El Gobierno intenta otra vez amedrentar a la Iglesia católica. El amo y señor de las fronteras, Juan Ramón Quintana, le ha pedido al INRA hacer un inventario de las tierras que están en manos de los distintos obispados y parroquias en la Chiquitania. En el Gobierno hay numerosos funcionarios que fueron formados en el seno de la Iglesia. Fueron catequistas, agentes de pastoral y ejercieron cargos que les permitieron conocer a fondo el servicio que prestan los obispos, curas y monjas en las áreas rurales. Nadie desconoce que en Guarayos, San José de Chiquitos, San Ignacio y otras poblaciones, la Iglesia administra hospitales, escuelas, comedores, albergues y orfanatos que suplen con muchísima solvencia la ausencia del Estado en los campos de la salud, la educación y el combate a la pobreza. En el Chaco, por ejemplo, el Vicariato de Cuevo compró miles de hectáreas para entregárselas a los indígenas y en Velasco, las estancias que pertenecen a la diócesis son usadas para financiar las obras sociales. Todo eso lo sabe Quintana, pero de manera malsana y ruin, trata de dañar la imagen de la Iglesia, en represalia por los comentarios de los obispos sobre el avance del narcotráfico en el país.
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