construcción de un gigantesco aparato de propaganda que gasta millonadas. El ataque a los órganos de prensa independientes, a quienes se señala como la gran amenaza del proceso de cambio, es simplemente una excusa para consolidar una estructura tendiente a imponer una “voz única” y hegemónica en el país, en un momento en el que el periodismo se ha vuelto el único espacio de debate público que le queda a Bolivia.
Recientemente la ONU ha indicado que en el país se vuelve intolerable el ambiente de persecución judicial contra la oposición y el relator especial contra el racismo y la discriminación de las Naciones Unidas, Mutuma Ruteere, se fue de Bolivia con un mal sabor por lo que pudo notar en materia de libertad de expresión, un derecho que ha sido severamente limitado a nombre de lucha antirracista.
En estas circunstancias y mientras se van generalizando las señales contrarias al periodismo independiente, hacia el que se disparan insultos, amenazas y toda clase de descalificativos, conviene que los medios, los periodistas, los intelectuales y académicos, observen con detenimiento el fenómeno para que no se dejen llevar por el ruido y los aspavientos que hacen algunos exponentes del poder, cuya animadversión hacia la prensa no es nueva, pero que siempre ha gozado de la condescendencia mediática que seguramente hoy están extrañando.
Está bien defender los derechos de los periodistas, sin distinción, esa es una función que deben cumplir los gremios, pero cuidado con meterse en berenjenales jurídicos, mientras los políticos, a los que la prensa tiene el deber y la obligación de supervigilar, fiscalizar y denunciar, hacen de las suyas con sus juergas, sus corruptelas y sus abusos. Tampoco es sana la sugerencia de ignorar a los personajes incómodos y hostiles, porque justamente eso es lo que pretenden, que el periodismo vuelque la mirada hacia otro lado, que se dedique a asuntos anodinos e intrascendentes y que deje a los poderosos con las manos libres para actuar sin control.
La democracia boliviana debe ser recuperada para el bien de la ciudadanía. Las élites políticas deben encaminarse hacia el bien común, una manera de construir autoridad y consolidar el Estado de Derecho. La prensa, por su parte, un actor fundamental del contrato social, cuyo papel es servir de articulador entre los poderes públicos constituidos y la opinión pública tiene que conservarse en la misma línea de mantener informada a la población sobre todas las acciones, políticas y actitudes de quienes han recibido el mandato y han jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Otro camino no existe para los periodistas que buscan conservar la credibilidad y la voluntad de servicio a sus seguidores.
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