Hace exactamente un año, un titular de prensa basado en fuentes municipales afirmaba que en Santa Cruz había sesenta mil bares ilegales en la ciudad, dedicados casi exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas. Hace un par de días, la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), dependiente de la Alcaldía de Santa Cruz, difundió datos que hablan de 100 mil locales irregulares que funcionan sin ningún control y al margen de las normas.
En esta categoría se incluyen licorerías, chicherías, rockolas, karaokes, choperías, etc. que invaden la ciudad sin discriminar zonas donde deberían estar prohibidas como las cercanas a establecimientos educativos o centros de salud. El colmo es que hay "boliches" pegados a comisarías y a templos religiosos en una suerte de reino del alcoholismo, las peleas y el desorden.
La primera pregunta que se desprende de estos datos oficiales es ¿no se hace nada por detener esta avalancha? ¿Cómo es que en un año se han duplicado los boliches? En la Alcaldía aseguran que no hay cómo seguirle los pasos a estos tugurios, pues se abren hasta cuarenta por día, aunque según los números globales esta cifra podría ser mayor. De hecho, hay sectores de la ciudad que han sido prácticamente tomados por estos antros de bullicio, riñas y caos, que se prestan también para el crecimiento de la violencia y la criminalidad. Estamos hablando de zonas que han sido debidamente señaladas por las autoridades como la avenida Tres Pasos al Frente; el cuarto anillo, entre Parque Industrial y la feria de Barrio Lindo; la avenida Che Guevara; la rotonda del Plan Tres Mil y quinto anillo y el barrio La Colorada.
Cuesta creer que en el país hay leyes que limitan el consumo de alcohol, que hay normas y ordenanzas que regulan el funcionamiento de este tipo de locales; no se puede concebir que hay planes de seguridad ciudadana en marcha de los cuales se ufanan ministros y otras altas autoridades. Al final todo es papel, tarima, discurso, porque no existe gestión, no hay principio de autoridad y lo que prevalece es lo que a todas luces es un libertinaje que contribuye a la delincuencia y conflicto con la ley, especialmente en jóvenes que se ven expuestos a un contexto donde la bebida es el centro de sus vidas.
Es obvio que el ataque a esta triste realidad no solo es de las alcaldías, aunque es el principal responsable. Se necesita un esfuerzo conjunto para evitar que la ciudad se vuelva una cantina que invade las aceras, las calles, los mercados y cualquier sitio público y en cualquier horario. La Policía tiene mucho que hacer en este sentido, pues se trata de un factor de riesgo para la inseguridad y obviamente las empresas privadas deben contribuir, puesto que no se trata de hacer del comercio, del alcohol una meta de lucro sin límites.
A las autoridades se las notas preocupadas por la evasión impositiva y la tributación, cuando en realidad es la salud mental de nuestra gente, la integridad de las familias y de los niños las que están en juego. Y no se trata aquí de señalar solo las áreas periféricas de la ciudad, pues hay cantinas de lujo también, bares céntricos y muy bien ornamentados que no miden horarios y no discriminan la edad de sus clientes cuando les venden bebidas. El orden tiene que ser general.
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