Las elecciones generales del 12 de octubre tendrán nuevas reglas supuestamente destinadas a incrementar la transparencia del proceso y en algunos casos, a mejorar la calidad de los candidatos, algo que podría entusiasmar al electorado, no siempre bien entrenado a la hora de elegir. El ciudadano boliviano es casi un adicto a votar, pero de elegir sabe muy poco y frecuentemente se equivoca. Veremos si las nuevas reglas sirven para que cambie de actitud.
A la abultada lista de requisitos para ser candidato a los cargos que están en disputa en los órganos ejecutivo y legislativo, se han sumado exigencias como la de no haber formado parte de la “enajenación del patrimonio nacional”, en otras palabras, no haber participado ni en la privatización o capitalización de las empresas públicas. Los postulantes deben hablar por lo menos dos de los 36 idiomas oficiales del Estado Plurinacional y por último, lo más novedoso, no haber tenido relación con algún caso de violencia contra la mujer.
Desde que se impuso el requisito de la libreta del servicio militar para ser candidato sabemos que todo aquello puede convertirse en letra muerta, a no ser que nuestros ilustres gobernantes puedan demostrarnos fehacientemente que de aquí hasta el mes de octubre son capaces de aprender aymara, quechua, guaraní o bésiro (el idioma de los chiquitanos) en un rápido curso intensivo.
En relación al tema de las mujeres, en realidad no han sido muchos los parlamentarios, alcaldes y otros funcionarios acusados de violación, asesinato, palizas y otro tipo de violencia hacia las damas, sino que lo grave ha sido la connivencia de bancadas enteras, de autoridades de alto nivel y de administradores de justicia, que no solo han tolerado, sino que han reincorporado en sus funciones a los abusivos y han ayudado a evadir la ley a los culpables de graves delitos.
El hecho más emblemático y bochornoso fue el de Justino Leaño, parlamentario abusador de su propia hija y que recibió la protección política de su partido, empezando desde la expresidente de la Cámara Baja, Rebeca Delgado. El último caso pertenece al alcalde del municipio potosino de Pocoata, Teodoro Rueda, quien estuvo a punto de recobrar su puesto pese a haberse comprobado que violó a una enfermera. Lo más trágico ha sido la reacción de la legisladora oficialista Emiliana Aiza, quien pidió la indulgencia de su compañero y culpó a la cerveza por el crimen cometido.
Como se ve, el discurso, las leyes y los actos simbólicos que suele asumir el Gobierno son producto de la más pura demagogia, tratando de hacerle creer al ciudadano que sus demandas han sido escuchadas, que el pueblo al fin está gobernando para imponer justicia, que las aspiraciones de las grandes mayorías son las que inspiran los grandes cambios, muchos de los cuales se quedan en figuras nomás.
Nuestro país no necesita tantos políticos y leyes en realidad, porque la excesiva legislación es en verdad la señal de una nación que no tiene rumbo y que no halla en los principios éticos y morales la única manera de conducir a la población hacia el bien común. Lamentablemente nuestra gente es demasiado inclinada a que la adulen, a que le mientan y le cuenten historias que no tienen ninguna relación con la realidad. Mientras no madure el pueblo, su voz nunca será ni la de Dios ni la de la justicia, sino simplemente la de una masa adormecida por cantos de sirena.
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