domingo, 24 de junio de 2012

Un país amotinado

Como en febrero de 2003, el año que marcó el fin de estabilidad democrática en el país, otra vez la Policía está amotinada. De la misma forma que aquella vez, el motín policial no ha llegado solo y los hechos demuestran que la situación podría deteriorarse, tal como ocurrió hace nueve años, cuando ocho meses después, Gonzalo Sánchez de Lozada se veía obligado a dejar el país en medio de un cuadro de violencia y descontento generalizado.

La protesta policial, que ha llegado a límites nunca vistos, con uniformados atacando sus propias guarniciones y sacando a patadas a sus superiores, no es un hecho aislado. Se produce cuando está por llegar a la sede de Gobierno la marcha de los pueblos indígenas que tratan de proteger el Tipnis de las ambiciones desmedidas de las nuevas élites nacionales; surge cuando un senador se mantiene cautivo de los caprichos de las autoridades, que se niegan a aceptar el asilo político que Brasil le ha concedido; estalla cuando hay tres parlamentarios haciendo una vigilia en una oficina de la ONU, cuando hay varios presos políticos que hacen huelga en la cárcel de San Pedro, cuando hay cocaleros bloqueando caminos, cuando grupos de mineros se atacan a dinamitazos, cuando acaban de asesinar a otra concejal en el Beni, cuando hay fuertes denuncias de sobreprecio en la empresa Papelbol que se suma a otros hechos de corrupción, cuando el presidente Morales confirma sus intenciones de lanzarse a una relección ilegal. El motín policial llega en el momento de mayor hastío de la población frente a los abusos cometidos por un régimen que ha desilusionado por completo a las grandes mayorías que le dieron su apoyo para cambiar el país, pero de otra forma.

Para colmo de males, el amotinamiento de los policías bolivianos se inicia casi al mismo tiempo que el proceso de destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, lo que no deja de ser un mal presagio para la estabilidad democrática continental, especialmente para los líderes populistas, cuya imagen y discurso se han desgastado de manera abrumadora.

El descontento de los policías de base se ha estrellado contra uno de los fenómenos más claros y perversos del proceso de cambio, es decir, contra el desbarajuste que ha perpetrado en las instituciones claves del Estado, como es la Policía en este caso y que de igual manera se ha producido en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y todo el sistema normativo, donde se ha impuesto el manoseo y la manipulación de los grupos que manejan el poder con intenciones de consolidar un cuerpo monolítico, sin control y con ambiciones de perpetuación.

Aunque la reacción de los policías parece coyuntural y “salarialista”, como lo fue en el 2003, surge como el grito más desesperado ante la conmoción moral que invade el país por el avance del narcotráfico y toda una serie de actividades ilegales que son promovidas por los grandes actores del régimen que no parecen darse cuenta de que están conduciendo al país a la destrucción espiritual y material.

Este gigantesco motín es la mejor expresión de la profunda vocación democrática de la población boliviana, que ha sido nuevamente burlada. Es sencillamente una demostración que le hacen al Gobierno de que todo tiene un límite.