A partir del incremento salarial dispuesto por el Gobierno, nadie en Bolivia debería ganar menos de 1.440 bolivianos, algo que en sí mismo parece una gran victoria para los trabajadores, pero lamentablemente esconde más defectos que virtudes.
1.440 bolivianos puede ser una cifra pequeña, pero no lo es para un trabajador novato, un joven que recién empieza un oficio, que está aprendiendo y que necesita que su empleador le brinde el derecho a equivocarse mientras termina de formarse. Si Bolivia tuviera buenas escuelas e institutos técnicos, eso no hará falta, pero desgraciadamente, son las empresas las que tienen que pagar los costos más altos de la capacitación.
En la lógica de un empresario al que obligan a pagar un salario mínimo cada vez más alto, resulta contraproducente contratar novatos y obviamente se inclinará por los experimentados, que rinden más y sus salarios no se inflan en la misma medida. Naturalmente, la peor parte se la llevan los trabajadores jóvenes, que terminarán en algún empleo informal, sin beneficios, sin seguro, sin jubilación y con un salario menor a los 1.440 bolivianos. Lo tomas o lo dejas.
Las autoridades que conducen la economía en complicidad con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, quieren hacer creer que el aumento salarial superior al porcentaje de la inflación oficial es algo digno y positivo, pero no es más que demagogia barata. No solo porque el incremento apenas llega al 30 por ciento de los trabajadores del país, sino porque está basado en un cálculo mentiroso del Índice de Precios al Consumidor, que de acuerdo a cómputos más serios, ha bordeado el 12 por ciento en el 2013.
Obviamente, el incremento es alto para el sector formal de la economía, que no fue consultado y menos incorporado en las negociaciones. Las empresas que pagan impuestos y que sostienen al Estado vienen sufriendo un fuerte acoso impositivo y una carga cada vez mayor de compromisos y responsabilidades, que a la larga terminan por perjudicar a los mismos asalariados, pues de achica la oferta laboral y se deteriora la calidad del trabajo. En otras palabras, estas políticas constituyen una presión para que los emprendedores migren hacia la informalidad, se vuelvan contrabandistas o, lo que es peor, se inclinen por alguna de las actividades ilegales que están en boga en el país y que generan la sensación de bonanza que tanto proclaman las autoridades.
El incremento es la parte más fácil para el Gobierno, es una salida electoralista y demagógica, pues el esfuerzo que se debería hacer pasa por incrementar la producción que frena la inflación, generar más empleos dignos y aportar para que se genere una cualificación del trabajo.
El aumento a secas es un arma de doble filo, pues si bien mejora el poder adquisitivo de una parte de la población, genera una presión inflacionaria sobre los productos básicos que consumen la porción más grande del salario de los pobres. Este “impuesto” lo pagan en su mayoría quienes no reciben ningún aumento.
En otras palabras, de qué puede servir un buen aumento, si la escasez convierte ese incremento en nada; si el mayor perjudicado es el empresario que opta por despedir parte de sus trabajadores; si la calidad del trabajo no aumenta y lo que crece es la informalidad, sinónimo de precariedad.
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