martes, 12 de junio de 2012

Cárteles de la droga en Bolivia

Los estruendos del folklore, los alaridos marítimos y el protagonismo insulso del presidente ecuatoriano se encargaron de opacar uno de los grandes temas abordados durante la Asamblea de la OEA celebrada recientemente en Cochabamba. En esos días, Bolivia y Colombia firmaron un convenio de cooperación para combatir el narcotráfico, bajo la premisa de que nuestro país se ha convertido en el territorio de refugio de los traficantes de droga que han sido corridos de tierras colombianas, donde las autoridades vienen encarando una exitosa guerra contra las poderosas mafias de la cocaína.

El objetivo de la ayuda que brindará Colombia a Bolivia es evitar que los cárteles colombianos se apoderen de extensos territorios dentro del país, como lo hicieron en las selvas colombianas, donde los narcos han creado zonas de exclusión protegidas por guerrilleros que esconden sus espurias actividades detrás de discursos marxistas de liberación que no han hecho más que estimular la industria del secuestro. Aun así, las autoridades colombianas, luego de más de una década de lucha, han logrado poner a raya a los terroristas y a sus financiadores, quienes no han tenido más remedio que emigrar hacia otros sitios.

Primero fue el norte de México y después ha sido Bolivia, donde han encontrado muchas facilidades para instalarse y donde ya se observan señales peligrosas de una temible “colombianización”. No por nada, un senador del MAS espetó esas desafortunadas declaraciones en las que estigmatizó a los ciudadanos colombianos.

La canciller de Colombia, María Holguín, se habrá ido sorprendida de Bolivia luego de escuchar las declaraciones de altos personeros del Gobierno nacional, que han negado enfáticamente la presencia de cárteles colombianos en el país, cuando ha sido ese justamente el contenido del encuentro bilateral que sostuvo con la diplomacia boliviana, oportunidad en la que la delegada prácticamente se disculpó por el daño colateral causado por su país en la guerra contra el narco. De ahí fue que surgió el compromiso de colaborar con los países que se vean perjudicados por el desbande de peligrosos cabecillas del crimen organizado.

La advertencia sobre la presencia de líderes de cárteles extranjeros en Bolivia no es nueva. Mucho antes de que los servicios de inteligencia de la DEA hagan la denuncia formal, como ocurrió a mediados del año pasado, el propio presidente boliviano lo había admitido, al mismo tiempo que se lamentó del gran poder que han conseguido dentro del país. La ONU también se ha referido al tema, cuando en el 2011 denunció que Bolivia se ha convertido en el principal proveedor de cocaína hacia los mercados de América del Sur.

Por otra parte, el incremento de la violencia, la intervención de extensos territorios del oriente boliviano donde florece el narcotráfico bajo la protección de habitantes de comunidades que han sido tomadas por las mafias, son evidencias innegables que no hacen más que corroborar lo que todos están diciendo.

Es posible que la actitud del Gobierno boliviano tenga que ver con una postura política destinada a tratar de disimular las cosas. El hecho es que la comunidad internacional está movilizada en relación a lo que ocurre en Bolivia. Las policías de Brasil y Estados Unidos están trabajando arduamente mediante convenios suscritos con el Gobierno de Evo Morales y de acuerdo a la información proporcionada por la canciller de Colombia, el convenio con Bolivia prevé reuniones periódicas, el intercambio de datos y la formación de personal especializado para el seguimiento y la captura de los capos de los cárteles.

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