Los sindicatos son buenos en cualquier sociedad. Son grupos de presión, son organismos que defienden intereses particulares ya sea de un sector social, de una rama empresarial, de los trabajadores, de una minoría etc. Es bueno que sean agresivos y dinámicos haciendo respetar las leyes, buscando el mayor beneficio posible para sus asociados, exigiendo justicia y reclamando mayores niveles de democracia. Cuando un sindicato obtiene una conquista en forma de derecho, la ganancia suele extenderse hacia otros ámbitos y en ocasiones hasta pueden lograr el ansiado bien común, la razón de ser de cualquier sistema político.
Lo que no es bueno es que los sindicatos sustituyan al Estado. El sistema estatal, independientemente del modelo y de la ideología, representa las leyes, la organización, el territorio y al pleno de la población, que abarca la pluralidad de intereses, diversos y a veces contrapuestos, todos ellos merecedores de consideración, atención y justicia.
Es complicado decir esto cuando el país es conducido por un sindicalista que sigue ejerciendo su cargo sectorial mientras supuestamente gobierna para todos. Es complicado afirmarlo cuando la razón de ser de este régimen y el puntal principal de su autoridad son los movimientos sociales y los sindicatos, que aseguran y lo recuerdan cada vez tienen la ocasión, que el presidente Evo Morales está en el Palacio Quemado gracias a ellos.
Los sindicatos en Bolivia son quienes han tomado más en serio la premisa presidencial "yo le meto por más que sea ilegal" y en ese camino, no solo han contribuido a destruir el aparato institucional (Estado) del país, sino que también están socavando los cimientos del nuevo Estado Plurinacional, lo que lleva a muchos a expresar el viejo refrán "cría cuervos y te sacarán los ojos".
El problema no es solo que los sindicalistas estén conformando su propio Estado o que se hayan apropiado de los restos de Estado que queda en Bolivia. Eso no es ninguna novedad, pues la ausencia de institucionalidad y carencia del principio de autoridad siempre han sido un grave problema para este país, secuestrado por corporaciones y organizaciones de todo tipo. Lo complicado del caso actual es que los sindicatos han rebasado ciertos límites que pueden llevar a la ruptura de un mínimo de orden que necesita un conglomerado social para no caer en el caos y la anarquía.
El accionar de sindicatos y organizaciones sociales de Yapacaní, que consiguieron altos grados de permisividad gubernamental ha posicionado la zona de mayor expansión del narcotráfico de Bolivia y tal vez de América del Sur, que ahora se vuelve incontrolable para los mismos autores del "Estado cocalero" que lucen agredidos y amenazados por sus mismos engendros. Lo mismo pasa con los cooperativistas mineros, que buscan imponer sus métodos, sus pactos y sus formas de trabajar, muy parecidos a la manera de maniobrar de las mafias.
Algunos se sienten cómodos con este juego de toma y daca con los sindicatos que aparentemente deja un balance positivo en las urnas y en la acumulación de poder. Sin embargo, el déficit para el Estado, para el resto de la población y para quienes dicen tener la sartén por el mango es cada vez más grande. Por esta vía, los Estados pierden casi todo, especialmente legalidad, apoyo popular y lo que queda es apenas un territorio dominado por sindicatos devenidos en pandillas.
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