El Pacto Fiscal no es solo cuestión de plata, aunque no es poca cosa decir que el departamento de Santa Cruz perderá 1.200 millones de bolivianos este año si el centralismo sigue acaparando casi el 85 por ciento de los recursos como lo viene haciendo mediante un falso modelo autonómico. Tampoco son bicoca los 120 mil millones de dólares que han ingresado en ocho años al Estado Boliviano, cinco veces más que el mismo periodo anterior, sin poder afirmar sin embargo, que el país, nuestros niños, hospitales, escuelas, carreteras, estén cinco veces mejor.
Y es que la plata no es sinónimo de desarrollo ni de riqueza y mucho menos cuando está en malas manos, no solo por aquello de la corrupción, sino porque el centralismo -definido como uno de los peores males de América Latina-, es un pésimo administrador. Es ineficiente, excluyente, derrochador y torpe a la hora de definir sus prioridades. No se puede decir si el MAS maneja un esquema más o menos corrupto que el pasado, más o menos ineficaz, pero no cabe duda que el centralismo actual está a la medida del caudillismo y el populismo reinantes y el resultado es que las políticas públicas tienen muy poco impacto en la calidad de vida de la gente.
El Pacto Fiscal no es un mero acto contable de distribución de ingresos, a la manera de repartir una torta en pedazos equitativos, con adulados de por medio y viendo siempre de darle la mejor tajada al más gritón. Eso es lo que hemos visto siempre bajo el prejuicio de que la torta es sólo una, que está en manos de un Estado y que las regiones, los municipios, las universidades y otros entes públicos son simples comensales que se pelean por los despojos con profusa glotonería. En ese caso debemos decir que también las alcaldías y las gobernaciones son centralistas, son producto de esa misma tara mental que nos impide ver a la función pública no como una repartidora de tortas, sino como una generadora de riqueza, de oportunidades, de proyectos y donde se configura la visión de un país y se definen las soluciones estructurales.
El Pacto Fiscal es un pacto social, político y comunitario que busca primero que nada los mejores hombres y mujeres capaces de administrar el dinero; las instituciones más idóneas para delinear los proyectos y por supuesto, los mejores planes para atacar los problemas del país. El Pacto Fiscal es la manera de hacer el presupuesto del país a largo plazo, es la gran oportunidad de proyectar a Bolivia hacia el futuro y definir el rumbo nacional al margen de una coyuntura de bonanza, que puede ser fugaz en manos de mesiánicos que se creen iluminados para visualizar el horizonte nacional.
El Pacto Fiscal es un acto de credibilidad y de transparencia, de búsqueda de fortalecer la democracia y hacer que ésta funcione para el bien común. El Pacto Fiscal es un acto de madurez, es el paso adelante que debe dar la política, desde los apetitos insanos por el poder hacia el hallazgo de las competencias necesarias para hacer de Bolivia un país próspero, sostenible y competitivo.
El Pacto Fiscal necesita poner en juego todos esos valores al servicio de la política y de la sociedad: credibilidad, transparencia, concertación, democracia, definición de prioridades, meritocracia. Es obvio que ninguno de estos forma parte del ideario del proceso de cambio, de lo contrario no se lo rechazaría con tanto ahínco.
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