Un reportaje de El Día ha mostrado cómo la harina de soya y otros derivados como el aceite pasan la frontera a plena luz del día y a la vista de todos. No se trata de cargamentos pequeños, sino de grandes volúmenes de la mercadería envasada en bolsas de un quintal, que además tiene que atravesar todo el camino desde Santa Cruz para llegar hasta el punto donde se consuma el acto ilegal. Los contrabandistas están organizados de acuerdo a un código muy estricto con una estructura muy parecida a la de los sindicatos que combaten la competencia y se encargan de la vigilancia. Si las autoridades no ven lo que está ocurriendo es porque algo anda muy mal.
Como se sabe, la exportación legal de soya y sus derivados tiene fuertes restricciones en el país por decisión del Gobierno, pese a que con menos del 20 por ciento de la producción se abastece el Mercado interno. En el Perú, donde hay una gran demanda insatisfecha, la tonelada de soya tiene un precio de 161 dólares por encima del que se paga en Bolivia. Demás está decir que el Estado pierde una gran cantidad de recursos por este comercio irregular y sobre todo, atenta contra la producción, la generación de empleos y la consolidación de mercados importantes para el país.
De consolidarse y prosperar este tipo de informalidad, se estaría poniendo en peligro una inmensa cadena productiva que ha tomado más de tres décadas para construir y se ponen en riesgo importantes mercados, ingresos cuantiosos en impuestos y sobre todo, decenas de miles de empleos que dependen directa e indirectamente del cultivo y la industrialización de la soya.
Llama la atención y más que nada, lleva a la sospecha, la actitud de la Aduana, no solo por el supuesto desconocimiento de este fenómeno, sino porque se trata de un problema antiguo que no es atacado con la suficiente energía. No se trata de contrabando “en mamaderas” como alguna vez se denunció y tampoco de grupos que se amparen en las penumbras, sino de grandes organizaciones que gozan de la permisividad oficial que perjudica en un ciento por ciento a los productores de Santa Cruz que nuevamente tienen al frente otra acción abiertamente conspirativa que los pone bajo una espada de Damocles.
La directora de la Aduana ha tenido algunas intervenciones atinadas en relación al combate al contrabando, por lo que llama la atención que haya reaccionado de esta manera frente a la denuncia realizada por la prensa. Se espera que una vez se haya dado por notificada, hará todo lo que sea necesario para frenar esta acción tan ilegal como nociva para el Estado y la economía nacional. La guerra hacia el comercio ilegal no es solo un problema arancelario, pues compromete a importantes sectores del quehacer nacional.
Combatirlo es defender la industria, es proteger el empleo y proyectar una sociedad con mejores armas para luchar contra la pobreza y la inequidad. La informalidad que algunos tratan de promover solo nos conducirá a la reproducción de la miseria o cuando mucho, a disfrazarla.
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