Metástasis en el Gobierno

Hace algunos meses alguien dijo que en el Gobierno de Bolivia se había instalado el cáncer de la corrupción y por los hechos que están ocurriendo en estos días parece ser que el foco canceroso ha hecho metástasis o, como se dice comúnmente, cada vez que se aprieta algo, brota la pus que refleja el grave estado infeccioso.

El problema es que los casos apuntan cada vez más alto y los señalados se quedan con poco margen para decir "yo no fui" o como se dijo alguna vez "errores, no delitos", hoy se expresa que "es legal, pero no ético", aunque los hechos prueben la ausencia de ambos valores.

De todos lados surgen las dudas y los cuestionamientos. Los casos Marcelo Soza y Fabricio Ormachea han posicionado a nivel nacional un hecho que parecía relegado a las páginas policiales de Santa Cruz, pero hoy todo parece indefendible; ya no se puede tapar el sol con un dedo y tanto en el Congreso, como en el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU, la Defensoría del Pueblo y hasta el Tribunal Constitucional se exige parar con la patraña, dar la cara, brindar las explicaciones porque la población se ha quitado la venda y nadie soporta la desvergüenza.

En la Asamblea Plurinacional los parlamentarios oficialistas pegan el grito al cielo porque un grupo de diputados quiere iniciar una investigación. Ponen excusas ridículas para no cumplir con su misión de fiscalizar la gestión de los órganos del Estado. ¿Acaso algún legislador necesita una orden especial, un poder específico para investigar el comportamiento de funcionarios e instituciones públicas? Ese es su deber y tienen que cumplirlo, aunque en las circunstancias actuales parezca un escándalo sospechar de quienes han querido erigirse como los más excelsos exponentes de la honestidad y la transparencia.

La máxima autoridad de la ONU en Bolivia le ha recordado al Gobierno que se cometieron muchos errores en relación al "Caso Terrorismo" y ha puesto en evidencia algunas advertencias que se hicieron en el año 2011, cuando se mencionó la injusticia, el abuso y la violación a los derechos humanos que se estaba cometiendo con los acusados. Hoy se pide con vehemencia que el Gobierno brinde las garantías para que la población pueda conocer la verdad.

Ya no se puede poner como pretexto que las pruebas que vinculan al exfiscal Marcelo Soza no tienen validez jurídica, pues se cuenta con una confesión firmada y validada de forma oficial que tiene que ser tomada en cuenta, porque allí se confirma que en Bolivia sí hubo terrorismo, pero terrorismo de Estado, ejecutado con premeditación y un alto grado de organización que solo el ejercicio del poder omnímodo y descontrolado lo puede permitir.

Hoy no solo estamos viendo que las sospechas se confirman, que las denuncias eran acertadas y que las pruebas acumuladas tenían suficiente asidero como para hablar del montaje. También se conoce que todo apunta a una misma raíz, a un solo tronco dentro del Gobierno que parece tambalearse. No hay duda que estamos ante lo que parece ser un punto de inflexión en este oprobioso proceso de manipulación de la justicia, corrupción, abuso y persecución.