Días después de que Brasil le concedió asilo político al senador
opositor Róger Pinto, aparecieron los bomberos, pero demasiado tarde
para apagar el incendio. La ministra de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, Nardi Suxo decidió retirar dos de los 22 cargos que ha
estado impulsando el Gobierno y sus operadores contra el legislador, que
terminó acobardándose y exigiendo la protección de la Embajada de
Brasil, donde se mantiene alojado porque el Gobierno se niega a
entregarle un salvoconducto para que pudiera trasladarse a Brasilia. Las
dos acusaciones retiradas por Suxo corresponden a denuncias por
“desacato”, una figura jurídica propia de la Edad Media muy a tono con
las salas de tortura y las fogatas donde se quemaban a las brujas.
Precisamente, luego de semejante sacudón que empaña la imagen
internacional del régimen gobernante, el oficialismo ha abierto la
posibilidad de reformar el Código Penal para retirar el delito de
“desacato”, tal como lo han hecho casi todos los países civilizados del
mundo donde no existe persecución política. La propuesta llega cuando
hay más de 600 exiliados y refugiados de Bolivia en el exterior y
cientos de procesos judiciales contra líderes opositores por este
“crimen” consistente muchas veces en exigirles cuentas a los
gobernantes.
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