Los defensores del "proceso de cambio"

En una misma semana, el Gobierno ha tenido que enfrentarse con dos sectores que durante ocho años han sido rabiosos defensores del "proceso de cambio". Estamos hablando de los pobladores de Yapacaní, donde el oficialismo ha obtenido votaciones superiores al 80 por ciento y a los cooperativistas mineros, una suerte de milicia de la que dispone el MAS cada vez que necesita gente en las calles con dinamita en mano para amedrentar a cualquier disidente que agite las aguas más de la cuenta.

¿Qué hizo el proceso de cambio para ganarse semejante lealtad? Los campesinos de Yapacaní y de toda la provincia Ichilo en general, han gozado de una gran permisividad para invadir la reserva de El Choré, el parque Amboró y extender sus cultivos de coca ilegales. Han desplazado a los madereros legales y han creado zonas impenetrables, donde se sospecha de la presencia de células terroristas vinculadas a las FARC y donde se ha comprobado sin lugar a dudas, que operan individuos pertenecientes a cárteles de la droga de Colombia y México.

En las incursiones que ha hecho la Policía antidrogas en el área circundante a Yapacaní ha descubierto cientos de laboratorios de cocaína funcionando y se ha podido comprobar que en el lugar hay decenas de "narcocomunidades" que brindan protección política y sindical a las mafias. Hace unos meses el presidente Morales se declaró "decepcionado" por la vinculación de dirigentes oficialistas con las actividades ilícitas y seguramente hoy debe estar mucho más desilusionado, cuando casi el pleno de la institucionalidad de Yapacaní se opone a la construcción de un cuartel de Umopar destinado a frenar el desborde del narcotráfico.

Para el Gobierno, que actúa por presión de la comunidad internacional que le exige mayor determinación en la lucha contra el narcotráfico, es apenas un grupo de habitantes el que se opone al cuartel, pero en realidad es mucho más que eso, pues hay líderes comunales, concejales, dirigentes campesinos y hasta alcaldes involucrados en el movimiento, que a decir de las autoridades, actúan por mandato de los narcos.

Por su parte, los cooperativistas mineros, cuya fuerza electoral supera los 100 mil votos y más, han recibido los beneficios más grandes del "proceso de cambio", apenas superados por los cocaleros del Chapare. Estos obreros tienen permitido invadir minas, un mecanismo ilegal que ha sido legalizado mediante la nacionalización en varias ocasiones; también pueden incurrir en el jukeo, el nombre elegante que le ponen al robo de minerales y como cereza en la torta, están exentos del pago de impuestos, pese a que muchos de ellos, al igual que los gremiales, tienen actividades de cierta envergadura.

Y de la misma forma que los habitantes de Yapacaní se convencieron que el "proceso de cambio" no tenía límites para ellos, ni siquiera el narcotráfico, los cooperativistas creen que pueden hacer lo que quieran, incluso hacer negocios con grandes empresas transnacionales, a las cuales les podrían transferir sus enormes ventajas políticas y económicas. Total, lo mismo pasó con los "chuteros" que llegaron a tener su propia bancada en la Asamblea Legislativa; los contrabandistas, las narcocomunidades de Potosí que se declararon protectoras de varias actividades ilícitas y otros sectores que han asumido el proceso de cambio como mejor les parece; más o menos como hizo el Vicepresidente, que considera revolucionario beneficiar a sus parientes.