lunes, 17 de marzo de 2014

Invertir en Bolivia

Atendiendo a un prolongado e intenso clamor de diversos sectores involucrados, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar en grande el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones, supuestamente destinado a incentivar el flujo de capitales hacia nuestro país y mejorar la seguridad jurídica de las empresas que apuesten por nuestro mercado. Todo muy bien pero siempre tiene que aparecer la famosísima tranca boliviana. En el artículo 27 de la ley dice que el Estado respetará a las empresas, que las va a proteger y que les va a otorgar seguridad jurídica; sin embargo, se reserva el derecho de nacionalización cuando el caso sea de interés público y comprometa la soberanía nacional. "El que da y quita cría corcobita", dirían los niños y obviamente esto no es más que una broma pesada que seguramente ningún empresario va a tomar en cuenta ya que tanto el "interés público" y la "soberanía nacional" son aspectos que están sujetos al capricho político y a los vaivenes electoralistas. Por otro lado, la nueva norma establece criterios marxistas a la hora de calificar las actividades económicas y las divide en "productivas" e "improductivas". En ese caso, extraer gas y minerales son productivas, pero ¿qué pasa con el que imprime libros, con el que instala una clínica y promueve la salud o el que invierte en educación? De acuerdo a este criterio, estas últimas no tendrán incentivos porque son improductivas.